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03jun17
Siguen los problemas con los desaparecidos del Palacio de Justicia
"A mi papá lo volvieron a matar". Son las palabras de Diana Andrade, hija menor del magistrado auxiliar Julio César Andrade, quien murió en la toma y retoma del Palacio de Justicia hace 31 años. Hoy, la herida de la pérdida de su padre vuelve a abrirse. Este jueves, la Fiscalía y Medicina Legal les confirmaron a ella y a sus dos hermanos que la persona que enterraron cuatro días después del holocausto no era su papá. Era uno de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia. "Mi papá ahora está desaparecido y yo estoy volviendo a vivir la toma del Palacio, tres décadas después", señala Andrade.
A la desolación de saber que a quien ha llorado desde que tiene siete años no es su papá, Diana Andrade le tiene un bálsamo: "Saber que una de las familias de los desaparecidos por fin va a saber qué pasó con su ser querido nos reconforta en medio de tanto dolor". Se refiere a la familia de Héctor Jaime Beltrán, uno de los meseros de la cafetería del Palacio de Justicia, quien desapareció en noviembre de 1985. Durante 31 años no hubo ni una sola pista de su paradero. Esa búsqueda incesante llegó a su fin. La familia Beltrán Navarrete escuchó ayer la noticia que cambia su perspectiva: ahora saben dónde ha estado Héctor Jaime Beltrán las últimas décadas.
"La vida nos une hoy a estas dos familias en un dolor y en una alegría. Siento que yo encontré los restos que he estado buscando durante tantos años. Pero no traen verdades. No nos van decir qué pasó. Hay muchas preguntas: ¿por qué aparecieron hasta ahorita? ¿Cómo murieron? Nadie nos ha dicho la verdad", se preguntó Pilar Navarrete a la salida de Medicina Legal en la tarde de ayer, a donde llegó acompañada de sus hijas y en donde se encontró con la familia Andrade.
Conocer el paradero de Héctor Jaime Beltrán quizás habría sido imposible sin la insistencia de Diana Andrade por exhumar a su papá. Desde la publicación del informe de la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia en 2010, las dudas de si su familia había enterrado a Julio César Andrade no la dejaban vivir en paz. Comenzó enviando correos pidiendo ayuda. Luego, sin mayor conocimiento médico legal, se empeñó en entender por qué su papá tenía dos resultados en el informe de levantamiento de cadáver. Uno decía que posiblemente, sin certeza, era su papá. El otro, que se trataba de un N.N.
Después de insistir, por fin convenció a sus hermanos de pedir la exhumación. Especialmente a su hermano mayor, Gabriel Andrade, quien, en 1985, a sus 17 años, se armó del valor necesario para entrar a Medicina Legal, caminar entre cientos de cadáveres calcinados que habían llegado el 8 de noviembre al instituto y, con la angustia y el dolor de saber que su padre había muerto, decirle a un oficial del Ejército que había encontrado los restos de su papá. Lo supo porque en uno de los montículos de cenizas y lo que debían ser huesos calcinados estaba la cédula del magistrado Julio César Andrade.
Lo que encontró Gabriel Andrade ese día lo encontraron cientos de familiares más. Después del cruce de balas, las granadas, los disparos de rocket y el incendio que arrasó con el Palacio, el estado de los restos complicó su plena identificación. A la hora del reconocimiento por parte de las familias que, angustiosas, llegaron al Palacio de Justicia todavía humeante, o a Medicina Legal, prevalecieron más los objetos personales que encontraron al lado de los restos que los estudios odontológicos o antecedentes quirúrgicos que habrían podido determinar, con cierto grado de certeza científica, quién era quién.
Los errores de la identificación de las víctimas y su posterior entrega a las familias se han venido a enmendar en años recientes. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de diciembre de 2014, en el que se condenó al Estado colombiano por lo sucedido en noviembre de 1985, se convirtió en una pieza fundamental para que las autoridades ahondaran en el caos que resultó ser la entrega de los cuerpos tres días después de la toma y retoma del Palacio. La Fiscalía ha ordenado desde entonces la exhumación de 25 cadáveres. (El acto de pedir perdón por desaparecidos y torturados en el Palacio de Justicia)
Así es como se ha identificado a cuatro personas que estaban desaparecidas, pero también se ha evidenciado un nuevo drama: hay familias que creyeron haber enterrado a sus seres queridos cuando, en realidad, no lo hicieron. Dos ejemplos lo ilustran. Hace dos años, los restos de Cristina Guarín y Luz Mary Portela, desaparecidas desde 1985, fueron encontrados en un cementerio de Bogotá. Medicina Legal confirmó que Guarín estaba en la tumba de Marina Ferrer, una visitante ocasional del Palacio. En el caso de Portela, las autoridades encontraron parte de su osamenta en la tumba de Libia Rincón, auxiliar de un magistrado de la Corte Suprema. Los restos de las cuatro mujeres ya fueron entregados a sus familias.
Aunque apenas ahora se conocen los resultados de estas investigaciones, desde hace 30 años ya se había hecho evidente este desorden del poder judicial. En 1986, el Tribunal de Instrucción Criminal, que creó el entonces presidente Belisario Betancur para investigar lo ocurrido, explicó que el proceso de levantamiento de los cadáveres no había tenido ningún criterio técnico ni científico. Familiares que estuvieron después de la toma denunciaron otra irregularidad: por orden militar, miembros del Ejército alteraron la escena del cuarto piso, donde había muerto la mayoría de los magistrados, y barrieron lo que quedó hasta el primero.
Uno de los cofres sellados que organizaron las autoridades fue entregado a la familia Andrade. Mientras tanto, Pilar Navarrete, esposa de Jaime Beltrán, y los padres del trabajador de la cafetería, comenzaron una lucha sin tregua para encontrarlo. Fueron al Cantón Norte, a Medicina Legal, al batallón Charry Solano, a los hospitales, a estaciones de Policía. Durante 31 años, nadie les dio ninguna noticia. Recibieron llamadas a sus casas en las que un hombre, que se identificaba como miembro del B-2 de inteligencia militar, les decía que había grabado un casete con las voces de los empleados de la cafetería porque le daba pesar que los estuvieran torturando siendo personas inocentes.
Durante el encuentro de ayer en Medicina Legal, los abogados de las víctimas volvieron a presentar una solicitud que por lo menos han hecho en tres ocasiones. Les pidieron a la Fiscalía y a la Cancillería que permitan que un grupo de veeduría internacional haga parte de las investigaciones, tal y como lo dice el fallo de la Corte IDH. La respuesta, como en las dos ocasiones anteriores, es que no hay plata para hacerlo. Otro de los reclamos es que, a pesar de que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya han dicho de varias maneras que se debe indemnizar a las víctimas, el Estado no lo ha hecho. Pilar Navarrete se sumó a las peticiones y además, le suplicó al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que designe un fiscal para el caso, pues, explicó, han pasado tres meses sin una persona encargada.
Pilar Navarrete se convirtió, junto con las demás familias que buscaban a sus seres queridos, en el símbolo de la lucha por conocer qué les había pasado a 11 personas: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco (guerrillera del M-19), Cristina del Pilar Guarín, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo, Norma Esguerra y Gloria Anzola de Lanao. Esta lista ha variado con el paso del tiempo y los resultados de las investigaciones. Cristina Guarín, Luz Mary Portela y Jaime Beltrán ya salieron de ella. El magistrado Pedro Elías Serrano, quien había sido enterrado en 1985, entró en ella en junio de 2015, pues en su tumba no estaban sus restos. De él, y de Julio César Andrade, no se sabe nada.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, 03jun17]
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