Colombia: Carta a Samper sobre la Masacre de Puerto Alvira

Grupo de Apoyo a Organizaciones de Desplazados

Santafé de Bogotá, Mayo 13 de 1998


DOCTOR
ERNESTO SAMPER PIZANO
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CIUDAD

Respetado doctor:

Reciba un cordial saludo.

El GRUPO DE APOYO A ORGANIZACIONES DE DESPLAZADOS
-GAD- se permite manifestar su preocupación por los hechos ocurridos en la inspección de
Policía de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán, departamento del Meta, en donde a
pesar de los avisos preventivos de los habitantes, representantes de la Iglesia, la
Defensoría del Pueblo y ONG de derechos humanos, el Gobierno Nacional no ordenó acciones
eficaces a fin de prevenir la incursión paramilitar, el asesinato de más de 20 civiles y
el posterior desplazamiento forzado de muchos de los habitantes.

Resulta desconcertante, que el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública no hayan tomado
medidas preventivas tendientes a combatir a los grupos de autodefensa y a proteger la
vida, bienes y honra de la población civil de esta zona azotada por la violencia, pero
en especial por las acciones, que desde mediados del año pasado, ejecutan dichos grupos
paramilitares contra la población civil.

Por otro lado, sumado a la ausencia de medidas orientadas a prevenir las causas del
desplazamiento forzado, la comisión gubernamental que visitó la zona a raíz de los
hechos de violencia del 4 de mayo, no obstante las amenazas, la carencia de protección
eficaz y de condiciones mínimas de sobrevivencia y seguridad para los pobladores,
adelantó gestiones orientadas a obstaculizar  la libre movilización en busca de refugio
de estos hacia otros municipios.

Ante este panorama, de la manera más respetuosa solicitamos a usted, como primera
autoridad de la Nación, la adopción de las siguientes medidas:

1. 	Garantizar una exhaustiva, oportuna y eficaz investigación por las muertes
ocurridas en Puerto Alvira que concluya con el ejercicio de un castigo justo para todos
los responsables.
	 
2. 	Aplicar decidida y efectivamente medidas para combatir y desarticular los grupos
de autodefensa que operan en distintas regiones del país, en particular en el
departamento del Meta y el suroriente del país. 

3. 	Respetar el derecho a desplazarse que asiste a los pobladores de Puerto Alvira y
veredas vecinas, cuyas vidas e integridad física se encuentran en grave riesgo.
	
4.Garantizar que las entidades gubernamentales encargadas de la atención integral de la
población desplazada, emprendan acciones verdaderamente integrales y oportunas y medidas
de protección de los derechos fundamentales de las personas desplazadas forzosamente
hacia los cascos urbanos de Villavicencio, San José del Guaviare y Mapiripán.

5. En todo caso, abstenerse  de promover acciones orientadas a un retorno sin
condiciones de voluntariedad, seguridad, reparación y dignidad.

6. Garantizar el derecho a la vida y la seguridad, en los lugares de recepción,  a las
personas internamente desplazadas y a los miembros de las organizaciones que brindan
acompañamiento y apoyo humanitario.

7. Adoptar medidas orientadas a prevenir las causas inmediatas y estructurales
generadoras de desplazamientos forzados en todos los municipios afectados por la
presencia de actores armados en el departamento del Meta y el suroriente del país.

Confiando en su sentido humanitario y en su diligencia, me despido,

Atentamente, 


JUAN MANUEL BUSTILLO
Secretario Técnico/GAD


c.c.	Doctor José Fernando Castro C., Defensor del Pueblo
	Doctor Alfonso Gómez M., Fiscal General de la Nación
	Doctor Jaime Bernal Cuéllar, Procurador General de la Nación
	Doctor Daniel García Peña, Alto Comisionado para la Paz
	Doctor Alfonso López C., Ministro del Interior
	Doctor César Manuel García, Consejero Presidencial para los Desplazados.
	Padre Omar García, Secretariado Diocesano de Pastoral Social-Vllavicen-
	cio.	        

Este documento es publicado en la internet por Derechos Human Rights