14 Mayo 1998
Informe sobre el asesinato del ex Ministro de Defensa, Fernando Landazábal Reyes y sobre las ordenes de allanamientos a organismos de derechos humanos en Bogotá.
Debido a la gravedad del asesinato del ex ministro de defensa colombiano, el Equipo Nizkor edita
este informe extraído de la prensa colombiana para facilitar una mejor comprensión del suceso. De
todas formas también editaremos los comunicados de distinto tipo que han provocado los
allanamientos a orgnismos de derechos humanos de reconocido prestigio en Colombia y en todo el
mundo, así como el conocimiento de la existencia de 40 órdenes de allanamiento. El Equipo Nizkor
considera que en Colombia se está aplicando un método de análisis no aleatorio, por parte de los
servicios de inteligencia, para proceder a la exterminación, intimidación y anulación de los
organismos de derechos humanos y de los defensores.
ASESINADO GENERAL
Capturado primer sospechoso
BogotáVeinticuatro horas después de haberse perpetrado el magnicidio contra el ex ministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes, las autoridades capturaron en Bogotá a un hombre que en principio es el primer sospechoso del aleve crimen, toda vez que iba a bordo del vehículo en el que presuntamente se realizó el transbordo de los sicarios que acabaron con la vida del general en retiro.
Como se recuerda, el martes pasado, y después de haber asesinado al general Landazábal Reyes, los sicarios huyeron a bordo de un carro Sprint rojo de placas BHJ-250, el mismo que después abandonaron en un parqueadero, para posteriormente transbordar a un Renault 18 azul.
Con base en las versiones entregadas por testigos, ayer las autoridades inmovilizaron en el sur de Bogotá un automotor Renault 18 azul, con las mismas características que presentaba el carro en el que presuntamente huyeron los tres sicarios que acabaron con la vida del ex ministro Fernando Landazábal Reyes, quien al momento del magnicidio tenía 76 años de edad.
El automotor inmovilizado, de placas HUJ-184, era conducido por un hombre, quien inmediatamente fue conducido hasta la sede de la Dijín Bogotá. Por seguridad y para no entorpecer las investigaciones, las autoridades no revelaron su identidad.
No obstante, una fuente oficial le dijo a El Espectador que no está totalmente establecida la versión según la cual los sicarios habrían hecho un transbordo del Sprint rojo al Renault azul.
Otra dificultad con la que se han encontrado las autoridades es que los testigos que aseguraron lo del transbordo, no se han puesto de acuerdo con el número de la placa del Renault 18. Unos dijeron que era la HUJ-184; otros, que la HUF-184.
Los allanamientos.
Inmediatamente se produjo la muerte del general Landazábal, todos los grupos de inteligencia del Estado se dedicaron a encontrar pistas que permitieran la aprehensión de los tres sicarios y, por ende, de los autores materiales del crimen.Para eso fue conformado un grupo interinstitucional, conformado por efectivos de Policía, Sijín, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía. Ayer se reunieron representantes de estos entes y se repartieron las tareas para hacer más efectivas las labores de búsqueda.
Quedó claro, eso sí, que cuanta información se consiga debe ser canalizada a través de uno de los jefes de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.
Bajo este panorama de responsabilidades, los miembros de inteligencia del grupo interinstitucional empezaron a realizar allanamientos en diferentes sitios de la capital de la República.
Una fuente policial le dijo a este diario que los allanamientos que esa institución ha realizado no han sido exitosos en un 90%. "Nos hemos encontrado con el problema de que mucha gente nos llama y dice: 'En tal dirección vive alguien que podría estar implicado en el crimen del general Landazábal'. Pero cuando realizamos el operativo nos damos cuenta de que es una venganza contra los dueños de esa casa. El otro 10% de los allanamientos sólo se limita a sospechas, nada más".
Esa misma fuente aseveró que es falso que las cámaras que estaban instaladas al frente de la casa donde fue asesinado Landazábal hayan grabado el instante del crimen. Tampoco es cierto, según la fuente oficial, que en el parqueadero donde los sicarios abandonaron el Sprint rojo hubiera una cámara de grabación.
Entre tanto, el comandante de la V División del Ejército, general Jorge Enrique Mora Rangel, explicó que hombres de esa institución están haciendo retenes con los retratos hablados de los sicarios, en las autopistas Bogotá-Medellín y en la Norte, así como en las salidas a Girardot, Mosquera y La Calera. El alto oficial precisó, no obstante, que hasta el momento no había capturados ni vehículos inmovilizados.
Hay que seguir (con los allanamientos) porque hay que coger la punta de la cabuya", sentenció Mora Rangel.
Se sabe también que el CTI ha realizado ocho allanamientos a solicitud de las unidades de Inteligencia del Ejército.
Las hipótesis.
Varias hipótesis se manejan en torno a los móviles que llevaron a los sicarios a perpetrar el crimen contra el general y ex ministro Fernando Landazábal Reyes.La primera de ellas apunta a que el ex ministro de Defensa habría sido asesinado por fuerzas de izquierda específicamente el Ejército de Liberación Nacional, Eln, en venganza por las recientes muertes de María Arango Fonnegra y Eduardo Umaña Mendoza, reconocidos defensores de derechos humanos. Esta conjetura tendría asidero si se tiene en cuenta el prestigio y la importancia que para la derecha colombiana tenía el general Landazábal.
Se perfila también como importante la hipótesis según la cual el crimen del oficial habría sido planeado por fuerzas de extrema derecha, que con su acción pretenden ahondar la crisis del país, generar una polarización entre fuerzas de izquierda y derecha y darle a entender a Estados Unidos, a la opinión pública nacional e internacional que la extrema derecha colombiana es víctima de las fuerzas oscuras de la izquierda.
La tercera conjetura, dada su antigüedad, parecería no tener mucho peso. En 1996, la Policía Nacional encontró unos documentos del frente Domingo Laín, del Ejército de Liberación Nacional, en los que se califica al general Fernando Landazábal Reyes de "rabioso anticomunista".
Información del El Espectador, 14 de mayo de 1998
Retenes para buscar el Renault 18 azul
BogotáLa Policía Metropolitana adelantó ayer varios operativos en Bogotá para dar con el paradero del Renault 18 azul, de placas HUF-184 o HUJ-184, en el cual huyeron los tres hombres que participaron en el crimen del general (r) Fernando Landazábal Reyes, el pasado martes.
De acuerdo con informes preliminares de los grupos de inteligencia de esta institución, el vehículo mencionado no salió de la ciudad.
Como se recordará, los delincuentes luego de asesinar al general Landazábal huyeron en un automóvil Chévrolet Sprint rojo de placas BHJ-250, que al parecer cambiaron por un Renault 18 azul.
Ante la posible permanencia de este vehículo en la ciudad, el general Argemiro Serna Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá ordenó emprender las labores necesarias para dar con este automóvil. El grupo Bogotá Solidaria, al mando del coronel Marco Antonio Pedreros, informó que se instalaron 20 retenes en los cuales se les verificó los antecedentes a 100 automóviles de marca R-18 de color azul, uno de los cuales tenía inconsistencias en su sistema de identificación. Sin embargo, ninguno correspondía al carro que presuntamente utilizaron los asesinos del general Landazábal.
En otro operativo realizado por un grupo interinstitucional, conformado por miembros de la Policía Metropolitana, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y del Cuerpo de Investigación Judicial (CTI) de la Fiscalía, se logró ubicar en las horas de la tarde un vehículo con características muy similares, incluido el número de la placa, a las del que se estaba buscando. El hombre que conducía este carro fue detenido y está siendo investigado por la autoridad competente.
Dolor de un país que se desangra
Por: ÉVER PALOMO LLORENTE
Bogotá
A la 1:25 de la tarde de ayer los tambores de la banda de guerra anunciaron el ingreso de los restos mortales del general Fernando Landazábal Reyes a la capilla de la Escuela de Cadetes José María Córdova. De inmediato los sollozos y las lágrimas de familiares y amigos no se hicieron esperar.
Era el llanto de un país ensangrentado, adolorido y desesperado. Un país reunido, precisamente, en torno al cuerpo sin vida de uno de sus hijos que cayó asesinado el pasado lunes al norte de Bogotá.
Digo el país, porque allí estaban los representantes de todos los sectores: la Iglesia católica, con monseñor Pedro Rubiano a la cabeza; el Gobierno, con el presidente Ernesto Samper, su esposa Jacquin, y los ministros del despacho; el país castrense, encabezado por la cúpula militar y centenares de oficiales activos y retirados de las Fuerzas Armadas; el país político, con dos candidatos presidenciales (Andrés Pastrana y Harold Bedoya); el país jurídico con el fiscal Alfonso Gómez Méndez y el procurador Jaime Bernal Cuéllar; el país económico, con Sabas Pretelt de la Vega y otros dirigentes gremiales; el país intelectual, con el ex presidente Belisario Betancur; el país víctima de la violencia, representado por la familia Landazábal, y la sociedad en general, identificada en todas esas personas que acudieron al sepelio y, en especial, por don Hernando Gómez, el celador del edificio Arcos de la Sierra, que aunque ayer salió a las 7:00 a.m. de su turno que había tomado 24 horas antes, no pensó en dormir sino en llegar a su casa, cambiarse de ropa y salir directo para la Escuela José María Córdova a darle el último adiós a su general, al amigo que en los últimos tres años vio entrar y salir del edificio donde trabaja y donde el oficial vivía.
Silencio sepulcral.
Pese a que la capilla estaba atiborrada de gente, el silencio que predominó en los instantes previos al inicio de la celebración eucarística fue profundo. En uno que otro momento se escuchaba un murmullo y entre el murmullo se entendió una frase: "Él no merecía morir así. Este país está totalmente podrido".Al callarse los tambores, el silencio fue interrumpido por monseñor Álvaro Jarro, obispo castrense, quien dijo cuando entró el féretro: "Nuestro hermano Fernando duerme en la paz de Cristo".
Ya en la celebración, que demoró casi una hora y 30 minutos, monseñor Jarro dijo que la violencia nos coloca, al país y a sus Fuerzas Militares, ante el dolor y la angustia del temor. Olga Landazábal Bernal, la mayor de las hijas del general, lo recordó con un poema que a él le gustaba, llamado Delirios de juventud: Cuántas cosas soñé, y en este instante en que despierto de los sueños idos, sueño que estoy soñando lo que he sido. Que estoy dormido cuando estoy despierto. Que estoy despierto cuando estoy dormido. Cuántas cosas soñé, y allá en la soledad de mi pasado, cuántas cosas te dije enamorado, juventud, cuánto te amé...
Farc y Eln ni niegan ni confirman crimen.
Bogotá
Si el Ejército de Liberación Nacional (Eln) o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) fueran los responsables del asesinato el martes pasado en Bogotá del ex ministro de la Defensa, general (r) Fernando Landazábal Reyes, ya se habrían atribuido el acto, pero fuentes cercanas al primer grupo subversivo y el vocero internacional de las Farc, Marcos Calarcá, manifestaron desconocer tal reivindicación por parte de la guerrilla.
Fuentes cercanas al Ejército de Liberación Nacional dijeron ayer a El Espectador que "la práctica del Eln cada vez que hace este tipo de acciones se las reivindica directamente, no pone a otros a que la reivindiquen a nombre de él. Generalmente lo que se ha hecho es que inmediatamente se llama a un medio de comunicación o se envía un comunicado y hemos estado mirando en los medios y no encontramos nada de eso ni de manera textual ni de manera oral. Hasta ahí podemos decir y nada más".
¿Entonces se puede decir que no fue el Eln?, preguntó este diario.
"No, no estamos diciendo que no fuimos nosotros. Lo importante es que se hable con la verdad, y ahora no tenemos la verdad", respondió a El Espectador la fuente.
Entre tanto, el general Manuel José Bonett Locarno, comandante de las Fuerzas Militares, declaró a este diario que ese organismo no cuenta con las pruebas o las pistas que les permitan asegurar que los alzados en armas son los autores del asesinato del general Landazábal.
Bonett sostuvo sinembargo que detrás de crímenes como el del ex ministro y los de los defensores de D.H., Eduardo Umaña y María Arango, sí "hay una mano maestra que quiere acabar con el proceso electoral" y desestabilizar aún más la delicada situación interna.
Analistas consultados por El Espectador han barajado todo tipo de hipótesis, desde las que apuntan a un mismo autor o autores de algún sector de la extrema derecha, hasta una respuesta en el caso del crimen de Landazábal por el asesinato de los dirigentes sociales considerados como de izquierda. La Fiscalía estudia la posibilidad de que haya sido el Eln el responsable del asesinato de Landazábal Reyes.
Ejército busca al Eln en una casa de paz
Bogotá
"Por qué mejor no cambia ese fusil por una rosa", le dijo una religiosa a uno de los 15 o más miembros de la Brigada XIII del Ejército que con traje camuflado, armas automáticas de mira telescópica, granadas, casco blindado y chaleco antibalas, entraron ayer a una casa amarilla de dos pisos del barrio Teusaquillo de Bogotá para desvertebrar un centro de operaciones del Eln.
Aunque el oficial del Ejército que condujo a la Fiscalía al allanamiento bajo la gravedad del juramento aseguró que su información era acertada e hizo gala de sus capacidades de "inteligencia" para ir tras las huellas de los posibles asesinos del general (r) Fernando Landazábal, la fiscal a cargo se encontró con la sorpresa de que detrás del número 15-39 de la calle 36 no había tal enclave subversivo, sino por el contrario un grupo de monjas y laicos que trabajan por la defensa de los derechos humanos y la paz.
En realidad, los sabuesos de "inteligencia" condujeron a la Fiscalía que falló en cuanto debía cerciorarse para no ser asaltada en su buena fe, a la sede de la Comisión Intergregacional Justicia y Paz, que si bien no tiene ningún aviso de neón que anuncie sus propósitos, tampoco esconde material peligroso para la democracia y menos protege a alzados en armas, como tres horas y media más tarde lo explicarían dos religiosas y el presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Carlos Rodríguez.
Y a pesar de que la fiscal, que iba acompañada de los militares previendo encontrarse con una respuesta armada de los presuntos subversivos, se dio cuenta a los pocos minutos que el objetivo de la "inteligencia" militar estaba errado y ordenó suspender el operativo, mientras levantaba el acta, unidades de asalto se escurrieron por las instalaciones de Justicia y Paz, intimidaron a sus ocupantes y a espaldas de la fiscal grabaron en video a todas las personas, como también lo harían en la entrada de la casa con los periodistas y curiosos que se enteraron del allanamiento.
"No nos tomen las caras", les "recomendaban" los uniformados a los fotógrafos y camarógrafos que en cuestión de minutos llegaron a la casa ubicada a escasos 100 metros de la Nunciatura Apostólica, el albergue del embajador del Papa en Colombia.
Las denuncias.
Después de un entrar y salir de monjas, abogados y amigos, y a los pocos minutos de la llegada de delegados del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo a quienes se les dificultó el ingreso, el frustrado comando de asalto y la fiscal se marcharon."No entendemos cómo en las circunstancias que vive este país a una organización como la nuestra, que lo único que pretende es contribuir a la paz y a la justicia, nos vengan a allanar y a atropellar de la manera que lo están haciendo. No tenemos nada que ocultarle a nadie", dijo apresuradamente y entre sollozos una funcionaria de la ONG.
Luego saldría el sociólogo Orlando Fals Borda, quien relató a los periodistas que los militares humillaron a los funcionarios de Justicia y Paz y les dijeron que "estaban buscando documentos incriminatorios del Eln" y que se llevaron algunas "listas de personas, un informe publicado por El Espectador que parece era subversivo y cosas creo que de público conocimiento".
"Esta es una prueba más del caos existente en la administración de justicia y en la forma como se investigan los crímenes y las cosas en Colombia", agregó Fals Borda.
Hacia las 5:40 de la tarde, la puerta se abrió para dar paso a las hermanas Isabel Gutiérrez y Silvia Vallejo y al jurista Carlos Rodríguez.
La primera hermana explicó que Justicia y Paz, que este año cumple diez años de trabajo en el país, es una comisión de religiosos que "sobre todo defiende los derechos humanos del pueblo de Colombia" y que en la actualidad está muy preocupada por la situación de los miles de desplazados por la violencia.
"No porque pasen estas cosas allanamientos vamos a dejar de hacerlo. Porque si esta es una necesidad del país, continuaremos como religiosos acompañando al pueblo en sus necesidades".
Seguidamente la hermana Vallejo, presidenta de la Conferencia de Religiosos de Colombia, reiteró que la fiscal dejó constancia de que "aquí no se encontró nada sospechoso, nada irregular y que por lo tanto no se retira ningún documento, porque no se encontró".
Sin embargo, la religiosa denunció que los militares intimidaron a las personas que se encontraban en sus oficinas. "Intimidación con armas y haciéndoles fuerzas para que dieran declaraciones", dijo.
No obstante, advirtió que lo más delicado en su consideración es la filmación de todas las personas y oficinas y que le preocupa la utilización que los militares puedan darle al video y las consecuencias que pueda tener para las personas que trabajan en Justicia y Paz.
"El allanamiento a Justicia y Paz no fue un error", dice vicefiscal
Bogotá
El vicefiscal general de la Nación, Jaime Córdoba Triviño, dijo ayer que el allanamiento que se le practicó a la sede de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz se hizo a raíz de una información suministrada por organismos de inteligencia que indicaba que donde se encuentra la ONG podría funcionar un centro de operaciones del Eln.
Según Córdoba Triviño, al ordenar la diligencia judicial la Fiscalía no sabía que la dirección donde se adelantó el operativo era la sede de Justicia y Paz.
Así mismo advirtió que cuando la fiscal que coordinó la actividad se percató de que se trataba de una ONG reconocida legalmente suspendió de inmediato la acción.
"En el hecho hubo apoyo militar porque la Fiscalía no es una entidad armada y cuando se buscan organizaciones subversivas se utilizan uniformados como una medida de seguridad", dijo el vicefiscal para explicar la presencia de 20 miembros de la XIII Brigada del Ejército en las labores de allanamiento.
Córdoba anotó que la Fiscalía en éste y en ningún otro caso realiza investigaciones contra las Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos, aunque aclaró que "no por ello hay que pensar que estos grupos gozan de inmunidad de carácter penal".
Sobre las denuncias de algunos miembros de Justicia y Paz que dijeron haber visto a miembros del Ejército grabando algunos documentos y a las personas que se encontraban en la sede de la ONG en el momento del allanamiento, Córdoba Triviño comentó que los miembros del CTI y la funcionaria que coordinó la diligencia dijeron no haber visto nada.
A pesar de ello señaló que los miembros de la Fiscalía que participaron en el hecho tendrán que rendir un informe donde deben explicar la forma en la que desarrollaron la diligencia, "tal y como se hace en este tipo de acciones".
"Asumimos la responsabilidad del operativo, pero no podemos decir que se trató de un error, y si se establece que se cometieron irregularidades iniciaremos la correspondiente investigación y también pondremos el hecho en manos de organismos como la Procuraduría", concluyó el vicefiscal.
Finalmente, Córdoba Triviño dijo que las ONG son entidades que merecen todo el apoyo de los organismos del Estado.
Información de El País, 14 de mayo de 1998
El Ejército de Colombia allana la sede de una ONG religiosa.
PILAR LOZANO, BogotáLa preocupación ronda a los miembros de las ONG que trabajan por la defensa de los derechos humanos en Colombia. Mientras en la escuela militar, con honores se daba el adiós al ex ministro de Defensa y general retirado Fernando Landazábal, un militar de mano dura asesinado el martes en Bogotá, la fiscalía, con apoyo del Ejército, allanó la sede de Justicia y Paz, organización de derechos humanos de las congregaciones religiosas de Colombia, y dos tipografías donde imprime algunos de sus materiales esta organización.
Iban, se dice, tras las pistas de una célula urbana del ELN y, según versiones de radio, tras elementos que pudieran servir para esclarecer el asesinato del general. Aunque la fiscal encargada de la acción decidió suspenderla, se denunciaron irregularidades: el Ejército, dicen los testigos, obligó a los presentes a ponerse de rodillas, les tomó algunas fotografías, y finalmente se llevó documentos y recortes de prensa. «Estamos extrañados», dijo a Radio Net Rafael Barrios, del colectivo de abogados y señaló como imprudentes las declaraciones del comandante de las fuerzas militares, general Manuel José Bonet, quien el martes, al conocerse el asesinato de Landazábal, se fue lanza en ristre con las ONG, nacionales e internacionales, que acusan al Ejército de violaciones de derechos humanos. Al cierre de esta edición se esperaban explicaciones de la fiscalía sobre el confuso hecho.
Tres hipótesis se manejan sobre las causas del crimen de Landazábal. Una: pudo ser la guerrilla -se habla en especial del ELN- como réplica a los recientes crímenes de Jesús María Valle, María Arango y Eduardo Umaña Medoza, todos activistas de derechos humanos. Dos: al general lo mató la extrema derecha para fortalecer a los militaristas que se oponen al diálogo con la insurgencia. Tres: que fue la mafia para despistar a las autoridades y fortalecerse. Ésta es la menos probable. «Las fuerzas militares, en especial el Ejército, no descansarán hasta saber quiénes son los responsables, materiales e intelectuales, de este magnicidio», anunció ayer, minutos antes del sepelio de Landazábal el comandante del Ejército, general Mario Hugo Galán.
Información de RCN Noticias, 14 de mayo de 1998
Continúa la cacería de brujas: ong denuncia atropellos.
Portavoces de la ong colombiana especializada en derechos humanos, "Justicia y paz", dirigida por sacerdotes jesuitas, han denunciado los atropellos cometidos a sus instalaciones durante un allanamiento que realizaron las autoridades en el barrio Teusaquillo de Bogotá.Efectivos de la Policía, acompañados por funcionarios de la Procuraduría General, se presentaron ayer en la sede de "Justicia y paz" para buscar documentos sobre presuntos vínculos de sus miembros con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), indicaron las fuentes.
El investigador y escritor Orlando Fals Borda, miembro de la ong, recogió testimonios según los cuales varios empleados de "Justicia y paz" fueron agredidos durante la diligencia Judicial, realizada en ausencia de su director, el sacerdote jesuita Javier Giraldo.
No obstante, representantes de la Defensoría del Pueblo se hicieron presentes en el lugar para verificar que el operativo se realizara de acuerdo con la normativa legal vigente.
Por último, Fals Borda insistió en que el allanamiento nada tuvo que ver con las operaciones que realizan la Policía y el Ejército en Bogotá para buscar a los homicidas del ex ministro de Defensa, general retirado Fernando Landazábal, asesinado el martes en la capital colombiana.
Continúa la cacería de brujas: ong denuncia atropellos.
Portavoces de la ong colombiana especializada en derechos humanos, "Justicia y paz", dirigida por sacerdotes jesuitas, han denunciado los atropellos cometidos a sus instalaciones durante un allanamiento que realizaron las autoridades en el barrio Teusaquillo de Bogotá.Efectivos de la Policía, acompañados por funcionarios de la Procuraduría General, se presentaron ayer en la sede de "Justicia y paz" para buscar documentos sobre presuntos vínculos de sus miembros con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), indicaron las fuentes.
El investigador y escritor Orlando Fals Borda, miembro de la ong, recogió testimonios según los cuales varios empleados de "Justicia y paz" fueron agredidos durante la diligencia Judicial, realizada en ausencia de su director, el sacerdote jesuita Javier Giraldo.
No obstante, representantes de la Defensoría del Pueblo se hicieron presentes en el lugar para verificar que el operativo se realizara de acuerdo con la normativa legal vigente.
Por último, Fals Borda insistió en que el allanamiento nada tuvo que ver con las operaciones que realizan la Policía y el Ejército en Bogotá para buscar a los homicidas del ex ministro de Defensa, general retirado Fernando Landazábal, asesinado el martes en la capital colombiana.
Información de El Espectador, 14 de mayo de 1998
Este documento es publicado en la internet por Equipo Nizkor y Derechos Human Rights