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28feb18

Alerta temprana Nº 026-18 expedida por la Defensoría del Pueblo por amenazas a líderes y grupos sociales

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL RIESGO

Departamento Municipio o Distrito
AMAZONAS La Pedrera, Leticia, Puerto Nariño
ANTIOQUIA Anorí, Apartado, Barbosa, Bello, Briceño, Cáceres, Carepa, Chigorodó, Don Matías, El Bagre, Jardín, Liborina, Ituango, Medellín, Puerto Berrío, Remedios, San Andrés, San Vicente Ferrer, Segovia, Sonsón, Tarazá, Toledo, Turbo, Valdivia, Vigía del Fuerte, Yarumal, Yondó, Zaragoza
ARAUCA Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena, Tame
ATLÁNTICO Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia, Sabanagrande, Soledad, Tubará, Ponedera, Sabanalarga, Repelón
BOGOTA DC Bogotá DC
BOLÍVAR Achí, Arjona, Cartagena, El Carmen de Bolívar, Córdoba Tetón, Magangué, Mahates, María La Baja, Morales, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, San Estanislao de Kostka, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Barranco de Loba, Cantagallo, Norosí, Tiquisio, Talaigua Nuevo, Turbaco, Zambrano.
BOYACÁ Cubará, Chiquinquirá, Mongua, Paipa, Paya, Sogamoso, Tunja
CALDAS Anserma, Belalcazar, La Dorada, Marmato, Manizales, Pensilvania San José, Pacora, Riosucio, Supía
CAQUETÁ La Montañita, Belén de los Andaquíes, Morelia, San Vicente del Caguán, San José del Fragua, Valparaíso, Cartagena del Chairá, Paujil, Puerto Rico, Solano, Florencia
CASANARE Aguazul, Monterrey, Paz de Ariporo, San Luis de Palenque, Villanueva, Yopal, La Salina, Sácama
CAUCA Almaguer, Argelia, Bolívar, Buenos Aires, Cajibio, Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, Guapi, El Tambo, La Sierra, López de Micay, Jámbalo, Mercaderes, Páez, Patia, Piamonte, Popayán, Puracé, Rosas, Santander de Quilichao, Sotará, Suárez, Sucre, Timbio, Villarica, Miranda
CESAR Aguachica, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, El Paso, El Copey, Gamarra, La Gloria, La Jagua de Ibirico, La Loma, La Paz, Manaure, Pailitas, Pelaya, San Alberto, San Diego, San Martín, Tamalameque, Valledupar.
CHOCÓ Acandí, Alto Baudó, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, Medio Atrato, Medio Baudó, Quibdó, Unguía, Itsmina, Jurado, Litoral del San Juan, San José de Palmar, Riosucio
CÓRDOBA Ayapel, Buenavista, Canalete, Ciénaga de Oro, La Apartada, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Tierralta, Los Córdobas, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré
CUNDINAMARCA Soacha, Arbeláez, Fusagasugá, Cabrera, Granada, Silvania
GUAINIA Puerto Inírida
GUAVIARE San José del Guaviare, Miraflores
HUILA Campoalegre, Hobo, Iquira, La Plata, Neiva, Pitalito, Santa María, Suaza
LA GUAJIRA Maicao, Riohacha, Barrancas, Fonseca
MAGDALENA Ciénaga, San Sebastián, Santa Marta, Tenerife, El Retén, Pivijay, Fundación, Aracataca, El Piñón, Plato, Chibolo.
META Acacias, El Castillo, La Macarena, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto López, Puerto Rico, San Martín, Uribe, Villavicencio, Vista Hermosa
NARIÑO Barbacoas, Colón, El Charco, El Rosario, Francisco Pizarro, La Tola, Magüi Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Policarpa, Santa Bárbara, Tumaco
NORTE DE SANTANDER Abrego, Bucarasica, Chitagá, Cúcuta, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Hacarí, La Esperanza, Ocaña, Los Patios, Puerto Santander, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú, Villa del Rosario
PUTUMAYO Mocoa, Valle del Guamuez, Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, Puerto Asís, San Miguel
QUINDÍO Armenia, Calarcá, Circasia, Córdoba, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya, Salento
RISARALDA Belén de Umbría, Guatica, Dosquebradas, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Santuario
SANTANDER Barrancabermeja, Cimitarra, Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Puerto Wilches
SUCRE Los Palmitos, San Benito Abad, Ovejas, Sincelejo, Sampués
TOLIMA Ataco, Cajamarca, Chaparral, Coyaima, Espinal, Ibagué, Lérida, Líbano, Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, Saldaña
VALLE DEL CAUCA Bolívar, Buenaventura, Cali, Cartago, El Cerrrito, Florida, Guacarí, Jamundí, Pradera, Tuluá
VAUPES Mitú, Carurú
VICHADA La Primavera, Puerto Carreño, Santa Rosalía

POBLACIÓN EN RIESGO

Como se indicó en el Informe de Riesgo 010 de 2017, la Defensoría del Pueblo asume la definición contenida en la "Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales umversalmente reconocidos" adoptada por las Naciones Unidas en 1998. Al respecto la CIDH ha precisado: "Las defensoras y defensores de derechos humanos son personas que promueven o procuran cualquier forma de realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional. El criterio identificador de quién es considerado defensora o defensor de derechos humanos es la actividad desarrollada por la persona y no otros factores como el recibir remuneración por su labor, o el pertenecer a una organización civil o no. El concepto también es aplicable a los operadores de justicia como defensores del acceso a la justicia de miles de víctimas de violaciones a sus derechos." [CIDH, Segundo informe la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.Doc 66, 31 de diciembre de 2011, párrafo. 12]

A la luz de esta definición, la Defensoría del Pueblo ha identificado la situación de riesgo a la que se encuentran expuestas las siguientes organizaciones comunales, indígenas, afrodescendientes, campesinas, sociales, sindicales, de víctimas, de población con orientación sexual e identidad de género diversa |1|, ambientales, reclamantes de tierras, de mujeres, jóvenes, estudiantes, y personas que por su labor se consideran defensores de derechos humanos, como los personeros y personeras municipales, y los defensores asociados a organizaciones no gubernamentales.

Amazonas:

  1. Asociación indígena Tikuna, Cocama y Yagua de Puerto Nariño - ATICOYA
  2. Asociación de Autoridades indígenas de La Pedrera -AlPEA
  3. Mesa departamental de participación de víctimas
  4. Líderes y autoridades de los pueblos indígenas del Amazonas

Antioquia:

  1. Fenalpaz Antioquia (Bello)
  2. Comunidad indígena Omagá (Cáceres)
  3. Colectivo Voces de Paz (Don Matías)
  4. Asociación de hermandades agroecológicas y mineras de Guamocó - Ahermigua
  5. Asociación de campesinos del Bajo Cauca - ASOCBAC
  6. Corporación Acción Humanitaria por la convivencia y la paz del nordeste antioqueño -Cahucopana
  7. Movimiento Marcha Patriótica
  8. Unión Patriótica
  9. Juventud Rebelde
  10. Líderes indígenas
  11. Mesa de derechos humanos del Valle de Aburrá
  12. Comité de mototaxistas de "La Coquera" (El Bagre)
  13. Asociaciones mineras del Nordeste
  14. Movimiento Ríos Vivos
  15. Líderes de Juntas de Acción Comunal
  16. Representantes de víctimas
  17. Mesa de derechos humanos de los periodistas de Medellín y Antioquia -MESDHUPERA
  18. Movimiento por la vida y la defensa del territorio en el Oriente antioqueño -MOVETE
  19. Asociación agroecológica interétnica e intercultural - Asokinchas
  20. Coordinadora Nacional de cultivadores de hoja de coca, amapola y marihuana -COCCAM
  21. Comité de barequeros del Norte de Antioquia -ASOCBARE
  22. Asociación de campesinos de Toledo -ASCAT

Arauca:

  1. Comité permanente por la defensa de los derechos humanos CPDH
  2. Asociación Nacional Campesina - ASONALCA
  3. Asociación Campesina de Arauca - ACA
  4. Mesa de organizaciones cívicas y populares de Arauca - MOCIPAR
  5. Mesa de unidad cívica, agraria y popular del Oriente Colombiano -MUCAPOC
  6. Movimiento Marcha Patriótica
  7. Juventud Comunista
  8. Unión Sindical Obrera - USO
  9. Líderes de Juntas de Acción Comunal
  10. Líderes de comunidades indígenas del departamento de Arauca

Atlántico:

  1. ASOTRACAMPO
  2. Asociación de familias unidas por un solo dolor - AFUSODO (Barranquilla)
  3. Partido Comunista Colombiano
  4. Movimiento Marcha Patriótica
  5. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
  6. Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE
  7. Central Unitaria de Trabajadores - CUT
  8. Fundación Comité de solidaridad con los presos políticos
  9. Confluencia de Mujeres
  10. Fundación para la paz, la democracia y los derechos humanos -Fundemocracia
  11. Asociación Nacional de Afrocolombianos desplazados - Afrodes
  12. Asociación de desplazados por el Buen Vivir de Malambo- ADEVIM
  13. Mesa de participación de víctimas del distrito de Barranquilla
  14. Mesa departamental de víctimas

Bogotá DC:

  1. Central Nacional Provivienda - CENAPROV
  2. Asociación Sindical de Profesores Universitarios - ASPU
  3. Comisión Colombiana de Juristas
  4. Fundación Manuel Cepeda Vargas
  5. Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
  6. Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC
  7. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
  8. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos -ILSA
  9. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES
  10. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
  11. Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos -REINICIAR
  12. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP
  13. Comité Permanente para la Defensa de los DHH- CPDH
  14. Central Unitaria de Trabajadores CUT
  15. Sindicato nacional de trabajadores de la industria de alimentos -SINALTRAINAL
  16. Centro de estudios para la justicia social Tierra Digna
  17. Fundación por la defensa de los derechos humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia - DHOC
  18. Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular
  19. Unión Sindical Obrera - USO
  20. Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios - ACEU
  21. Federación de Estudiantes Universitarios - FEU
  22. Mesa de unidad cívica, agraria y popular del Oriente Colombiano -MUCAPOC
  23. Movimiento Marcha Patriótica
  24. Congreso de los Pueblos
  25. Movimiento de víctimas de crímenes de Estado - MOVICE
  26. Organizaciones de mujeres y organizaciones de personas con orientación sexual diversa
  27. Juntas de Acción Comunal de Bogotá
  28. Red de maestros La Roja
  29. Red de medios alternativos
  30. Corporación Sisma Mujer
  31. Mesa autónoma de derechos humanos de la localidad de Usme

Bolívar:

  1. Organizaciones sindicales: SINALTRAINAL, SUTIMAC, ANTHOC, Unión Sindical Obrera -USO, Sintraelecol, Sintraunicol, y Sintrabiofilm.
  2. Movimiento Pacífico de la Alta Montaña
  3. Mesa distrital de víctimas de Cartagena
  4. Mesa de víctimas de los municipios de Carmen de Bolívar y Córdoba Tetón
  5. Mesa departamental de víctimas
  6. Consejo comunitario PUA II (Cartagena)
  7. Asociación de Consejos comunitarios de Cartagena
  8. Comité de seguimiento al Auto 092 (Cartagena)
  9. Liga de mujeres desplazadas de Bolívar
  10. Asociación de campesinos afrodescendientes - ASOCAAFRO (María La Baja)
  11. Cabildo indígena Talaigua Nuevo
  12. Líderes comunales del distrito de Cartagena
  13. Consejo comunitario de Arroyo de Las Canoas

Boyacá:

  1. Juntas de Acción Comunal de los municipios: El Cocuy, Güicán de la Sierra, Chiscas, El Espino, Susacon, Chita, Jericó, Socota, Socha, Tasco, Mongua, Aquitania, Pesca, Pisba, Paya, Labranzagrade y Pajarito
  2. Mesa de unidad cívica, agraria y popular del Oriente Colombiano -MUCAPOC
  3. Mesas de víctimas de los municipios de Chiquinquirá, Mongua, Paipa, Sogamoso
  4. Mesa departamental de víctimas
  5. Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria - COSPACC

Caldas:

  1. Autoridades tradicionales y comunidades indígenas del departamento:

    a) Cabildos de: Totumal, La Albania, Dachi Joma y Parcialidad de Cártama en Marmato
    b) Resguardos: San Lorenzo, Cañamomo Lomaprieta en Riosucio, resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, comunidad de La Albania.

  2. Central Unitaria de Trabajadores
  3. Comité permanente por la defensa de los derechos humanos -CPDH
  4. Sindicato de educadores unidos por Caldas
  5. Sindicato Nacional de la salud y la seguridad social- SINDESS
  6. Sindicato de Trabajadores de la energía de Colombia - SINTRAELECOL
  7. Mesa amplia nacional estudiantil - MANE
  8. Asociación Colombiana de estudiantes universitarios -ACEU
  9. Movimiento de víctimas de crímenes de Estado - MOVICE
  10. Asociación de familias desplazadas - ASOFADES
  11. Movimiento Marcha Patriótica
  12. Líderes estudiantiles
  13. Mesas de víctimas de los municipios de La Dorada, Pensilvania y Pécora
  14. Mesa departamental de participación de víctimas

Caquetá:

  1. Asociación de cabildos indígenas de San Vicente del Caguán - ASISC.
  2. Corporación Caguán Vive (San Vicente del Caguán)
  3. Polo Democrático Alternativo
  4. Asociación Ambiental Losada Guayabero -ASCALG (San Vicente del Caguán)
  5. Proceso comunitario Junta de Acción Comunal vereda Platanillo y vereda La Victoria (San Vicente del Caguán)
  6. Líderes de juntas de acción comunal
  7. Movimiento Marcha Patriótica
  8. Consejo departamental indígena del Caquetá - CODIC

Casanare:

  1. Juntas de Acción Comunal, particularmente en los municipios de Yopal, Aguazul, Trinidad, San Luis de Palenque, Paz de Ariporo.
  2. Mesas de participación de víctimas
  3. Movimiento Marcha Patriótica (La Salina, Sácama, Recetor, Chámeza, Yopal, Aguazul)
  4. Congreso de los Pueblos (La Salina, Sácama, Recetor, Chámeza, Yopal, Aguazul)
  5. Asociación de veredas de Cumaná - ASOVEC
  6. Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro - ASONALCA
  7. Asociación Nacional de jóvenes y estudiantes de Colombia - ANJECO
  8. Asociación de mujeres unidas por Casanare - ASMUC
  9. Mesa de unidad cívica, agraria y popular del Oriente Colombiano -MUCAPOC
  10. Organización regional indígena de Casanare -ORIC
  11. Asociación "Defendamos a Casanare"
  12. Comité "Yopal somos todos"
  13. Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria - COSPACC

Cauca:

  1. Asociación Campesina de Caloto
  2. Proceso comunitario vereda La Arrobleda (Caloto)
  3. Asociación de trabajadores campesinos de la zona de reservas campesinas del municipio de Caloto- ASTRAZONACAL
  4. Resguardo indígena de Rioblanco (Popayán)
  5. Asociación de trabajadores campesinos de la Zona de Reserva Campesina del municipio de Corinto - ASTRAZONAC
  6. Comité Regional Indígena del Cauca - CRIC
  7. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria - FENSUAGRO
  8. Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiana -PUPSOC
  9. Movimiento Marcha Patriótica
  10. Comunidad educativa y bomberos voluntarios de Cajibío
  11. Proceso comunitario Junta de Acción comunal del corregimiento de Fondas (El Tambo)
  12. Comité de integración del Macizo Colombiano - FUNDECIMA (Almaguer)
  13. Asociación Campesina de trabajadores de Argelia - ASCAMTA
  14. Pro Asociación Campesina de Sucre (Bolívar)
  15. Asociación de Juntas comunales de los ríos Mira, Nulpe y Mataje - ASOMINUMA (Mercaderes)
  16. Asociación Campesina de Piendamó
  17. Asorenacer Siglo XXI (Suárez)
  18. Asociación indígena Avelino Ur (Toribío)
  19. Asociación de trabajadores campesinos de Totoró - ASOCAT
  20. Asociación Campesina Inzá Tierradentro - ACIT (Inzá)
  21. Mesa regional de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, juveniles de la Baja Bota Caucana, Jardines de Sucumbíos, Ipiales, Nariño y Putumayo
  22. Partido Comunista Colombiano
  23. Mesas de víctimas
  24. Unión Patriótica
  25. Asociación de Usuarios de Servicios Públicos (Popayán)
  26. Federación de Estudiantes Universitarios - FEU (Popayán)
  27. Asociación de institutores y trabajadores de la educación del Cauca- ASOINCA
  28. Asociación Sindical de Profesores Universitarios - ASPU
  29. Ruta Pacífica de las Mujeres
  30. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN
  31. Consejo regional indígena del Cauca - CRIC
  32. Coordinadora cívica por Mercaderes
  33. Líderes de Consejos comunitarios
  34. Asociación de trabajadores campesinos de Cajibío -ATCC
  35. Coordinadora Nacional de cultivadores de hoja de coca, amapola y marihuana - COCCAM
  36. Coordinación Nacional de organizaciones y comunidades afrodescendientes -CONAFRO
  37. Coordinación Nacional Étnica de Paz - CENPAZ
  38. Coordinación de consejos comunitarios y organizaciones de base del pueblo negro de la Costa Pacífica del Cauca - COCOCAUCA

Cesar:

  1. Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar - CISBCSC (Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua, Pailitas, Pelaya, La Gloria, Gamarra, Aguachica y San Martín)
  2. Movimiento de trabajadores campesinos y comunidades del Cesar - MTCC (Gamarra, La Gloria, Pailitas, Pelaya y Curumaní)
  3. Asociación de campesinos desplazados al Retorno - ASOCADAR (Aguachica, La Gloria, Tamalameque y Pelaya)
  4. Asociación de campesinos y comunidades sin tierra del Cesar - ASOCAMTICE (Valledupar, El Copey, San Diego, Agustín Codazzi, Becerril y La Jagua de Ibirico)
  5. Asociación colombiana horizonte de población desplazada - ASOCOL (Aguachica, La Gloria, Tamalameque y Pelaya)
  6. Movimiento fuerza unitaria de territorios unidos y regiones organizadas -Futuro (Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua y Pailitas)
  7. Mesa regional de la zona de reserva campesina del Perijá - MRZRCP (Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua y Pailitas)
  8. Asociación Campesina de la Serranía del Perijá (Manaure Balcón del Cesar, La Paz, San Diego y Agustín Codazzi)
  9. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria - FENSUAGRO (Valledupar, La Jagua de Ibirico, Pailitas, San Diego)
  10. Corporación Defensa del agua, territorio y ecosistemas - CORDATEC (San Martín)
  11. Junta de acción comunal de El Hatillo (El Paso)
  12. Cooperativa multiactiva de trabajadores de El Hatillo -COOMULTRAHA (El Paso)
  13. Asociación campesina de productores y productoras de El Hatillo -ASOCAPROHA (El Paso)
  14. Asociación de granjas apícolas del Cesar - ASOGRACE
  15. Consejo comunitario de comunidades negras de La Sierra, El Cruce y La Estación - CONESICE (Chiriguaná)
  16. Asociación veredal de víctimas de El Copey -ASVERVIC
  17. Asamblea Campesina del Cesar por la restitución de tierras y el buen vivir -ACC
  18. Líderes de mesas de participación de víctimas
  19. Congreso de los Pueblos
  20. Movimiento Marcha Patriótica

Chocó:

  1. Líderes étnico territoriales, autoridades indígenas, procesos organizativos reivindicatoríos de derechos sociales, principalmente en las zonas rurales de los municipios del Alto, Medio y Bajo Baudó, Litoral de San Juan, Nuquí y Jurado.
  2. Asociación de cabildos indígenas del río Dubasa -ACIRDU
  3. Movimiento Marcha Patriótica
  4. Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia - CONPI
  5. Comité cívico departamental por la salvación y dignidad del Chocó
  6. Consejos comunitarios de Villa Contó, Paimadó, La Soledad y San Isidro en el municipio de Río Quito
  7. Consejos comunitarios de los municipios de Medio Atrato y Novita
  8. Foro Interétnico Solidaridad Chocó - FISCH
  9. Personeros y personeras municipales

Córdoba:

  1. Líderes de Juntas de Acción Comunal
  2. Autoridades tradicionales de los resguardos Zenú del Alto San Jorge y Embera Katio Quebrada Cañaveral
  3. Cacique y Alguacil Mayor del resguardo Mayor Zenú del Alto San Jorge
  4. Gobernadores indígenas del resguardo Mayor Zenú del Alto San Jorge en los cabildos Boca de Uré, Unión Matoso, Bello Horizonte, Nueva Ilusión, Tierra Santa, Torno Rojo, Centro América, Pica Pica Viejo, Santa Fe Alto San Jorge, San Pedro, Santa Fe Las Claras, El Tambo, Guacarí La Odisea, Villa Carminia, Las Flores, La Ye, Claret y Vende Aguja, del resguardo mayor del Alto San Jorge, en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y La Apartada
  5. Líderes estudiantiles de la Universidad de Córdoba
  6. Fundación Social Cordobexia (Montería)
  7. Movimiento Marcha Patriótica
  8. Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - ANZORC
  9. Asociación campesina para el desarrollo del Alto Sinú - ASODECAS (Tierralta)
  10. Asociación de campesinos del Sur de Córdoba - ASCSUCOR
  11. Mesa municipal de participación efectiva de víctimas de Tierralta y Puerto Libertador

Cundinamarca:

  1. Mesa de unidad cívica, agraria y popular del Oriente Colombiano -MUCAPOC
  2. Mesas municipales de víctimas de Granada, Sivania y Cabrera
  3. Movimiento Marcha Patriótica
  4. Juventud Comunista
  5. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria - FENSUAGRO
  6. Sindicato de pequeños agricultores de Cundinamarca - Sinpreagricun
  7. Líderes estudiantiles (Soacha)
  8. Líderes comunales (Soacha)
  9. Asociación Nacional de Afrocolombianos desplazados - Afrodes

Guaviare:

  1. Líderes del pueblo indígena Jiw
  2. Mesa de unidad cívica, agraria y popular del Oriente Colombiano -MUCAPOC
  3. Asociación de Trabajadores Campesinos del Bajo Guaviare -ASOTRACAGUA
  4. Líderes de Juntas de Acción Comunal

Guainía:

  1. Mesa de unidad cívica, agraria y popular del Oriente Colombiano -MUCAPOC

Huila:

  1. Corporación casa de la memoria Quipu Huasi (Neiva)
  2. Proceso Juntas de Acción Comunal del asentamiento Alto Mirador (Neiva)
  3. Central Unitaria de Trabajadores - Huila
  4. Sindicato de trabajadores de la Caja de Compensación Familiar del Huila
  5. Fundación Comité Permanente por los derechos humanos
  6. Mesa departamental de participación efectiva de víctimas
  7. Mesas de víctimas de los municipios de Neiva, Pitalito, Iquira, La Plata
  8. Proceso Junta de Acción comunal del barrio Falla Bernal (Neiva)
  9. Junta de Acción Comunal de la vereda Bajo Quebradón (Algeciras)
  10. Resguardo indígena Pijao (Santa María)
  11. Comunidad docente de la escuela Yu Luucx Pihau del resguarto Tame (La Plata)
  12. Resguardo Nueva Esperanza (La Plata)
  13. Mesa municipal de víctimas de La Plata
  14. Asociación de calandreros del río Magdalena y pescadores de Hobo
  15. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - Huila
  16. Movimiento Marcha Patriótica
  17. Personero municipal de Suaza

La Guajira:

  1. Mesa de concertación Wayúu
  2. Fuerza de mujeres Wayúu
  3. Líderes indígenas
  4. Movimiento Marcha Patriótica

Magdalena:

  1. Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social
  2. Líderes de juntas de acción comunal
  3. Respeto por las víctimas (Tenerife)
  4. Fundación províctimas de La Secreta
  5. Asociación de desplazados de El Retén
  6. Mesa departamental de víctimas
  7. Mesa de víctimas del municipio de Pivijay, Fundación, Santa Marta, Chibolo, El Piñón y Plato.
  8. Asociación de mujeres desplazadas del Magdalena (Fundación)
  9. Asumidos por Fundación
  10. Personeras y personeros municipales
  11. Asociación de mujeres productoras del campo -ASOMUPROCA (Aracataca, Pueblo Viejo)

Magdalena Medio:

  1. Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos -CREDHOS
  2. Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC
  3. Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio -ASORVIMM
  4. Mesa Comunal por la Vida Digna de la región de San Pablo y Cantagallo
  5. Asociación de desplazados asentados en el municipio de Barrancabermeja-ASODESAMUBA-
  6. Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar - CISBCSC
  7. Movimiento Marcha Patriótica
  8. Movimiento Juventud Rebelde
  9. Asociación Nacional de Ayuda Solidaria - ANDAS
  10. Unión Sindical Obrera - USO
  11. Corporación Acción Humanitaria por la convivencia y la paz del nordeste antioqueño -Cahucopana
  12. Líderes de Juntas de Acción Comunal
  13. Federación Agrominera del Sur de Bolívar- Fedeagromisbol
  14. Mesa municipal de víctimas de Cantagallo, San Pablo, Barrancabermeja
  15. Espacio de trabajadores de derechos humanos
  16. Asociación de Campesinos de Buenos Aires - ASOCAB (EL Peñón)
  17. Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio
  18. Mesa comunal por la vida digna de Cantagallo
  19. Líderes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas El Oso, Los Cedros, Palmar Bajo y Palmar Alto, corregimiento de Buenavista y veredas Guayacán y Helechal del corregimiento San Juan de Río Grande del municipio Santa Rosa del Sur
  20. Líderes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas Río Amarillo Bajo, Río Amarillo Alto, Tiguil y Brisas del Bosque del Corregimiento San Joaquín del municipio de Simití

Meta:

  1. Sindicato de trabajadores agrícolas independientes del Meta - SINTRAGRIM
  2. Líderes de Juntas de Acción Comunal
  3. Líderes del pueblo indígena Jiw
  4. Asociación de campesinos trabajadores y productores de la región del río Guayabera - ASCATRAGUA
  5. Asociación de Mujeres desplazadas del Meta - ASOMUDEN
  6. Unión Sindical Obrera -USO
  7. Mesa departamental de víctimas
  8. Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta
  9. Corporación de Juntas del área de influencia directa - CEJAID (Acacias)
  10. Asociación agropecuaria de Reserva Campesina del Alto Duda -ARCADUDA
  11. Mesa de unidad cívica, agraria y popular del Oriente Colombiano -MUCAPOC
  12. Movimiento Marcha Patriótica
  13. Dirigentes de Juntas de Acción Comunal del municipio de La Macarena

Nariño:

  1. Asociación de Consejos Comunitarios de la Ensenada de Tumaco - ASOCRET
  2. Asociación de Consejos de Comunidades Étnicas (Tumaco)
  3. Mesa municipal de víctimas de Tumaco
  4. Reguardo Awá Hojal (Tumaco)
  5. Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA (Tumaco)
  6. Líderes de los consejos comunitarios Manos amigas del Patía Grande (Magüi Payán), Rescate Las Varas y Alto Mira y Frontera (Tumaco)
  7. Asociación de trabajadores campesinos de Nariño -ASTRACAN (La Unión y Leiva)
  8. Líderes del resguardo indígena El Gran Cumbal (Cumbal)
  9. Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano - PUPSOC (Barbacoas, Francisco Pizarro y Policarpa)
  10. Fundaprogreso (Jardines de Sucumbíos)
  11. Asociación de juntas comunales de los ríos Mira, Nulpe y Mataje -ASOMUNUMA (Tumaco)
  12. Movimiento Marcha Patriótica
  13. Movimiento Juventud Rebelde
  14. Movimiento de víctimas de crímenes de Estado - MOVICE
  15. Comité permanente de derechos humanos - CPDH
  16. Fundación colombiana Arco Iris
  17. Coordinadora Nacional de cultivadores de hoja de coca, amapola y marihuana- COCCAM

Norte de Santander:

  1. Líderes de Juntas de Acción Comunal
  2. Asociación de pequeños productores del Catatumbo - ASOPROCAT (Tibú)
  3. Mesa departamental de víctimas
  4. Asociación de desplazados de El Zulia
  5. Organización Asofazul (El Zulia)
  6. Asociación Campesina del Catatumbo - ASCAMCAT
  7. Comité de Integración social de Catatumbo - CISCA
  8. Movimiento por la Constituyente Popular -MPC
  9. Unión Sindical Obrera - USO
  10. Mesas de participación de víctimas de los municipios: Puerto Santander, El Zulia, Cúcuta, Villa del Rosario, Sardinata y Tibú.
  11. Personeros y personeras de los municipios de Tibú, Hacarí, Teorama, El Carmen, El Tarra y San Calixto.
  12. Federación de Juntas de Acción Comunal de Norte de Santander
  13. Asociación de Institutores de Norte de Santander - ASINOR
  14. Corporación Red departamental de derechos humanos - CORPOREDDEH
  15. Sindicato de trabajadores de la gasolina - Sintragasolina
  16. Asociación de mujeres transgénero de Norte de Santander -Asotransnor

Putumayo:

  1. Asociación de autoridades tradicionales y cabildos de los pueblos indígenas del municipio de Leguizamo y Alto Resguardo Predio Putumayo - ACILAPP (Puerto Leguizamo)
  2. Cabildo indígena Awá Mayaskare (Mocoa)
  3. Resguardo Nasa Jerusalén Alto Picudito (Villagarzón)
  4. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria - FENSUAGRO
  5. Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica (Puerto Asís)
  6. Asociación de trabajadores campesinos del Alto Mecaya - ATCAM (Puerto Caicedo)
  7. Mesa regional de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, juveniles de la Baja Bota Caucana, Jardines de Sucumbíos, Ipiales, Nariño y Putumayo
  8. Sindicato de trabajadores campesinos agrarios de Putumayo - SINTRACAP (Orito y Valle del Guamuez)
  9. Movimiento Marcha Patriótica
  10. Asociación sindical agroecológica de trabajadores campesinos del Putumayo -ACSOMAYO (Puerto Asís)
  11. Red de derechos humanos del Putumayo (Puerto Asís)
  12. Asociación campesina del suroriente del Putumayo - ACSOMAYO (Puerto Asís)
  13. Sindicato de trabajadores campesinos del cordón fronterizo del Putumayo -SINTCACFROMAYO (Puerto Asís)
  14. Asociación de trabajadores campesinos de Nariño -ASRTRACAN (Puerto Leguizamo)
  15. Asociación de trabajadores de los pueblos de frontera del Putumayo -ATP (San Miguel)
  16. Colectivo tierra y memoria (Villagarzón)
  17. Fundación Comité permanente por la defensa de los derechos humanos
  18. Mesa de organizaciones sociales del Putumayo - MEROS

Quindío:

  1. Defensores y defensoras de derechos humanos en los municipios de: Armenia La Tebaida, Montenegro, Quimbaya, Circasia y Calarcá.
  2. Líderes de organizaciones indígenas, campesinas y de población con orientaciones sexuales diversas
  3. Representantes estudiantiles
  4. Líderes de Juntas de Acción Comunal
  5. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos - ASFADDES
  6. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria - FENSUAGRO
  7. Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - ANZORC
  8. Movimiento Marcha Patriótica
  9. Asociación nacional de desplazados - ANDESCOL
  10. Semillas y Memoria
  11. Democracia Comunal y ASOGUARANI.
  12. Mesa departamental de víctimas
  13. Mesa de participación de víctimas de Armenia
  14. Sindicato de trabajadores agrícolas de La Tebaida
  15. Red Nacional de iniciativas ciudadanas por la paz y contra la guerra "Redepaz"
  16. Federación de Estudiantes Universitarios -FEU
  17. Asociación agroecológica Guaraní

Risaralda:

  1. Organizaciones sociales, étnicas y populares en defensa del territorio
  2. Comunidades indígenas de Quinchía y Guatica
  3. Líderes de Mistrato, dignatarios de Juntas de Acción Comunal de los barrios El Plumón y San Nicolás en Pereira
  4. Población Embera Katío del Resguardo Gitó Dokabú en Pueblo Rico
  5. Organizaciones estudiantiles:

    - ANDES en Dosquebradas
    - FEU en la Universidad Tecnológica de Pereira

  6. Mesa de víctimas de los municipios de Belén de Umbría, Dosquebradas, Mistrató, Pereira
  7. Líderes de juntas de acción comunal
  8. Consejo Regional Indígena de Risaralda - CRIR
  9. Consejo comunitario de comunidades negras de Santa Cecilia

Santander:

  1. Red Nacional de Ambiente del área metropolitana
  2. Asociación LGBTI de Campo Madrid
  3. Mesa de Participación de víctimas de Bucaramanga
  4. Mesa departamental de participación de víctimas
  5. Asociación de familiares de detenidos desaparecidos - ASFADDES
  6. Unión Patriótica
  7. Movimiento Marcha Patriótica
  8. Asociación Santandereana de Servidores Públicos - ASTDEMP

Sucre:

  1. Movimiento de víctimas de crímenes de Estado - MOVICE
  2. Mesa Sucreña por la paz
  3. Líderes de la Finca La Alemania (San Onofre)
  4. Líderes de la Finca La Europa (Ovejas)
  5. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC
  6. Organizaciones de población LGBTI: Sucre Diversa y Sucre Alternativa
  7. Organización de mujeres Esfuérzate
  8. Líderes indígenas del pueblo Zenu

Tolima:

  1. Movimiento Marcha Patriótica
  2. Asociación de trabajadores campesinos del Tolima - Astracatol
  3. Comité ambiental en defensa de la vida
  4. Organización juvenil COSAJUCA
  5. Líderes indígenas del pueblo Pijao
  6. Asociación Chaparral LGBTI Diversa
  7. Sindicato de maestros del Tolima

Urabá:

  1. Comunidad de Paz de San José de Apartado
  2. Autoridades étnicas y líderes de los pueblos Embera y Wounaan
  3. Organizaciones afrodescendientes y Consejos Comunitarios, en particular los Consejos comunitarios de: Pedeguita Mancilla, La Larga Tumaradó, Los Guerreros, Apartadocito, Salaquí, Domingodó, Curvaradó y Cuenca del río Truandó
  4. Foro Interétnico Solidaridad Chocó - FISCH
  5. Reclamantes de tierras
  6. Unión Patriótica
  7. Organizaciones campesinas, en particular la Organización Campesina de San José de Apartado.
  8. Defensoras y defensores de derechos humanos, organizaciones sindicales
  9. Movimiento Marcha Patriótica
  10. Asociación Nacional de Afrocolombianos desplazados - Afrodes
  11. Asociación indígena Wounaan del Darién chocoano - Asowaudach
  12. Organización Comunidades construyendo paz en los territorios -CONPAZ

Valle del Cauca:

  1. Fundación Valle sin fronteras y servicios amigables (Tulúa)
  2. Fundación Triunfando en Dios por Colombia (Cali)
  3. Mesa departamental de víctimas
  4. Consejo Comunitario Playa Renaciente (Cali)
  5. Movimiento Marcha Patriótica
  6. Organización regional indígena del Valle del Cauca -ORIVAC
  7. Fundación tutela del menor e iglesia cristiana (Calima)
  8. Mesa de víctimas de los municipios de Cartago y Cali
  9. Comunidad Wounáan desplazada de San José del Palmar (Buenaventura)
  10. Espacio humanitario de Puente Nayero (Buenaventura)
  11. Resguardos indígenas de los corregimientos Bendiciones, Joaquincito y La Delfina (Buenavenutura)
  12. Asociación de Cabildos indígenas del Valle del Cauca - ACIVA
  13. Coordinación Nacional de organizaciones y comunidades afrodescendientes -CONAFRO (Buenaventura)
  14. Asociación Campesina del Valle del Cauca - ASTRACAVA
  15. Mesa agropecuaria y popular de interlocución y acuerdos - MIA (Buenaventura, Palmira, Pradera)
  16. Coordinación Campesina del Valle del Cauca
  17. Coordinadora Estudiantil de la Universidad del Valle
  18. Red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes (Cali)
  19. Federación de Estudiantes Universitarios - FEU (Cali)
  20. Resguardo indígena Kwet Wakla (Pradera)
  21. Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - ANZORC (Tulúa)
  22. Congreso de los Pueblos
  23. Red comunidades construyendo paz en los territorios - Compaz
  24. Sindicato Nacional de trabajadores de la industria agropecuaria - Sintrainagro

Vichada:

  1. Mesa de unidad cívica, agraria y popular del Oriente Colombiano -MUCAPOC

UBICACION GEOGRÁFICA

ANTECEDENTES DE ADVERTENCIA

La Defensoría del Pueblo ha advertido reiteradamente la situación de riesgo a la que están expuestos los líderes sociales en el actual escenario, caracterizado por la conjunción de factores de riesgo estructurales y coyunturales que han exacerbado la violencia contra quienes ejercen la defensa de los derechos humanos en ámbitos locales y regionales. De forma particular se observa con preocupación el incremento en los casos de homicidio contra líderes comunales, indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Dada la gravedad de esta situación a nivel nacional, que ha sido objeto de pronunciamientos por parte de organismos internacionales y entidades no gubernamentales, el 30 de marzo de 2017 se emitió el Informe de Riesgo 010-17, en el que se advierte el alto riesgo para líderes y defensores en 277 municipios del país, identificados a partir de la labor de monitoreo adelantada por el Sistema de Alertas Tempranas.

En este informe se evidenció el ejercicio generalizado de la violencia contra este sector de la población, materializado en 134 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos durante el año 2016. Hasta el 5 de marzo de 2017, el registro de líderes asesinados ascendió a 156 víctimas. La mayor parte de estas muertes ocurrieron en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca. Adicionalmente, se reportaron 33 casos de atentados, 5 casos de desaparición forzada y por lo menos 500 amenazas individuales y colectivas.

Además de la identificación de hechos en los que la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos se ha materializado, la Defensoría del Pueblo presentó un listado detallado de 345 organizaciones sociales en riesgo en todos los departamentos del país. Se incluyeron allí organizaciones comunales, indígenas, afrodescendientes, campesinas, sindicales, de víctimas, sociales, de población con orientación sexual e identidad de género diversa, ambientales, reclamantes de tierras, de mujeres, jóvenes, estudiantes, así como funcionarios públicos que por su labor se consideran defensores de derechos humanos, como los personeros y personeras municipales.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo considera necesario hacer algunas anotaciones en torno a la respuesta institucional reportada con posterioridad a la emisión del Informe de Riesgo 010-17.

En primer término, es necesario reiterar, como se indicó a través de comunicado de prensa del 8 de febrero de 2018, que el Informe de Riesgo 010-17 nunca fue elevado a la categoría de alerta temprana por el Ministro del Interior, conforme al protocolo establecido en el Decreto 2890 de 2013 |2|, en particular el artículo 5. Ante los requerimientos realizados y los reiterados pronunciamientos públicos del Defensor del Pueblo, la Secretaría Técnica de la CIAT convocó para el día 12 de julio de 2017, casi 4 meses después de haberse emitido el informe, a una sesión donde se evaluaría el seguimiento de una alerta temprana que nunca fue emitida. Adicionalmente, es relevante anotar que un número considerable de administraciones locales en sus comunicaciones refirieron no conocer el mencionado informe, labor que correspondía también a la Secretaria Técnica de la CIAT.

Dada "la gravedad de los hechos |3|" que generaron la emisión del Informe de Riesgo, se precisa el liderazgo por parte de las entidades con responsabilidad en materia de prevención y protección para actuar de manera inmediata, ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónica tanto con la Fuerza Pública, como con las demás autoridades del orden nacional, departamental y municipal, para la garantía efectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad, y la seguridad de los y las defensoras de derechos humanos.

Adicional a ello, el reconocimiento público por parte del Estado de las afectaciones individuales y colectivas sufridas por los líderes sociales y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, no sólo constituye una acción simbólica reparadora en la cual tienen competencia todas las instituciones y administraciones gubernamentales de acuerdo con la Ley 1448/11, sino que además, puede contribuir en el efecto transformador de lógicas autoritarias y de violencia que han justificado las agresiones contra quienes defienden y reivindican los derechos humanos; así como generar conciencia en la sociedad colombiana para recuperar la capacidad de asombro e indignación social y desnormalizar la ocurrencia de hechos violentos y conductas que desacreditan el derecho a defender los derechos humanos, vinculado como se ha indicado con la estigmatización que pesa sobre las personas, organizaciones y movimientos que promueven diferentes agendas de reivindicación de derechos a nivel territorial y nacional.

En igual sentido, llama la atención que en las comunicaciones remitidas por el Ministerio del Interior no se refieran acciones promovidas desde las direcciones de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías y la Dirección de Asuntos para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, para atender las recomendaciones del IR 010-17, teniendo en cuenta el alto impacto que han tenido sobre las comunidades indígenas y afrodescendientes los hostigamientos, amenazas y desplazamientos de líderes relacionados con la defensa de su territorio, la biodiversidad y la conservación de sus formas ancestrales de vida y en particular, el asesinato de sus líderes espirituales; hechos que para las comunidades constituyen pérdidas irreparables, frente a las que el Estado colombiano no puede permanecer indiferente ni desatender las órdenes de protección especial emitidas por la Corte Constitucional.

Por su parte, las autoridades municipales y departamentales respondieron muy parcialmente a los requerimientos efectuados por la Defensoría del Pueblo a partir de la emisión del Informe de Riesgo 010-17. Apenas 5 gobernaciones y 16 alcaldías aportaron información sobre las acciones desplegadas en la materia. Vale decir que algunas autoridades se limitaron a indicar que en tanto no se habían presentado casos de vulneraciones de derechos humanos contra líderes y defensores de derechos humanos en los territorios de su jurisdicción, es decir, que no se había consumado el escenario de riesgo advertido, no debían adelantar ningún tipo de acción. Esta perspectiva desconoce la responsabilidad preventiva que debe orientar la acción de las autoridades públicas en materia de protección de los derechos humanos en un contexto de conflicto armado como el existente en Colombia.

En lo que respecta a la gestión de la Unidad Nacional de Protección, se evidencia que la entidad no agilizó la adopción de medidas de protección en relación con los líderes y lideresas relacionados en el documento de advertencia. Señala entre las dificultades, la imposibilidad de individualizarles y por esa razón, solicitó al Sistema de Alertas Tempranas que aportara toda la información necesaria. Frente a ello, es preciso traer a colación lo expuesto en varias sentencias del Consejo de Estado, más recientemente en la Sentencia 13001233100020010149201 del 31 de agosto de 2017 a cargo del Magistrado Ponente Ramiro Pazos Guerrero, en donde se manifiesta que "se ha encontrado configurada la responsabilidad de la administración en aquellos eventos en que, pese a que el afectado ha promovido expresas solicitudes de protección, estas han sido retardadas, omitidas o adoptadas en forma insuficiente. No obstante, también se ha aceptado que existen eventos en que los riesgos para determinados sujetos resultan previsibles para las autoridades, aún en ausencia de solicitud expresa del interesado, casos en los que sólo es preciso acreditar, para efectos de la responsabilidad estatal, que por cualquier vía el Estado tenía conocimiento de la situación de riesgo; no obstante, se mantuvo indiferente". (Subrayado fuera de texto).

Como lo reitera la Sala en dicha Sentencia, la sola existencia de posibilidades razonables de impedir la materialización de un riesgo previamente conocido por parte de entidades del Estado, genera responsabilidad por omisión; de manera que para el caso concreto de la UNP, las posibilidades razonables de impedir la materialización de un riesgo advertido por el SAT de la Defensoría del Pueblo, exigen que la entidad despliegue acciones de coordinación y acciones concretas para la identificación líderes y defensores de derechos humanos, dada su especial situación de vulnerabilidad.

Se debe recordar entonces, a manera de ejemplo, que el Consejo de Estado en Sentencia del 6 de diciembre del 2013, rad. 30814, M.P. Danilo Rojas Betancourth, concluyó que al Estado le era imputable el resultado dañoso en el que falleció el alcalde de Vista Hermosa, al margen que la víctima no hubiere puesto en conocimiento las amenazas o solicitado formalmente la protección, en la medida que se origina un deber especial de protección en cabeza del Estado frente a personas que, por la naturaleza de sus funciones, el grupo político al que pertenecen o el contexto social en que operan, deben ser resguardadas de cualquier ataque en su contra.

Vale la pena reiterar además de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en relación con la protección que requieren las personas que se encuentran en situación de riesgo extraordinario, que esta "debe brindarse de manera oportuna, idónea y eficaz; vale decir, las medidas tienen que ser otorgadas de manera ágil y expedita, puesto que su propósito es prevenir la materialización de los riesgos o mitigar los efectos de su eventual consumación, al tiempo que deben ser adecuadas a la situación, adaptándose a las condiciones particulares de los protegidos".
(https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flasJuridico/1795_CE-Rad-2001-0149201.pdf 11.11.2017)

Respecto a la adopción de medidas con enfoque diferencial y de género, así como de la participación de organizaciones en la concertación de medidas de protección, en la información allega a la Defensoría del Pueblo, la UNP no se refiere al asunto. En relación con la adopción de medidas para fortalecer la articulación interinstitucional, se encuentra que la UNP no avanzó en ello; no se evidencia que la creación de los grupos regionales redunde en acciones de coordinación más fluidas entre la entidad y las autoridades municipales, o en una mayor capacidad de despliegue de la entidad para establecer contacto de manera oportuna a las personas que se encuentran en situación de riesgo o amenaza. La limitada gestión de las instituciones responsables de atender las recomendaciones del IR 010-17, se evidencia también en la información allegada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas. Inicialmente es preciso indicar la limitada celeridad de esta entidad en la respuesta institucional a los riesgos advertidos por la Defensoría del Pueblo, así como la carencia de información específica sobre la recomendación dirigida a la entidad, frente a la realización de los estudios y el reconocimiento de las comunidades, asociaciones, comités, federaciones, resguardos indígenas, Juntas de Acción! Comunal, organizaciones y movimientos sociales identificadas en el informe, como sujetos de reparación colectiva, si así fuera el caso.

Es claro que para adelantar este proceso, se precisa el desarrollo de una serie de fases (identificación, alistamiento, diagnóstico, plan de acción y seguimiento) que permitan identificar y atender los posibles daños que la vulneración de los derechos humanos e infracciones al DIH les ha generado a estos colectivos, a causa de:

1) La preexistencia y permanencia del conflicto armado interno.

2) El incremento de las diversas manifestaciones de amenaza y agresión sufridas por dichos colectivos con ocasión de la defensa de los derechos humanos.

3) La continuidad de violencias basadas en género contra las mujeres dados los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos o las agresiones contra miembros de sus familias como forma de retaliación, represión y silenciamiento de sus actividades por parte de los actores armados

4) La persistencia de la desigualdad, la discriminación y el irrespeto a la autonomía la integridad dignidad y cultura de las comunidades afrocolombianas e indígenas.

No obstante lo anterior, la UARIV no refiere información sobre las acciones adelantadas con las organizaciones y movimientos sociales referidos en el informe, a pesar de contar con más de 578 sujetos de reparación colectiva identificados, de los cuales 522 tienen diligenciado el FUD, 65 están en proceso de hacerlo pero están identificados y 42 fueron notificados en 2017; lo cual implicaría que como paso inicial, se debió hacer el cruce de información entre los que ya ha identificado y los que refiere el IR 010-17 para determinar coincidencias.

Es preciso indicar al respecto, que el Estado colombiano tiene una función preventiva de la vulneración de los derechos humanos y al DIH, garantizando la protección y seguridad personal como valor constitucional, derecho individual y colectivo y como derecho fundamental, tal como lo refiere la Corte Constitucional en sus diferentes sentencias. En tal sentido, la UARIV también tienen la obligación de velar por la protección y promover la garantía y goce efectivo de derechos de las personas, más aún cuando ya han sido víctimas del conflicto armado y están en proceso de reparación colectiva (Decreto 4800 de 2011; artículos 167 y 168) o están reconocidas en el Registro Único como víctimas del conflicto armado.

La falta de respuesta por parte de la UARIV a la recomendación formulada, llama particularmente la atención teniendo en cuenta que, en primer lugar, a nivel territorial esta entidad cuenta con 20 direcciones territoriales y 10 oficinas regionales, lo cual en teoría involucra una capacidad técnica significativa para atender el IR 010-17 y, en segundo lugar, que existen dificultades en la coordinación nación - territorio para definir los procedimientos a realizar cuando los y las lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos están en situación de riesgo manifiesto y en particular, cuando hacen parte de las organizaciones que son sujeto de reparación colectiva.

Es importante destacar que, de acuerdo con la información suministrada por la UARIV, la mayor parte de las administraciones municipales realizan como mínimo tres reuniones anuales del comité territorial de justicia transicional y/o de los subcomités de prevención, protección y garantías de no repetición, e incluso en algunos, socializaron el IR 010-17. Sin embargo, no se refiere información sobre la participación en esas instancias de los y las defensoras de derechos humanos y/o sus organizaciones, como un mecanismo no sólo para conocer de primera mano los hechos que están poniendo en riesgo la vida, la seguridad, la libertad y la integridad de estas personas y colectivos, sino para definir conjuntamente las medidas de prevención suficientes que permita desactivar las amenazas contra los sus derechos y para mitigar los efectos de su ocurrencia, de manera que las mismas se ajusten a sus necesidades e intereses y garanticen la no repetición.

La UARIV también refiere que una parte considerable de municipios tiene formulados los Planes de Contingencia; sin embargo, al cruzar esta información con la suministrada por las Alcaldías y Gobernaciones, se pudo evidenciar que la mayor parte de dichos planes, o están desactualizados o no han realizado ninguna asignación presupuestal para la implementación de medidas orientadas a prevenir y/o brindar una respuesta adecuada y oportuna.

En ese orden de ideas, aunque son valiosos los esfuerzos por definir estrategias interinstitucionales que apunten a dar respuestas integrales y extraordinarias para la superación del escenario de riesgo, termina siendo un desgaste que no permite resarcir los daños ocasionados a los colectivos ni restituir el derecho a defender los derechos humanos.

Pese a existir un decreto que define los términos de la corresponsabilidad para la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado (D.2460/15), no se cuente con medidas de emergencia para la reubicación de líderes y lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos que necesiten salir de sus territorios, ni procesos y procedimientos ágiles que permitan destinar rubros presupuéstales para ello, y que la UARIV tenga que "hacer entender a los entes territoriales" su obligación constitucional de garantizar la vida, la libertad e integridad de las personas, organizaciones y movimientos sociales referidos en el IR 010-17.

Al respecto, debe destacarse la promulgación del Decreto 2252 del 29 de diciembre de 2017 del Ministerio del Interior, referido a "la labor de gobernadores y alcaldes como agentes del Presidente de la República en relación con la protección individual y colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo" Sin embargo, como se observará cuando se presente la información analizada por la Defensoría del Pueblo sobre la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos durante el año 2017, la mayor parte de los homicidios se concentran en municipios rurales y rurales dispersos, por lo que es necesario precisar cuáles son los recursos disponibles por las administraciones municipales para esta materia, y cómo ello se articula en términos de corresponsabilidad con otros niveles territoriales.

En lo que corresponde a la Fiscalía General de la Nación se profirió la Directiva 002 de 2017 -que le da mayor autonomía para la priorización de situaciones y casos a investigar, a pesar de lo cual, y de acuerdo con la información remitida por la misma entidad a la Defensoría del Pueblo, se observa una baja efectividad de los operadores judiciales en el esclarecimiento pleno de los hechos referidos en el IR 010-17, por restricciones en materia de disponibilidad de personal o por obstáculos de orden administrativo y normativo, con lo cual se refuerza la impunidad.

Es así como la Fiscalía, frente la asignación de las investigaciones no procede de manera diligente hacia la Unidad Especial de Investigaciones para el desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales de que trata el punto 3.4.4 del Acuerdo Final, sino a la oficina de asignaciones. Así mismo, y de acuerdo a las comunicaciones de gobernaciones y alcaldías, se destaca la limitada participación de la Fiscalía en instancias de coordinación interinstitucional para la prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y garantías de no repetición; lo que limita articulación de acciones que apunten a definir estrategias integrales para la superación de los riesgos advertidos.

En este orden de ideas, es necesario reiterar la función preventiva del Estado, en la que todas las entidades están obligadas a actuar de manera urgente y con la debida diligencia para prevenir y atender los factores que dan lugar a la persistencia de amenazas manifiestas que ponen en riesgo la vida, la libertad y la integridad de los y las defensoras, líderes y lideresas, organizaciones y movimientos sociales que ejercen legítimamente la labor de defensa de los derechos humanos. Como lo ha reiterado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se ataca a un defensor o defensora, quedan desprotegidas todas aquellas personas para quienes el defensor o defensora trabaja, maximizándose el riesgo.

Al respecto, resulta pertinente citar al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, quien en su informe del año 2017, afirma que "con demasiada frecuencia, los defensores sacrifican su propia vida y la seguridad de sus seres queridos para que los demás tengamos acceso a una vivienda digna o a una educación de calidad o simplemente para que podamos votar o expresar nuestras opiniones sin temor. Estas mujeres y esos hombres valerosos siguen siendo vilipendiados, amenazados y agredidos en todo el mundo. Todos los días, todas las semanas se producen arteros intentos de destruir la enérgica labor que se lleva a cabo desde hace décadas para mejorar la protección de los defensores. Y cuando se ataca a estas personas, es en última instancia la democracia la que se ve amenazada. |4|"

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO PARA LÍDERES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Metodología

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo mantiene una labor de observación y análisis particular sobre la situación de riesgo para los líderes sociales y defensores de derechos humanos a nivel regional y nacional. Al respecto, se ha orientado a todas las defensorías regionales para prestar particular atención a los hechos de violencia que puedan implicar vulneración de los derechos fundamentales de este sector de la población.

Para la elaboración de la presente Alerta, se elaboró un instrumento de reporte de información de cada uno de los casos de violencia [amenazas, atentados, desaparición forzada y homicidios] cometidos contra líderes y defensores derechos humanos, conocidos por la Defensoría del Pueblo durante el año 2017. En los casos de homicidio, el reporte se extendió hasta el 27 de febrero de 2018. De acuerdo con la metodología del Sistema de Alertas Tempranas, cada uno de los casos fue verificado antes de ser incluido en el registro que acompaña esta Alerta. En el marco de su misión legal y constitucional, la Defensoría del Pueblo adelantó las gestiones correspondientes a cada una de las situaciones de riesgo conocidas, instando a las autoridades de nivel municipal, departamental y nacional a adoptar todas las medidas conducentes a garantizar la vida e integridad de los líderes sociales. En igual sentido, el riesgo para este sector de la población ha sido planteado en los documentos de advertencia emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas, según el escenario de riesgo identificado.

Como ya se ha indicado, la noción de líder social es una noción sociológica que se entiende agrupada en el concepto "defensor de derechos humanos", y sobre éste última, la Defensoría del Pueblo acoge la definición de la Declaración de Naciones Unidas aprobada unánimemente por la Asamblea General en el año 1998.

Si bien los liderazgos sociales en Colombia abarcan una amplia gama de ámbitos, y un mismo líder con frecuencia pertenece a una o más organizaciones a nivel territorial y nacional, para efectos del análisis y en aras de identificar los sectores más vulnerables en el actual escenario, este documento asume la tipología adoptada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos - OACNUDH, que también es empleada por el Sistema de Información del Programa no gubernamental Somos Defensores, según la cual se definen las siguientes categorías:

  • Líder comunal
  • Líder comunitario
  • Líder de restitución de tierras
  • Líder campesino
  • Líder de mujeres
  • Líder afrodescendiente
  • Líder indígena
  • Líder sindical
  • Líder ambiental
  • Líder social
  • Líder de víctimas o desplazados
  • Líder juvenil y de la infancia
  • Líder cultural
  • Líder de población con orientación sexual e identidad de género diversa
  • Líder en salud
  • Líder minero artesanal
  • Comunicador defensor de derechos humanos
  • Abogado defensor de derechos humanos
  • Defensor o líder asociado a ONG

ESCENARIO DE RIESGO NACIONAL

La violencia contra los líderes y defensores de derechos humanos se inscribe en un escenario de riesgo de alcance nacional que tiene expresiones particulares a nivel territorial, y cuyos rasgos estructurantes son los siguientes: 1) la recomposición de dominios armados en territorios que durante décadas estuvieron bajo la influencia de las FARC EP; 2) la persistencia de otros actores armados ilegales que en diferentes niveles usufructúan economías legales e ilegales, y conculcan los derechos de la población civil; y, 3) los avances en la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en adelante Acuerdo Final. En síntesis, se trata de un escenario de continuidad del conflicto armado interno, en el que simultáneamente un actor armado hace tránsito a la vida civil y se propende por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, los cuales tienen un fuerte impacto a nivel territorial; en particular lo relacionado con la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Desde el año 2015 ha tenido lugar un desescalamiento de la confrontación armada en el país, con ocasión de la negociación adelantada entre el Gobierno Nacional y las FARC EP, que en un primer momento se materializó en el acuerdo de cese al fuego y hostilidades, posterior concentración de combatientes y dejación de armas, tras la firma del Acuerdo Final. Este proceso se consolidó en el año 2017, cuando esta guerrilla inició su tránsito a movimiento político legal y, en tal condición, participará en las elecciones de Congreso y Presidencia de la República a realizarse en el primer semestre de 2018.

Dado que durante décadas la guerrilla de las FARC EP ostentó una presencia considerable en buena parte del territorio nacional, el proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil de este grupo implica importantes retos para el Estado colombiano, entre otros: 1) garantizar los derechos de las comunidades que habitan en las zonas que estuvieron bajo la influencia de este actor armado, a través del monopolio legítimo de la fuerza, en dirección a que el vacío de poder no sea reemplazado por otros actores armados; 2) intervenir en la transformación de las condiciones de vulnerabilidad existentes en amplias regiones del país, algunas de las cuales fueron abordadas en el Acuerdo Final; y 3) garantizar la vida e integridad de las personas que hicieron dejación de las armas y han asumido su participación en los espacios de deliberación democrática constitucionalmente establecidos.

De acuerdo con el monitoreo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, se evidencia que pese a la reducción de algunos indicadores de violencia armada, derivados de la dejación de armas de las FARC EP; las violaciones a los derechos humanos de la población civil persisten, y de forma particular se han acentuado contra las personas que ejercen liderazgo en sus territorios, lo que resulta preocupante al configurar un escenario en el que las garantías para la construcción de una paz estable se ven directamente amenazadas. Esta situación puede acentuarse en el presente año con ocasión del debate electoral, proceso que históricamente se ha vinculado con una fuerte pugnacidad e interferencia de los actores armados.

En algunos de los territorios en los que en el pasado las FARC EP tuvo presencia, se evidencia una creciente confrontación entre otros actores armados para hacerse al control de circuitos económicos que representan importantes fuentes de rentas. En primer término se evidencia una dinámica de expansión del ELN hacia zonas en las que en el pasado reciente no tenía presencia, lo que ha implicado la intensificación de los enfrentamientos con la Fuerza Pública y con otros actores armados. Esta disputa ha sido creciente y ha tenido un fuerte impacto humanitario en dos zonas del país principalmente: 1) En la subregión de Urabá y el Pacífico, desde el departamento del Chocó, costa pacífica caucana y la costa pacífica nariñense, y 2) En la subregión del Catatumbo en Norte de Santander. En la primera se ha intensificado la confrontación entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas, y en la subregión del Catatumbo, ha ocurrido lo propio entre el ELN y el EPL. También se registra expansión del ELN en el oriente del país hacia el departamento del Vichada.

En el suroccidente del país, la expansión del ELN se ha registrado en los dos últimos años en la zona limítrofe entre el Valle del Cauca y Chocó, desde los municipios de Litoral de San Juan, Sipí y San José del Palmar (Chocó) hacia Buenaventura, Trujillo, La Unión, El Dovio, Bolívar y Riofrío (Valle del Cauca), así como en el departamento del Cauca desde municipios del sur como Argelia, El Tambo, Mercaderes y Almaguer hacia los del centro y costa pacífica caucana como Guapi, Timbiquí, López de Micay. Situación similar se presenta en Nariño con una expansión desde municipios de cordillera como Samaniego, Ricaurte y Barbacoas hacia la costa pacífica nariñense como Magüi Payán, Roberto Payán, Santa Bárbara, El Charco y Olaya Herrera. Este proceso de expansión pretende consolidar corredores de movilidad que conecten a sus frentes desde Chocó hasta Nariño.

En lo que respecta al EPL, grupo armado que tenía una presencia focalizada en algunos municipios de la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, ha tenido lugar durante los últimos dos años una fuerte expansión hacia sectores de la frontera con Venezuela en Norte de Santander, y hacia el sector medio - sur del Cesar, municipios de Pailitas, Curumaní y Chimichagua.

En Norte de Santander, la confluencia de intereses entre el ELN y el EPL ha desatado tensiones en zonas de importancia estratégica y militar, como la parte alta del Catatumbo, donde al parecer podrían presentarse enfrentamientos por el incumplimiento de acuerdos entre los dos grupos armados y el afán del EPL de expandir y fortalecer su acción dentro de la región, con el propósito de convertirse en un actor preponderante y por esa vía presionar para ser considerado en un proceso de negociación.

Una segunda dinámica está relacionada con la conformación de disidencias de las FARC EP, particularmente en el centroriente del país: departamentos de Meta, Guaviare, Vichada y Vaupés; en el suroccidente: Caquetá, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde se han registrado acciones armadas, y en el nororiente: departamentos de Arauca y Norte de Santander, donde han circulado panfletos que darían cuenta de un proceso similar. En Nariño, las disputas se han concentrado particularmente en el puerto de Tumaco, e intervienen en éstas el ELN, las AGC y estructuras disidentes de las FARC EP.

En el centroriente del país, los frentes 1, 7 y 3, más algunas estructuras provenientes de los Frentes 16 y 39 que dejaron las armas, alimentadas y apoyadas por el Frente 1, iniciaron un proceso de expansión territorial desde noviembre de 2015 para copar los espacios que iban dejando los frentes de las FARC EP en proceso de reincorporación. Iniciaron desde el departamento del Vaupés, copando el norte de Miraflores, atravesando el departamento del Guaviare, hasta la cuenca del rio Guaviare, expandiéndose de oriente a occidente, envolviendo el sur de Meta hasta los límites de La Macarena y San Vicente del Caguán, estableciendo estructuras en el rio Orinoco en la frontera con Venezuela, con manifestaciones en el occidente de Cundinamarca, particularmente en la Provincia del Sumapaz.

En departamentos como Caquetá, la presencia de estructuras disidentes que pretenden detentar el control sobre la población y los territorios, que antes tenía la guerrilla de las FARC EP, y el incremento de las acciones relacionadas con la delincuencia común han creado un espacio propicio para la reconfiguración y consolidación de los grupos armados ilegales, que además de crear escenarios de incertidumbre relacionados con los temas de seguridad, ofrecen acciones para mantener el orden a cambio de apoyo económico y social.

En Nariño, Cauca, Caquetá, Putumayo, Huila y Amazonas la situación de disidencias y desertores de las FARC es más compleja. Grupos como "Guerrillas Unidas del Pacífico", "La Gente del Orden", "Los Comuneros" y otros de los cuales no se tiene una denominación clara pero que son disidentes de los Frentes de la otrora FARC EP 1, 6, 7, 14, 15, 29, 32, 40, 48, 49 y 63. En su mayoría son dirigidos por mandos medios que no se han acogido al Acuerdo Final y consideran que no se les ha cumplido y que sus comandantes entregaron su lucha y traicionaron el ideario de la guerrilla. Actualmente, se ha presentado una confrontación abierta entre disidentes de las FARC EP y el ELN en varios municipios de Nariño, particularmente en la costa pacífica nariñense; donde la población civil ha quedado en medio.

En los departamentos de Cauca y Nariño, la confrontación se ha recrudecido en los municipios del Norte del Cauca como Miranda, Caloto, Corinto, Buenos Aries y Morales, así como en zonas limítrofes del sur del Valle del Cauca como Jamundí, Pradera y Florida.

En el departamento de Arauca, la Defensoría del Pueblo ha advertido desde el año 2017, el riesgo que se deriva de la consolidación de grupos disidentes del proceso de paz con las FARC EP, conformados por combatientes que no hicieron parte del proceso y que han manifestado no compartir los términos del Acuerdo Final y la forma como éste ha comenzado a implementarse, aduciendo incumplimientos reiterados por parte del Estado. Al parecer, los disidentes que quedaron en el departamento de Arauca han establecido contacto con la disidencia del Frente 1 y han proferido amenazas contra dirigentes del movimiento Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. A través de comunicados que circularon entre mayo y octubre de 2017, han manifestado que mantendrán sus acciones armadas en el área conformada por los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare.

En Norte de Santander han circulado mensajes que darían cuenta de la conformación de una disidencia de las FARC EP en la subregión del Catatumbo. Sin embargo, también se ha conocido que un grupo de excombatientes del Frente 33 podrían haberse sumado a un grupo del EPL en la zona de Tibú, en límites con El Tarra y que dicha disidencia aparentemente no se ha querido hacer pública, sino que se ha integrado al otro grupo armado que opera en la región, lo que en últimas podría ofrecer una ventaja militar teniendo en cuenta la experiencia y conocimiento del terreno que poseen.

Un tercer componente del escenario de riesgo que se describe, es la consolidación de áreas de dominio de los grupos armados posdesmovilización en los amplias zonas de los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Casanare, Meta, Guaviare y Vichada, en el área metropolitana de Cúcuta y en la subregión del Magdalena Medio.

Además de la estructura reconocida de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se observa una amplia profusión de grupos que bajo diversas denominaciones operan en los territorios, usufructúan economías legales e ilegales a nivel regional, y conculcan los derechos de la población civil a través de múltiples mecanismos. En la macro región Caribe, se ha identificado la presencia del grupo denominado como Los Pancheca en Santa Marta y la zona de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta, además de otras organizaciones armadas que en menor grado, y en ocasiones en alianzas con otras organizaciones armadas ilegales de otras regiones del país (como Los Paisas, Las Águilas Negras, Rastrojos, entre otras), ejercen en menor escala violencia y control territorial sobre corredores del narcotráfico y la frontera con Venezuela, en particular en el Norte de La Guajira, Cesar y Bolívar.

En el noroccidente se observa un fuerte proceso de expansión de las AGC en los departamentos de Chocó y Antioquia, especialmente en las subregiones del Bajo Cauca, nordeste y norte antioqueño, Urabá, Bajo Atrato, Darién, San Juan, Baudó, Medio Atrato y el Pacífico chocoano. Esta expansión también se ha registrado en el noroccidente del Risaralda, municipios de Pueblo Rico y Mistrató, en el alto occidente de Caldas; en este último mediante la cooptación de estructuras de alcance regional como la denominada Oficina de Envigado y La Cordillera.

En el suroccidente del país, además de las ACG, se ha identificado la presencia de grupos locales asociados al narcotráfico en el Valle del Cauca, el grupo denominado "La Constru" en Putumayo, además de estructuras de alcance local vinculadas a los grupos posdesmovilización que operan bajo diferentes denominaciones en Cauca, Caquetá, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.

En el centroriente, los grupos posdesmovilización se han expandido hacia las cabeceras y zonas rurales de los departamentos de Meta, Vichada y Guaviare. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y quienes se autodenominan como Águilas Negras, Puntilleros, Bloque Meta, Libertadores del Vichada y las Autodefensas de Meta Guaviare y Vichada, han buscado disputar y obtener el control sobre los circuitos de economías ilegales y conculcar la acción colectiva, la movilización social y en general el derecho a la participación de líderes u organizaciones que son considerados un obstáculo para sus intereses.

En el nororiente del país, los grupos posdesmovilización han consolidado su presencia durante la última década en amplios sectores de la frontera colombo venezolana en Norte de Santander; en particular en el área metropolitana de Cúcuta, así como en las principales cabeceras municipales del Magdalena Medio y en el departamento de Casanare. En el área metropolitana de Cúcuta, en particular en la zona de frontera, se ha reactivado la disputa entre Los Rastrojos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y se ha advertido el riesgo de enfrentamientos entre estos grupos y el ELN. También se evidencia la proliferación de grupos que establecen diferentes niveles de relacionamiento con los grupos posdesmovilización para aprovechar las ventajas que en términos de acceso a rentas ofrece el límite internacional. En el Magdalena Medio se registra la expansión y fortalecimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, a través del Bloque Herlin Pinto Duarte y el Frente Luis Fernando Gutiérrez en los municipios de Barranco de Loba, San Martín de Loba, Pinillos, Tiquisio, Achí, Montecristo y San Jacinto del Cauca. En el departamento de Casanare se observa una amplia profusión de estructuras de ascendencia paramilitar que actúan en la subregión de la Sabana con incursiones en los municipios de Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore, Trinidad, San Luis de Palenque y en el sur y oriente del departamento: Orocué, Maní, Tauramena, Yopal, Aguazul, Monterrey y Villanueva. Estas estructuras se identifican como Autodefensas Campesinas de Casanare, Águilas Negras, Los Carranceros, Renacer de los Buitragueños, Los Rastrojos, Libertadores del Vichada, Bloque Meta y Los Puntilleros.

En los contextos urbanos y cabeceras municipales, estos grupos suelen actuar por medio de terceros, a partir de la configuración de redes locales que involucran bandas delincuenciales, pandillas y combos, con capacidad de control, vigilancia y conocimiento del territorio. Dichas agrupaciones aprovechan el contexto de superposición de violencias que tiene lugar en conglomerados urbanos, vinculado con los altos niveles de segregación y vulnerabilidad socioeconómica, lo que de cierta forma les permite mimetizarse entre las problemáticas de delincuencia y exclusión allí presentes. En estos escenarios, es frecuente la aparición de panfletos en los que se difunden amenazas de exterminio social, suscritos por quienes se presentan como 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' 'Autodefensas Unidas de Colombia', 'AUC, 'Águilas Negras', entre otros.

Como también se indicó en el IR 010-17, la violencia contra los líderes y defensores de derechos humanos no es ejercida exclusivamente por grupos armados al margen de la ley. La confluencia de factores de violencia en el territorio y la instrumentalización que de ésta hacen otros agentes cuando encuentran amenazados sus intereses, configura un escenario de alto riesgo para la labor que adelantan las personas y organizaciones que agencian la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En particular, se han evidenciado situaciones que vinculan la participación de agentes privados que se consideran defienden intereses económicos (tierras, actividades extractivas, agroindustria, etc.) de particulares o que en su defecto consideran amenazados sus intereses en los procesos de restitución de tierras, las protestas por la implementación de proyectos extractivos (hidrocarburos y minería) o denuncia de abusos contra comunidades y personas.

VIOLENCIA CONTRA LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Pese al despliegue de algunas acciones por parte de las entidades competentes a nivel nacional y regional, la Defensoría del Pueblo observa con preocupación que la violencia contra los líderes y defensores de derechos humanos no cesa, y durante el año 2017 se reportaron un total de 126 homicidios. Hasta el 27 de febrero de 2018, otros 22 líderes han sido asesinados, para un total de 148 líderes que han perdido la vida de forma violenta entre el 1 de enero de 2017 y el 27 de febrero de 2018.

Con posterioridad a la emisión del Informe de Riesgo 010-17, que da cuenta de hechos ocurridos entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de marzo de 2017, fueron asesinados 126 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

En síntesis, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2018, 282 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. Esto equivale a decir que durante los últimos dos años, cada mes han sido asesinados 11 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Además del registro de víctimas de homicidio, el Informe de Riesgo 010 de 2017 contiene como anexo un listado detallado de líderes que habían reportado a la Defensoría del Pueblo ser víctimas de amenazas contra su vida e integridad personal. Pese a que las autoridades conocían esta situación, tres de los líderes relacionados individualmente en dicho listado, fueron asesinados. Ellos son:

Porfirio Jaramillo Bogallo, líder reclamante de tierras de la comunidad Guacamayas, parte del territorio colectivo de La Larga Tumaradó, municipio de Turbo - Urabá antioqueño. El señor Jaramillo fue asesinado el 28 de enero de 2017 en el municipio de Turbo. El consejo comunitario de La Larga Tumaradó cuenta con medidas cautelares provistas en el Auto 181 de 2014. Desde el año 2015 esta comunidad ha denunciado numerosas amenazas, intimidaciones, ataques armados y agresiones físicas, las cuales al parecer tienen el objetivo de que las personas que han decidido retornar voluntariamente a sus tierras, las abandonen y desistan de la respectiva reclamación.

Bernardo Cuero Bravo, miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Esperanza del municipio de Malambo - Atlántico. Integrante de la mesa de víctimas municipal, delegado por Afrodes y representante legal de la Asociación de desplazados por el Buen Vivir de Malambo - ADEVIM. El señor Cuero fue asesinado el 7 de junio de 2017 en Malambo. Desde el año 2011, el señor Cuero Bravo había denunciado amenazas en su contra, en atención a ello, la Policía le brindó medidas de protección consistentes en rondas y posteriormente la UNP lo incluyó en su programa de protección, asignándole un medio de comunicación y auxilio de transporte. Sin embargo, estas medidas fueron levantadas, quedando sólo con las rondas policivas, que le fueron suspendidas en febrero de 2017.

Sandra Yaneth Luna, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Totumito -Carbonera del municipio de Tibú - Norte de Santander. La señora Luna fue desaparecida el día 27 de septiembre de 2017, cuando fue sacada de su vivienda por hombres armados. La noche del 5 de febrero de 2018, su cuerpo sin vida fue encontrado en la vereda La Primavera del corregimiento Campo Dos de Tibú. Adicionalmente, el 1 de diciembre de 2017 fue encontrado el cuerpo sin vida de un hijastro de la señora Luna, y en el mismo período en que la líder estuvo desaparecida, ocurrió el homicidio de un yerno suyo.

La concentración geográfica de los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, continúa siendo una de las características que permite hablar de una práctica generalizada.

Durante el año 2017 y hasta el 27 de febrero de 2018, la mayor cantidad de muertes violentas ocurrieron en los departamentos de Cauca con 34 homicidios, regional Urabá: 15, Antioquia: 15, Norte de Santander: 9, Risaralda: 8, Nariño: 8, Valle del Cauca: 8 y Arauca: 7.

Como se observa en el siguiente mapa, la intensidad de la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos se focaliza en las siguientes subregiones:

- Suroccidente: departamentos de Cauca (con mayor intensidad en el norte y centro del departamento y el municipio de Guapi en la costa pacífica), Valle del Cauca (centro y occidente) y Nariño; éste último particularmente el municipio de Tumaco.

- Urabá antioqueño y chocoano con particular intensidad en el municipio de Riosucio.

- Nororiente: subregión del Catatumbo y Cúcuta en Norte de Santander, y el municipio de Tame en Arauca.

También se reportan casos de homicidios en zonas del país que históricamente han tenido una alta afectación por el conflicto armado interno: sur de Córdoba, Bajo Cauca antioqueño, norte y nordeste antioqueño, sur del Meta, Guaviare y Putumayo.

El siguiente mapa ilustra el comportamiento del homicidio de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2018.

Los homicidios de líderes y defensores de derechos humanos reportados en Cauca, Urabá, Antioquia y Norte de Santander representan el 49% del total de homicidios ocurridos durante el período en mención.

A nivel municipal, también se observa una fuerte concentración de la violencia contra los líderes y defensores de derechos humanos. Diez [10] municipios concentran el 30% del total de homicidios: Riosucio (Chocó), Tumaco (Nariño), Tame (Arauca), Corinto y Suárez (Cauca), Medellín (Antioquia), Tibú (Norte de Santander), Bogotá DC, Pueblo Rico (Risaralda) y Mesetas (Meta), como se ilustra en la siguiente gráfica:

Información acopiada, verificada y procesada por el SAT - Defensoría del Pueblo

A su vez, sólo 30 municipios acumulan 83 homicidios en el período de referencia, lo que corresponde al 56% del total de casos registrados. Estos son:

Departamento Municipio Homicidios
(enero 2017-febrero 2018)
1 Chocó Riosucio 7
2 Nariño Tumaco 6
3 Cauca Corinto 5
4 Arauca Tame 5
5 Antioquia Medellín 4
6 Cauca Suárez 4
7 Meta Mesetas 3
8 Risaralda Pueblo Rico 3
9 Bogotá DC Bogotá DC 3
10 Norte de Santander Tibú 3
11 Cauca Santander de Quilichao 2
12 Antioquia Bello 2
13 Cauca Mercaderes 2
14 Valle del Cauca El Cerrito 2
15 Antioquia Briceño 2
16 Cauca El Tambo 2
17 Chocó Carmen del Darién 2
18 Bolívar Cartagena de Indias 2
19 Cauca Caloto 2
20 Risaralda Santuario 2
21 Cauca Puracé 2
22 Valle del Cauca Buenaventura 2
23 Córdoba San José de Uré 2
24 Antioquia Carepa 2
25 Norte de Santander Cúcuta 2
26 Chocó Unguía 2
27 Cauca López de Micay 2
28 Norte de Santander El Tarra 2
29 Cauca Guapi 2
30 Antioquia Turbo 2

Información acopiada, verificada y procesada por el SAT - Defensoría del Pueblo

Si bien el 56% de los homicidios se registran en municipios altamente rurales, de acuerdo con la categorización del índice de ruralidad del DNP: 36 en municipios rurales y 47 en municipios rurales dispersos; llama la atención que entre los diez municipios más impactados aparecen los dos principales centros urbanos del país: Bogotá DC y Medellín, donde ocurrieron 7 homicidios de líderes y defensores de derechos humanos, lo que evidencia las carencias en términos de protección que tiene este sector de la población aún en las grandes ciudades. En la relación de los 30 primeros municipios, aparecen otras dos capitales de departamento: Cartagena de Indias y Cúcuta.

Categorización municipal por índice de ruralidad
Homicidios enero de 2017 - febrero de 2018

Información acopiada, verificada y procesada por el SAT - Defensoría del Pueblo

El 69% de los homicidios ocurrieron en municipios priorizados para las intervenciones de posconflicto, como ilustra la siguiente gráfica:

Información acopiada, verificada y procesada por el SAT - Defensoría del Pueblo

Como se señalaba en el Informe de Riesgo 010-17, se mantiene una afectación acentuada de la violencia contra líderes comunales, indígenas, afrodescendientes, comunitarios y campesinos. Entre el 1 de enero de 2017 y el 27 de febrero de 2018, fueron asesinados 45 líderes comunales, 29 líderes indígenas, 19 líderes afrodescendientes, 17 líderes comunitarios y 11 líderes campesinos, como se ilustra a continuación:

Víctimas de homicidio según sector social

Información acopiada, verificada y procesada por el SAT - Defensoría del Pueblo

Del total de víctimas de homicidio en el período de referencia, 23 fueron mujeres, 2 de ellas mujeres trans. Se registraron 4 homicidios de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas; 2 mujeres trans, 1 hombre trans y 1 hombre gay. En 3 de los casos de homicidios de mujeres, una de ellas mujer trans, los hechos incluyeron violencia sexual y en 2 de éstos, tortura.

Si bien el análisis de las dinámicas de violencia tiene un componente territorial que debe orientar el examen de cada caso, con base en la información acopiada, la Defensoría del Pueblo ha identificado que las agendas de defensa de derechos que abanderaban los líderes víctimas de homicidio, comparten los siguientes rasgos comunes, algunos de los cuales se superponen:

- Defensa del territorio y de los recursos naturales. Conflicto asociados a la oposición a los cambios en el uso del suelo. Impulso de iniciativas para la protección del ambiente, relacionado con la explotación de recursos naturales no renovables (minería)

- Implementación a nivel territorial del Acuerdo Final para la construcción de una paz estable y duradera, en particular en lo referido a sustitución de cultivos de uso ilícito y formulación de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial

- Procesos de restitución de tierras y de retorno

- Defensa del territorio frente a intereses privados

- Denuncias relacionadas con temas de expendio de drogas, presencia de actores armados y utilización de niños, niñas y adolescentes en sectores periféricos de centros urbanos

- Denuncias respecto a la inversión de recursos públicos

- Acceso a la participación política en el actual debate electoral

Preocupa particularmente a la Defensoría del Pueblo, el alto número de líderes asesinados durante el período al que hace referencia esta Alerta, que promovían procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito en sus territorios, en los términos definidos en el Acuerdo Final, así como el reiterado ejercicio de la violencia contra los líderes que en zonas urbanas dinamizan procesos relacionados con la exigibilidad de derechos fundamentales, acciones de prevención del reclutamiento, utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, además del seguimiento a la implementación de la política pública de atención y reparación a víctimas.

Vale destacar que frente a la escasa respuesta del Estado en términos de protección, tras el homicidio de algunos de los líderes se han producido renuncias masivas de directivos de las organizaciones de las que ellos hacían parte, así como el desplazamiento forzado de sus familias y líderes cercanos, quienes han sido incluso amenazados cuando concurren a las honras fúnebres de sus allegados. En otros casos, el mecanismo de protección asumido es separarse de los procesos organizativos, con lo cual se socava cada vez más el tejido comunitario.

Luego del homicidio del líder Plinio Pulgarín Villadiego, presidente electo de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Mira San Pedrito, ocurrido el 18 de enero de 2018 en el municipio San José de Uré, Córdoba, integrantes de un grupo armado ilegal convocaron a la población a una reunión en el centro poblado, donde les dieron plazo hasta el mediodía para abandonar la zona, anunciando que ésta era un territorio en disputa. Este hecho generó el desplazamiento masivo de 133 hogares, 425 personas residentes en las veredas Alto Mira San Pedrito, Trapichero, La Ilusión, así como los corregimientos Versalles, Batatalito y Brazo Izquierdo, y la comunidad indígena Embera Katío de Dochamá. Cuando las familias se dirigían a la cabecera corregimental de Versalles, se inició un enfrentamiento entre supuestos integrantes del grupo armado conocido como "Los Caparrapos", que en supuesta alianza con "Los Paisas" se disputan el territorio con las AGC.

También se registraron eventos de desplazamiento masivo posteriores al homicidio de líderes sociales en los municipios de Unguía y Riosucio (Chocó).

Amenazas, atentados y desaparición forzada:

Durante el año 2017, la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de la ocurrencia de 26 atentados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en los departamentos de Cesar [4], Arauca [2], Casanare [2], Chocó [2], Antioquia [2], Tolima [2], Caquetá [2], Norte de Santander [1], Putumayo [1], Valle del Cauca [1], Cauca [1], Caldas [1], Quindío [1], Risaralda [1], Atlántico [1], Meta [1] y Cundinamarca [1], como se ilustra en el siguiente mapa:

El 2 de febrero de 2018, Germán Espinel, integrante de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (AHERMIGUA) y del Movimiento Marcha Patriótica, fue víctima de un atentado en el barrio Alameda de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá DC. El líder sobrevivió a este atentado porque portaba el chaleco antibalas que le ha sido asignado como parte de las medidas de protección de que es titular. Este hecho demuestra el alto riesgo al que están expuestos los líderes sociales, aún en la capital del país.

Durante el año 2017 se conocieron 4 casos de desaparición forzada de líderes y lideresas; 1 líder indígena en el municipio Alto Baudó (Chocó), 1 líder indígena en Pueblo Rico (Risaralda), 1 líder de víctimas en Trinidad (Casanare) y 1 líder comunal en Tibú (Norte de Santander). En el caso del municipio de Tibú, la líder Sandra Yaneth Luna, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Totumito -Carbonera, fue desaparecida el 27 de septiembre de 2017, y el 5 de febrero de 2018, su cuerpo sin vida fue hallado en la vereda La Primavera del municipio de Tibú. Vale resaltar que a la fecha no se tiene conocimiento del paradero del líder campesino Henry Pérez, desaparecido en el corregimiento La Gabarra de Tibú desde enero de 2016.

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo recepcionó durante el año 2017 por lo menos 480 casos de amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos a nivel nacional. La mayor parte de éstas se concentran en las regionales Urabá, Cauca, Antioquia, Bogotá, Magdalena, Cundinamarca, Cesar, Boyacá, Magdalena Medio y Sucre, como se ilustra en la siguiente gráfica:

Distribución geográfica de las amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos

Información acopiada, verificada y procesada por el SAT - Defensoría del Pueblo

La mayor parte de las amenazas se recibieron a través de panfletos [149 casos], en 142 de los casos las víctimas fueron abordadas directamente, 63 recibieron llamadas telefónicas, 22 recibieron mensajes de texto, 21 recibieron mensajes a través de terceras personas, 12 personas recibieron mensajes a través de aplicaciones de mensajería instantánea y 10 personas recibieron correos electrónicos. El siguiente mapa ilustra los municipios en los que se concentran los casos de amenaza conocidos por la Defensoría del Pueblo durante el año 2017.

En términos de sectores sociales afectados, la mayor cantidad de las amenazas se dirigen contra líderes de organizaciones de víctimas, campesinos, comunal, afrodescendiente, indígena y comunitario, como se ilustra a continuación:

Víctimas de amenazas según sector social

Información acopiada, verificada y procesada por el SAT - Defensoría del Pueblo

De acuerdo con la información conocida por la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo, durante el año 2017, la Unidad Nacional de Protección tramitó 6.094 solicitudes de protección, de las cuales 36 se ponderaron con riesgo extremo, 3.773 con riesgo extraordinario y 2.285 con riesgo ordinario. La mayor parte de las solicitudes de protección se realizaron en la ciudad de Bogotá, con 841 solicitudes; seguida de los departamentos de Valle del Cauca con 621; Antioquia con 508; Cauca con 566; Nariño con 422 y Chocó con 403 solicitudes.

En la región Atlántico, entre enero de 2016 y octubre de 2017, la Defensoría del Pueblo documentó 113 casos de amenazas, de las cuales 18% obedecen a amenazas de carácter colectivo, dirigidas hacia sindicalistas, defensores de derechos humanos, organizaciones de víctimas y organizaciones sociales, comunitarias y comunales, el 3% contra particulares; el 74% son amenazas de carácter individual contra líderes pertenecientes a organizaciones de víctimas, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, el 5% contra funcionarios de entidades públicas; una de estas amenazas, proferida en el mes de mayo de 2017 a través de la circulación de un panfleto atribuido a las AGC, donde amenazan a funcionarios del INPEC, Fiscalía General de la Nación, Policía, Jueces, entre otros. De estos casos documentados, una de las amenazas se materializó en el homicidio del Señor Bernardo Cuero Bravo el pasado 7 de junio de 2017, quien en varias ocasiones había denunciado ante las autoridades competentes y públicamente las amenazas de las que estaba siendo víctima.

Los resultados en materia de investigación y judicialización de las amenazas son casi nulos, lo que evidencia los altos niveles de impunidad persistentes en este delito. De los 113 casos referidos en la regional Atlántico, solo uno se encuentra en proceso de judicialización y está relacionado con presuntas auto amenazas en los que se encuentra involucrado un miembro de la Fuerza Pública.

Con respecto a la activación de la Ruta de Protección, se encontró que las víctimas del delito de amenazas, manifiestan su inconformidad por las debilidades que se presentan a la hora de la implementación de las medidas, a continuación hacemos referencia de algunas de estas situaciones:

  • Falta de articulación entre las instituciones y coordinación frente a casos que pasan de un programa de protección a otro.
  • Falta de claridad en las competencias: esta situación se presenta especialmente en los entes territoriales, en la que se ha encontrado el desconocimiento de los funcionarios con respecto a la implementación de las rutas de protección y prevención, así como del alcance de los hechos, llegando en muchas ocasiones a subvalorar la gravedad de la situación de derechos humanos que atraviesan las víctimas; lo que ha conllevado a que los planes de contingencia, prevención y protección establecidos en la ley 1448 de 2011, en la mayoría de los casos, no respondan a las necesidades existentes en el contexto.
  • El no reconocimiento de actores generadores del riesgo o la amenaza: sobre este punto, es preciso señalar que en la mayoría de los espacios convocados por la Defensoría del Pueblo en los que se tratan casos concretos de amenazas, la respuesta de las autoridades apunta a la negación de la presencia de los autores del hecho, sin embargo, a la fecha, no hay un pronunciamiento oficial producto de las investigaciones donde se indiquen los responsables de los hechos. En algunos casos, las investigaciones se han archivado sin que las victimas obtengan respuestas satisfactorias, pues no se logra establecer al autor, ni las motivaciones de la amenaza; factor que eleva los niveles de riesgo, pues este no reconocimiento y falta de resultados en las investigaciones, propicia que en muchos casos las medidas que se adopten no sean proporcionales al riesgo que enfrentan las personas.
  • Adopción de medidas que elevan el riesgo de las víctimas: El caso más recurrente es cuando se adoptan las medidas de revistas policivas en contextos de alta conflictividad, donde confluyen múltiples actores, como por ejemplo, los contextos donde hacen presencia grupos armados posdesmovilización, grupos de criminalidad organizada, delincuencia común y pandillas.
  • Irregularidad en la implementación de las medidas: el caso más recurrente es el de las revistas policivas, donde los beneficiarios han manifestado que aunque el compromiso es hacerlo diariamente, los agentes responsables se ausentan constantemente por varios días y el día que se hacen presentes, le piden a los beneficiarios que firmen las planillas por los días que estos dejaron de llegar a la vivienda.
  • Demoras en las evaluaciones de riesgo y resultados de las mismas por parte de los analistas de la Unidad Nacional de Protección
  • Demoras en la implementación de las medidas: a pesar de existir resolución de implementación de las medidas, se ha tenido conocimiento que estas no se llevan a cabo en los tiempos establecidos.
  • Falta de respuesta institucional frente a las solicitudes de medidas de emergencia y reubicación temporal.
  • La decisión de las medidas de protección se llevan a cabo a través del CERREM, que sesiona en Bogotá, sin los suficientes elementos de contexto para determinar la adopción o no de medidas de protección.

Afectación diferencial sobre mujeres y líderes de organizaciones de población con orientación sexual e identidad de género diversa

Las mujeres están expuestas a factores de vulnerabilidad específicos en el marco de la confrontación armada que explican un impacto desproporcionado (riesgos de género) y a aspectos que las afectan de manera diferencial, específica y agudizada (facetas de género); estos elementos expuestos por la Corte Constitucional a partir del Auto 092 de 2008, contribuyen al análisis de la situación de las mujeres víctimas y fueron considerados en el monitoreo de casos, especialmente para identificar los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales y comunitarias de mujeres o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado reconocidos por la Corte en el mencionado Auto.

Adicionalmente, en el Auto 098 de 2013 se hace énfasis en los riesgos asociados al liderazgo por parte de mujeres defensoras de derechos humanos, y tal como se señala en el resuelve - entre otras cuestiones - "el riesgo derivado del liderazgo y el trabajo cívico, comunitario y social impulsado por mujeres desplazadas y mujeres integrantes de organizaciones que trabajan a favor de la población desplazada por el conflicto armado interno se ha agravado (...). Debido a este agravamiento (...) - los derechos - de las mujeres defensoras de derechos humanos han sido vulnerados de forma reiterada, manifestándose en afectaciones graves en los ámbitos individual, familiar, colectivo y comunitario del goce efectivo de sus derechos fundamentales." En el Auto 009 de 2015, se amplía la mirada a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Dentro de los casos documentados de homicidios, atentados y amenazas contra mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo encuentra que:

- En el periodo comprendido entre el 1 enero de 2017 al 27 de febrero de 2018 fueron asesinadas 23 mujeres, 2 de ellas mujeres trans.

- Se registraron 4 homicidios de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD): 2 mujeres trans, 1 hombre trans y 1 hombre gay; y 10 amenazas o intimidaciones contra este sector poblacional.

- Se registró un aumento en el número de amenazas individuales, pasando de 95 en 2016 a 142 casos de amenaza contra mujeres en 2017.

- 5 atentados fueron dirigidos a mujeres.

- Se registró 1 caso de desaparición forzada de una mujer.

- En 3 casos de homicidios de mujeres, una de ellas mujer trans, los hechos incluyeron violencia sexual y en 2 de estos tortura.

Las lideresas defensoras de derechos humanos víctimas enfocan su trabajo en distintos sectores. En el sector de víctimas durante el 2017 fueron amenazadas lideresas de mesa de víctimas, asociaciones de mujeres desplazadas, lideresas que enfocan su trabajo con mujeres víctimas y otras que pertenecen organizaciones mixtas.

En la dimensión comunitaria se registran varios casos de amenazas contra presidentas de juntas de acción comunal y mujeres que ejercen liderazgos comunitarios en zonas rurales y urbanas.

Un número importante (22%) ejercen un liderazgo étnico, ya sea desde organizaciones indígenas o afrodescendientes. Mujeres que hacen parte de consejos comunitarios, organizaciones de mujeres afrodescendientes, organizaciones de víctimas afrodescendientes.

Cabe aclarar que muchas de estas mujeres defensoras pertenecen a varios procesos organizativos y pueden liderar por ejemplo procesos de defensa del territorio a través de organizaciones étnicas o procesos de construcción de paz desde organizaciones de víctimas.

Personas pertenecientes a organizaciones en defensa de derechos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas también han sido víctimas de amenazas y ataques contra familiares; al igual que personas que pertenecen a este sector poblacional pero que ejercen su liderazgo desde organizaciones de víctimas o comunitarias. En total se registraron 3 casos de homicidio, 9 de amenazas y 1 ataque a familiares.

Casos de mujeres víctimas de amenazas, ataques e intimidaciones según sector de su organización

En relación a la concentración geográfica de la violencia contra lideresas y defensoras los departamentos en los que se han presentado más casos de homicidios de mujeres son Antioquia y Cauca (4 en cada uno), manteniendo la tendencia nacional. En su mayoría el homicidio se efectuó con arma de fuego.

En orden de ocurrencia por departamento, las amenazas y atentados se concentran en Antioquia, Magdalena, Bogotá, Chocó y Cauca. La modalidad de la amenaza en los casos en que se cuenta con esta información se da con mayor frecuencia a través de panfletos y verbalmente en abordaje directo o telefónicamente.

Tipo de amenaza a mujeres

A diferencia de las amenazas dirigidas contra hombres, el lenguaje usado en los mensajes amenazantes incluyen contenido sexista, alusiones al cuerpo de las mujeres, insinuaciones sexuales y, en el caso de las agresiones a personas con orientación sexual e identidad de género diversa, alusiones peyorativas a su orientación sexual o identidad de género.

En Bogotá circularon dos panfletos de conocimiento público que ilustran esta situación son: Amenaza colectiva a trece personas (junto a sus familias), el mensaje tiene un alto contenido sexista, su circulación por correo electrónico se consignó por los autores bajo el título "Muerte a las perras". La amenaza dirigida a personas reconocidas en la opinión pública, focalizada contra el sector de defensa de derechos de las mujeres alude a estereotipos de género y manifiesta un ataque a la incursión de las mujeres en el ámbito de lo público "luchando por los derechos de la mujer que mierda son si lo único que son es sirvientas de nosotros aver si se van a hacer oficio de la casa malparidas (sic)". Esta violencia simbólica explícita se manifiesta en la coerción del comportamiento público y privado de las mujeres defensoras en el territorio y evidencia riesgos diferenciados para el ejercicio de liderazgo frente a actores armados que tienen pretensiones de imposición de códigos de comportamiento según roles de género estereotipados. Otro panfleto con características similares circuló con fecha de octubre de 2017, el panfleto está firmado por la Águilas Negras, Bloque Capital D.C, y está dirigido a un grupo representativo de mujeres. También incluye alusiones directas contra ta defensa de derechos de las mujeres.

Otra característica de las amenazas a mujeres es que incluyen amenazas contra sus hijos e hijas, en algunos casos en el contenido del mensaje amenazante y en otros a través de abordajes directos a familiares, mensajes amenazantes a través ellos y ellas y agresiones físicas. Con alguna de estas características se registraron 35 casos. El rol de cuidadora que históricamente han asumido las mujeres trae un impacto diferenciado si se ve obligada a desplazarse por causa de la amenaza, ya que afecta no sólo a la lideresa sino a todo su núcleo familiar.

El Sistema de Alertas Tempranas ha monitoreado riesgos de violencia sexual para la población y ha identificado que hay un impacto específico de este riesgo para las mujeres. En el 2017 se emitieron 28 documentos de advertencia que incluyen la violencia sexual como una de las violaciones de derechos humanos advertidas para la población que habita los municipios objeto de advertencia.

En relación a esta violación se encuentra que en el contenido de los mensajes amenazantes se usan palabras de contenido sexual y en dos casos se hicieron amenazas directas de violencia sexual contra familiares de líderes.

Registramos con preocupación que en los casos en que se registra violencia sexual previa al asesinato, incluyen actos de ensañamiento y tortura contra los cuerpos de las mujeres. Riesgos que han estado presentes en la historia de Colombia y que están en la memoria colectiva de las organizaciones de mujeres y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Adicionalmente, los actos dirigidos a castigar la participación de las mujeres en el ámbito de lo público en las mujeres afectan a la lideresa y a su organización y buscan inhibir el surgimiento de nuevos liderazgos y procesos organizativos visibles de mujeres.

PANORÁMICA DE LAS REGIONALES MÁS IMPACTADAS POR LA VIOLENCIA CONTRA LÍDERES YDEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

A continuación se describe la situación en las regionales Cauca, Urabá, Antioquia y Norte de Santander, que son las más afectadas por la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos. Como ya se indicó, estas regiones concentran el 49% de los homicidios reportados entre el 1 de enero de 2017 y el 27 de febrero de 2018.

CAUCA

Entre el 1 de enero de 2017 y el 27 de febrero de 2018, han sido asesinados 34 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el departamento del Cauca; 15 de ellos eran líderes indígenas y 5 líderes afrodescendientes. Durante el año 2016, otros 41 líderes fueron asesinados, con lo que éste continúa siendo el departamento con mayor intensidad de la violencia contra este sector de la población, acumulando un total de 75 víctimas en los últimos 26 meses.

La recomposición de actores armados en el departamento del Cauca, resultado de la salida de las FARC EP de la región, ha generado una alta exposición para los líderes sociales y comunitarios, en particular en los municipios de Corinto, Suárez, Puracé, Mercaderes, Guapi, López, Caloto, Santander de Quilichao, El Tambo, Rosas, Jámbalo, Patía, Timbío, Popayán, Piamonte, Páez, Guachené, Buenos Aires, Sucre y Balboa.

Las múltiples amenazas hacia los líderes, autoridades tradicionales de comunidades indígenas y afrodescendientes, representantes de organizaciones, así como los constantes asesinatos han implantado en algunas zonas del departamento un código de silencio como único método de autoprotección, ya que la denuncia les genera mayor riesgo y la desconfianza en la institucionalidad es cada vez es mayor.

La salida de las FARC EP en territorios en los que en el pasado actúo como actor hegemónico ha propiciado un escenario de disputa entre otros actores armados, entre los que se encuentran grupos disidentes, además del ELN, EPL y las autodenominadas "Guerrillas Unidas del Pacífico". Estos grupos han impuesto cobros extorsivos a comuneros y campesinos, principalmente en las zonas con presencia de cultivos ilícito y el control de corredores para la comercialización de narcóticos, en municipios como Miranda, Corinto, Caloto, Toribio, Suárez, Buenos Aires, Morales, Cajibío, Patía, Argelia, El Tambo, Guapi, López de Micay y Timbiquí.

El inicio de la implementación de los acuerdos suscritos entre las FARC EP y el Gobierno Nacional en el departamento del Cauca, han exacerbado el riesgo para las comunidades y para los líderes, en particular en lo referente a la sustitución de cultivos de uso ilícito, lo que ha generado una reacción adversa por parte de los diferentes grupos al margen de la ley que pretenden hacerse al control de esta actividad.

Asimismo, las labores de erradicación realizadas por el Ejército Nacional, han motivado choques con las comunidades, que han implicado en algunos casos la muerte de civiles, con lo que se profundiza la desconfianza de la población en el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte del Gobierno Nacional.

Además de los homicidios, la Defensoría del Pueblo ha registrado un alto número de amenazas contra líderes y organizaciones sociales en el Cauca, así como el atentado ocurrido contra el líder Edwin Jair Solis Muñoz, vicepresidente de la Asociación de trabajadores campesinos de Sucre, ocurrido el día 16 de febrero 2017 en la ciudad de Popayán.

URABÁ |5|

En la subregión de Urabá, 15 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados durante el año 2017. El 60% de estos homicidios [9] ocurrieron en los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, subregión del Bajo Atrato. El municipio de Riosucio es el municipio con mayor cantidad de líderes asesinados en el período al que hace referencia el presente documento, con un total de 7 víctimas. La mayor parte de los líderes asesinados en Urabá corresponde a líderes afrodescendientes y reclamantes de tierras.

En el mismo período, la Defensoría del Pueblo documentó 70 casos de amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos en la regional Urabá, y dos líderes del consejo comunitario de Jiguamiandó, fueron víctimas de atentado el día 27 de marzo de 2017 en Carmen del Darién.

La salida de las FARC EP del escenario de confrontación armada en esta zona del país no se ha traducido en una disminución de las vulneraciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, en tanto vacíos en materia de prevención y protección para líderes sociales, comunitarios, autoridades étnicas y defensores y defensoras de derechos humanos, persisten y se agravan sin que se observe una respuesta institucional pronta y adecuada.

La región de Urabá se caracteriza por albergar cerca de 7.000 procesos de restitución de derechos territoriales; el potencial que posee para el desarrollo e implantación de megaproyectos energéticos, viales, agroindustriales, mineros y portuarios, entre otros, además de la ubicación geoestratégica dada su localización como corredor que conecta el norte y el sur del continente.

Estos factores, traslapados a los procesos de despojo que se dieron desde los años noventa, los procesos de exigibilidad de derechos étnico territoriales que adelantan actualmente los 64 sujetos colectivos (consejos comunitarios y resguardos indígenas del pueblo Embera, Wounaan y Tule-Kuna) como sujetos de especial protección constitucional que habitan el territorio, y la continua expansión territorial de las AGC y el ELN hacia zonas que fueron del control y presencia de las FARC-EP, se constituyen en elementos que dinamizan el escenario de riesgo derivado del conflicto armado, al cual están expuestos líderes sociales, comunitarios, autoridades étnicas, defensores y defensoras de derechos humanos y la población civil en general.

Durante el año 2017, solamente en la cuenca del río Truandó, las estrategias de resistencia en el territorio de las comunidades ha significado la agudización de la situación de confinamiento, el quedar continuamente interpuestas en combates entre ELN y AGC, señalamientos y amenazas e inclusive la muerte de 3 personas (1 indígenas y 2 afro) asesinadas con arma de fuego, 1 indígena muerta por artefacto explosivo improvisado y 3 sobrevivientes de accidentes por minas antipersonales ( 2 indígenas y 1 afro, este último en la cuenca del rio Cacarica) que han quedado con graves afectaciones físicas y psicológicas.

Como factor común, se identifica que en dicha área de cobertura, las zonas dejadas por las FARC-EP - y en particular espacios geográficos y corredores estratégicos como la Serranía del Abibe, el corregimiento San José de Apartado, la sub región del Darién y las cuencas de Cacarica, Salaquí, Domingodó, Curvarado y Jiguamiandó -, se encuentran en un proceso acelerado de ocupación para el control social y territorial, en el que mayoritariamente las AGC son protagonistas y el ELN se suma con el control y/o presencia que ejerce en áreas de la sub-región del Bajo Atrato, como las antes indicadas.

La violencia se constituye en la estrategia principal utilizada por los grupos armados ilegales para hacerse del control social y territorial de las zonas hacia las que se expandieron y por las que se confrontan bélicamente, por lo que vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, tales como combates con interposición de la población civil, amenazas, señalamientos, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado, violencia sexual, utilización de niños, niñas y adolescentes, siembra de minas antipersonales, entre otras, se constituyen en las principales acciones con las que los actores armados ilegales afectan la vida, integridad y seguridad personal de grupos étnicos (Pueblo Embera, Pueblo Wounaan, Pueblo Tule-Kuna y Comunidades Afrodescendientes), comunidades campesinas, reclamantes de tierras, líderes sociales e integrantes de partidos y movimientos políticos como la UP y Marcha Patriótica, campesinos y población civil en general.

Así mismo, el impulso de procesos de repoblamiento de territorios que se encuentran en proceso de restitución de derechos étnico territoriales (como se da principalmente en subregiones como el Darién y la margen oriental del río Atrato), se constituyen en otra de las estrategias, que articuladas con amenazas contra la población que solicita la restitución, implementan las AGC y ocupantes de mala fe con la intensión de perpetuar el despojo de tierras.

Tras la puesta en marcha de operativos de la Fuerza Pública como Agamenón II y la rápida expansión del ELN y las AGC en zonas que estuvieron bajo control de las FARC EP, la situación de riesgo actual implica la proscripción de toda acción comunitaria que de manera individual o colectiva tienda a visibilizar vulneraciones de derechos, o que vaya en contra del posicionamiento de algún actor armado en la zona; la denuncia se traduce directamente en graves riesgos en contra de la vida, seguridad, libertad e integridad personal de líderes sociales, comunitarios, autoridades étnicas, defensores de derechos humanos, comunidades afrodescendientes, campesinas, pueblos indígenas, así como reclamantes de tierras, entre otros actores sociales.

En ese sentido, todo tipo de liderazgo que guarde relación con el avance del proceso de reincorporación a la vida civil establecido en el Acuerdo Final, se encuentra expuesto a riesgos derivados del conflicto armado. En consecuencia, excombatientes de las FARC, familiares de estos y sus amistades también se encuentran expuestos a alto riesgo.

Es pertinente indicar que los actores humanitarios institucionalizados y acompañantes internacionales también se encuentran en riesgo elevado en la región. En febrero del 2017, la Defensoría del Pueblo advirtió a los entes competentes la existencia de amenazas directas contra acompañantes humanitarios internacionales y, el 25 de noviembre, en el municipio de Unguía, fue asesinado un funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien en su calidad de ingeniero catastral se encontraba en la zona adelantando labores relacionadas con el avance de los procesos de restitución de tierras, por lo que cabría la hipótesis que ese asesinato representa un mensaje directo contra los procesos que avanzan en la garantía de derecho de la población.

Se resalta que algunos de los homicidios ocurridos en esta subregión fueron cometidos con sevicia; cuatro reconocidos líderes sociales, comunitarios y reclamantes de tierras como lo fueron José Yimer Cartagena, asesinado el 10 de enero, Porfirio Jaramillo Bogallo asesinado el 29 de enero, Mario Castaño Bravo asesinado el 26 de noviembre y el 08 de diciembre fue asesinado Luis Hernán Bedoya Úsuga. Homicidios estos con los que se instala un mensaje de terror contra la labor de defensa de derechos humanos y los liderazgos sociales y comunitarios.

La imperante violencia torna aún más urgente la necesidad de que la justicia opere con eficacia teniendo en cuenta que, entre otros aspectos, pese a la existencia de múltiples solicitudes dirigidas a las autoridades competentes para que se implementaran medidas de protección adecuadas, oportunas y eficientes, frente a la complejidad del escenario de riesgo advertido por la Defensoría del Pueblo, dichos asesinatos se consumaron y los riesgos a que expuesta la población se agudizan.

Frente a la grave situación que tiene lugar en la subregión del Bajo Atrato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó, el pasado 7 de febrero de 2018, la ampliación de las medidas cautelares dictadas en 2014 a favor de 12 líderes de los consejos comunitarios mayores de Curvaradó y Jiguamiandó, en el municipio de Carmen del Darién, y del consejo comunitario de Pedeguita y Mancilla en el municipio de Riosucio.

ANTIOQUIA

Durante el año 2017, fueron asesinados 15 líderes y defensores de derechos humanos en la regional Antioquia. El 17 de enero de 2018, fue asesinado el líder Víctor Manuel Morato, en el municipio de Yondó, Magdalena Medio antioqueño.

La mayor parte de los líderes asesinados en Antioquia eran dirigentes de Juntas de Acción Comunal y líderes de procesos ambientales y de defensa del territorio. En el área metropolitana de Medellín (municipios de Medellín y Bello), se registraron 6 homicidios de líderes comunales y comunitarios que promovían agendas de defensa del territorio, de prevención de la vinculación de menores en estructuras armadas y de reclamación de predios en la Comuna 13. Asimismo, se registró el homicidio de un periodista y de una líder, cuya familia es sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica, quien adelantaba procesos de fortalecimiento de la soberanía alimentaria en el departamento del Chocó.

Los líderes y defensores de derechos humanos que realizan acciones de resistencia y defensa del territorio, principalmente en contradicción con mega proyectos económicos que tienen un alto impacto tanto en el medio ambiente como en la calidad de vida de las comunidades, tales como la minería, hidroeléctricas o el trazado de carreteras, entre otros, son objeto de ataques y persecuciones; en muchos casos la razón de estas conductas vulneratorias no responde a motivaciones endógenas de los grupos armados, que son utilizados en actividades de sicariato lo que hace más difícil la identificación de los autores intelectuales de la vulneración. Adicionalmente, la implementación de acciones orientadas a la sustitución de cultivos de uso ilícito ha visibilizado liderazgos campesinos en la región.

En relación con las vulneraciones a los derechos humanos que se documentaron en contextos urbanos, principalmente en el Valle de Aburrá, hay algunas características particulares que no se observan en la zona rural: En el caso de la venta de lotes en asentamientos informales que realizan las estructuras armadas, primero desplazan a una familia, en la mayoría de los casos son personas que habían sufrido desplazamiento forzado en hechos anteriores; venden el bien inmueble objeto del despojo sin ninguna formalidad a una nueva familia, usualmente cercana a algún integrante de la agrupación armada. Los líderes comunitarios que intentan hacer frente a esta situación son desplazados o asesinados.

En el contexto urbano la relación del liderazgo comunitario con la institucionalidad es objeto de desconfianza por la presencia permanente de actores armados que estigmatizan a estas personas como informantes; en tal sentido varios líderes han sufrido amenazas, al igual que los defensores y defensoras de derechos humanos que en el Valle de Aburrá denuncian las violaciones a los derechos humanos.

Durante el año 2017, la Defensoría del Pueblo documentó 28 casos de amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos en Antioquia, las cuales se dirigen contra líderes mineros, ambientales, comunales, comunitarios, sociales, afrodescendientes, campesinos, reclamantes de tierras, indígenas y líderes de organizaciones de población con orientación sexual y de género diversa. También se registraron 2 atentados contra líderes: el primero ocurrido el 10 de febrero contra un integrante de la Junta de Acción Comunal del Alto de Chirí, municipio de Briceño, y el segundo ocurrido el 12 de febrero en el corregimiento Altavista de la ciudad de Medellín, contra una lideresa de la Junta de Acción Comunal Nuevo Amanecer, quien fue herida junto con su hija.

NORTE DE SANTANDER

En Norte de Santander, la Defensoría del Pueblo ha registrado 9 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos entre el 1 de enero de 2017 y el 27 de febrero de 2018. En la mayor parte de los casos [7], los líderes eran, o habían sido en el pasado reciente, dignatarios de Juntas de Acción Comunal en los municipios de Tibú, El Tarra, Chitagá, y en la ciudad de Cúcuta. Una mujer trans fue víctima de homicidio en la capital norte santandereana, lo que evidencia la situación de riesgo al que están expuestas las personas con orientación sexual e identidad de género diversa en esta región del país.

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo reportó 24 casos de amenaza contra líderes y defensores de derechos humanos en Norte de Santander durante el año 2017. El 2 de junio de 2017 se registró un atentado contra la vivienda del Personero municipal de Hacarí, Diógenes Quintero Amaya, quien había sido identificado junto con otros agentes del Ministerio Publico como población en riesgo en el Informe 010-17, con ocasión de las reiteradas amenazas que han recibido a través de diversos medios.

El ejercicio de defensa de los derechos humanos en contextos de conflicto armado como el de Norte de Santander, plantea riesgos acentuados para quienes se dedican a impulsar la exigibilidad de derechos de comunidades urbanas y rurales, amenazadas por la presencia de uno o varios actores armados y con una alta vulnerabilidad debido a condiciones sociales, económicas y políticas históricamente excluyentes.

Los municipios que conforman el área metropolitana de Cúcuta, la subregión del Catatumbo y el centro y sur del departamento, tienen una dinámica diferenciada de actores armados que se han reacomodado para afrontar los cambios que se presentan y aprovechar de mejor manera los vacíos en el territorio que inicialmente fueron perceptibles con la salida de las FARC EP.

Con la dejación de armas por parte de las FARC EP y su paso de organización armada a organización política, se sucedieron rápidamente cambios en la dinámica de actores armados que configuran la continuidad del conflicto armado en la región y el paso a nuevos escenarios de conflictividad social derivada de la precaria integración de los excombatientes hacia las comunidades receptoras así como la continuidad en el uso de estrategias de relacionamiento que pueden conllevar a la perpetuación de interacciones sociales marcadas por la intimidación y la amenaza del recurso a la fuerza.

La Defensoría del Pueblo, advierte que se presentan los siguientes escenarios de riesgo para los derechos humanos de las comunidades así como probabilidad de infracción al DIH: Las condiciones de seguridad para la población civil que se acogerá a los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y en particular para los líderes que den impulso a estos procesos en zonas donde comparten la presión con otro actor armado como es el caso del EPL en la zona del Catatumbo, a la luz del avance del inicio de los procesos que incluyen una primera fase de socialización lo que se suma a las tensiones generadas por las órdenes dadas a la Fuerza Pública para adelantar la erradicación forzada. Se observa que existen importantes vacíos en materia de articulación entre la institucionalidad civil y no hay avances en desarrollos legales para el tema de garantías de seguridad.

En ese sentido, resulta fundamental que el Estado enfoque sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la capacidad institucional en las regiones y el seguimiento y respuesta en la fase del posacuerdo a las demandas sociales históricas que conlleven transformaciones verdaderas del contexto social en el que viven los líderes, defensores y sus comunidades.

En conclusión, la Defensoría del Pueblo evidencia que la grave situación a la que se enfrentan los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, advertida a través del Informe de Riesgo 010-17, se mantiene y hasta la fecha las acciones adelantadas por las autoridades con deber de prevención y protección no han tenido el impacto necesario para conjurar los factores de riesgo a nivel territorial, de manera que se avance en la garantía plena de los derechos de las personas que día a día trabajan en diferentes regiones del país para la construcción de una sociedad más democrática e incluyente.

RECOMENDACIONES

Frente a la gravedad del escenario de riesgo descrito, y la alta vulnerabilidad en que se encuentran los líderes sociales y defensores de derechos humanos en los municipios y departamentos indicados, con particular énfasis en las organizaciones listadas y las personas que han sido víctimas de amenazas, atentados y otras conductas que vulneran gravemente los derechos a la vida, libertad e integridad personal, la Defensoría del Pueblo EMITE la presente Alerta Temprana y se remite a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas -CIPRAT-, para que según lo establecido en el Decreto 2124 de 2017 promueva y adopte las medidas efectivas de protección ante nuevas situaciones de riesgo y amenaza que se puedan presentar para los líderes y defensores de derechos humanos en Colombia. Al respecto, se reiteran algunas recomendaciones previamente realizadas por la Defensoría del Pueblo y se formulan nuevas:

Al Gobierno Nacional, desarrollar un plan especial de difusión de la Declaración sobre defensores de derechos humanos adoptada mediante Resolución A/RES/53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con las autoridades locales y departamentales, comenzando en los territorios identificado en riesgo en la presente Alerta Temprana.

A la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, para que en el marco del Plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas punibles a que hace referencia el Decreto 154 del 3 de febrero de 2017, se incluya un componente relacionado con la protección de los líderes y defensores de derechos humanos.

Al Ministerio del Interior, en coordinación con las gobernaciones y alcaldías de los municipios referenciados en el presente documento, promover acciones el reconocimiento público de las afectaciones individuales y colectivas sufridas por líderes sociales y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, como una acción simbólica reparadora y protectora de la labor que adelantan en los territorios y su importancia en la construcción de una sociedad democrática.

Al Ministerio del Interior, avanzar en la puesta en marcha de la Política de Prevención de violaciones de derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de personas, grupos y comunidades, así como de los planes integrales de prevención y protección, con la participación efectiva y significativa de los y las defensoras de derechos humanos, las organizaciones sociales y de mujeres, movimientos sociales y políticos, comunidades afrocolombianas e indígenas en riesgo.

A la Unidad Nacional de Protección, implementar medidas colectivas de protección para las organizaciones y movimientos sociales a los que se hace referencia la presente Alerta Temprana, así como también agilizar todas aquellas solicitudes de protección que taxativamente han sido elevadas ante esa entidad por algunos líderes pertenecientes a las organizaciones y movimientos sociales que se han focalizado y que hasta la fecha no han obtenido respuesta.

A la Unidad Nacional de Protección, incorporar medidas específicas en la asignación de medidas de protección cuando éstas se dirijan a lideresas y a personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Entre otras se sugieren: 1) Fortalecer la incorporación del enfoque de género en los análisis de riesgo, y de manera especial la presunción de riesgo extraordinario de género establecida por la Corte Constitucional; 2) Coordinar con las autoridades competentes, la realización de acompañamiento psicosocial previo a la implementación de la medida de protección, especialmente cuando se trate de la asignación de un escolta; 3) Valorar la posibilidad de vincular mujeres dentro de los esquemas de protección y 4) Brindar capacitación y seguimiento sobre género, especialmente a los hombres de protección asignados a lideresas y a personas con OSIGD para evitar comportamientos que reproducen la discriminación y prejuicios sobre identidades de género diversas.

A la Unidad Nacional de Protección para que pueda contribuir a la verificación de las condiciones de la población objetivo establecidas, teniendo en cuenta que los defensores y defensoras no siempre están en condiciones de facilitar certificados, documentos o soportes, entre otras razones por carencias económicas y dificultades para transportarse y si se pueden obtener los documentos requeridos, de manera directa por la UNP, como en el caso de los certificados de existencia y representación legal de organizaciones inscritas ante la Cámara de Comercio.

A la Unidad Nacional de Protección, concertar con las autoridades tradicionales de pueblos indígenas y comunidades negras del orden nacional, regional y municipal, con dignatarios de las juntas de acción comunal y con los líderes de las organizaciones sociales y políticas las medidas de protección necesarias para garantizar su vida e integridad, procurando que se adecúen a las condiciones especiales de la población afectada.

A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, fortalecer la efectividad de su rol como coordinador del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) para adelantar conjuntamente y en marco de la corresponsabilidad, acciones orientadas a la protección de líderes y lideresas que hacen parte de organizaciones, movimientos y comunidades sujetas de reparación colectiva como parte del diseño, implementación y seguimiento a los PIRC, con indicadores explícitos de seguimiento y resultado.

A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, crear mecanismos expeditos y efectivos para responder a las situaciones de amenaza manifiesta, disponiendo de equipos profesionales y presupuestos en los territorios para atender las emergencias y riesgos inminentes que se presenten.

A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en relación a los 522 sujetos de reparación colectiva identificados, cruzar dicha información con la suministrada por la Defensoría del Pueblo, para diseñar, implementar y hacer seguimiento una estrategia excepcional que incluya su caracterización y que permita atender los riesgos que enfrentan tanto los colectivos como sus integrantes, de tal manera que se avance en la reparación integral, el fortalecimiento del tejido social y la construcción de garantías efectivas, con la participación efectiva y significativa de los y las lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos.

A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en relación a los y las lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales y políticos referidos en la presente Alerta Temprana, que no se encuentren entre los sujetos de reparación colectiva identificados por la Unidad, realizar las acciones pertinentes para que con su consentimiento informado y participación activa, efectiva, paritaria y significativa, puedan ser incluidos por oferta en el RUV y posteriormente realizar su correspondiente caracterización, tomar en consideración criterios diferenciales por género, capacidad, cultura y ciclo vital, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que como parte de la función preventiva del Estado, ponga en marcha una campaña sostenida de comunicación en prevención, garantía y defensa de los derechos de las víctimas que lideran procesos a nivel regional y nacional, de manera que se fomente la solidaridad y el reconocimiento de su labor.

A la Fiscalía General de la Nación, promover una estrategia excepcional, orientada a abordar de manera efectiva investigaciones frente a delitos como atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de líderes y defensores de derechos humanos, de manera que se avance en la reducción los factores normativos, político constitucionales, sociales, técnicos y organizacionales de impunidad que fomentan su vulnerabilidad, debido a que genera la percepción de que es posible violar los derechos humanos sin obtener castigo.

A la Fiscalía General de la Nación, publicar y difundir un informe detallado sobre los resultados de investigaciones por las denuncias de situaciones de riesgo en la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de los y las defensoras de derechos humanos, organizaciones, movimientos sociales y políticos en el período al que hace referencia la presente Alerta Temprana.

A la Fiscalía General de la Nación, la realización de una jornada nacional para recibir y documentar denuncias por graves violaciones a los derechos humanos en los municipios advertidos en la presente Alerta Temprana, para que sean trasladados a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, para las investigaciones correspondientes.

A la Fiscalía General de la Nación a asignar fiscales especializados en los municipios advertidos y a diseñar estrategias diferenciales que se orienten a combatir la impunidad frente a los delitos que se presentan contra líderes y defensores de derechos humanos, tales como atentados contra la vida, la libertad y la integridad física, a través de investigaciones oportunas, imparciales y efectivas de las conductas punibles relacionadas con estas violaciones de los derechos humanos.

Carlos Alfonso Negret Mosquera
Defensor del Pueblo

Elaboró: Karina Ríos Cano, Equipo Nacional y Regional del SAT
Revisó: Mauricio Redondo Valencia - Defensor Delegado para la Prevención del Riesgo de Violaciones de Derechos Humanos y DIH.

Notas:

1. La Defensoría del Pueblo utiliza la expresión "personas con orientación sexual e identidad de género diversa", relativa a todas aquellas que se identifican con una orientación sexual fuera de lo heterosexual y con una identidad de género construida por fuera de la obligatoriedad social que se impone al sexo de nacimiento. Esto de ninguna manera desconoce el poder simbólico y movilizador del acrónimo LGBTI, pero sí tiene la intención de incluir a cualquier persona que hace parte de esta población sin sentirse identificada con alguna de estas identidades políticas. [Volver]

2. Este Decreto fue derogado por el Decreto 2124 del 18 de diciembre de 2017, "Por el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final para la Terminación de Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera" [Volver]

3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos define que una situación en materia de derechos humanos es grave, significando que el serio impacto de una acción y omisión puede tener sobre un derecho protegido. CIDH. Resolución 5/2017. Medida Cautelar No. 522-14 Asunto Alberto Yepes Palacio y su hija respecto de Colombia. 10 de febrero de 2017 [Volver]

4. NACIONES UNIDAS. Asamblea General. 34 período de sesiones. Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. A/HRC/34/52. 23 de enero de 2017. Párrafo 80 [Volver]

5. La regional Urabá de la Defensoría del Pueblo está conformada por los municipios de Acandí, Unguía, Riosucio, Carmen del Darién, departamento del Chocó, y Apartado, Arboletes, Mutatá, Chigorodó, Carepa, Turbo, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Necoclí, del departamento de Antioquia. [Volver]

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