Amnistía Internacional
COLOMBIABARRANCABERMEJA, UNA CIUDAD SITIADA
Mayo de 1999
RESUMEN ÍNDICE AI: AMR 23/36/99/s
La tarde del 16 de mayo de 1998, un nutrido contingente paramilitar fuertemente armado entró en unos barrios pobres de la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander. Los paramilitares mataron a varias personas allí mismo y se llevaron secuestradas a varias más. Según el recuento de los cuerpos hallados al día siguiente, el ataque militar se cobró siete vidas. Pero la suerte que corrieron las otras 25 personas secuestradas continúa sin conocerse.
A pesar de que las unidades del ejército colombiano mantienen una fuerte presencia en las proximidades de los barrios donde se produjo el ataque y de que estas unidades habían sido advertidas sobre una inminente incursión paramilitar en la ciudad, las fuerzas de seguridad no intervinieron ni para detener el ataque ni para intentar perseguir a la fuerza paramilitar.
Los grupos paramilitares apoyados por el ejército han intensificado año tras año su campaña de terror contra la población civil de Colombia, en el curso de la cual han torturado, matado y llevado a cabo «desapariciones» con impunidad casi total. Muchos de estos grupos supuestamente independientes tienen su origen en los grupos de «autodefensa» civil creados por el ejército en los años setenta y ochenta. Las protestas públicas por las atrocidades cometidas por estos grupos llevaron al gobierno colombiano en 1989 a suspender la base legal para su formación y a cursar instrucciones a las fuerzas armadas para que las combatiera y desmantelara. Desde entonces, a pesar de las reiteradas promesas del gobierno de desmantelar los grupos paramilitares, éstos continúan operando en muchas zonas del país con el apoyo de las fuerzas de seguridad. El Fiscal General manifestó recientemente que se habían librado más de trescientas órdenes de detención contra presuntos miembros de grupos paramilitares, órdenes que las fuerzas de seguridad no habían ejecutado.
El gobierno colombiano y los jefes de las fuerzas armadas niegan la existencia de vínculos institucionales entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones paramilitares. Cuando resulta imposible negar rotundamente tal vínculo, se tiende a presentar el caso como un incidente aislado que en modo alguno refleja una coordinación generalizada. Sin embargo, los frecuentes informes recibidos por Amnistía Internacional contradicen esta afirmación y atestiguan las numerosas operaciones paramilitares llevadas a cabo con el apoyo o consentimiento de las fuerzas de seguridad. En el caso del ataque llevado a cabo el 16 de mayo en Barrancabermeja, resulta inconcebible que sin un elevado grado de coordinación entre las unidades militares de la ciudad y los pistoleros responsables, una fuerza paramilitar tan numerosa pudiera entrar y circular libremente por las zonas militarizadas de la ciudad, así como cometer los homicidios y los secuestros que cometió, sin hacer frente a algún tipo de resistencia por parte de las fuerzas de seguridad. Las investigaciones judiciales posteriores han vinculado a varios miembros de las fuerzas armadas con el ataque.
A Amnistía Internacional le preocupa profundamente que a pesar de las reiteradas promesas de hacer frente a la oleada creciente de violencia paramilitar, el nuevo gobierno colombiano de Andrés Pastrana no ha demostrado voluntad política a la hora de poner en práctica medidas eficaces para que las fuerzas de seguridad combatan el paramilitarismo y realmente purguen a las fuerzas armadas de los oficiales que continúan apoyando y colaborando con los grupos paramilitares.
Amnistía Internacional insta enérgicamente a las autoridades colombianas a que investiguen exhaustivamente el ataque paramilitar llevado a cabo el 16 de mayo contra la población civil de Barrancabermeja para revelar completamente los vínculos entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad y desmantelar los grupos paramilitares de la región; para garantizar que todos los responsables de violaciones de derechos humanos son llevados ante los tribunales, y para averiguar el paradero de los «desaparecidos». Si las autoridades colombianas no cumplen estas obligaciones básicas, la población civil de Barrancabermeja y la región circundante continuarán expuestas a nuevos ataques paramilitares.
Los grupos guerrilleros de izquierdas que actúan en Barrancabermeja han cometido numerosas violaciones del derecho internacional humanitario, perpetrando por ejemplo homicidios deliberados y arbitrarios y secuestros, practicando extorsiones y poniendo en peligro la vida de la población civil durante los ataques contra las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional condena estos abusos contra el derecho internacional humanitario y pide a las fuerzas de la guerrilla que respeten a la población civil.
Este informe se centra fundamentalmente en el ataque paramilitar llevado a cabo el 16 de mayo de 1998 contra Barrancabermeja y en las incursiones paramilitares posteriores en la ciudad.
PALABRAS CLAVE: PARAMILITARES1 / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL1 / DESAPARICIONES1 / IMPUNIDAD / INVESTIGACIÓN DE ABUSOS / MILITARES / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES / ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS / HOSTIGAMIENTO / FOTOGRAFÍAS
Estas páginas resumen el documento titulado COLOMBIA: Barrancabermeja, una ciudad sitiada (índice AI: AMR 23/36/99/s) publicado por Amnistía Internacional en mayo de 1999. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento completo.
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA
Amnistía Internacional
COLOMBIA BARRANCABERMEJA, UNA CIUDAD SITIADA
Mayo de 1999
Índice AI: AMR 23/36/99/s
Distr: SC/CO/GR
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA COLOMBIA
BARRANCABERMEJA, UNA CIUDAD SITIADA
UNA INCURSIÓN PARAMILITAR ANUNCIADA
La tarde del 16 de mayo de 1998, un nutrido contingente paramilitar fuertemente armado circuló libremente en camiones por varios de los barrios más pobres de la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander. Durante su recorrido, los pistoleros fueron juntando a numerosos residentes, a varios de los cuales mataron allí mismo, y forzaron a muchos otros a subir a los camiones. Al día siguiente del ataque paramilitar, el recuento de cadáveres ascendía a siete. El paradero y la suerte de las veinticinco personas que se llevaron secuestradas continúa sin conocerse.
A pesar de que las fuerzas armadas colombianas mantienen una fuerte presencia en las proximidades de los barrios donde se produjo el ataque y de que estas unidades habían sido informadas recientemente por los servicios de información de que las fuerzas paramilitares estaban planeando una matanza en la ciudad, y a pesar del ruido de los disparos y de los gritos de auxilio que al parecer profirieron las víctimas y de los ruegos que se hicieron a las fuerzas de seguridad para que persiguieran a los agresores paramilitares, las fuerzas de seguridad no tomaron ninguna medida ni para hacer frente a los paramilitares durante el ataque ni para capturarlos al salir de la ciudad. Además, existen testimonios de que los integrantes de un puesto de control de las fuerzas de seguridad que había sido colocado por orden de un comandante militar para controlar la ruta de acceso a la zona durante 24 horas a partir de la tarde del 16 de mayo de 1998, se retiraron inexplicablemente al cuartel poco antes de la llegada del grupo paramilitar.
Desgraciadamente, este ataque no es una excepción, sino que forma parte de una constante bien conocida de graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas paramilitares que actúan con el apoyo o el consentimiento de las fuerzas de seguridad.
El prolongado conflicto interno entre el Estado colombiano y los grupos de oposición de izquierdas ha cobrado proporciones alarmantes en varias partes del país. El desprecio flagrante por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario es una característica del conflicto que no hace sino agravarse. Todas las partes implicadas en el conflicto han cometido violaciones graves de los derechos humanos.
Las fuerzas paramilitares han puesto en práctica una estrategia de contrainsurgencia que consiste en cometer violaciones de derechos humanos de forma generalizada y sistemática con el fin de debilitar a los grupos guerrilleros impidiéndoles todo posible apoyo de la población civil. Estas tácticas de «guerra sucia» se utilizan para aterrorizar a las personas y a las comunidades que se considera que simpatizan o pueden simpatizar con los grupos guerrilleros. Las víctimas muchas veces son campesinos que viven en las zonas de conflicto o civiles residentes en zonas consideradas baluartes de la guerrilla. También se actúa contra aquellas personas que se atreven a denunciar claramente las tácticas de terror, como los defensores de derechos humanos que censuran las violaciones de derechos humanos y hacen campaña para pedir que los responsables comparezcan ante los tribunales. La guerra de contrainsurgencia también se ha utilizado para silenciar a los activistas populares, a los sindicalistas y a los dirigentes campesinos, que luchan en favor de alternativas socioeconómicas y a los que se considera una amenaza para los poderosos sectores políticos y económicos que buscan proteger sus intereses o favorecerlos. Al tildar a estas personas y comunidades de «subversivas» se las expone al peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos. Las fuerzas armadas colombianas son responsables de graves abusos, entre los que figuran «desapariciones», ejecuciones extrajudiciales y bombardeos aéreos de comunidades civiles.
Los principales grupos armados de oposición, entre los que figuran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), un grupo menor, han cometido numerosos abusos que han vulnerado el derecho internacional humanitario, como homicidios deliberados y arbitrarios de aquellas personas a las que consideraban simpatizantes o colaboradores de las fuerzas de seguridad.
BAJO EL MANTO DEL PARAMILITARISMO
Ante la creciente condena internacional que han merecido en los últimos años las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, éstas han recurrido cada vez más al uso de auxiliares paramilitares para aplicar las «tácticas de guerra sucia»(1). Las fuerzas de seguridad ya no pueden apoyarse en los mecanismos judiciales tradicionales que permitían su impunidad. La atención de la opinión pública nacional e internacional está cada vez más centrada en la necesidad urgente de desmantelar estos mecanismos que hasta la fecha han garantizado que los miembros de las fuerzas de seguridad, salvo en contadas excepciones, se libraran de ser investigados o sancionados debidamente (2). Para evitar estas presiones, los responsables de diseñar y poner en práctica la «guerra sucia» pueden continuar con su estrategia sin a temor a sufrir persecución encargando estas labores a las fuerzas paramilitares.
Para que la estrategia de eludir la responsabilidad funcione, es fundamental que se niegue la existencia del eje que une a militares y paramilitares. Se intenta por todos los medios demostrar la supuesta autonomía de las fuerzas paramilitares y afirmar que las fuerzas de seguridad no hacen distingos cuando se trata de luchar contra ellas o contra las organizaciones guerrilleras. En los últimos meses, altos cargos militares han anunciado la detención de varios paramilitares, pero no se han dado pasos significativos para desmantelar a los mandos de estos grupos.
Incluso cuando las investigaciones penales y disciplinarias revelan pruebas innegables de la participación de las fuerzas de seguridad en operaciones paramilitares, las autoridades despachan estos casos como incidentes aislados, que en su opinión no reflejan una coordinación sistemática.
Sin embargo, estas afirmaciones dejan de ser sostenibles cuando los informes sobre la coordinación entre los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad se vuelven reiterados y generalizados. El ataque perpetrado el 16 de mayo contra Barrancabermeja habría sido imposible sin tal coordinación. Si bien las investigaciones penales y disciplinarias han revelado la implicación de varios agentes de las fuerzas de seguridad en el ataque, todos continúan al parecer en servicio activo. A pesar de las indicaciones claras sobre la localización de la base del grupo paramilitar responsable, las fuerzas de seguridad no han tomado medidas para desmantelar el grupo paramilitar responsable. El mensaje para la población civil de Barrancabermeja es muy claro: el grupo paramilitar puede aterrorizar a los habitantes de la ciudad con total impunidad.
Amnistía Internacional considera que los acontecimientos del 16 de mayo deben investigarse exhaustivamente de modo que se pongan al descubierto todos los vínculos entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas paramilitares; que se disuelvan los grupos paramilitares que actúan en la zona; que los responsables de violaciones de derechos humanos sean llevados ante los tribunales, y que se averigüe el paradero de los «desaparecidos». Sólo de este modo demostrarán las autoridades su compromiso de enfrentarse a los grupos paramilitares y de proteger a la población civil de Barrancabermeja frente a nuevas violaciones graves de derechos humanos.
BARRANCABERMEJA: UN OBJETIVO MILITAR
El puerto fluvial de Barrancabermeja, dedicado al refinado de petróleo, es el corazón de la región del Magdalena Medio. La ciudad, con más de 250.000 habitantes, depende completamente de la industria petrolera: es la sede central de la empresa estatal ECOPETROL (Empresa Colombiana de Petróleos) y sus refinerías suministran el 60 por ciento de las necesidades de gas y de otros combustibles de Colombia. La Unión Sindical de Obreros (USO), el sindicato de trabajadores del sector petrolero, es el más poderoso del país y, a lo largo de los años, ha conseguido importantes avances políticos y económicos para sus afiliados. No obstante, el sindicato ha tenido que pagar un elevado precio por su militancia: decenas de sus dirigentes han sido asesinados, han «desaparecido» o han sido encarcelados acusados de delitos relacionados con el terrorismo. La fuerte tradición sindical de los trabajadores de Barrancabermeja se ha desarrollado a la par que los partidos políticos de izquierdas y un conjunto de organizaciones cívicas muy activas.
La ciudad se considera un baluarte tanto de las FARC como del ELN y, en menor medida del EPL. La ciudad experimentó un importante crecimiento la década pasada con la afluencia masiva de trabajadores migratorios y de comunidades campesinas desplazadas, y los barrios marginales han proliferado y se han esparcido por las zonas circundantes. Es especialmente en estos barrios pobres donde las organizaciones guerrilleras han establecido una presencia fuerte. A los barrios se los tiende a identificar con alguno de los movimientos insurgentes. Los barrios suroriental y nororiental de la ciudad también son bastiones de las milicias urbanas vinculadas a los grupos guerrilleros. Entre estas milicias figuran: el Frente Urbano de Resistencia Yariguíes-Fury, y el «Capitán Parmenio» ambos vinculados al ELN; una unidad de las FARC relacionada con su Bloque del Magdalena Medio, y una unidad urbana del Frente Ramón Gilberto Barbosa del EPL.
La importancia estratégica de Barrancabermeja, tanto en el plano económico como en el militar, la han convertido en el principal objetivo del eje paramilitar-militar. Durante más de una década, las fuerzas paramilitares se han estado preparando para arrebatar el control de la ciudad a los insurgentes.
SE ESTRECHA EL CERCO
Como preparación para el asalto final a la ciudad de Barrancabermeja, las fuerzas paramilitares han ido ampliando progresivamente su presencia y control sobre las zonas rurales circundantes. En 1995, un grupo de derechos humanos afincado en la zona, el Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), señaló:
Un avance territorial por el norte, comprendido desde los límites con el municipio de San Alberto, departamento del Cesar, formando un triángulo con los municipios santandereanos de Puerto Wilches, por el occidente y Sabana de Torres, por el oriente: este avance territorial se extiende hacia los alrededores rurales de Barrancabermeja, en particular al corregimiento El Centro y la presencia «anónima» de miembros vinculados al paramilitarismo en los barrios nororientales; la red paramilitar se acaba de tejer con el proyecto implementado desde hace varios años con la ocupación de territorios de los municipios limítrofes con Barrancabermeja por el sur - El Carmen, Cimitarra -, por el suroccidente - Puerto Parra - y por el suroriente - San Vicente de Chucurí, Simacota.
Esta campaña militar se ha caracterizado por la comisión de violaciones generalizadas de los derechos humanos de la población civil, a la que se consideraba punto de apoyo de la guerrilla, y ha llevado a que la ciudad se encuentre prácticamente sitiada por las fuerzas paramilitares que respalda el ejército.
Durante todo 1994 y 1995, las organizaciones paramilitares lanzaron ofensivas al norte de la ciudad, en los departamentos de Norte de Santander y Cesar, y al sur, en el municipio de Simacota, contiguo al municipio de San Vicente del Chucurí, baluarte paramilitar desde hace muchos años.
Entre 1993 y 1997, en el municipio de Sabana Torres, justo al norte de Barrancabermeja, el Comité de Derechos Humanos de Sabana de Torres denunció la comisión de numerosos homicidios y «desapariciones» a manos de los grupos paramilitares. Las amenazas de muerte contra los miembros del Comité de Derechos Humanos aumentaban según fortalecían su posición en la zona estos grupos. Finalmente, Mario Humberto Calixto, presidente del Comité, se vio forzado a huir del municipio tras un atentado fallido contra su vida perpetrado el 23 de diciembre de 1997 por miembros de un grupo paramilitar.
Los paramilitares extendieron su presencia en las comunidades del sudeste del departamento de Antioquia, las más próximas a las zonas occidental y suroccidental de la ciudad. En 1997, los paramilitares amenazaron, torturaron e incluso mataron a varios vecinos del municipio de Puerto Berrío, departamento de Antioquia. Se recibieron numerosas denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos en la zona por miembros de los grupos paramilitares, entre ellos la ejecución extrajudicial de al menos ocho personas en el municipio de Yondó entre el 21 y el 30 de diciembre de 1996. Según informes, los paramilitares llevaban una lista negra(3) con los nombres de las personas consideradas simpatizantes o colaboradores de la guerrilla, entre los que figuraban varios dirigentes campesinos que habían participado en las manifestaciones celebradas en Barrancabermeja en 1996.
Según se informa, a pesar de la fuerte presencia militar en estos municipios, las fuerzas de seguridad no intervinieron para hacer frente a los grupos paramilitares. Por el contrario, la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares durante estas ofensivas paramilitares fue objeto de reiteradas denuncias. (4)
En la propia Barrancabermeja existen desde hace tiempo estrechos vínculos entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones paramilitares. En 1993, dos oficiales de la Armada presentaron declaraciones escritas a la Fiscalía General de la Nación en las que describieron pormenorizadamente cómo, en 1991, una unidad de los servicios de inteligencia de la Armada colombiana había dado muerte a decenas de personas en Barrancabermeja. Entre las víctimas de la red de inteligencia había trabajadores del CREDHOS --Blanca Cecilia Valero de Durán, Julio Berrío y Ligia Patricia Corte-- periodistas, activistas políticos, profesores y dirigentes sindicales. Según los oficiales de la Armada, los homicidios se planearon y cometieron bajo las órdenes del coronel Rodrigo Quiñones Cárdenas, director del servicio de inteligencia de la Armada de Colombia.
La red de inteligencia no sólo estaba formada por agentes de las fuerzas de seguridad sino también por paramilitares contratados para matar. Un miembro civil de la red de inteligencia describió a las autoridades que investigaban el caso que su labor consistía en «Conseguir información sobre blancos, miembros de grupos subversivos y delincuentes y después matarlos». (Fiscalía General de la Nación, Unidad de Derechos Humanos, Santafé de Bogotá, 1 de noviembre de 1996).
A pesar de los indicios que implicaban al coronel Quiñones y a otros miembros de las fuerzas armadas, el tribunal militar que los juzgó exculpó a los altos cargos de cualquier clase de implicación en los homicidios perpetrados por la red de inteligencia aun cuando las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación establecieron que «denuncias (corroboradas con otras probanzas) señalan inequívocamente al coronel Rodrigo Quiñones como el «gerente» de esta empresa y de todos estos delitos»(5).
Las autoridades colombianas se han abstenido una y otra vez de enfrentarse a los grupos paramilitares de la región del Magdalena Medio o de procesar a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de entrenarlos, apoyarlos o trabajar al unísono con ellos. El resultado es que las fuerzas paramilitares han estrechado el círculo en torno a Barrancabermeja y han iniciado la ofensiva contra la propia ciudad.
Tradicionalmente estas fuerzas paramilitares combinan las incursiones militares esporádicas en la zona seleccionada, con una campaña «intensa» para ganarse a los sectores económicos poderosos y una campaña de terror e intimidación para crear un ambiente de temor y de cerco entre la población general. El primer resultado visible de la campaña paramilitar es que Barrancabermeja está dejando de ser un punto de recepción de desplazados para convertirse en una fuente de desplazamiento.
A fines de abril de 1998 y comienzos de mayo de 1998, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) envió dos informes a los comandantes militares y policiales de Barrancabermeja en los que advertían que las fuerzas paramilitares locales estaban planeando llevar a cabo próximamente una matanza en la ciudad. A pesar del aviso, no se tomó ninguna medida adecuada para impedir el ataque ni hacer frente al grupo paramilitar durante la incursión. Posteriormente, un comandante local llegó hasta a negar que hubiera tenido lugar un ataque paramilitar.
16 DE MAYO DE 1998: ATACAN BARRANCABERMEJA
El sábado 16 de mayo de 1998, la táctica de matar individual y selectivamente que desde hacía tiempo empleaban los grupos armados de la ciudad, fue sustituida por incursiones militares de gran envergadura: grupos paramilitares apoyados por el ejército atacaron barrios controlados por la guerrilla con la intención de extender el terror por la ciudad. Los barrios elegidos eran zonas de influencia del ELN. Las fuerzas de seguridad rara vez se adentran en los barrios controlados por la guerrilla pero ese día, un comandante militar local había ordenado que unidades del ejército y de la policía patrullaran los barrios del nordeste y montaran un puesto de control durante 24 horas en La Y, la ruta de acceso a los barrios surorientales de El Campestre, El Campín, María Eugenia, Nueve de Abril y Villa Arelis en la ruta principal entre Bucaramanga y el centro de Barrancabermeja (véase mapa). Inexplicablemente, las unidades militares y el puesto de control recibieron la orden de volver al cuartel poco antes de las nueve de la noche cuando la fuerza paramilitar entró en la ciudad y pasó por el cruce de La Y en tres camiones para iniciar el asalto a los barrios del sureste.
Los pistoleros, que iban fuertemente armados y vestían ropa civil, y en algunos casos también llevaban capuchas y chalecos antibalas (uno de los chalecos mostraba al parecer una insignia del Departamento Administrativo de Seguridad), se dirigieron primero al bar La Tora en la carretera que lleva al sector Comuna Siete de Barrancabermeja, donde están situados los barrios del sureste. Los hombres armados entraron en el bar y empezaron a atacar a varios clientes, a los que obligaron a salir a la calle pistola en mano. Según informes, a una persona la golpearon hasta dejarla inconsciente y la dejaron por muerta. A dos residentes locales, Juan de Jesús Valdivieso y Pedro Julio Rondón los forzaron a subir a los camiones que transportaban a los paramilitares. Según los testigos, un miembro del grupo paramilitar habló por un radioteléfono portátil para confirmar la identificación de Juan de Jesús: «aquí encontramos a este hijo de puta».
Durante el ataque, los miembros de la fuerza paramilitar, según informes, gritaron a los residentes locales que habían acudido a «poner orden» y profirieron numerosas amenazas: «No saben con quienes se metieron» y «Nos las van a pagar todas».
Después, el grupo paramilitar pasó sin obstáculos al cercano barrio de Campestre, donde secuestraron a Libardo Londoño. A continuación recorrieron el barrio de Minas del Paraíso para llegar a los barrios surorientales. Cuando, aproximadamente a las nueve y cuarto, detuvieron sus vehículos en un extremo del campo de fútbol situado en la intersección de los barrios de María Eugenia, El Campín y Divino Niño, Pedro Julio Rondón intentó huir pero volvieron a capturarlo. Pero se negó a subir de nuevo al camión y dijo «si me van a matar a otra parte, mátenme aquí para que me recojan de una vez», tras lo cual los paramilitares lo degollaron.
Casi quinientos residentes locales estaban participando en una fiesta en la calle en el barrio de Divino Niño. Los pistoleros los rodearon y gritaron «a tierra, guerrilleros hijos de puta». A muchos los golpearon con las culatas de los rifles y les propinaron patadas, y varios fueron forzados a subir a los vehículos de los paramilitares. Cuando el grupo paramilitar aprehendió a Diego Fernando Ochoa, según informes, su hermana gemela Alejandra María Ochoa, lo agarró con fuerza, negándose a que se lo llevaran, por lo que el grupo paramilitar también la secuestró a ella.
Seguidamente, los pistoleros se dirigieron al barrio de Nueve de Abril, donde forzaron a salir a la calle a más personas de dos lugares públicos. Según informes, los paramilitares colocaron la punta de una pistola en la boca de un joven y gritaron «saquen a todos esos guerrilleros hijos de puta». El grupo paramilitar capturó a los que intentaron huir.
Lista de personas secuestradas en los barrios de María Eugenia, El Campín y Divino Niño: Orlando Martínez, Jaime Yesid Peña, José Octavio Osorio, Wilfredo Pérez Serna, José Milton Cañas, Diego Fernando Ochoa López, Alejandra María Ochoa López, Giovanny Herrera, Oswaldo E. Vásquez, Ender González Baena, José Reinel Campos Arévalo, Fernando Landines, Oscar Leonel Barrera, Juan Carlos Rodríguez, Luis Fernando Suárez Suárez y Robert Wells Gordillo.
Personas secuestradas cuyos cuerpos fueron encontrados posteriormente en el barrio de Patio Bonito: José Javier Jaramillo, Eliécer Javier Quintero Orozco y Diomidio Hernández.
Personas asesinadas durante la incursión: Pedro Julio Rondón.
En un momento de la incursión, un residente local, al ver que los pistoleros disparaban contra una casa en la que se habían refugiado algunas personas, les dijo que habían huido a las colinas cercanas, tras lo cual se dice que los paramilitares comenzaron a disparar en dirección al monte. Los disparos se produjeron aproximadamente a unos 130 metros de un puesto militar que protege una instalación eléctrica custodiada por soldados del Batallón 45 «Héroes de Majagual» y el Batallón Los Guanes, del ejército colombiano (véase mapa). A pesar de ello, las fuerzas de seguridad no intervinieron y declararon después que no se habían dado cuenta del ataque.
Tres paramilitares entraron en un callejón cercano donde unas quince personas estaban jugando a un popular juego callejero. Los paramilitares forzaron a todos los presentes a echarse al suelo y los golpearon. A Germán León Quintero, que intentó huir le dispararon en la pierna y después lo arrastraron hasta el lugar donde yacían boca abajo las otras personas. Según los informes, tras preguntar si había algún otro herido, uno de los pistoleros le disparó tres veces a Germán León en la cabeza matándolo instantáneamente. Al hermano de Germán León, Melquisedec Salamanca Quintero lo secuestraron.
Las fuerzas de seguridad ni siquiera intervinieron cuando el grupo paramilitar formó un retén y comenzó a disparar en dirección a la ruta que conducía al distrito de Pozo Siete, (6) a muy poca distancia de un puesto militar y a sólo 500 metros de la base del Batallón de Artillería de Defensa Aérea «Nueva Granada».
A Wilson Pacheco y Ricky Nelson García los forzaron a bajar de sus motocicletas y los golpearon antes de secuestrarlos. El grupo paramilitar entró después en el barrio de Villa Arelys, donde secuestró a Gary de Jesús Pinedo.
El grupo paramilitar también amenazó con secuestrar o matar a las madres y otros familiares que intentaron intervenir para proteger a las personas que estaban siendo secuestradas. Los pistoleros se llevaron a las víctimas en sus vehículos fuera de la ciudad, hacia la zona de Patio Bonito, pasando por segunda vez delante de la base militar de Pozo Siete. A pesar de los gritos de socorro de las personas secuestradas, las fuerzas armadas no hicieron el menor esfuerzo por intervenir.
Inmediatamente después del ataque, los familiares de las personas secuestradas denunciaron el ataque a las autoridades policiales de Barrancabermeja, al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y al ejército colombiano. A pesar de sus denuncias e indicaciones claras sobre la ruta por la que se había marchado el grupo paramilitar, las fuerzas de seguridad ni siquiera dieron la impresión de que pensaban perseguir a los pistoleros.
Posteriormente, esa misma noche, miembros de un grupo paramilitar entraron en el sector nororiental de la ciudad, en una demostración palpable de la impunidad con la que podían circular por la ciudad, y amenazaron a la población. Entonces, un camión, en el que viajaban entre 10 y 12 hombres fuertemente armados, se detuvo al parecer delante de la casa de Osiris Bayter Ferias, entonces presidenta de la organización de derechos humanos CREDHOS. Mientras el camión estuvo estacionado frente a su casa, el teléfono de su domicilio sonó repetidas veces, pero nadie respondió cuando descolgó el auricular.
Al día siguiente, 17 de mayo, se encontraron en el barrio de Patio Bonito los cadáveres de Nayr Guzmán Eliécer, Javier Quintero Orozco, Diomidio Hernández, José Javier Jaramillo y Luis Jesús Argüello.
Personas secuestradas en el barrio de Nueve de Abril cuyo paradero sigue sin conocerse: Daniel Campos Pérez, Carlos Alaix Prada, Melquisedec Salamanca Quintero, Carlos Escobar, Ricky Nelson García y Wilson Pacheco.
Personas secuestradas cuyos cadáveres fueron hallados posteriormente en el barrio de Patio Bonito: Nayr Guzmán, Luis Jesús Argüello
Personas asesinadas durante la incursión: Germán León Quintero
DATOS DE LAS VÍCTIMAS: LOS 25 «DESAPARECIDOS»
José Milton Cañas Cano de 30 años, contratista/obrero y aficionado a la música y al baile. Siempre dispuesto a organizar campeonatos de tejo(7). Dicen que era una persona muy sociable.
Luis Fernando Suárez Suárez de 18 años, comerciante de profesión. Le gustaba la música y el baile.
Carlos Enrique Escobar Jiménez de 17 años, vivía con sus padres y era aficionado a la música y al baile. Dicen que era un muchacho muy sensible.
Ricky Nelson García de 22 años, era mecánico. Dicen que era un hombre muy apegado a su compañera y a sus hijos.
Oswaldo Enrique Vásquez Q. de 26 años, albañil. Le gustaba el fútbol y dicen que era una persona muy sociable.
Gary de Jesús Pinedo Rangel de 32 años, comerciante. Padre de dos hijos.
Ender González Bahena de 21 años, carpintero. Le gustaba leer e iba a hacer un curso de informática. Según un testigo presencial, el grupo paramilitar lo secuestró por llevar el pelo largo.
Robert Wells Gordillo Solano de 23 años, era ayudante de topografía. Le gustaba jugar al fútbol y al tejo. Coleccionaba llaveros, camisetas de la selección de fútbol de Colombia y carteles. Le gustaba dibujar, escribir y cocinar. Era cristiano.
Wilfredo Pérez Serna de 30 años, panadero de formación, dirigía una empresa que proporcionaba comida a 2.500 niños de las familias pobres de la zona de Comuna 7 de la ciudad de Barrancabermeja. También se desempeñaba como catequista.
Juan Carlos Rodríguez de 23 años, se había alistado al ejército colombiano y cuando lo dejó trabajó como administrador en una granja.
Diego Fernando Ochoa López de 20 años, obrero. Dicen que era una persona alegre, responsable y trabajadora.
Alejandra María Ochoa López madre, de 20 años de edad y hermana de Diego Fernando. Era vendedora y dicen que era una persona muy alegre.
Jaime Yesid Peña Rodríguez de 16 años, participaba activamente en la iglesia evangélica. Pintaba y enseñaba la Biblia en escuelas y clubes. Pertenecía a un grupo de teatro.
Libardo Londoño de 75 años, comerciante local sin afiliación política.
José Reinel Campos de 27 años, guardia de seguridad, padre de dos hijos y sin afiliación política.
Fernando Ardila Landines de 22 años.
Daniel Campo Pérez de 22 años, vivía con su madre en el barrio de Nueve de Abril. Sin afiliación política ni sindical.
Oscar Leonel Barrera de 20 años.
Melquisedec Salamanca Quintero de 29 años, según informes, era secretario en una empresa de transporte. Tenía tres hijos.
Giovanny Herrera de 20 años, albañil.
Carlos Arturo Prada de 35 años, comerciante local, padre de un hijo, aficionado al tejo y al billar.
Wilson Pacheco de 20 años, mecánico, padre de una hija.
José Octavio Osorio de 18 años, peón de albañil. Aficionado a los juegos y a la música.
Orlando Martínez de 27 años.
Juan de Jesús Valdivieso de 20 años, campesino.
Personas secuestradas el 16 de mayo y encontradas muertas posteriormente(8):
Texto original del poema dedicado a José Javier Jaramillo, escrito por un amigo.Diomidio Hernández Pérez - de 20 años, trabajaba de constructor. Le gustaba jugar al fútbol y enseñaba el catecismo. Dicen que era un buen hijo y una persona muy trabajadora.
José Javier Jaramillo Díaz - de 17 años, aficionado a la música y a tocar el tambor. Enseñaba a otros muchachos de los barrios surorientales de Barrancabermeja.
Luis Jesús Argüello - de 23 años, decorador. Era aficionado a la música y los juegos.
Nayr Guzmán - constructor.
Germán León Quintero - de 24 años, hermano de Melquisedec. Empleado de una empresa local.
Pedro Julio Rondón - de 24 años, trabajaba en un garaje. Aficionado al fútbol y sin afiliación política.
Eliécer Quintero - de 22 años, estaba casado y tenía un hijo. Trabajaba como albañil.
LAS SECUELAS: CONMOCIÓN, IRA Y TEMOR
En los días siguientes al ataque, la USO denunció públicamente a las autoridades militares por haber permitido que se cometieran los homicidios y los secuestros, a pesar de haber recibido clara advertencia de la inminente incursión paramilitar. La USO manifestó que el 7 de mayo representantes sindicales se habían reunido con la dirección de ECOPETROL y les contaron que habían recibido información sobre un inminente ataque paramilitar. El 8 de mayo, ECOPETROL informó de estas preocupaciones al comandante de la V Brigada del ejército colombiano y a los comandantes militares de Barrancabermeja. El 14 de agosto de 1998, The Washington Post informó sobre dos comunicados urgentes de los servicios de información que habían sido enviados a fines de abril y comienzos de mayo al Batallón de Artillería de Defensa Aérea «Nueva Granada», con base en Barrancabermeja, para advertirles de un inminente ataque paramilitar.
El 18 de mayo, la USO junto con dirigentes religiosos y otros sectores cívicos de la ciudad organizaron una huelga de cinco días en protesta por las muertes y «desapariciones». La huelga no se desconvocó hasta que el gobierno aceptó crear una Comisión de Investigación para averiguar la suerte que habían corrido los «desaparecidos» e investigar el ataque. La reacción de las fuerzas paramilitares consistió en distribuir folletos en los que se declaraba a los organizadores de la huelga «objetivos militares». Las amenazas paramilitares también se reprodujeron en las paredes de varias partes de la ciudad.
Hasta el 4 de junio de 1998 no se hizo pública ninguna información sobre la suerte corrida por los «desaparecidos». El entonces Comisionado por la Paz, José Noé Ríos, indicó que el 26 de mayo el Defensor del Pueblo en funciones(9), Dr. Nelson Caicedo había recibido una carta del dirigente paramilitar Carlos Castaño(10) en la que le comunicaba que el ataque lo había llevado a cabo un grupo paramilitar autodenominado Autodefensas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC). El 28 de mayo, el entonces presidente de la República Ernesto Samper Pizano pronunció un discurso en Barrancabermeja en el que declaró que el gobierno había descubierto al responsable del ataque y estaba intentando averiguar si las personas secuestradas seguían vivas. La tarde del 3 de junio, el presidente recibió una declaración escrita de las AUSAC, que al día siguiente hizo pública la Comisión de Investigación: «Queda claro que los 25 retenidos el 16 de mayo en Barranca[bermeja] eran subversivos del ELN y EPL. Los retenidos fueron escuchados y sometidos a juicio y sus cadáveres fueron incinerados.»
En el texto, el grupo paramilitar negó haber secuestrado a Robert Wells Gordillo y Oswaldo Enrique Vásquez Quiñones.
Tras la publicación de la declaración, los familiares de los «desaparecidos» exigieron la devolución de los cuerpos de las víctimas. El 8 de junio, al no habérseles concedido su petición, los familiares celebraron un funeral simbólico por los «desaparecidos» con ataúdes vacíos con las fotografías de las víctimas.
El 24 de agosto de 1998, la revista Semana publicó una entrevista con Camilo Aurelio Morantes, comandante de las AUSAC, en la que admitía que dicho grupo era responsable del ataque paramilitar llevado a cabo el 16 de mayo. Según el dirigente paramilitar, a las víctimas se las mató entre ocho y 15 días después del secuestro en virtud de las supuestas pruebas recopiladas en contra de ellas. El comandante afirmó que todos los «desaparecidos» tenían «vínculos con las milicias populares de Barrancabermeja», vínculos que las AUSAC habían podido demostrar mediante su propio trabajo de inteligencia.
Según el artículo, el comandante paramilitar manifestó que algunos de los cadáveres habían sido incinerados mientras que otros habían sido arrojados al río Magdalena. También dejó claro que las AUSAC continuarían la ofensiva contra Barrancabermeja: «Seguiremos nuestro accionar porque hoy más que nunca la opinión pública, el gobierno y los estamentos de seguridad del Estado saben que en esta ciudad está latente la presencia de la guerrilla. Estamos haciendo inteligencia y tenemos ubicados varios lugares donde es clara la presencia de bandoleros».
Según las informaciones de prensa(11), el 20 de mayo de 1998, cien miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Policía Judicial (CTI) localizaron el rancho en las afueras de Barrancabermeja donde, según los informes, los paramilitares habían llevado a los secuestrados. Las informaciones indicaban que el CTI había recibido órdenes de Bogotá de retirarse y no asaltar el rancho dado que la vida de los agentes podría haber estado en peligro.
INVESTIGACIONES SOBRE LA MATANZA
El 4 de junio de 1998, el gobierno colombiano promulgó el decreto 1015 por el que se creaba la Comisión de la Verdad, que debía velar por que se avanzara en las investigaciones penales y disciplinarias sobre el ataque paramilitar llevado a cabo el 16 de mayo de 1998.
Las investigaciones disciplinarias
El 31 de julio de 1998, la Comisión presentó su informe final en una reunión a la que acudieron representantes de organizaciones no gubernamentales y representantes estatales. La Comisión informó de que la Procuraduría General de la Nación (12) había iniciado investigaciones disciplinarias oficiales en las que se implicaba a nueve miembros de las fuerzas de seguridad. Las investigaciones disciplinarias se centraron en estas cuestiones:
si los acusados eran responsables de omisión del deber al no haber tomado las medidas adecuadas para impedir el ataque visto que habían recibido un informe de los servicios de información en el que se advertía de una inminente incursión paramilitar;
si habían o no habían visto la operación paramilitar en zonas fuertemente militarizadas de la ciudad;
si habían o no habían oído disparos de arma de fuego la noche del 16 de mayo;
si cuando las fuerzas de seguridad se dieron cuenta de la operación militar se habían o no se habían dado pasos para hacer frente al grupo paramilitar;
si se habían o no se habían tomado medidas adecuadas para intentar salvar a las personas secuestradas.
En diciembre de 1998 se informó de que la Procuraduría General de la Nación iba a presentar cargos disciplinarios contra cuatro miembros del ejército colombiano, tres agentes de policía y dos miembros del Departamento Administrativo de Seguridad por omisión del deber. Según un artículo publicado en The Washington Post, los investigadores oficiales llegaron a la conclusión de que nueve soldados pertenecientes al Batallón de Artillería de Defensa Aérea «Nueva Granada» dejaron pasar a cuatro vehículos de los paramilitares en un puesto de control del ejército antes y después del ataque. Sin embargo, ninguna de las personas sometidas a investigación disciplinaria ha sido relacionada oficialmente con las investigaciones penales sobre el ataque. Asimismo, se carece de información oficial sobre los motivos por los que el puesto de control de 24 horas en el cruce La Y fue retirado repentinamente poco antes de la incursión paramilitar.
Las investigaciones penales
La Comisión también informó de que la Fiscalía General de la Nación (13) había iniciado procedimientos penales contra un miembro de las fuerzas de seguridad por su presunta participación directa con las AUSAC en el ataque paramilitar y que se había dictado una orden de detención contra un miembro de las AUSAC.
El 14 de agosto de 1998, El Espectador informó de que la Fiscalía General de la Nación había emitido una orden de detención contra un cabo adscrito al Batallón de Artillería de Defensa Aérea «Nueva Granada» por su presunta participación directa en el ataque paramilitar. Aunque el cabo fue inicialmente la única persona investigada a la que se había puesto bajo custodia, Amnistía Internacional ha sabido que el 30 de marzo de 1999 quedó en libertad bajo fianza. El sospechoso tuvo que pagar una irrisoria fianza, equivalente a unos 150 dólares estadounidenses, a pesar de que según el testimonio de los testigos presenciales había participado directamente en el ataque paramilitar.
Los testigos y los investigadores se convierten en blanco
En los meses siguientes a la incursión paramilitar también aumentó la preocupación por la seguridad de las personas que presenciaron el ataque. El 2 de junio de 1998, el fiscal general, Alfonso Gómez Méndez, informó de que algunos de los testigos habían recibido amenazas de muerte y eran reacios a colaborar con las autoridades judiciales, lo que estaba obstaculizando el progreso de la investigación.
El 1 y el 2 de agosto, después de que la Comisión de la Verdad informó de que varios miembros de las fuerzas de seguridad estaban siendo sometidos a investigaciones penales y disciplinarias, los paramilitares mataron a diez personas en varios barrios de Barrancabermeja. Las víctimas fueron: Carlos Zambrano Puertos, Roberto Chica Mejía, Hugo Cadena Martínez, Oscar Ibarra, Richard Vargas Aguilar, Eduardo Angarita Suárez, Pedro Celestino Villamizar, Luis Eugenio Correa, José Alberto Quintero y Luis Antonio Ovalle. Según informes, dos de las víctimas habían presenciado la incursión paramilitar del 16 de mayo y habían prestado declaración a las autoridades encargadas de la investigación.
También se ha informado de que durante las investigaciones penales, varios funcionarios judiciales fueron amenazados de muerte, al parecer, con la intención de detener el progreso de las investigaciones.
Las fuerzas armadas niegan su participación
La participación de las fuerzas armadas en el ataque paramilitar fue desmentida en seguida por altos cargos militares. El general Fernando Millán Pérez, entonces comandante de la V Brigada, a la que le corresponde la jurisdicción militar sobre Barrancabermeja, manifestó al parecer que el ataque podía haber sido el resultado de combates internos entre facciones de la guerrilla urbana de Barrancabermeja, aunque reconoció que los resultados de las investigaciones estaban pendientes de conocerse (El Colombiano, 18 de mayo de 1998).(14)
El entonces comandante de las fuerzas armadas colombianas, general Manuel José Bonnett, negó toda participación militar en el ataque paramilitar: «No tengo que dar explicaciones, ni lavar la imagen del Ejército, por hechos en los cuales nada tiene que ver». (El Tiempo, 8 June 1998).
NUEVAS ACCIONES Y AMENAZAS PARAMILITARES
Mientras los comandantes militares negaban las acusaciones sobre la participación de las fuerzas de seguridad en el ataque paramilitar, las personas que habían denunciado tal participación empezaron a recibir amenazas de muerte. En los meses siguientes al ataque, las AUSAC vertieron amenazas contra la población civil de Barrancabermeja. Los destinatarios principales fueron el CREDHOS, la USO, los activistas populares, entre ellos los organizadores de la huelga y el coordinador de la Coordinadora Popular(15). La intención era evidentemente aterrorizar a la población para silenciarla y destruir a las organizaciones populares convirtiéndolas en blancos de la campaña de contrainsurgencia contra Barrancabermeja.
En junio de 1998, un comunicado emitido por las AUSAC declaró objetivos militares tanto a la entonces presidenta del CREDHOS, Osiris Bayther, como al presidente de la USO:
Conscientes del grave daño que usted, Osiris Bayther, ocasiona con su labor en beneficio de la guerrilla y en desmedro de los Derechos Humanos, le anunciamos que hemos decidido declararla objetivo militar, así como al señor Hernando Hernández Pardo, Presidente de la USO.
Tras recibir amenazas de esta índole a lo largo de varios meses, Osiris Bayther se vio obligada a abandonar su país para preservar su propia seguridad.
El 12 de julio de 1998, fuerzas paramilitares de las AUSAC irrumpieron en el barrio de Primero de Mayo y reunieron a un grupo de 15 jóvenes. Los paramilitares manifestaron a los presentes que tenían una lista negra con 40 personas a las que iban a matar. Después, según informes, los pistoleros mataron a tiros a Henry de Jesús González Valencia, albañil y padre de dos hijos. Durante la incursión, el grupo paramilitar distribuyó folletos de su organización que decían: «Advertimos de manera terminante a la comunidad de Barrancabermeja que a partir de este momento se convierte en objetivo militar cualquier persona que de manera directa o indirecta, colabore con la delincuencia narco-guerrilla».
En agosto resurgió el temor a que se produjera un ataque paramilitar tras filtrarse un informe oficial del servicio de información de la policía en el que se indicaba que el 22 de agosto de 1998 iba a tener lugar otra incursión paramilitar. Según el documento, con fecha del 9 de agosto de 1998, el ataque lo llevarían a cabo las fuerzas de las AUSAC. Ochenta hombres fuertemente armados entrarían por el sector noreste de Barrancabermeja. Al parecer, los paramilitares tenían una lista negra. Según el documento, las AUSAC también planeaban entrar en los barrios de La Esperanza y Primero de Mayo para llevar a cabo varios asesinatos selectivos.
En las semanas siguientes a la incursión paramilitar de mayo, circularon nuevas amenazas de muerte de las AUSAC en relación con la actividad guerrillera y acusando a la USO, al CREDHOS y a la Coordinadora Popular de ser «organizaciones para-guerrilleras». En las amenazas de muerte se dice a los habitantes de Barrancabermeja que con su ayuda «exterminaremos a esa plaga de delincuentes guerrilleros».
En octubre de 1998, la Unión Central de Comités y Asociaciones de Desempleados de Barrancabermeja (UCCADB) informó a la Defensoría del Pueblo de que las AUSAC habían acusado a los comités y asociaciones de desempleados de tener vínculos con las fuerzas de la guerrilla. Las AUSAC enviaron cartas a varios empresarios de Barrancabermeja en las que les prohibían que emplearan a trabajadores pertenecientes a las asociaciones o comités de desempleados.
Aunque la matanza anunciada para el 22 de agosto no se perpetró, sí se produjeron incursiones militares los días 19 y 20 de septiembre. En torno a las ocho y media de la tarde, aproximadamente cincuenta hombres fuertemente armados entraron en los barrios nororientales de Danubio, Boston, 20 de Agosto y San Pedro. Forzaron a muchos residentes de la zona a que se arrodillaran, los acusaron de ser colaboradores de la guerrilla y amenazaron con matarlos. Según informes, los pistoleros entraron en estos barrios tras recorrer libremente el barrio de Rafael Rangel, donde están situadas las bases militares de los Comuneros y del Batallón «Héroes de Majagual». El grupo paramilitar bloqueó la entrada y los puntos de salida a los barrios de Danubio, Boston y 20 de Agosto y colocó un retén. A pesar de que la incursión duró hasta aproximadamente las diez de la noche, las fuerzas de seguridad no hicieron el menor esfuerzo por intervenir. A las once y media, el grupo paramilitar entró en los barrios de Chicó, Santa Ana y Miraflores donde también amenazaron a los residentes. Al día siguiente, se informa, el grupo paramilitar entró en los barrios de El Seminario y Nueva Esperanza, donde intimidaron a los residentes, sin que tampoco en este caso las fuerzas de seguridad intentaran intervenir.
El 30 de enero de 1999 se produjeron nuevas incursiones paramilitares. Un grupo de pistoleros fuertemente armados montados en dos camiones entraron en los barrios de Primero de Mayo y Las Américas y se identificaron como miembros de las AUSAC. Según informes, amenazaron a los residentes antes de marcharse. El jefe de policía de Barrancabermeja manifestó que la policía iba a «realizar operativos de seguridad en las zonas nor y surorientales para truncar acciones de cualquier grupo al margen de la ley, eso sí contando con la colaboración de la ciudadanía».
El 28 de febrero de 1999, hacia las cinco de la tarde, veinte paramilitares entraron en el sector noreste de Barrancabermeja. Durante la incursión mataron a José Dario Sánchez y Orlando Forero Tarazona e hirieron a otra persona en la carretera que conducía a los barrios de Candelaria, Chapinero, El Chicó, El Triunfo y Provivienda. Los paramilitares mataron a Israel Ariza aproximadamente a las cinco y veinte en el barrio de Versalles. En el barrio de Ramaral, se dice que el grupo paramilitar secuestró a Edgar Alfonso Sierra Sindrai, escolar miembro del movimiento juvenil de la Organización Femenina Popular (OFP), organización no gubernamental de ámbito regional. Cerca del barrio de San Silvestre, el grupo paramilitar mató a Leonardo Guzmán y a escasa distancia del lugar a José Darío Hernández. Según informes, el grupo paramilitar colocó un retén cerca del bar El Rancho donde los pistoleros dieron el alto a aproximadamente treinta vehículos y secuestraron y después mataron a William Rojas y Oscar Manuel Barroso. El grupo paramilitar mató a Jesús Manuel Gil a poca distancia del retén.
Según informes, al salir de la ciudad, el grupo paramilitar pasó por un puesto de control militar del Batallón 45 de «Héroes de Majagual» situado en la comunidad de Pénjamo. Los soldados permitieron pasar sin obstáculos al vehículo paramilitar y posteriormente manifestaron a la policía que los miembros del grupo paramilitar se habían identificado como agentes de la policía judicial. En un artículo aparecido en la prensa se informaba de unas declaraciones de un portavoz de la V Brigada en las que negaba que el grupo paramilitar hubiera pasado por ningún puesto de control militar (Reuters, 1 de marzo de 1999).
Según informes, en la madrugada del 1 de marzo, Parmenio Terraza Zuleta y Miguel Ángel Cifuentes fueron secuestrados cerca de las oficinas del CREDHOS. El cuerpo de Parmenio Terraza Zuleta fue descubierto al día siguiente cerca del barrio de La Paz. El paradero y la suerte de Miguel Ángel Cifuentes y Edgar Alfonso Sierra Sindrai continúan sin conocerse.
La noche del 5 de marzo de 1999, Pablo Javier Arenales, empleado del CREDHOS, se salvó por poco de un atentado contra su vida. El incidente ocurrió cuando se detuvo en un restaurante al volver a casa. Estaba delante del mostrador cuando oyó que paraba una motocicleta. Al echar una ojeada alrededor vio que el pasajero de la motocicleta sacaba una pistola, por lo que saltó por encima del mostrador y corrió a la parte trasera del restaurante para ocultarse. Al entrar en el restaurante el pistolero manifestó: «¿Dónde está ese hijueputa?». Afortunadamente, no lo encontró y logró escapar ileso.
El 18 de marzo de 1999, la policía detuvo a un desertor de las FARC conocido como «El Panadero» que ahora trabajaba con las AUSAC por su participación en la incursión paramilitar del 28 de febrero de 1999. Se le conocía por el sobrenombre de «El Panadero». Se encuentra detenido en prisión preventiva en espera del resultado de las investigaciones. Las autoridades judiciales que investigan la incursión paramilitar del 16 de mayo de 1998 han solicitado, según informes, el derecho a investigar oficialmente la posible implicación de El Panadero en dicho ataque.
LAS ACTIVIDADES DE LA GUERRILLA Y DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD AUMENTAN LA TENSIÓN
Mientras las reiteradas amenazas e incursiones paramilitares aumentaban la tensión en Barrancabermeja, la actuación de las fuerzas de seguridad y de los grupos guerrilleros contribuían notablemente a empeorar el clima de inseguridad. El 22 de septiembre, el CREDHOS emitió una declaración pública en la que condenaba el aumento de las violaciones de derechos humanos y de vulneraciones del derecho internacional humanitario y pedía a las organizaciones paramilitares y a las fuerzas de la guerrilla que no involucraran a la población civil en el conflicto y que pusieran fin a los homicidios y a las amenazas contra la población civil. Asimismo, la organización de derechos humanos pidió a las fuerzas armadas que se abstuvieran de adoptar cualquier medida que pudiera beneficiar a la actividad paramilitar o que constituyera violación del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos.
Acciones de la guerrilla
Las fuerzas de la guerrilla y las milicias urbanas vinculadas a las organizaciones guerrilleras de Barrancabermeja han cometido numerosas ejecuciones deliberadas y arbitrarias de personas que consideraban colaboradoras o simpatizantes de los militares o paramilitares, incluso de mujeres jóvenes que se relacionaban con miembros de las fuerzas de seguridad. También han cometido otras violaciones graves del derecho internacional humanitario como operaciones de «limpieza social» consistentes en el asesinato de personas a las que consideraban pequeños delincuentes u otros «indeseables» sociales. Las fuerzas de la guerrilla de la ciudad también han secuestrado y extorsionado repetidamente a la comunidad empresarial, a cuyos miembros es habitual que amenacen con secuestrar o matar si no atienden sus demandas.
El 8 de noviembre de 1998, entre las ocho y las ocho y media de la tarde, tres estudiantes --Adriana Hostía Mantilla, de 17 años, su hermano, Robert Hostía Mantilla, de 19 años, y José Benjamín Gómez Mojato, de 29 años--, y Carmenza Arias Fonseca, de 52 años, fueron asesinados en el barrio de Primero de Mayo, Barrancabermeja. Junto al cadáver de José Benjamin se dejó una nota que decía «Por Sapos».(16) Al parecer, los responsables fueron las milicias urbanas.
Los ataques de la guerrilla contra las fuerzas de seguridad o sus instalaciones en zonas densamente pobladas han puesto muchas veces a la población civil en peligro. El 31 de mayo de 1998, a las seis y media de la mañana, explotó una bomba en el barrio de Primero de Mayo
. Se creía que había sido colocada por miembros de una organización guerrillera y que presuntamente tenía por objetivo un convoy militar. La explosión se cobró la vida de Serafín Jiménez Alemán, Wilmar Moreno Gómez y Andrés Díaz Cárdenas. El 5 de junio de 1998, las fuerzas de la guerrilla atacaron un destacamento militar perteneciente al Batallón «Nueva Granada» emplazado en la Empresa de Acueducto de Barrancabermeja (EDASABA). El puesto militar está situado justo enfrente de los barrios de Boston, 20 de Agosto y Danubio y varios civiles resultaron heridos cuando los militares respondieron a los disparos. El riesgo para la vida de los civiles aumentó notablemente a causa de la presencia de un depósito de gas propano situado en la línea de fuego.Acciones de las fuerzas de seguridad
Al patrullar por Barrancabermeja, las fuerzas de seguridad han amenazado muchas veces a las personas que consideran miembros o simpatizantes de la guerrilla. Numerosos residentes han denunciado haber sido amenazados por las fuerzas de seguridad en las declaraciones realizadas al CREDHOS y a la Defensoría del Pueblo, tanto antes como después de la incursión paramilitar del 16 de mayo.
El 7 de octubre de 1998, varios residentes de los barrios de Los Álamos y Villafauda denunciaron haber sido amenazados por miembros del Batallón 45. Una mujer describió cómo el 6 de octubre varios miembros de dicho batallón entraron en su casa en el barrio de Villafauda en compañía de un civil que señaló al compañero de la mujer al que, acto seguido, los soldados ataron, arrojaron al suelo y golpearon al tiempo que la interrogaban a ella sobre armas.
Otra mujer, vecina del mismo barrio, denunció que miembros del Batallón 45 irrumpieron en su casa y ordenaron a su hijo de 14 años y a su esposo que se arrodillaran. Según parece, ante la negativa del esposo a hacerlo por motivos de salud, los soldados amenazaron con matarlo y a continuación amenazaron con matar a toda la familia si no admitían que pertenecían a la guerrilla y entregaban las armas.
Un vecino del barrio de Los Álamos denunció que unos 60 miembros del Batallón 45 habían asaltado su casa. Según su testimonio, a los soldados los acompañaban dos civiles que iban señalando las casas que debían registrarse. Los soldados forzaron a los integrantes de la familia a arrodillarse y los golpearon. Los soldados detuvieron al yerno del vecino y acusaron a la familia de colaborar con la guerrilla. Después amenazaron con matar a dos de sus hijos, menores, acusándolos de estar en contacto con las fuerzas de la guerrilla.
LA ACTIVIDAD PARAMILITAR SE INTENSIFICA EN LAS REGIONES QUE RODEAN BARRANCABERMEJA
A mediados de 1998, los dirigentes paramilitares nacionales lanzaron una ofensiva en el sur del departamento de Bolívar. La ofensiva paramilitar comenzó en junio en los municipios de Simití y Santa Rosa del Sur, ubicados al norte de Barrancabermeja, en la región meridional del departamento de Bolívar. Los pistoleros, que llevaban una lista negra, mataron al menos a dos miembros de la comunidad y amenazaron al resto. Según informes, su mensaje fue: «Ésta va a ser la masacre del año» y «Tenemos que entrar a Simití, Santa Rosa y todo esto de aquí arriba porque o se queda la guerrilla o nos quedamos nosotros». Los ataques se llevaron a cabo a pesar de la fuerte presencia militar en la zona.
Esta incursión anunció el comienzo de una operación paramilitar en el sur del departamento de Bolívar durante la cual más de seis mil campesinos y mineros de los municipios de San Pablo, Simití, Santa Rosa y Cantagallo tuvieron que huir de sus hogares y buscar refugio en Barrancabermeja. La tradicional solidaridad de la ciudad quedó desbordada a medida que los desplazados ocupaban las bibliotecas, los colegios y otros edificios públicos. Las demandas de los desplazados incluían que el gobierno les proporcionara ayuda humanitaria y tomara medidas eficaces para garantizar su regreso en condiciones de seguridad a las tierras que les habían forzado a abandonar.
Representantes de las personas desplazadas junto con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos se reunieron con representantes estatales durante varias semanas de intensas negociaciones para debatir estas cuestiones. El 4 de octubre de 1998, como parte de la Mesa Regional del Magdalena Medio de Trabajo por la Paz, el nuevo gobierno de Andrés Pastrana se comprometió a tomar una serie de medidas para garantizar el regreso de los desplazados a sus tierras en condiciones de seguridad. Una parte fundamental del acuerdo incluía la creación de un Bloque de Búsqueda para combatir a los grupos paramilitares de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Bolívar, Cesar, Santander y Sucre. Se encomendó, además, al vicepresidente Gustavo Bell que elaborara, en el plazo de tres meses, una estrategia para combatir el paramilitarismo.
Muchos de los desplazados comenzaron a regresar al sur del departamento de Bolívar al poco de la firma del acuerdo. Sin embargo, pronto se puso de manifiesto que no se había tomado ninguna medida real para combatir a los grupos paramilitares de la región del Magdalena Medio. Una comisión especial de verificación, creada durante las negociaciones, visitó el sur del departamento de Bolívar para evaluar las condiciones de seguridad y halló que la presencia paramilitar no sólo continuaba siendo fuerte, sino que había indicios claros de una abierta connivencia con las fuerzas de seguridad regulares. Una delegación de Amnistía Internacional que visitó la zona en octubre de 1998 también pudo comprobar el incumplimiento de las promesas gubernamentales de actuar contra las fuerzas paramilitares. El 4 de noviembre, las fuerzas paramilitares mataron cerca de la ciudad de San Pablo a tres líderes locales de los campesinos que habían huido a Barrancabermeja. El resto de los representantes de los desplazados tuvieron que ocultarse.
En enero de 1999, el gobierno del presidente Andrés Pastrana presentó su política para combatir a los grupos paramilitares, entre cuyas medidas figuraba la creación del Comité Técnico de Planeación y Análisis de Inteligencia, que se encargaría de recopilar información sobre dichos grupos. Asimismo se anunció que las fuerzas armadas fortalecerían sus operaciones contra las fuerzas paramilitares.
En marzo de 1999, el CREDHOS manifestó que seguía sin tener constancia de la existencia del Bloque de Búsqueda. Se informa de que ese mismo mes las fuerzas paramilitares mataron a 14 personas en San Pablo. Los testigos declararon que la policía se encerró en la comisaría y dejó totalmente desprotegida a la población civil. Posteriormente, la policía declaró que había pensado que se trataba de un ataque de la guerrilla.
Durante los últimos años, los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación se han quejado de la falta de apoyo que las fuerzas de seguridad han prestado a sus esfuerzos por detener a los miembros de los grupos paramilitares. La nueva política anunciada por el gobierno no ha mejorado la situación. En una entrevista concedida a The Miami Herald (23 de febrero de 1999), el Fiscal General, doctor Alfonso Gómez Méndez, señaló que se habían dictado más de trescientas órdenes de detención contra paramilitares, órdenes que seguían sin ejecutarse, e insinuó que la responsabilidad recaía sobre las fuerzas de seguridad. En El Espectador también se citaron unas declaraciones suyas según las cuales: «Lo que pasa es que nosotros nos encontramos con el cuello de botella de que libramos las órdenes de captura, pero no puedo aspirar a que tres o cuatro hombres del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Policía Judicial penetren a los sitios en donde se encuentren las autodefensas para capturarlos».
Si las fuerzas armadas no cooperan plenamente en las investigaciones penales sobre el ataque llevado a cabo el 16 de mayo y las posteriores incursiones paramilitares, las posibilidades de que los responsables sean llevados ante los tribunales son escasas. El hecho de que el gobierno no haya disuelto hasta la fecha a los grupos paramilitares de la región del Magdalena Medio deja a Barrancabermeja y sus alrededores expuestos a nuevos ataques. La falta de medidas decididas contra estos grupos también deja a los familiares de las víctimas con escasas esperanzas de lograr averiguar la verdad sobre lo que les había ocurrido a las personas secuestradas o «desaparecidas».
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A pesar de las protestas que suscitó, tanto dentro como fuera del país, la matanza cometida el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, el gobierno de Colombia no ha tomado medidas decididas para investigar exhaustivamente la «desaparición» de 25 personas y la ejecución extrajudicial de otras siete. El hecho de que no se haya investigado exhaustivamente el ataque ni se haya procesado a los responsables, ha alentado a las fuerzas paramilitares a continuar cometiendo violaciones de derechos humanos en Barrancabermeja y sus alrededores con el apoyo o la connivencia de las fuerzas armadas.
Por ello, Amnistía Internacional recomienda a las autoridades colombianas que:
lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre la «desaparición» de veinticinco personas y la ejecución extrajudicial de otras siete el 16 de mayo de 1998 durante una incursión paramilitar en Barrancabermeja con el fin de averiguar el paradero de los «desaparecidos» y hacer comparecer a los responsables ante los tribunales. Las conclusiones de estas investigaciones deben hacerse públicas;
hagan pública cualquier información relativa al caso recopilada hasta la fecha por las autoridades judiciales, y si las autoridades tuvieran conocimiento del paradero de las personas «desaparecidas», lo comuniquen a los familiares de las víctimas;
lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las otras incursiones llevadas a cabo por las fuerzas paramilitares en Barrancabermeja, en el curso de las cuales se han proferido amenazas de muerte y se han cometido otros homicidios (citados supra), así como sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Las conclusiones de estas investigaciones han de hacerse públicas y los responsables deben comparecer ante los tribunales;
lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los vínculos entre los grupos paramilitares que actúan en la región del Magdalena Medio y las fuerzas de seguridad y garanticen que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de entrenar, apoyar y colaborar con estos grupos son procesados;
suspendan inmediatamente del servicio activo a cualquier agente de las fuerzas de seguridad implicado en violaciones de derechos humanos y en actividades paramilitares hasta que la investigación pertinente determine su culpabilidad o inocencia;
tomen medidas inmediatas, en consonancia con el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para desmantelar los grupos paramilitares. Tales medidas estarían en sintonía con las reiteradas recomendaciones hechas por las Naciones Unidas al gobierno de Colombia en los informes de 1998 y 1999 de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos(17);
tomen medidas eficaces, que las propias personas amenazadas consideren adecuadas, para garantizar la seguridad de los trabajadores del CREDHOS y ASFADDES(18) y de los miembros de la Coordinadora Popular que han pedido que se investigue exhaustiva e imparcialmente el ataque del 16 de mayo de 1998. Estas medidas estarían en sintonía con las reiteradas recomendaciones hechas por las Naciones Unidas al gobierno de Colombia, las más recientes de las cuales son las incluidas en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de 1998 y 1999;
tomen medidas eficaces para garantizar tanto la seguridad de los testigos del ataque del 16 de mayo y de las incursiones paramilitares posteriores, como la cooperación total de todos los agentes estatales con las autoridades judiciales que están investigando la incursión.
tomen medidas eficaces para proteger a la población civil de Barrancabermeja de nuevos ataques paramilitares.
Amnistía Internacional recomienda a los grupos armados de oposición que se comprometan públicamente a respetar las normas internacionales humanitarias y a impedir que sus miembros cometan nuevos abusos. Amnistía Internacional recomienda específicamente a los grupos armados de oposición que:
se comprometan a no dar nunca muerte a los prisioneros, a los heridos y a las personas que se rindan, sean civiles o miembros de las fuerzas armadas, sino a tratarlos con humanidad;
se comprometan a no cometer homicidios deliberados y arbitrarios de no combatientes en ninguna circunstancia;
garanticen que ningún cautivo es retenido como rehén y tomen medidas inmediatas para identificar a las personas que puedan estar recluidas como rehenes y se aseguren de que se las pone en libertad inmediatamente;
garanticen que las personas sospechosas de haber cometido u ordenado abusos como homicidios deliberados y arbitrarios, toma de rehenes o tortura o malos tratos de los cautivos, son apartados de los puestos de responsabilidad y de toda función que las ponga en contacto con los prisioneros o con otras personas susceptibles de sufrir abusos.
Amnistía Internacional recomienda a la comunidad internacional que inste al gobierno colombiano a cumplir estas recomendaciones, y mantenga bajo observación los esfuerzos del gobierno colombiano por cumplirlas. A este fin, Amnistía Internacional recomienda que, entre otras cosas, la comunidad internacional mantenga estrechos contactos con las organizaciones no gubernamentales regionales y nacionales del país.
Asimismo, en cualquier contacto con representantes de grupos guerrilleros, los gobiernos deben insistir en que dichos grupos respeten el derecho internacional humanitario y específicamente las recomendaciones mencionadas supra.
1. Los grupos paramilitares apoyados por el ejército han sembrado el terror en las zonas rurales de Colombia desde hace más de una década, durante la cual han cometido torturas, homicidios y «desapariciones» con una impunidad prácticamente total. La aparición de estas organizaciones paramilitares supuestamente independientes a comienzos de los años ochenta coincidió con un aumento espectacular de las «desapariciones» y los homicidios políticos. Muchos de los grupos paramilitares tienen su origen en los grupos civiles de autodefensa creados por el ejército como fuerzas auxiliares durante las operaciones de contrainsurgencia. Los comandantes de las brigadas del ejército y las unidades de inteligencia adscritas a las brigadas y batallones de las zonas conflictivas reclutaron, armaron, adiestraron y apoyaron a grupos paramilitares de «autodefensa» mientras los grandes terratenientes, los empresarios industriales, los políticos regionales y posteriormente los narcotraficantes, les dieron su apoyo económico. La Ley 48 de 1968 dotaba de una base legal la formación de grupos paramilitares de «autodefensa» al proporcionar a las fuerzas armadas el derecho a armar a los civiles y a crear grupos de defensa campesina. En 1989, el gobierno de Colombia suspendió la base constitucional para la formación de los organizaciones paramilitares y ordenó a las fuerzas armadas que combatieran y desmantelaran estos grupos; sin embargo, continúan funcionando en muchas zonas del país con el apoyo de las fuerzas de seguridad.
2. Un elemento clave de la impunidad de la que disfruta el Ejército colombiano es el sistema de justicia militar. Muchas veces, tanto las autoridades judiciales civiles como el sistema de justicia militar inician investigaciones penales sobre violaciones de derechos humanos. Cuando los funcionarios judiciales civiles identifican y acusan a miembros de las fuerzas de seguridad, las autoridades militares suelen reclamar jurisdicción completa sobre las investigaciones. Cuando las autoridades judiciales civiles recurren contra la reclamación de jurisdicción de los tribunales militares, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura pronunciarse de forma definitiva sobre la cuestión. En los casos de violación de derechos humanos, el Consejo generalmente se ha pronunciado en favor de la jurisdicción militar que por lo general ha retirado los cargos o absuelto a los responsables. El 5 de agosto de 1997, la Corte Constitucional definió los límites de la jurisdicción militar sobre los delitos cometidos por personal militar. La Corte Constitucional consideró que las violaciones de derechos humanos como las «desapariciones», la tortura, el asesinato y la violación no podían considerarse actos de servicio y, por consiguiente, debían quedar incluidos dentro de la jurisdicción del sistema de justicia civil. Altos cargos de las fuerzas armadas anunciaron su intención de recurrir contra el fallo de la Corte Constitucional. Si bien se ha dado traslado de algunas causas a la jurisdicción civil, las cortes militares se han abstenido de hacerlo con algunas de las investigaciones actualmente en marcha.
3. En el pasado, muchas de las personas cuyos nombres figuraban en este tipo de listas han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares.
4. Véanse por ejemplo, los documentos de Amnistía Internacional titulados Colombia. Aumenta la violencia en el departamento de Norte de Santander y en el sur del departamento de Cesar (Índice AI: AMR 23/37/95/s, de agosto de 1995); Colombia. Homicidios políticos y tortura en el municipio de Simacota, Santander (Índice AI: AMR 23/03/96/s, de febrero de 1996), y Hacienda Bellacruz: Tierra, violencia y fuerza paramilitar (Índice AI: AMR 23/06/97s, de febrero de 1997).
5. Según la última información recibida por Amnistía Internacional en relación con esta causa, las autoridades judiciales estaban tomando medidas para recurrir contra el fallo del sistema de justicia militar que en el pasado ha protegido sistemáticamente la impunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en casos de violaciones de derechos
humanos a pesar de la existencia en numerosas ocasiones de indicios razonables.
6. Según algunos informes sin confirmar otras siete personas fueron secuestradas en el retén.
7. Juego popular colombiano.
8. La Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía ha informado sobre otras cuatro muertes como consecuencia de la incursión paramilitar llevada a cabo por los paramilitares el 16 de mayo de 1998: Jaime Antonio Monroy Arias, Eulises Sánchez Flor, Higia de los Milagros Noguera Ayala y Carmen Vergara Guzmán.
9. La Defensoría del Pueblo fue creada en la Constitución de 1991 y forma parte del Ministerio Público. Al Defensor lo eligen miembros del Congreso entre una lista de candidatos propuestos por el presidente. Según la Constitución, una de las funciones del Procurador General es «Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo.» Por su parte, el Defensor «velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos». Carece de funciones de investigación.
10. Carlos Castaño es el dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC), alianza nacional de grupos paramilitares.
11. El Espectador, 30 de octubre de 1998.
12. La Procuraduría General de la Nación investiga las denuncias sobre conducta indebida, entre ellas las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios públicos. Su poder se reduce a establecer responsabilidades y a imponer sanciones disciplinarias, y aunque no puede presentar cargos penales puede remitir las causas a las autoridades judiciales para que las investiguen. Este organismo ha desempeñado una función importante en revelar las reiteradas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y ha impuesto sanciones disciplinarias a algunos miembros de las fuerzas de seguridad responsables de graves violaciones de derechos humanos.
13. La Fiscalía General de la Nación es la encargada de investigar y procesar todos los delitos cometidos en Colombia, incluidas las violaciones de derechos humanos. La Fiscalía ha desempeñado una labor importante en la investigación de las violaciones de derechos humanos, en particular a través de su Unidad Especializada de Investigaciones sobre las Violaciones de los Derechos Humanos, creada en septiembre de 1995.
14. En abril de 1999, el gobierno expulsó del ejército al general Millán y a otro alto mando militar por sus presuntos vínculos con organizaciones paramilitares. El general Millán está siendo sometido a una investigación penal por su presunta participación en la formación de grupos paramilitares en el municipio de Lebrija, un área que coincide con la zona de actuación de las AUSAC. Según la información aparecida en El Espectador el 9 octubre de 1998, las investigaciones iniciadas por la Fiscalía apuntan a que el centro de operaciones del comandante de las AUSAC Camilo Morantes está en San Juan de Lebrija, municipio de Lebrija. En agosto de 1998 se informó de que un coronel adscsrito al Batallón Ricaurte, con base en Bucaramanga, también había estado implicado en la misma investigación (El Tiempo, 12 de agosto de 1998).
15. La Coordinadora Popular es un organismo de coordinación de organizaciones cívicas, sindicatos y organizaciones no gubernamentales de Barrancabermeja.
16. 'Sapo' es un término utilizado normalmente por las fuerzas de la guerrilla para referirse a informantes o colaboradores de las fuerzas de seguridad.
17. E/CN.4/1998/16, del 9 de marzo de 1998, y E/CN.4/1999/8, del 16 de marzo de 1999.
18. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Este documento es publicado en la internet por Equipo Nizkor y Derechos Human Rights