Este documento ha sido publicado el 12mar03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
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12mar03
Persecución estatal y paramilitar cierra el círculo sobre la Asociacion Campesina del Valle del Río Cimitarra.
Después del fallido atentado por parte de los paramilitares del Bloque Central Bolívar, contra de Miguel Cifuentes Ardila, directivo de la ACVC, la Fiscalía a través de la Unidad Especializada de Bucaramanga dictó orden de captura contra dos de sus directivos, Gilberto Guerra y Andrés Gil, presidente y fiscal respectivamente y dos de sus exdirectivos Álvaro Manzano, expresidente de la ACVC y exconcejal de la U.P en el Municipio de Yondo y Exheober Polanía, exvocal.
Estos hechos hacen parte de la estrategia estatal y paramilitar de exterminio en contra de la ACVC, que incluye la desarticulación de su estructura directiva por vía del asesinato y la "judicialización". Los fallidos planes del Bloque Central Bolívar de asesinar sus miembros directivos, hizo que se implementara la otra fase de esta estrategia, la de "judicializarnos".
Con la versión de supuestos testigos, que relacionan las actividades de la ACVC con las guerrillas de las FARC quieren ilegitimar la labor de denuncia de las violaciones y la defensa de los Derechos Humanos integrales de los 25.000 habitantes del valle del Río Cimitarra.
Nuestra actividad no es otra que la de exigir las condiciones necesarias para construir vida con dignidad y justicia social, la labor cotidiana de nuestros dirigentes y afiliados es consolidar las diferentes iniciativas de desarrollo, que a través de proyectos como el de seguridad alimentaria, la construcción de mas de 100 viviendas campesinas, la conservación de mas de 150.000 ha. de bosque nativo con su flora y fauna y la estructuración de una férrea organización campesina, que ha logrado el reconocimiento nacional e internacional, por estos logros es que el Estado nos pretende encarcelar.
Esta actitud y la Estrategia no es nueva y tiene los siguientes antecedentes:
La ACVC ha venido denunciando desde noviembre del año pasado una serie de hechos que evidencian la sistemática persecución del estado contra sus miembros y dirigentes, allanamientos, procesos judiciales basados en informes de inteligencia, señalamientos públicos de autoridades civiles y militares donde relacionan nuestro trabajo con acciones guerrilleras, planes de asesinato contra sus miembros por parte de grupos paramilitares, intimidación a las juntas comunales por estar afiliadas a la ACVC, sabotajes a los proyectos de desarrollo y autosuficiencia alimentaría adelantados por la ACVC.
La madrugada del miercoles 7 de noviembre del 2001 (3 a.m.) miembros del CTI de la fiscaliza y de la quinta brigada del ejército allanaron la residencia de César Jerez en la ciudad de Bucaramanga.
Los días 6,7,8, del mes de abril del presente año se realizó el "Encuentro nacional de víctimas por la violencia en Colombia". La ACVC fue una de las organizaciones que lideraron el desarrollo del evento que contó con la presencia de entonces Ministro del Interior Armando Estrada Villa quien de manera grosera se dirigió a los asistentes, señalándolos como "afectos a la insurgencia" por las denuncias que hicieron en sus declaraciones sobre sus regiones de origen, acerca de la existencia de una relación directa entre las masacres paramilitares las zonas donde se desarrollaran megaproyectos por las multinacionales, la política contrainsurgente del estado colombiano y la impunidad .
Curiosamente, días después, la Fiscalía basada en un informe de inteligencia del ejército obtenido por las declaraciones de "testigos secretos", supuestos desertores de las FARC, ordenó allanar las viviendas de dirigentes y miembros de las organizaciones que asistieron al encuentro y emitió orden de captura contra varios de ellos.
En dicho informe se dice que "el encuentro fue una cumbre guerrillera y los participantes miembros de la insurgencia" y a varios dirigentes se les señala como "encargados políticos de las FARC para el trabajo con los desplazados," entre ellos a Andrés Gil, miembro directivo de la ACVC.
En un conocido semanario de la ciudad de Barrancabermeja, en la edición del 5 al 11 de julio del 2002, refiriéndose a una incursión guerrillera en el corregimiento de San Miguel del Tigre jurisdicción de Yondó Antioquia, el T.C. Andrés Leonardo Rodríguez Fernández comandante del Batallón Especial Plan Energético y Vial No. 7, hizo la siguiente aseveración:"Nosotros estamos convencidos de que esta incursión fue producto de una denuncia que hizo esa supuesta asociación de derechos humanos de Campesinos del Valle del Río Cimitarra, denunciando a la población porque supuestamente son paramilitares esa clase de denuncias no hace más que generar violencia y de paso le dan una justificación a las FARC y ELN par que ataque inmisericordemente a la comunidad violando sus derechos humanos como sucedió el pasado viernes lo mas curioso es que esta supuesta Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra no vino por acá a acompañarnos y mirar el dolor y la pena de los habitantes de San Miguel del Tigre me imagino que porque se sienten culpables"
El 21 de agosto del presente año, fue distribuido un comunicado contra la ACVC en el corregimiento de San Francisco por miembros de la alcaldía de Yondo, que se transportaron en un helicóptero militar desde la cabecera municipal, en el que en uno de sus apartes decía: "entre relato y relato se fueron derrumbándolas escenas narradas por el defensor del pueblo y la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra esta ultima responsable del hostigamiento que hace pocos días realizo la guerrilla del ELN y las FARC en el corregimiento de san miguel del tigre en el cual perdieron la vida 2 hombres del ejercito nacional.
Las declaraciones públicas del alcalde de Yondo (Antioquia) y el coronel Andrés Leonardo Rodríguez Fernández, donde acusan a la ACVC de responsable de incursiones guerrilleras y de desinformar a la opinión publica, pretenden desconocer que los comunicados emitidos por nosotros siempre han correspondido con los hechos, en el caso particular de la denuncia que hicimos frente a la retención (en el retén casi permanente de los paramilitares en San Miguel del Tigre) y posterior asesinato de doña Nelly Cuesta, presidente de la junta comunal de puerto Matilde, en esta jamás acusamos a los habitantes de San Miguel del Tigre como auxiliadores o miembros de grupos paramilitares.
A principios del mes de septiembre del 2002, se conoció de un plan que grupos paramilitares estarían fraguando para asesinar a miembros de organizaciones sociales y populares que aun laboran en Barrancabermeja, lo que ellos llaman "reductos de la insurgencia camuflados en las ONG" entre estos estaría Miguel Cifuentes Ardila directivo de la ACVC y encargado de la oficina nuestra en esta ciudad.
Nuevamente, entre los meses de diciembre del 2002 y enero del 2003, se conoció que paramilitares del Bloque Central Bolívar, en diferentes reuniones a las que obligan ha asistir ha comunidades de Yondo y Barrancabermeja, manifestaron sus intenciones de aniquilar a la ACVC, específicamente mencionaron a los compañeros Andrés Gil y Miguel Cifuentes.
No incluimos solicitudes al Estado Colombiano por que está claro que su llamada política antiterrorista incluye la estrategia de desarticulación de las organizaciones populares, sociales y sindicales como claramente lo demuestran los arrestos de Hernando Hernández expresidente de la USO y Julio Abella Defensor de Derechos Humanos.
[Fuente: Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Col, 11mar03]
Este documento ha sido publicado el 12mar03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights