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26ago10
Condena el secuestro de dos asesores indígenas en la costa pacífica nariñense y reclama su inmediata liberación
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, rechazó de manera enérgica el secuestro de los señores Martín Esteban Reyes Caicedo, de 23 años de edad, y Federico Guastar, de 30 años de edad, asesores de la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidara de Nariño (ACIESNA).
Según la información recibida por la Defensoría del pueblo, el secuestro de los dos asesores de ACIESNA ocurrió el pasado 18 de agosto cuando se desplazaban en una lancha de transporte de pasajeros desde Tumaco hacía El Charco (departamento de Nariño) y en el sector conocido como Salahonda (municipio de Francisco Pizarro), en donde cinco hombres armados, presuntamente integrantes de la estructura armada ilegal autodenominada Nueva Generación, interceptó la embarcación y procedieron a secuestrarlos.
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo se han entrevistado con la familia de los señores Martín Esteban Reyes y Federico Guastar, con el fin de brindar asesoría y apoyar las gestiones institucionales que sean necesarias para su pronta liberación.
La Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas -SAT, ha emitido para los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro y Mosquera el Informe de Riesgo 028-08, advirtiendo sobre el riesgo a que se ven expuestas las comunidades indígenas Eperara Siapidara como consecuencia de la presencia de grupos armados ilegales.
El Defensor del Pueblo exhorta al grupo armado ilegal y presunto responsable del secuestro, a respetar la vida y la integridad de los dos asesores de ACIESNA, que adelantan actividades de capacitación con las comunidades indígenas Eperara Siapidara en el departamento de Nariño.
Así mismo, el Defensor del Pueblo, al expresar su solidaridad a los familiares de los dos secuestrados y a los representantes, así como a los miembros de las comunidades indígenas Eperara Siapidara y de la Organización ACIESNA, reclamó a los captores la liberación inmediata y sin condiciones de los secuestrados, así como el respeto por la vida e integridad personal de los cautivos.
26 de agosto de 2010
Defensoría del Pueblo
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