18 mayo 1998
DECLARACIÓN DE LA OFICINA EN COLOMBIA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera su firme condena a quienes promueven y ejecutan los graves atentados contra la vida y la serie de amenazas que en las últimas semanas han afectado a todos los sectores sociales y políticos del país. Varios son los hechos particularmente repudiables que han ocasionado gran conmoción en la colectividad y la Oficina recuerda a título de símbolos los asesinatos del Dr. Eduardo Umaña y del General (r) Fernando Landazábal en Bogotá y la serie de masacres en diferentes lugares del país a las cuales ahora se suma la ocurrida en la ciudad de Barrancabermeja en el departamento de Santander. Al expresar sus condolencias y solidaridad a todos aquellos que se ven afectados directamente por la violencia, la Oficina hace una invocación pública a quienes promueven y realizan estos hechos para que se sujeten estrictamente y sin condicionamientos a las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y atiendan las iniciativas en favor de la distensión que se vienen promoviendo desde diversos sectores de la sociedad. Para expresar su rechazo a la creciente e injustificable pérdida de vidas y la inseguridad que ello genera, la Oficina se suma a la convocatoria del 19 de mayo en torno a la "Jornada contra la impunidad y por la vida" y saluda las otras iniciativas de solidaridad con Colombia que se realizarán desde el extranjero. La Oficina constata que la actual situación de violencia afecta el necesario clima de respeto y tolerancia que Colombia busca y merece. En un período de gran trascendencia para el país y de cara a las elecciones presidenciales, el libre ejercicio de los derechos y las libertades políticas de los ciudadanos cobra una importancia central para la vigencia del Estado de Derecho. En esta coyuntura, y luego del lamentable allanamiento de la Comisión Intercongregacional de la Iglesia Católica "Justicia y Paz" en Bogotá, todas las instituciones del Estado deben otorgar una especial y cuidadosa protección a la legítima labor de defensa de los derechos humanos. La Oficina alienta las iniciativas de carácter preventivo que se vienen impulsando a fin de alertar sobre la suerte de aquellas comunidades especialmente vulnerables debido a las amenazas que pesan sobre ellas. La Oficina requiere a las autoridades colombianas para que redoblen sus esfuerzos de prevención, investigación, sanción y garantía de los derechos amenazados. Almudena Mazarrasa Alvear Directora de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Santa Fe de Bogotá, 18 de mayo de 1998.
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