EQUIPO NIZKOR |
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19abr11
Amenazas y seguimientos en contra de la abogada Sofia Lopez de la Corporación Justicia y Dignidad
El día lunes 11 de abril de 2011 a las 18:00 horas llegó al teléfono celular de la Corporación Justicia y Dignidad, desde el teléfono 3172553821, el siguiente mensaje de texto:
“Q la perra abogada no se meta en lo que no le inporta q ya sabe q le va pazar y q el abogado se qd sin mamar son odjetibo militar de la organisasion bca”.
Este mismo día a las 11:00 de la mañana, el líder campesino Rafael Ulcue Perdomo, beneficiario de las Medidas Cautelares MC-97-10, recibió una llamada a su celular de parte del individuo conocido con el alias de “El Gusano” quien le reclamó por haber denunciado ante las autoridades la retención de que aquel fuera víctima por parte de “El Gusano” y el Ejercito Nacional el 19 de febrero anterior. Rafael Ulcué le manifestó que “ese es el trabajo que la comunidad viene desarrollando con los abogados como forma de protegerse”, a lo que el individuo en tono amenazante le contestó “No sé cómo vamos a hacer pero eso no se queda así”. El pasado 14 de abril de 2011, a las 12:59 horas llegó al teléfono celular del abogado Alexander Montaña Narvaez, integrante de la Corporación Justicia y Dignidad, y al teléfono celular de la abogada Sofia Lopez desde el teléfono celular No. 3174972734, un nuevo mensaje de texto que dice: “ya esta hub.icada”.
A las 4:10 de la tarde la abogada SOFIA LOPEZ salía de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN, a 7 cuadras de la ACIN pudo percatarse que dos individuos de tez morena, quienes vestían ropa color oscura la siguieron hasta la vía panamericana en la entrada de Santander de Quilichao, durante un lapso no menor de 20 minutos. Los individuos se movilizaban en una moto honda de color rojo, ambos tenían casco y portaban “canguros”- maletín de mano- de color negro sin sello, color negro.
Es importante indicar que los ataques y obstáculos al ejercicio profesional no solo provienen de agentes militares y de desconocidos, sino que las descalificaciones provienen desde las mismas esferas legales del gobierno. Recordemos que en el proceso judicial radicado con el No. 2011-00060 que cursa en el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, el apoderado del Presidente de la República “Pide se estudie si la presente acción de tutela adolece de temeridad, al ser utilizada como mecanismo para menoscabar la acción del Gobierno Nacional en defensa de los derechos humanos….” (Fallo de 23 de febrero de 2011). Esto, por el solo hecho de los suscritos reclamar por vía de Tutela el cumplimiento de las medidas Cautelares dispuestas por la CIDH.
Estos hechos han causado zozobra entre los miembros de Justicia y Dignidad por la persistencia de las amenazas en los últimos días, presentados en un clima de intensificación del conflicto armado en el suroccidente del país. Expresamos nuestra especial preocupación por la vida y la integridad personal de la colega Sofia Lopez Mera, pues es evidente que este macabro mensaje va dirigido contra ella pues es la única abogada de la Corporación.
Es de reiterar que la investigación penal por los hechos de agresiones y seguimientos a los integrantes de Justicia y Dignidad, aún se encuentra en trámite administrativo con el objeto de verificar si es procedente la reasignación del caso a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, sin que a la fecha se haya tomado alguna decisión por las agresiones físicas y seguimientos ni se haya derivado responsabilidad por tales hechos.
Tampoco se le ha dado trámite ni respuesta a las medidas de protección solicitadas al Ministerio del interior y de Justicia desde el pasado 21 de octubre de 2010.
Exigimos
Exigimos del Estado de Colombia Brindar todas las garantías para realizar la labor de defensa de los derechos humanos en el suroccidente del País
Solicitamos
Solicitamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales divulgar la presenten denuncia y exigir al Estado la investigación correspondiente y protección y garantía para la defensa de los derechos humanos en el sur occidente del país.
[Fuente: Corporación Justicia y Dignidad, Bogotá, 19abr11]
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