Memoria de los Crímenes de Lesa Humanidad en Colombia
Por Proyecto Nunca Más
Santa Fe de Bogotá, junio 8 de 1998
Compañer@s
Organizaciones sociales y Organizaciones no Gubernamentales de derechos humanos.
Barrancabermeja.
Reciban de parte de las Organizaciones de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales que hacemos parte del PROYECTO NUNCA MAS (PNM), las cuales, reunidas en su Consejo de Dirección el día de hoy, hemos realizado un análisis de los sucesos y de la situación por la que están atravesando las comunidades en esta ciudad, así como nuestra solidaridad y la denuncia y condena por los recientes hechos de barbarie de que ha sido víctima la población de Barrancabermeja, al ser asesinadas 15 personas y sometidas a desaparición forzada otras 25 personas que aún no han sido devueltas.
El PNM, busca la Recuperación de la Memoria histórica de los Crímenes de Lesa Humanidad en Colombia, acaecidos durante los últimos 30 años, con un sentido profundo de dignificación de la memoria de las víctimas, sin reducirse a la descripción de los hechos.
Nos desafiamos a establecer los conflictos que generaron tales violaciones graves, sistemáticas y masivas a los derechos humanos, identificar los efectos que han tenido sobre las personas, organizaciones y comunidades, e impulsar expresiones organizadas de lucha contra la impunidad. En el caso de Barrancabermeja, la Base de Datos del Proyecto Nunca Más, arroja una cifra preliminar para el período 1966 - 1995 de 1.243 víctimas de crímenes de lesa humanidad (868 asesinatos, 47 desapariciones forzadas, 208 torturados y 120 víctimas de otras agresiones -detenciones, allanamientos, amenazas, hostigamientos, etc.-).
Por ello, el impacto en la sociedad colombiana puede ser importante, pues, se pretende recuperar el valor social de la verdad histórica, aclarar el comportamiento de la Justicia en esta materia e identificar los mecanismos y estrategias de impunidad, y alentar y acompañar la exigencia del derecho a la Reparación Integral de las víctimas, en la perspectiva de generar políticas y mecanismos de prevención, en miras a que nunca más se repitan tales crímenes en nuestro país.
Queremos además, compartir con ustedes nuestro punto de vista, sugerencias y nuestra disposición de apoyo y solidaridad.
Un mecanismo de verdad dependiente del Gobierno se transforma en un mecanismo de impunidad por cuanto constitucional y legalmente, el Presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en consecuencia, él es responsable por acción y por omisión de la creación de los grupos paramilitares, de su legalizacion a traves de las "Convivir", y en cuanto que la información aparecida fragmentariamente en los medios de comunicación social, indica que los militares se encuentran directamente comprometidos en la masacre y en la detencion desaparicion de los habitantes de los barrios populares de Barrancabermeja, se configuraría un mecanismo similar al utilizado en la justicia penal militar, en la cual, el comandante de las Brigadas o Batallones ordena los operativos, luego investiga y posteriormente juzga y absuelve a los responsables, es decir, se autoabsuelve.
La información indica que existió presencia militar en el lugar donde ocurrio la masacre, con tanquetas y patrullajes previos, y que las tanquetas militares garantizaron la salida de los vehículos utilizados por los paramilitares, quienes en la retirada, tuvieron que pasar necesariamente por dos bases militares, lo cual implica que la responsabilidad del Presidente, del Ministro de la Defensa y del Comandante General de las Fuerzas Militares, por accion y por omision, es evidente. En consecuencia, ¿cómo ellos van a investigar la verdad sobre los hechos, cuando son los responsables, sin generar un mecanismo de impunidad, adicional a todos los conocidos?
Desde el punto legal y constitucional, la seguridad no es un problema de todos los colombianos, pues en virtud de los convenios y tratados internacionales, de la Constitución Nacional y de las leyes, la seguridad de todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y creencias, es del Estado y está en cabeza del Presidente de la República, de las Fuerzas Armadas y de sus organismos de seguridad, es indelegable y es la razón fundamental de existencia del Estado y de la legalidad y legitimidad del mismo.
Los compromisos internacionales y nacionales adquiridos por el Estado Colombiano en materia de protección, defensa, investigación y esclarecimiento de Crímenes de Lesa Humanidad ha sido negativa hasta el dia de hoy.
Para recordar citamos la forma como ha eludido sus responsabilidades en materia de verdad, administración de justicia y reparación, en el caso Trujillo: no ha publicado el informe a través de los medios de comunicación masivos, a pesar de que desde enero de 1995, aceptó su responsabilidad en los hechos. En materia de justicia, al día de hoy no se sabe quiénes fueron los demás militares y agentes de la policia que participaron en la masacre, el proceso penal en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía sigue en preliminares, es decir no se ha abierto investigación penal, a los paramilitares capturados no se les vinculó con la masacre sino que se les sindica de organizar grupos al margen de la ley y además fueron dejados en libertad por vencimiento de términos; en este proceso, se negó la participación de las víctimas a través de la parte civil, argumentando que eran hechos independientes. Así mismo, el proceso de reparación a la comunidad victimizada, ha sido una burla.
Si esta es la experiencia en el caso más representativo, ¿qué se puede esperar que haga el mismo gobierno, con la comisión propuesta, a escasos 45 días de su finalización? Recordemos igualmente la comisión para investigar los casos del Meta, en la cual su aporte fue totalmente negativo o contrario a lo pactado, por lo que las ONG de derechos humanos tuvieron que retirarse y rendir un informe independiente. O el caso de la comisión pactada con la comunidad del departamento de Arauca, que no ha iniciado su trabajo a pesar de haberse acordada en el marco del paro contra el paramilitarismo, hace unos 4 meses.
Por todas estas razones, más las argumentaciones técnicas de claridad, conceptuales y jurídicas, que se encuentran dentro del borrador de proyecto de "Comisión de Búsqueda de la Verdad" no recomendamos ni aconsejamos la participación de la comunidad de Barrancabermeja, a través de sus organizaciones sociales y de derechos humanos, y de otras organizaciones del orden nacional e internacional, en este mecanismo propuesto por el Estado.
Recomendamos y avalamos lo planteado por parte de muchas organizaciones de Barrancabermeja, en el sentido de crear una Comisión independiente del Estado, en la que participen las víctimas, sus familiares y amigos, las organizaciones sociales, religiosas, de derechos humanos y políticas, entre otras, acompañadas con organismos internacionales que han sido solidarios con la causa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y que conocen la situación por la que atravieza la población de este puerto petrolero.
Esta Comisión se debe plantear como metas y objetivos mínimos los siguientes:
- El aseguramiento de pruebas sobre los hechos, lo cual implica la recolección de testimonios de los sobrevivientes, de los testigos presenciales, de los documentos y análisis que se hayan elaborado con anterioridad, tales como denuncias sobre presencia paramilitar en la zona, violaciones anteriores, documentos sobre el hecho en sí (los pronunciamientos de los diferentes órganos del Estado, de los grupos paramilitares, del movimiento insurgente) y las declaraciones posteriores, testimoniales o documentales de los mismos actores con relación a los hechos, de cara al esclarecimiento de las responsabilidades por acción y por omisión en relación con estos crímenes de Lesa Humanidad.
- Determinar el papel de la Consejería de Paz, en particular, del doctor José Noé Rios, por el engaño y burla a que sometió a los familiares de la víctimas y a la comunidad, local, nacional e internacional, por el manejo que le dio a la información de la que tuvo conocimiento, dándole protagonismo político al paramilitarismo de Santander.
- La Comisión deberá determinar todo lo concerniente a las víctimas, quiénes eran, su pensamiento, vida familiar y social, etc., e igualmente quiénes eran los victimarios, su forma de organización, intereses económicos, políticos y militares en juego en estos hechos, los mecanismos utilizados para garantizar la realización de la masacre y detención desaparición colectiva, y su posterior retirada en complicidad con miembros de las Fuerzas Armadas.
- La exigencia posterior de los familiares de las víctimas, de la población en general, de las organizaciones sociales y de derechos humanos sobre lo que significa:
- Verdad histórica.
- Administración de justicia. Juzgamiento y sanción a los autores intelectuales y materiales por acción y por omisión frente a este crimen de Lesa Humanidad.
- La exigencia de reparación integral a la memoria de las víctimas, a sus familiares, a las organizaciones sociales y políticas, a la comunidad nacional e internacional en lo moral, en lo económico, en lo social y en lo político.
Estos elementos, de conformidad con tratados y convenios internacionales, suscritos por el Estado colombiano son innegociables e irrenunciables por las organizaciones sociales y por las víctimas. Es la exigencia mínima de legitimidad frente a un Estado como el colombiano.
Articulado a estas demandas, se debe lanzar una campaña internacional que busque canalizar el deseo que existe de solidaridad. En tal sentido se puede pedir que desde el exterior se conformen tribunales ad hoc que con la información suministrada hagan un juicio a los responsables y se respalden las exigencias al estado, se planteen algunas sanciones económicas que pueden estar ligadas a los intereses que hay en torno a la explotación petrolera de la región y se pida a los gobiernos restringir cualquier apoyo al aparato militar colombiano.
Creemos que el punto de partida de esta Comisión debe ser la presentación del informe inicial de lo que se ha recogido de los testimonios de los familiares y amigos de las víctimas que señalan claramente la responsabilidad de la policía nacional y del ejército colombiano por acción y por omisión, al facilitar la realización de la masacre y la detención desaparición de los pobladores, y al facilitar o encubrir, adicionalmente, la retirada del grupo paramilitar. Lo anterior debe conducir a exigir la destitución inmediata de los comandantes de la policía, del ejército y de los jefes de las dos bases militares por donde tuvieron que pasar los paramilitares en su retirada.
En segundo lugar, al Estado colombiano es preciso exigirle garantías reales para que la Comisión alcance las metas y objetivos propuestos, lo que incluye el tener libre acceso a las bases militares, a los batallones y demás dependencias de las Fuerzas Militares y de organismos estatales, y a los archivos de inteligencia de los organismos de seguridad. También, el poder recibir y valorar el testimonio de todos los funcionarios públicos que se considere conveniente, además de los familiares de las víctimas y de miembros de las organizaciones sociales o políticas que hayan sido afectadas por los hechos materia de investigación, o que puedan aportar información que conduzca al esclarecimiento.
El Estado colombiano debe garantizar igualmente, la no criminalización a los miembros de la Comisión, con el fin de facilitar su comunicación con los frentes guerrilleros que operan en la zona y que han emitido pronunciamientos sobre estos hechos, con el fin de poderlos interrogar y de recibirles la información de que disponen.
Por otra parte, frente a los combates entre la guerrilla y el Ejército, ocurridos en los barrios Boston y Danubio, en desarrollo de los cuales, la población civil ha sido colocada como escudo y sometida a represalias adicionales por parte de los efectivos militares acantonados en la Base Militar del barrio Boston, y ante el inminente peligro en que se encuentra la comunidad de los citados barrios, por la existencia de un tanque de almacenamiento de 8000 galones cúbicos de gas, el cual ha sido ya impactado -que de llegar explotar, destruiría estos barrios-, se debe apoyar la exigencia que esta comunidad ha hecho para sea retirada la base militar en mención. Esto en cumplimiento de las normas de Derecho Internacional Humanitario.
Finalmente ratificamos la exigencia que debe hacerse al Estado colombiano de garantizar la devolución por parte de sus captores, de las personas detenidas desaparecidas. Reiteramos también, nuestra disposición de colaborar solidariamente en las tareas que propendan por la búsqueda de la Verdad, Justicia y Reparación Integral.
Cordialmente,
Consejo de Dirección
Proyecto Nunca Más
Documento editado electrónicamente por el Equipo Nizkor, en Madrid, a 31 de mayo de 1999
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