El pasado mes de agosto, el Ejecutivo del Estado chileno, presidido por Eduardo Frei, envió al Congreso Nacional un anteproyecto de ley sobre la situación de los prisioneros politicos que están detenidos-desaparecidos desde el "gobierno" encabezado por el general Pinochet.
A principios del mes de diciembre en curso, la Comisión del Senado chileno acogió positivamente el anteproyecto para transmitirlo directamente al Senado para su tramitación y aprobación.
El anteproyecto en cuestión propone establecer la suerte de los detenidos-desaparecidos, a fin de dar una reparación material a sus familiares. El texto no plantea el problema fundamental, que es establecer la verdad de lo sucedido y enjuiciar a los responsables de esos Crímenes. Se trata de Crímenes de tesa humanidad, condenados internacionalmente por Acuerdos y Tratados a los cuales Chile suscribe. Pero la proposición gubernamental, lejos de siquiera mencionar una condena, al contrario, recomienda no dar nombres de las personas comprometidas por esta flagrante Violación a los derechos humanos.
El gobierno chileno no está solo con esa política de impunidad para las crímenes contra la humanidad. Esta política, que viola todo principio y norma de la dignidad humana, se ha venido aplicando sistemáticamente en los países latinoamericanos y del caribe donde las dictaduras sembraron el terror y la muerte. Es repudiable que, habiéndose escrito y hablado tanto en materia de los derechos humanos, aún persista el dolorido clamor de la Madres de la Plaza de Mayo en su incansable lucha por "juicio y castigo".
Dentro de esa lógica de la impunidad, el gobierno chileno actual sigue con la persecución y el encarcelamiento de los luchadores populares y continua con la práctica administrativa de la tortura Y hoy, un tribunal militar pide pena de muerte para cinco compan~eros, que han sido presos a los pocos meses de asumir el presidente Aylwin.
El gobierno chileno hace denodados esfuerzos para preparar el "clima" para esa Ley de Punto Final. Por su parte, el pasado jueves 14 de diciembre, el Ejercito comandado por el general Pinochet, por medio del subsecretario de Guerra Sergio Burgos, dio a conocer públicamente que en la ex-zona militar de Peldehue se encontraron tres osamentas humanas, las que probablemente correspondan a detenidos desaparecidos. Manifestó además que, con este gesto por parte del Ejercito, deba un nuevo paso hacia la "reconciliación".
También en Chile, como lo fue en Argentina y otros países de Latinoamérica, las FFAA, en éste caso el Ejercito chileno, confabulan con el gobierno de la Concertación y los partidos de derecha la imposición de una Ley de Punto Final.
Pero el pueblo chileno y sus organizaciones sociales y políticas han rechazado activamente, en múltiples expresiones, la imposición de esta Ley de Punto Final.
El día 11 de septiembre, decenas de organizaciones populares marcharon contra la Impunidad que el Estado quiere imponer y en recuerdo a la lucha de resistencia anti-dictatorial. Estas manifestaciones se complementan y se unen con las movilizaciones y paros de los trabajadores de distintos sectores. En la capital se concentraron miles de personas que marcharon al unísono de "juicio y castigo" para los culpables. En las provincias se verificaron movilizaciones y otras expresiones de rechazo a la impunidad. Dicha jornada de lucha se prolongo durante todo el día, y en la noche fueron las poblaciones quienes dieron continuidad a esa jornada de combate por la justicia y la verdad.
El día 9 de noviembre la Central Unitaria de Trabajadores CUT, convocó a una nueva jornada de lucha contra de la impunidad y por la dignidad a la que el pueblo respondió con la misma fuerza y compromiso.
La rebeldía e indignación de familiares de presos politices detenidos-desaparecidos los llevó a ocupar -el día domingo 9 de diciembre- la iglesia Catedral de Santiago, para denunciar la inminente aprobación de una norma legal que Consolidarla la injusticia.
El dúa 11 de diciembre, Rosita Silva Alvarez dio inicio a una huelga de hambre seca [sin ingestión de alimento ni de agua] en la sede del partido socialista, en Santiago. Su padre, un militante socialista, fue ejecutado por la dictadura el 19 de octubre de 1973. En su declaración 'A mis hermanos de lucha y de dolor'; Rosita dice:
Luego de cinco días de no ingesta es llevada a la Posta Central, en estado de coma crítico. Hoy se encuentra recuperándose en la unidad de tratamiento intensivo.
Recientemente los países miembros de la UE han manifestado que los acuerdos de cooperación hacia los países no industrializados se harán sobre la base política de condicionalidad al respeto a los derechos humanos.
La autodenominada "democracia" chilena quiere, por lo tanto, "resolver" el problema de derechos humanos. Pero lo quiere resolver sin enjuiciar siquiera, mucho menos condenar o encarcelar a los responsables de esos crímenes, a empezar por el general Pinochet mismo.
Tras una aparente "preocupación" por los derechos humanos y"condolencias" con "las victimas", busca mejorar su imagen. De ahí el interés Comen de las Fuerzas Armadas, el Gobierno, el Poder Judicial y el Parlamento de buscar la aplicación de una Ley que hable de "reparación material pero que principalmente deje impune los crímenes cometidos.
Cualquier enjuiciamiento pondría en evidencia, tanto las responsabilidades políticas por las violaciones cometidas durante el régimen militar, como las obsecuencia frente a esas mismas violaciones. Desenmascararía los verdaderos objetivos e intereses en el golpe de estado del 1 1 de septiembre 1973. Pondría al desnudo que los que impulsaron o avalaron el golpe, hoy forman parte del gobierno de la Concertación, ocupan sillas parlamentarias o son jueces en los altos Tribunales de justicia.
Hoy la burguesía chilena quiere participar "a lo grande" en los planes de la explotación capitalista. Suen~a con el Mercosur o con el Nafta. Su modelo son los "Tigres" del Pacifico asiático. Trata de agradar a los gobiernos de los EE.UU. o de la UE. Vende el país al mejor postor. Y para ello ofrece "mano de obra barata", "sumisión dócil", "estabilidad política basada en más represión". No le tiembla la mano de aplicar la pena de muerte, hoy a estos cinco compan~eros, man~ana contra un trabajador que dirige una huelga. Todo eso es incompatible con un verdadero respeto por los derechos humanos, ni hablar de castigar a los que, desde décadas, ejercen y siguen ejerciendo esa represión.
Las organizaciones abajo firmantes pedimos a los gobiernos de la UE, en particular al gobierno Federal belga, la aplicación irrestricta de los criterios de la condicionalidad en su política de relaciones con el gobierno chileno, sobre la base de respeto a los mas elementales derechos humanos, a la soberanía popular y a la autodeterminación del pueblo chileno.
Finalizamos la presente declaración haciendo un llamado amplio a todas las organizaciones sociales y políticas democráticas; y a las instituciones y personas comprometidas con la promoción y defensa de lo derechos humanos, a desplegar todas las iniciativas en rechazo a la Ley de Punto Final en Chile.
Pavelic - Jofré
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