Balance de Fasic

sobre los derechos humanos en Chile

correspondiente al primer semestre de 1997

Indice.

Poder Judicial.

Nunca antes en nuestra historia había existido un consenso tan amplio con respecto a la incapacidad de nuestros tribunales superiores de justicia de cumplir con sus deberes propios y, presentar evidentes grietas que sólo es posible entender en un proceso de creciente deterioro.

Si bien, nunca expresamente se utilizó el término, sostenemos que en la base de esta profunda crisis del poder judicial y su cúpula, está el fenómeno de la IMPUNIDAD.

La IMPUNIDAD implica ausencia de justicia y ésta implica dejación de deberes.

En eso consiste la crisis que vive hoy el poder judicial: una creciente impunidad y una sensación de desprotección que sienten amplias capas de la población cuando recurren ante los tribunales en demanda de protección de sus derechos.

Por cierto, que hay muchos jueces que, en este ambiente, luchan por cumplir con su deber fundamental y muy sinceramente buscan la verdad y la justicia, incluso a costa de grandes sacrificios personales. Sin embargo, no encuentran el apoyo necesario de sus superiores y muchas veces deben beber el trago amargo del fracaso. Para ellos nuestro reconocimiento y gratitud.

El punto cúlmine de esta crisis se ha expresado en las acusaciones constitucionales, presentadas en contra de diversos ministros de la Corte Suprema; más allá de los intereses inmediatos de los parlamentarios acusadores, rescatamos la utilidad de este procedimiento de control constitucional de los jueces.

Toda autoridad del Estado debe responder por sus actos públicos, incluídos los Ministros de la Corte Suprema, asi se evitará la manifestación de omnipotencia que estos tradicionalmente han presentado.

En medio de este proceso de crisis el gobierno impulsó, junto con la derecha política, un proyecto de reforma de la cúpula del poder judicial, similar al que en tiempos del presidente Aylwin había fracasado en el Congreso.

Lo anterior, sumado a la muy probable aprobación del proyecto de ley que modifica radicalmente el proceso penal, puede transformarse, en definitiva, en las grandes reformas del siglo de nuestra administración de justicia.

Hay otro aspecto sobre el cual también hay que llamar la atención en estos días y que, tal vez, por el tráfago de información sobre la justicia que ha saturado los medios de comunicación social, ha pasado inadvertido.

Sabido es que el general Pinochet está pronto a hacer abandono de su cargo de Comandante en Jefe del Ejército. Pocos han reparado, sin embargo, que junto con él se irá también a retiro el Auditor de esa rama de la defensa nacional, general Fernando Torres Silva.

Se trata entonces, que antes que ese retiro se produzca, queden procesalmente selladas todas las causas sobre violaciones a los derechos humanos de la dictadura militar con la aplicación del Decreto Ley de Amnistía.

Esto ha desatado una carrera en contra del tiempo para que nuestro máximo tribunal concluya todas esos procesos de aquí a fin de año; para ello se ha puesto en marcha una operación bajo la responsabilidad del citado oficial, acelerando el traspaso de las causas desde la justicia civil a la militar.

No obstante lo anterior, debemos dar cuenta de un hecho que ojalá marque un cambio, en el sentido que la Corte Suprema haya entrado en un proceso de revisión de su jurisprudencia en cuanto a la aplicación del Decreto Ley de Amnistía. En este último mes se ha producido el inédito hecho de ocurrir empate de votos, al fallarse tres recursos de casación, entre los jueces que quieren aplicar dicha amnistía y los que se resisten a ello.

Sin embargo, el análisis de lo que ocurre en nuestro poder judicial,quedaría trunco, si no denunciáramos que dentro de las reformas a la administración de justicia que está impulsando el gobierno, no hay ninguna propuesta con respecto a la justicia militar, manteniendo esa hipertrofia diseñada y construída durante la dictadura.

Sin duda que el retiro del general Pinochet busca dejar seguros amarres que sostengan en forma perdurable ese poder militar, construído durante su gobierno alrededor de la justicia militar, y que se proyecta hasta el presente.

Finalmente, en este capítulo no podemos dejar de referirnos a la sentencia dictada por la Magistrado del Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel, en cuya virtud se condenó a veinte años de presidio al ex agente de la DINA, Osvaldo Romo Mena, como autor del delito de secuestro de la sra. Gloria Lagos Nilsson.

Ejemplos como los citados, son los que nos permiten abrigar fundadas esperanzas que un profundo recambio en la cúpula judicial, facilitará el principio del fin del derrumbe de la política de IMPUNIDAD llevada a cabo por el poder militar.

Poder Legislativo.

Hemos presenciado encendidos discursos de señores diputados muy críticos de nuestros tribunales de justicia por no reprimir duramente al narcotráfico.

Sin embargo, se constata una total ausencia en esa instancia del tema de los derechos humanos. Ni pensar en escuchar de ellos el cargo que estos mismos tribunales que hoy en día critican, vienen, desde hace años, brindando la más absoluta impunidad a asesinos y torturadores.

Hace unos meses, viajaron a Chile familiares directos del sacerdote Andre Jarlan, muerto por carabineros durante una jornada de protesta el año 1984, fueron recibidos por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Dicha entidad se comprometió con ellos a hacer gestiones para que el caso judicial se reabriera, después que la justicia militar lo había cerrado sin culpables.

Hasta la fecha no se conoce qué resultados tuvieron esas gestiones y lo que se mantiene a firme es que el Cuerpo de Carabineros no reabrió el sumario administrativo que, en su tiempo, determinó que no habían carabineros responsables del tal hecho no obstante que expresamente se le había solicitado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Poder Ejecutivo.

Desde el sonado fracaso de la iniciativa legal bautizada como la Ley Figueroa-Otero, a mediados del año pasado, el tema desapareció para el Gobierno.

Con muchas dificultades, y en forma muy jibarizada, el Ministerio del Interior creo una oficina que recogió el trabajo pendiente de la Corporación de Reparación y Reconciliación, que concluyó sus funciones a fines del año pasado.

Existe allí un grupo profesional muy comprometido con estas tareas pero que se encuentra totalmente limitado en su accionar.

En estos días, el Gobierno, y en especial, el Presidente Frei, ha sido requerido para que intervenga ante el Consejo de Defensa del Estado, para que no haga uso de recursos procesales en dos impactantes juicios indemnizatorios por casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.

En dichos juicios, con amplia repercusión nacional e internacional, los respectivos tribunales civiles han condenado al Estado Chileno a pagar importantes indemnizaciones reparatorias, que no tienen precedentes en nuestra historia judicial.

Se trata de Carmen Gloria Quintana, quien fue quemada por una patrulla militar durante una jornada de protesta, el año 1986, sobreviviendo milagrosamente, y del transportista de filiación demócrata cristiana, muerto en torturas por agentes de la CNI, el año 1984, en la ciudad de la Serena, don Mario Fernández López.

Hasta ahora, el Consejo de Defensa del Estado, ha anunciado que buscará revertir los fallos adversos en los tribunales superiores, para evitar que el Estado pague esas indemnizaciones. El Presidente de la República no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, no se puede olvidar que el mismo presidente Frei, a los inicios de su mandato pidió expresamente al Consejo del Defensa del Estado que no apelara de un sobreseimiento dictado en favor de un hijo del general Pinochet en donde se encontraban comprometidos intereses fiscales por alrededor de tres millones de dólares, y, por cierto, esa repartición fiscal no apeló.

En este recuento es necesario también referirse al Juicio en contra de la Junta Militar chilena que se sigue en España, por crímenes de lesa humanidad y el comportamiento que frente a él han adoptado las autoridades civiles.

Ha resultado sorprendente que haya sido el propio Canciller, el socialista José Miguel Insulza, el que le restara todo valor jurídico a dicho proceso y lo haya cuestionado políticamente señalando que con ello lo que se pretende es poner en tela de juicio nuestro proceso de transición a la democracia.

Sorprendente, porque denota un gran desconocimiento del Derecho Internacional y, más específicamente, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos del cual nuestro país es signatario y, sorprendente además, porque resulta incomprensible que se pretenda establecer la doctrina de que buscar la verdad y la justicia en contra de horrendos crímenes de lesa humanidad sea incompatible con la democracia.

Pero no ha sido ese el único factor de irritación del Gobierno. La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estado Americanos ha dictado una Resolución en contra del Estado de Chile, por denegación de justicia, en cuatro casos de violaciones a los derechos fundamentales cometidos durante la dictadura militar.

FASIC ha presentando en esa instancia, hasta la fecha, veintiseis casos de esta naturaleza, y dicha Resolución se refiere a las siguientes victimas: Joan Alsina Hourtos, Ricardo Lagos Salinas, Juan Meneses Reyes y Francisco Vergara Inostroza.

El Gobierno chileno ha guardado silencio respecto a dicha Resolución condenatoria. Sin embargo, en el ámbito de la comunidad internacional, este pronunciamiento tiene gran trascendencia. A nuestro juicio las autoridades a cargo de las relaciones internacionales han adoptado una actitud de irresponsable liviandad en relación a ella.

Cabe en este ámbito señalar igualmente, que con respecto a una denuncia patrocinada por FASIC ante el citado organismo internacional, en relación a un grupo de chilenos que pugnan severas penas privativas de libertad en Perú en condiciones infrahumanas, ya la Comisión de Derechos Humanos de la OEA ha adoptado una Resolución, que implica promover el caso ante la Corte Interamericana de Justicia.

Colonia Dignidad.

Lo que allí está ocurriendo hoy en día no es novedad. Se viene reproduciendo hace treinta años.

Lo novedoso es el hecho de que una inmensa mayoría del país se ha convencido que en ese enclave no se respetan los derechos fundamentales de las personas, y en especial, de los niños.

Si la Colonia Dignidad ha podido operar impunemente todos estos años se ha debido principalmente al hecho que ha contado con aliados poderosos.

Entre ellos, cabe consignar muy especialmente, a la derecha política del país, al poder militar y los tribunales de justicia.

Las Organizaciones de Derechos Humanos no pueden olvidar lo que la Colonia Dignidad significó durante la dictadura militar para cientos de chilenos que allí sufrieron privación de libertad torturas y algunos hasta la muerte, con ocultación de sus restos. Eran los tiempos que dicho enclave mantenía importantes relaciones con la DINA y con sectores del Ejército.

Antecedentes de dichas violaciones han sido acompañados en diversos procesos judiciales en que se investiga el paradero de personas detenidas desaparecidas.