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11ago15
La siniestra historia de Fernando Torres Silva condenado a 10 años de cárcel
Fue uno de los encubridores y miembros judiciales de la dictadura que "protegió" al régimen. Finalmente, y a más de 20 años de la muerte del químico de la DINA, Eugenio Berríos, el hombre fuerte del dictador deberá cumplir una década de prisión efectiva por el crimen.
Fernando Torres SilvaSale el sol en una mañana de abril de 1995. Cerca de Montevideo está la playa El Pinar. Todo corre con normalidad, hasta que un exfuncionario policial encuentra restos óseos enterrados en las cercanías. Se trata del cuerpo de Eugenio Berríos, químico chileno desaparecido desde 1992. Fue la persona que desarrolló el gas sarín por encargo de Augusto Pinochet, el mismo con que se asesinó a militantes comunistas en las bases de exterminio de la dictadura. Pero ya no era de utilidad. Tenía dos impactos de bala en el cráneo.
El caso del químico vuelve a salir a flote con el fallo definitio entregado por la Corte Suprema, en que condenó a 19 personas por su crimen. Entre ellos destaca el exauditor general del Ejército Fernando Torres Silva, por asociación ilícita, quien deberá cumplir 10 años de prisión, sin beneficios. Es pena con cárcel efectiva por tener antecedentes penales, ya que está acusado de obstrucción a la justicia en el caso del asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez.
En fallo dividido, la Segunda Sala Penal rechazó los recursos de casación presentados y confirmaron las penas dictadas previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago contra militares en retiro chilenos y uruguayos.
El fiscal favorito de Pinochet
Torres Silva se convirtió en uno de los rostros emblemáticos de la dictadura. Sus apariciones diarias ante los medios ratificaban su posición como hombre fuerte dentro del régimen. Como fiscal estuvo a la cabeza en la persecución de los miembros del MIR y del FPMR, como autores de actos terroristas contra la dictadura.
Sin embargo, el llamado Caso Berríos fue su perdición. El químico fue agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), sacado del país en octubre de 1991, en la "operación silencio" y llevado a Uruguay a través de Argentina. La operación fue con rapidez. Se le acusaba de ser parte de la red que acabó con la vida de los opositores del régimen y de tener nexos con el crimen del excanciller Orlando Letelier en Washington.
Cuando el juez Adolfo Bañados se disponía a interrogarlo por sus operaciones en la DINA, se lo llevaron hasta Uruguay a vivir en la clandestinidad. Tenía mucha información y era preciso mantenerla en secreto. También está involucrado en la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva. Lo mantuvieron bajo guardia policial uruguaya. "La cofradía" aliada a Pinochet.
Fue secuestrado por sus captores, llevado a "pasear" a la playa y asesinado. Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa fueron los autores materiales del crimen. Luego de dispararle, enterraron el cuerpo de Berríos en las dunas cercanas a la playa. La Corte Suprema los condeno a 15 años por el homicidio y otros 5 por asociación ilícita.
Tucapel Jiménez
Torres Silva entra a prisión por su complicidad en una "asociación ilícita" ideada al interior del Ejército que permitió que distintos agentes de la DINA y la dictadura enfrentaran la justicia o fueran interrogados, por la delicada situación que pondría a los uniformados en los inicios de los 90 frente a los jueces.
El caso de Eugenio Berríos es sólo uno de los tantos que lo ligan con los crímenes de la dictadura. También fue acusado de encubrir el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez en 1982. Por este crimen ya había sido detenido y procesado, bajo orden del magistrado Sergio Muñoz, actual presidente de la Corte Suprema.
El ocaso
Según relata la periodista y escritora Alejandra Matus, el fin de la dictadura y el inicio del primer gobierno democrático, encabezado por Patricio Aylwin, fue el primer golpe para el poder de Torres Silva. El ministro de Justicia de Aylwin, Francisco Cumplido, promovió un conjunto de leyes conocidas como "leyes Cumplido" que permitieron cerrar las causas contra un gran número de los procesados por Torres, especialmente las de aquellos que habían sido acusados de "ayudistas" por actos como facilitar el teléfono desde el cual uno de los frentistas hizo un llamado el día del atentado a Pinochet, aún sin saber de quién o qué se trataba.
Otros fueron indultados o tantos vieron rebajadas sus penas y pudieron salir prontamente en libertad. Un grupo más reducido, aquellos involucrados en los llamados "hechos de sangre", condenados, por ejemplo, a prisión perpetua, pudieron conmutar sus penas por extrañamiento.
Como auditor general y con rango de ministro de Corte Suprema, en democracia Torres empezaría a ocuparse de obstaculizar las investigaciones por violaciones a los derechos humanos. Él mismo se hacía llamar "el Villano invitado" cuando debía integrar una sala o el pleno, pues la ley le permitía hacerlo cuando se vieran materias que incidieran en el Ejército.
En el futuro se le reprocharía haber desestimado el peso del juicio contra Pinochet en España y haberle aconsejado viajar sin temor a Inglaterra, en 1998. También sería criticado por viajar personalmente, en 1997, para intentar persuadir al juez español Manuel García Castellón (predecesor del juez Baltasar Garzón) de que las acusaciones contra el general estaban motivadas por revanchismo político y eran una conspiración del Partido Comunista, con lo que no sólo no convenció, sino que, sin haberlo buscado, validó la jurisdicción española para juzgar al militar.
Se llegó a decir que por sus torpes acciones y consejos, habría perdido el favor de la familia Pinochet. No obstante, en el entorno del militar retirado, se asegura que esa amistad nunca se quebró y que incluso aún visita a Lucía Hiriart, pese a que su relación con la viuda no era tan cercana como la que tenía con su marido.
En abril de 1999, tras el arresto de Pinochet en Londres, renunció al Ejército y a su cargo como auditor general, en medio de crecientes presiones para que abandonara el puesto.
[Fuente: Cambio21, Santiago de Chile, 11ago15]
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