05jun03

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El largo viaje del día hacia la noche.

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Frente a la firma del Tratado de Libre Comercio de Chile con Estados Unidos, a concretarse el viernes 6 de junio en Miami, la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable (ACJR), señala lo siguiente:

El TLC consolida la vía bilateral para construir el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA ), como mecanismo para enfrentar las posibles alianzas y negociaciones de bloques entre países como Brasil, Argentina, Venezuela y recientemente Ecuador, cuyos gobiernos han planteado cuestionamientos de fondo al proceso actual de negociaciones y sus eventuales logros. Países que desean tener autonomía para definir y realizar sus propias políticas de desarrollo, la misma que se verá claramente lesionada con este acuerdo.

Contrariamente a lo que han señalado fuentes oficiales y empresariales, el establecer reglas de supuesta reciprocidad, omitiendo las profundas asimetrías entre ambos países, afianzará la influencia económica, social y cultural estadounidense en nuestro país.

La situación es altamente incomprensible, si analizamos las obligaciones que implicará este acuerdo con la potencia más poderosa del mundo, cuya administración se ha caracterizado por imponer políticas unilaterales tendientes a asegurar una absoluta hegemonía comercial a nivel mundial.

En vez de proporcionar mayor acceso a mercados y diversificar la oferta exportadora, el TLC sólo reforzará nuestras actuales 'ventajas comparativas', basadas en materias primas y recursos naturales, con bajo valor agregado. Esta estrategia, implementada por más de dos décadas, ha significado una mayor injerencia de las compañías transnacionales - particularmente estadounidenses - en áreas estratégicas del país, más desempleo y constantes procesos de privatización.

El proceso de negociaciones culmina sin que las demandas de la sociedad civil fueran recogidas. En el caso del encaje, al quitarle su esencia de instrumento regulador del ingreso de capitales especulativos, el cual podía ser usado como un elemento anticipatorio de las crisis - tal como fue en los noventa -, ha quedado reducido a una medida excepcional, que será utilizada cuando las crisis de fuga de capitales ya se hayan declarado. La renuncia a este mecanismo, implica mayor vulnerabilidad frente a las crisis financieras derivadas de la volatilidad del flujo de capitales.

Asimismo, tampoco fueron recogidas las demandas en torno a la agricultura tradicional, la pequeña empresa y la propiedad intelectual. En este sentido, campearon los intereses y "derechos" de las empresas transnacionales ligadas a las exportaciones de materias primas y servicios, en desmedro de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de género, de los distintos sectores de la sociedad civil.

La firma de este acuerdo no es un logro de la diplomacia chilena, ni una concesión 'per se' de la administración Bush. El TLC refleja la agenda de los poderosos intereses corporativos estadounidenses en juego: según The Heritage Foundation, la Asociación Nacional de Manufactureros de Estados Unidos ( NAM, por sus siglas en inglés ), su entrada en vigencia reportaría ventas a estos sectores de hasta US$ 800 millones cada año.

Por otra parte, también hay que señalar que Chile suscribe un acuerdo que no significará mayores rebajas de aranceles para la mayor parte de las exportaciones chilenas, dado el Sistema General de Preferencias, SGP.

El supuesto acceso al mercado estadounidense se verá restringido también por los mecanismos de antidumping y la discrecionalidad de Estados Unidos en materia agrícola, aspecto que quedó sin tocarse.

Cabe señalar, que el gobierno chileno opta por esta iniciativa en el peor momento económico de Estados Unidos, país que se encuentra al borde de una nueva recesión (o débil crecimiento), y por tanto no quedan tan claras las ganancias del comercio de largo plazo.

Otro aspecto altamente preocupante, es la búsqueda de compensaciones por la menor recaudación que producirá la baja de aranceles, debido a la suscripción de los TLC con la UE, Corea y EE.UU. Resulta incomprensible que recién hoy se esté estudiando improvisadamente un mecanismo compensatorio y que el tema nunca haya estado presente en el debate público.

En este contexto, las medidas propuestas, entre ellas, el incremento del IVA, significará que el costo de los acuerdos lo pagarán los consumidores locales, particularmente los sectores más desposeídos. Al mismo tiempo, es un traslado del peso tributario desde los bienes y servicios hacia todos los otros bienes y servicios disponibles para el mercado interno, incluyendo la producción nacional.

Esta situación, es aún más preocupante porque existe otro mecanismo para fortalecer las arcas fiscales: los royalties a las empresas transnacionales mineras, el cual fue descartado por el Gobierno. Cabe resaltar el hecho, que la mayor inversión extranjera en la minería chilena, proviene justamente de Canadá y Estados Unidos, cuyas empresas no pagan impuestos. Las inversiones de estos países están protegidas con los TLC de ambos países.

En cuanto a las privatizaciones anunciadas, éstas constituyen más de lo mismo: minimizar el tamaño del Estado y ampliar el espacio para el sector privado. Lo riesgoso de privatizar, para financiar el déficit del sector público, es que suele ser pan para hoy y hambre para mañana. A lo anterior, es necesario agregar que por lo general estos procesos se traducen en despidos masivos de trabajadores, alza de tarifas y precarización laboral.

La firma del TLC abre un proceso de ratificación parlamentaria, que también es profundamente antidemocrático: bajo la modalidad actual, los legisladores chilenos y estadounidenses sólo tienen la posibilidad de aprobar o rechazar en bloque el acuerdo, sin introducir posibles modificaciones, que tiendan a mejorar las condiciones del actual acuerdo. Una vez más, la concesión de soberanía en los TLC refleja la adopción de un Norte alejado de los resguardos que el país necesita.

Es por ello que la ACJR formula las siguientes propuestas:

Al Parlamento:

• No aprobar un acuerdo que claramente es lesivo para los intereses de las grandes mayorías del país e impulsar instancias y mecanismos de discusión pública sobre los temas claves de estas negociaciones comerciales.
• Invitar a sectores de la sociedad civil a participar en las reuniones de las comisiones ad hoc sobre la materia.
• Cuestionar las concesiones en el acuerdo que limitan el ejercicio de soberanía del Parlamento.
• Exigir la inclusión de mecanismos de evaluación de los acuerdos.

A la comunidad:

• Ampliar las campañas de información y articulación sobre los verdaderos propósitos de los TLC a nivel nacional y regional.
• Realizar seguimiento y monitoreo de los efectos concretos que efectivamente tendrán estos acuerdos en el tiempo .
• Crear las condiciones para formular propuestas como la exigibilidad ciudadana, frente a las negociaciones comerciales, en particular, en torno a la penalización de las empresas trasnacionales, cuando éstas no respeten los derechos económicos, sociales y culturales de los países donde se instalan.
• Demandar la creación de fondos compensatorios para los sectores sociales y productivos que serán más afectados por este acuerdo.

Organizaciones miembros de la ACJR:

Instituto de Ecología Política (IEP); Consumer's International; Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU); Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS); Red Internacional de Género y Comercio - Capítulo Chile; Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC); Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo ( CODEPU ) Liga de Consumidores Conscientes; Agrupación Ayun; Asociación de Peruanos por la Integración de América Latina (APILA) y Plataforma Interamericana de Derechos Humanos y Democracia.

Santiago, 5 de junio del 2003.

Este documento ha sido publicado el 08jun03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights