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Comunicado de prensa del Relator Especial para la situacióon de los indígenas de la ONU al finalizar su visita a Chile.

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El Relator Especial de las Naciones Unidas para la situacion de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, concluye su visita oficial a Chile, julio 18-29, 2003

El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, concluye hoy, en Santiago, su visita oficial, iniciada el 18 de julio a invitación del Gobierno de Chile, que le llevó a recorrer la I, II, VIII y IX Regiones, además de la Región Metropolitana.

La misión estuvo dirigida a obtener una mejor comprensión de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chile a través del diálogo con el Gobierno, las comunidades indígenas, la sociedad civil, la academia y el equipo de las Naciones Unidas en el país, y ha ofrecido al Relator Especial la posibilidad de recabar información directa sobre demandas y denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos a miembros de comunidades indígenas del país. Durante la visita el Relator Especial mantuvo un diálogo abierto y franco con todos los actores con quienes pudo analizar, por un lado, los importantes logros conseguidos durante los años de la democracia en materia indígena, y por otro, los obstáculos que impiden a los indígenas gozar de una manera efectiva de los derechos que les han sido finalmente reconocidos por la ley.

El Sr. Stavenhagen comenzó su visita en Santiago donde, tras participar en el Primer Seminario Internacional sobre Pueblos Indígenas, mantuvo reuniones con las autoridades del Estado incluidos el Sr. Ricardo Lagos, Presidente de la República; Sr. Francisco Huenchumilla, Ministro Secretario General de la Presidencia; Sra. Soledad Alverar, Ministra de Relaciones Exteriores; Sr. José Miguel Insulza, Ministro del Interior; Sr. Jaime Andrade, Subsecretario del Ministerio de Desarrollo y Planificación (MIDEPLAN); los miembros del Grupo de Análisis Estratégico del Presidente así como con la Coordinación de Políticas y Programas Indígenas que incluye representantes de diversos ministerios con responsabilidad sobre cuestiones que afectan a los indígenas. El Relator también se reunió con el presidente y un miembro de la Comisión del Senado encargados de Ley y Justicia y mantuvo varios encuentros con el Sr. Patricio Aylwin, Presidente de la Comisión de la Verdad Histórica y Nuevo Trato, así como con sus miembros.

Durante su gira el Relator Especial se entrevistó con autoridades locales y organizaciones civiles y populares y mantuvo encuentros con representantes de los pueblos indígenas en Temuco, Ralco, Iquique, San Pedro de Atacama y Santiago. A pesar de no haber podido viajar a la Isla de Pascua, el Sr. Stavenhagen se reunió con representantes del pueblo Rapa Nui quienes le presentaron sus preocupaciones, aspiraciones y le informaron acerca de las implicaciones del futuro estatuto especial para la Isla.

En la Araucanía el Relator Especial visitó la Municipalidad de Tolten y la comunidad de Makewe donde pudo escuchar el sentir de un gran numero de representantes indígenas de las diversas comunidades mapuche. En Temuco se entrevistó, entre otros, con representantes mapuches de las comunidades huilliche, lafkenche, pehuenche y nagche, donde pudo obtener una visión amplia de los diversos puntos de vista respecto de la realidad de este pueblo. También visitó dos centros penitenciarios para observar la situación de varios reclusos mapuche procesados por delitos vinculados al movimiento social, en Temuco se reunió con los padres del joven Alex Lemun muerto en un enfrentamiento con carabineros, y quiere aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento para que se esclarezca de forma definitiva el caso y se sancione a el o a los responsables.

El Sr. Stavenhagen se trasladó posteriormente a Ralco, en la VIII Región, donde pudo conversar con algunas de las familias afectadas por la construcción de la represa. Como última etapa de su gira, estuvo en Iquique donde se reunió con representantes del pueblo Aymara y posteriormente en San Pedro de Atacama donde mantuvo un encuentro con sus autoridades locales y líderes indígenas atacameños pertenecientes al Consejo Atacameño, dirigentes del Pueblo Quechua y diversos miembros de la sociedad civil.

El Relator Especial mantuvo conversaciones con los representantes del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, así como con el Gerente General de ENDESA-Chile, y con representantes de organizaciones no gubernamentales y diversos centros académicos.

A pesar de que en el transcurso de los últimos diez años se han producido avances importantes en Chile en materia de reconocimiento de la diversidad cultural y étnica, como la adopción de la Ley Indígena en 1993 y la creación de la CONADI, todavía existen y persisten grandes retos a los que debe enfrentarse el país para conseguir que este reconocimiento sea efectivo y pleno. Sólo a través del efectivo reconocimiento constitucional pueden consolidarse los pilares para la protección y promoción real de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas.

Entre los problemas destacados durante su misión el Relator Especial recogió múltiples testimonios en torno a conflictos referentes a la propiedad de la tierra y territorialidad de los pueblos indígenas, en particular del pueblo Mapuche. La política iniciada por los gobiernos democráticos de la Concertación prevé un programa de compra de tierras para los indígenas, pero las comunidades expresaron que su implementación ha sido lenta, y hasta ahora la falta de suficientes recursos no ha permitido extender este programa a todas las áreas indígenas. Ello ha producido un sentimiento general de frustración y decepción entre la población indígena. Tampoco se prevé la restitución a las comunidades de tierras que anteriormente fueron de propiedad y uso comunal, sino solamente la constitución de la propiedad privada individual, lo cual tiende a debilitar los vínculos sociales entre los miembros de dichas comunidades y no satisface las condiciones culturales de las comunidades.

Esta problemática se complica en cuanto se refiere al acceso a los recursos del subsuelo y otros, como son el agua y los recursos del mar. Las distintas leyes sectoriales facilitan y protegen la inscripción de derechos de propiedad privados sobre recursos que tradicionalmente han sido propios de las comunidades indígenas. El Relator Especial recogió, entre otros, testimonios de indígenas aymaras y atacameños en la región árida del norte respecto del acceso al agua que es esencial para la vida de las comunidades campesinas, pero con frecuencia ese acceso se les niega porque el recurso ha sido apropiado por empresas mineras. En este contexto, el Relator Especial confía en que el proyecto de nueva ley de aguas que se está discutiendo en el Congreso consiga poner los cimientos de un sistema que permita la protección efectiva de los derechos ancestrales de estos pueblos.

En la costa de la Araucanía, numerosas familias lafkenche ven reducido su acceso anteriormente libre a sus tradicionales recursos de pesca y productos costeros por la inscripción de extensas áreas de costa a nombre de huincas (es decir, no indígenas) de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Pesca en perjuicio de las comunidades mapuche.

Tal vez el caso más emblemático de estos procesos ha sido la construcción de la central hidroeléctrica de Ralco en el Alto Bio-Bio, que ha conllevado el desplazamiento de docenas de familias pehuenche fuera de su habitat tradicional. Debido a faltas en el origen y diseño del proyecto desde el punto de vista de los derechos de los pueblos indígenas, los afectados resultaron ser víctimas de un proceso que los rebasa, en vez de constituir parte de un cambio que les beneficia con el resto del país. La solución a esta compleja problemática debe buscarse no solamente por la via de los tribunales sino principalmente por la del diálogo y del consenso, en el marco del respeto estricto de los derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas.

Los pueblos originarios representan el sector más empobrecido de la sociedad chilena y sus niveles de bienestar -medidos por el Indice de Desarrollo Humano y otros indicadores--se encuentran por debajo del promedio nacional. Las políticas asistenciales del gobierno -llevadas a cabo principalmente por vía de CONADI y el programa ORIGENES en MIDEPLAN--constituyen sin duda medidas importantes, pero han resultado hasta la fecha insuficientes para revertir esta situación. Se deben citar los proyectos de capacitación y desarrollo productivo en el marco de las Areas de Desarrollo Indígena, el programa incipiente de educación intercultural y el de becas para estudiantes indígenas, así como la defensoría pública en la reciente Reforma Procesal Penal en cuanto permite la defensa de procesados indígenas.

Durante su visita el Relator Especial pudo observar que la cuestión de los derechos humanos de los indígenas no puede separarse del contexto histórico que ha vivido el país. Un paso importante supone el reconocimiento por parte de las autoridades y de la sociedad entera de una deuda histórica con los pueblos originarios de Chile, a lo cual aporta la labor de la Comisión de la Verdad Histórica y Nuevo Trato. Un elemento que ayudaría a poner de manifiesto el interés expresado por el Estado respecto de la situación de sus pueblos originarios es la adopción de medidas legislativas efectivas que asienten las bases de ese reconocimiento. Independientemente de la pertenencia a un grupo o a otro todas las personas entrevistadas por el Relator expresaron la necesidad del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios de Chile y la pronta ratificación del Convenio 169 de la OIT. Estos pasos son vistos por las comunidades indígenas como esenciales si se quiere solucionar de una forma efectiva los problemas de derechos humanos a los que se enfrentan las comunidades originarias del país.

Finalmente, el Relator Especial quiere expresar su preocupación ante las situaciones de privación de libertad en la que se encuentran algunos líderes mapuches y la aplicación de leyes sectoriales que permiten, entre otros, largos periodos de detención con las consabidas consecuencias en el disfrute de los derechos humanos de los afectados.

El Relator Especial elaborará un informe que será presentado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Santiago de Chile, 29 de julio de 2003
[Fuente: Oficina para el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Ginebra]

Este documento ha sido publicado el 08ago03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights