25jun03

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Texto íntegro del manifiesto del Partido Comunista de Chile sobre la solución al tema de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Augusto Pinochet.

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Manifiesto al pueblo de Chile.

La verdad y la justicia no están en venta:

El fin de la constitución de 1980 y del militarismo son el único camino.

Estamos próximos a que se cumplan 30 años del sangriento Golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet y la Junta Militar, que tronchó la vida y los sueños de un Chile mejor de Salvador Allende y millones de chilenas y chilenos que lucharon junto a él por un mejor destino para nuestra patria.

La agresión fue el resultado de una confabulación que comenzó al día siguiente de la victoria democrática del 4 de Septiembre de 1970 y en esa fase culminó con el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider. El Gobierno de los EE.UU., con Nixon y Kissinger a la cabeza, con la participación activa de la derecha y la complicidad de sectores del centro político, pusieron en marcha planes para frustrar el proceso revolucionario, derrocar el poder popular y someter al pueblo con el empleo desenfrenado de formas de terrorismo de estado y la ejecución de crímenes de lesa humanidad. Los mandos de las FF.AA. que encabezaron el golpe no solo se alzaron contra la Constitución y la soberanía popular sino que cometieron un acto de traición a la Patria al conspirar con una potencia extranjera.

El conjunto de la ciudadanía y la comunidad internacional, que denunció y condenó 16 veces en la ONU al régimen militarista, fueron testigos de la "violación grave, masiva y sistemática de los derechos humanos" durante la tiranía. Desplazado Pinochet del ejercicio del Poder Ejecutivo, el Estado de Chile estableció, a través de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, esta verdad indiscutible, aunque sus conclusiones se limitaran solo a los casos de violaciones con resultado de muerte.

La verdad histórica es ésta y no la que algunos han querido y quieren imponer pretendiendo poner en un mismo nivel a víctimas y victimarios o afirmando que habría iguales responsabilidades de todos los actores. Responsables son los que promovieron el golpe y ejercieron represión brutal contra el pueblo. El pueblo todo, como sujeto político y depositario de la soberanía, fue hecho víctima de las violaciones a los derechos humanos. Esto es lo que se pretende encubrir con la tergiversación de la historia y la legitimación del golpe fascista.

Es un hecho vergonzoso y tremendo que hayan transcurrido decenios y no se conozca el destino de miles de esas víctimas y se haya negado verdad y justicia y una adecuada e integral reparación a sus familiares y a otros cientos de miles de chilenas y chilenos, y también de extranjeros, torturados, presos, exiliados, exonerados.

Es indecente que los principales sostenedores de la tiranía propongan hoy medidas de reparación con la pretensión de dividir a las organizaciones de derechos humanos y tratar de pavimentar un camino a un Punto Final. Esto ocurre cuando la tenaz lucha por verdad y justicia, en la que la querella contra Pinochet presentada por nuestro Partido fue un hito decisivo, logra avances significativos. La detención y posterior desafuero del dictador permitió desentrabar procesos retenidos por años y proceder a condenas. Suman hoy 300 los responsables encausados en uno u otro grado y deberán ser muchos más.

Esta maniobra, por tanto, es producto del temor y del afán de eludir su responsabilidad de parte de los civiles que participaron en la promoción del golpe de estado. Personeros como los señores Jarpa, Fernández, Cardemil, Bombal, Novoa, Diez, Cuadra, entre muchos otros, deben asumir sus responsabilidades, informar sobre lo que conocieron de los crímenes que avalaron con su actitud. La propuesta de la UDI significa impunidad y la exigencia de indultos a priori es, lisa y llanamente, obstrucción a la justicia y de ello debieran responder ante los tribunales.

Es hora de dar pasos coherentes y serios para cerrar las heridas provocadas por esta tragedia. Mientras persista la impunidad y las condiciones que la han hecho posible, la sociedad chilena no superará las secuelas del desastre vivido. Por ello valoramos y respaldamos las demandas y proposiciones hechas al Presidente de la República por las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos.

Nuestra posición de principios frente a los crímenes contra la humanidad. La verdad y la justicia un derecho y una obligación del estado.

Durante estos doce años, los gobiernos de la Concertación, en acuerdo con la derecha y el militarismo, han promovido reiteradamente leyes de punto final en materia de violaciones de derechos humanos e iniciativas como la Mesa de Diálogo, todas las que terminaron en el más absoluto fracaso. Ese es un camino ciego.

Hacer prevalecer la verdad de lo ocurrido en Chile continua siendo una necesidad imperiosa no sólo para los familiares de las víctimas sino para la sociedad toda. Un país que no sea capaz de dar cuenta de su verdadera historia será incapaz de construir su futuro. Por ello es imperativo poner en marcha medidas que se hacen impostergables.

Para ello, es necesario remover los mecanismos de la impunidad. Una democracia efectivamente representativa y participativa es el único espacio donde se puede reivindicar y realizar los derechos humanos. Para avanzar hacia ella se requieren cambios profundos que hagan posible una nueva institucionalidad.

En primer lugar, es indispensable poner fin a la Constitución de 1980 y sus enclaves dictatoriales, como los senadores designados e institucionales, la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Tribunal Constitucional, el antidemocrático sistema electoral binominal. La Constitución vigente es producto de la tiranía y por ello es ilegítima e insanablemente antidemocrática. En tanto fundamento de la tiranía es el principal obstáculo para la verdad y la justicia.

Diversos convenios y tratados internacionales han tipificado y consagrado el deber de sancionar actos que constituyen crímenes contra la humanidad. Chile es signatario de estos instrumentos internacionales y, como tal, ha reconocido que los crímenes señalados en esos instrumentos son inamnistiables e imprescriptibles. En ellos está establecida la prohibición expresa de los Estados de exonerar a sus agentes por actos de este carácter. Hasta el actual derecho chileno así lo reconoce en el artículo 5º inciso 2º y 19º de la Constitución.

Por lo tanto, se debe anular el DL 2191, mal llamado Ley de Amnistía, y sus efectos. Al aplicar amnistía, prescripción o usar cualquier otro mecanismo para exonerar de culpa al responsable, se agrega al acto violatorio de los derechos humanos una segunda violación: la Impunidad. La impunidad transgrede las bases mismas de una convivencia justa y pacífica entre los Estados y al interior de las sociedades. El Estado que consagra y prohija la impunidad es un Estado transgresor del Orden Jurídico Internacional. Así ha sido establecido por la Corte Interamericana de Justicia en los casos de Uruguay y Argentina.

Eso impone la necesidad de la inmediata ratificación por el Parlamento chileno de los tratados internacionales que se encuentran pendientes, entre éstos la Convención Americana sobre la desaparición forzada, la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y el delito de genocidio y el Tribunal Penal internacional

La competencia de la justicia militar, producto de las sucesivas modificaciones legales que realizó la dictadura, ha sido otro claro impedimento para la verdad y justicia: a todos los procesos traspasados a la justicia militar se les aplicó la amnistía.

Deben modificarse sin dilación esas competencias y limitarla exclusivamente a los delitos militares poniendo término de la competencia de la justicia militar para juzgar a civiles y decidiendo la salida de la Corte Suprema del Auditor General del Ejército.

Hay que poner fin al flagelo del militarismo.

Se requiere un profundo cambio de las instituciones armadas y ello comienza con el reconocimiento de su responsabilidad institucional en lo ocurrido. Asumiéndola podrán actuar para resolver definitivamente el problema dramático de la ubicación de los cuerpos de los Detenidos Desaparecidos y de los Ejecutados Políticos que no han sido entregados a sus familiares, contribuir al conocimiento de la verdad que debe ser total respecto a los hechos acontecidos, las características de estos crímenes y, muy especialmente, los responsables de ellos. Los actuales mandos tienen la posibilidad real de contribuir a esa verdad y deben actuar en consecuencia recabando toda la información existente, rompiendo el pacto de silencio que los amarra y terminando con la vasta red de protección de los responsables, particularmente de Pinochet.

El pleno esclarecimiento de las exhumaciones ilegales que se llevaron a cabo durante y aún después de la dictadura es ineludible. Este delito es continuidad directa de un crimen contra la humanidad y por tanto adquiere ese carácter y es indudablemente producto de una asociación ilícita. Es inaceptable y falto de toda base jurídica pretender que la confirmación judicial de estas exhumaciones pueda ser esgrimida para obtener la impunidad de los asesinos puesto que no alteran en nada la ocurrencia hasta hoy del delito de secuestro permanente que no terminará mientras se niegue la entrega de los cuerpos. La investigación plena de esos hechos es una obligación de las autoridades militares y llevarla adelante sería una prueba de la voluntad de repudiar los métodos empleados por la dictadura.

Las formulaciones del general Cheyre sobre el "nunca más" deben concretarse en una cuestión clave: "Nunca más un Ejército que desconozca y se confronte con la voluntad popular y democrática del pueblo". Eso no estará garantizado por declaraciones sino por cambios radicales de doctrina y de relaciones con la sociedad de todas las ramas de las FF.AA.. La asignación a éstas del rol de garantes de la institucionalidad expresa la permanencia de una Doctrina de Seguridad Nacional que degenera su papel y que mantiene el militarismo, concepción reaccionaria no solo ni tanto de los militares sino de los sectores dominantes, que asignan a los uniformados un papel protagónico en el ejercicio de un poder que sirva a sus intereses. Esto convierte a los mandos militares en una casta que se yergue como real o potencial opresora del pueblo.

Lo que se precisa es una formación de los militares en una doctrina de defensa democrática, que renuncie a las concepciones de enemigo interno, que proscriba la inteligencia militar en cuestiones políticas, que permita y promueva el pluralismo ideológico en su seno, que acepte someterse al escrutinio democrático de su quehacer.

De la dramática experiencia vivida por los chilenos se debe concluir que las lecciones aún no han sido asimiladas. Aún hay sectores sociales, pueblos originarios y partidos perseguidos y excluidos, como el nuestro y, sin embargo, los golpistas de ayer siguen disfrutando del poder y el beneplácito de los que están en el gobierno y en los mandos. Es una paradoja inaudita que los opresores de ayer gocen de privilegios y que una gran mayoría de los que luchamos por la libertad sigamos siendo discriminados y excluidos de la vida política y social.

La reparación un deber de estado pero jamás a costa de la impunidad.

El Estado tiene la obligación, emanada de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, de reparar a las víctimas y sus familias. La principal forma, es la verdad total y la justicia plena.

La reparación es un concepto amplio que comprende la reparación jurídica, política, moral, social y económica.

La reparación moral demanda que el país rinda el merecido reconocimiento a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado y vele por el establecimiento de la verdad histórica. Se debe honrar la memoria de cada una de las víctimas: las calles de nuestras ciudades deben llevar su nombres, los recintos de detención y tortura de la dictadura deben ser declarados monumentos nacionales, deben levantarse monumentos a los caídos, reinstalar la puerta presidencial de Morandé 80.

La reparación económica justa es una obligación. Ayudaría a mitigar en alguna medida las graves secuelas sobre las víctimas y sus familiares. Esta debe comprender aspectos como salud, educación, vivienda y garantías de una vida digna. La pérdida de un familiar es algo irreparable pero el Estado tiene el deber de mitigar el daño causado.

Esta reparación debe comprender a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos, detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados, exiliados, presos políticos, exonerados, pueblos originarios.

La reparación social pasa porque el conjunto de la sociedad asuma que en Chile se violaron los derechos humanos, que la tortura, crimen de lesa humanidad se convirtió en recurso corriente. Esto nunca más debe repetirse en nuestro país.

Ello debe comprender a lo menos:

• - Normalización de la situación de los presos políticos de la dictadura militar, que tienen órdenes de detención pendiente y limpieza de sus antecedentes.
• - Rehabilitación de la ciudadanía para todos aquellos que han perdido sus derechos ciudadanos.
• - Indemnización por los períodos de detención y encarcelamiento.
• - Reparación del daño causado a los exonerados políticos
• - Reposición de todos sus derechos a los militares democráticos que resistieron el golpe fascista.
• - Derogación de las leyes represivas o restrictivas de los derechos fundamentales heredadas de la dictadura.
• - Reconocimiento y restitución plena de los derechos económicos sociales y culturales de los pueblos originarios.
• - Libertad de todos los presos políticos y término de las Cárceles de Alta Seguridad.

No al punto final.

La reparación no puede ser a costa de la impunidad, esto constituye un chantaje inaceptable. Es lo que ha propuesto la UDI explotando las carencias de tantos de los agredidos como resultado de la indolencia de las autoridades en esta transición pactada interminable.

Rechazamos enfáticamente las maniobras para imponer una solución de Punto Final, con ese u otro nombre, recurriendo a amnistías, indultos, término de la figura jurídica de desaparición forzada como secuestro permanente u otros procedimientos igualmente deleznables. Ello tiene un sentido ético y jurídico que se fundamenta en la Doctrina Internacional de los derechos humanos y en nuestra propia experiencia de ser un partido perseguido y cuyos miembros fueron víctimas de la crueldad represiva.

El derecho a la verdad y la justicia, es una necesidad política e histórica y un derecho inalienable no sólo para los familiares de las víctimas sino para el conjunto de la sociedad chilena. Para lograrlas, los procesos judiciales deben seguir desarrollándose en máxima independencia, sin presiones, ni aplicación de mecanismos de impunidad.

El Poder Judicial debe asumir su deber constitucional de respetar y promover los derechos humanos, en lo que falló groseramente en el pasado. Debe garantizar la preeminencia constitucional de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile. No hacerlo sería incurrir en notable abandono de deberes, como asimismo, exponer el honor del Estado de Chile en el campo internacional.

Precisamente porque la solución no puede seguir dilatándose sin daño creciente para el país, planteamos que debe aumentarse sustancialmente el número de jueces especiales.

Se debe dar pasos sin tardanza para cumplir con el compromiso de años del establecimiento de una autoridad colegiada de carácter autónomo elegida por votación popular en calidad de defensores del pueblo para velar por el respeto y promoción de los derechos humanos.

Es también necesaria la creación de una entidad estatal que vele por el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y sea una ayuda permanente para las víctimas y sus familiares que debe permanecer en el tiempo como un órgano de promoción de los derechos humanos en nuestra patria.

En síntesis, una efectiva solución del drama que pesa sobre la sociedad chilena en su conjunto solo puede avanzar a su solución si:

• Se garantizan verdad y justicia plenas como objetivo irrenunciable
• Se pone fin al Constitución de 1980
• Se anula la Ley de Amnistía y sus efectos
• Se ratifican y aplican los tratados internacionales sobre crímenes contra la humanidad
• Se cambia radicalmente la competencia de la justicia militar
• Se adoptan todas la medidas para erradicar el militarismo de nuestras instituciones armadas

Sostener la exigencia de verdad y justicia plenas y honrar a las víctimas es mantener en alto los valores éticos que guiaron a todos aquellos que lucharon por una sociedad más justa y en primer término al Presidente Salvador Allende, quien sostuvo con coraje su fidelidad a los principios.

Justicia, nada más pero nada menos.

Partido Comunista de Chile.

Este documento ha sido publicado el 26jun03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights