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31ago10
Fiscal pedirá arraigo nacional para dueños de mina San José
Una solicitud de arraigo nacional para los dueños de la minera San Esteban Primera, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, sería pedida en el transcurso de la semana por el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella.
Según el propio Mella, durante los próximos días se concretaría la solicitud de formalización de los dos ejecutivos, postergada la semana anterior. "En principio nosotros tenemos que asegurar, y una primera manera de asegurar es a través de una orden de arraigo de partida. Es una medida primaria", dijo.
Esto, en el plano del accidente que sufrió Gino Cortés el 3 de julio de este año en el mismo yacimiento y que terminó con la amputación de una de sus piernas. El persecutor también está a cargo de la investigación por el derrumbe que tiene a 33 mineros atrapados a 700 metros, pero aún no presenta acciones para no entorpecer las labores de rescate.
Junto con el arraigo, Mella explicó que también podrían solicitar privación de libertad, pero eso se va a discutir en el momento de la audiencia. "En este momento no lo tengo absolutamente decidido, lo vamos a ver hasta el final, pero como lo digo, a lo menos esperamos el arraigo nacional", señaló.
Además, el fiscal de Atacama dijo que las acciones contra el Sernageomin están centradas primero en las autorizaciones (para la reapertura del yacimiento) y que personal de la PDI ya cuenta con información "bastante interesante e importante" respecto a esa situación.
En tanto, ayer se confirmó la asistencia hoy de Bohn y Kemeny a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
Plan laboral
En otro plano, el subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda, llegó ayer hasta la mina San José a dar a conocer un plan integral para los trabajadores de minera San Esteban Primera, una vez que el yacimiento sea cerrado. Baranda se reunió por dos horas con los trabajadores de la empresa y explicó que el gobierno gestionó 180 cupos laborales en compañías de Atacama y Antofagasta, además de una feria laboral especial para ellos.
Por su parte, el sindicato de trabajadores de la mina pidió al gobierno se haga cargo del pago de sus sueldos, a lo que el subsecretario Baranda respondió diciendo que "el Estado no puede hacerse cargo de una responsabilidad de privados". Sin embargo, aseguró que junto a la Dirección del Trabajo se supervisará regularmente que la empresa cumpla con su obligación de pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales.
[Fuente: Por Ricardo Ahumada, La Nación, Santiago, 31ago10]
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