Mesa de Diálogo
Senador democratacristiano explica por qué votó en contra de la ley de secreto profesional derivada de la Mesa de Diálogo.
El senador democratacristiano Jorge Lavandero denunció ayer que los detenidos desaparecidos que dejó la dictadura de Pinochet no son 1.200, como lo estableció el informe oficial confeccionado en 1991 por la Comisión Rettig, sino más de dos mil y que el 60% de ellos fue arrojado al mar y otro alto porcentaje exhumado en 1988 para impedir la ubicación de sus restos.
La información le habría sido entregada por dos ex agentes de los servicios secretos y de inteligencia del régimen militar en el curso de una investigación que la Comisión de Derechos Humanos del Senado --que él presidió-- realizó hace dos años.
Las exhumaciones de cerca de 800 restos de desaparecidos las habrían llevado a cabo los mismos autores de esos entierros clandestinos en 1988, casi dos años antes de que los militares entregaran el poder. Los oficiales que habrían dado las órdenes para las ejecuciones y entierros desconocerían por tanto el destino final de los restos de las víctimas.
Lavandero hizo la denuncia al justificar el por qué votó en contra de la ley que establece el secreto o la reserva de su identidad para quienes proporcionen información sobre el paradero de los desaparecidos, y que fue el resultado del compromiso adquirido por las Fuerzas Armadas en la "Mesa de Diálogo". Esa instancia, integrada por representantes de las Fuerzas Armadas y abogados emblemáticos de derechos humanos, entregó un acuerdo en el que por primera vez desde el fin de la dictadura hace diez años los militares reconocieron la existencia de los detenidos desaparecidos y se comprometieron ante el país a entregar la ubicación de sus restos en un período de seis meses. El plazo comenzó a correr hace una semana, cuando fue publicada en el
Diario Oficial la ley que consagra el secreto para quienes proporcionen la información.
La denuncia de Lavandero arroja nuevas dudas sobre el éxito que podrán tener las Fuerzas Armadas en el compromiso adquirido y que conlleva el riesgo de su credibilidad y honor institucional. Para Lavandero, si los desaparecidos son más de dos mil sería "impresentable que tras la aprobación de la ley del secreto profesional se encontraran sólo cien o doscientos cuerpos".
Las dos revelaciones de Lavandero, sobre el lanzamiento de cuerpos al mar y exhumaciones ilegales, no son nuevas. En 1984, Andrés Valenzuela, agente de los servicios secretos y miembro de la Fuerza Aérea, denunció a esta corresponsal: "En 1975, uno de los helicópteros que participó en esto llegó a la Base Aérea de Colina y sacaron en mi presencia a cerca de 15 detenidos. Era un helicóptero de la FACH, pero en ese tiempo trabajábamos en conjunto con el Servicio de Inteligencia del Ejército. Lo que se dijo al regreso del aparato era que los habían lanzado al mar, tengo entendido que frente a San Antonio. Incluso después, uno de los agentes que participó, ''Fifo'' (Adolfo Palma Ramírez), me contó que los detenidos no iban muertos, sólo drogados, porque uno de ellos había despertado y habían tenido que pegarle un garrotazo. Antes de lanzarlos al mar, tres comandos del ejército que participaron de la operación, les abrían el estómago con sus corvos para que no flotaran y se hundieran".
Una nueva denuncia al respecto la hizo el hijo del general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, el principal organismo represor de Pinochet, actualmente preso en Punta Peuco por su participación en el asesinato del ex canciller de Allende, Orlando Letelier. "Mamito", como le dicen al hijo de Contreras, dijo que según la información que le había entregado su padre, alrededor de mil cadáveres de detenidos desaparecidos habían sido desenterrados de sus fosas clandestinas y tirados al mar "para borrar todo rastro de los crímenes cometidos por el régimen militar".
La acción se habría ejecutado en 1990, poco después que asumió el poder Patricio Aylwin, ante el temor de que con la recuperación de la democracia los familiares de las víctimas y el gobierno reabrieran los juicios de detenidos desaparecidos. La acción se habría hecho en fosas cavadas en el interior de recintos militares.
Poco después fue un oficial en retiro, Olaguier Benavente, el que entregó nuevos antecedentes. En junio de 1999 éste reveló que el oficial Antonio Palomo, uno de sus subalternos en Cauquenes y quien llegó a ser el piloto favorito de Pinochet en todos sus desplazamientos, le confesó haber participado en el lanzamiento al mar y sobre las altas cumbres cordilleranas cuerpos de detenidos desaparecidos. Dijo además que Palomo le explicó que éste era uno de los secretos mejor guardados hasta ahora por los ex agentes de los servicios secretos.
Los dichos de Benavente impactaron por tratarse éste de un represor. Fue el responsable del fusilamiento en setiembre de 1973 del intendente de Talca, un destacado militante socialista. Y Palomo, un oficial de alto rango, ya que llegó a ser el jefe del Comando de Aviación del Ejército en 1983 y agregado militar en Francia en 1986. Su retiro de las filas quedó registrado en 1990.
[Fuente: Mónica González especial para Diario Clarín desde Santiago de Chile, Buenos Aires, Argentina, 14jul00]
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