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Propuesta de derechos humanos del gobierno.

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Propuesta de derechos humanos del gobierno

I.- AVANCES Y OBJETIVOS

Hago entrega al país de la propuesta de mi gobierno para seguir avanzando en el delicado proceso de sanar las heridas producidas por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Hoy damos un paso más en este camino.

Un paso más por el cual el Estado de Chile responde, al menos en parte, al dolor de quienes fueron sus víctimas principales. Un paso más en este difícil camino con cuyo tránsito la sociedad chilena intenta mirar de frente ese momento de nuestra historia, y vivir cada día con mayor madurez el dolor que Chile lleva en su alma.

Estoy consciente de que las propuestas que hoy entrego no constituyen una solución definitiva a los quebrantos y al sufrimiento ocasionado por dichas violaciones.

En verdad, nunca podrá haber solución definitiva para una situación como la que vivimos. Lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer, es continuar avanzando, por cierto que con mayor decisión y participación de todos, pero no para dar propiamente con una solución, con un cierre definitivo del problema, sino para llegar a un punto de máximo acuerdo, de máxima verdad, de máxima justicia, de máxima reparación.

Muchos han creído que para superar los traumas del pasado bastaba con “dar vuelta la página”, o con echar tierra sobre la memoria. Una sociedad no se hace más humana negando el dolor ni las páginas oscuras de su historia; al contrario, con ello sólo se denigra y envilece.

El dolor de la pérdida de un hijo o hija, hermano o hermana, del padre o la madre, del cónyuge, nunca se extingue. Sólo podemos aspirar a aprender a vivir con el dolor, a evitar que ese dolor se transforme en odio y ansias de venganza, y a reparar en parte los perjuicios que nos ha causado. Una fractura social, política y moral de tal magnitud no se cierra en un acto y en un momento determinados; no es posible extirpar el dolor que vive en la memoria por medio de un conjunto de medidas, por muchas, bien intencionadas y profundas que éstas sean.

Sin embargo, es deber de todos los chilenos, y en especial mi deber como Jefe de Estado, impulsar con convicción medidas que contribuyan a legar a las nuevas generaciones una nación cuya alma esté unida y en paz, y cuya conciencia moral haya dado los pasos necesarios en verdad, justicia y reparación. Chile sólo podrá aspirar a un futuro digno, sólido, democrático, si acaso es capaz de hacerlo sobre la base de la paz social, la solidaridad y la unidad de todos los chilenos.

Al día siguiente de asumir mi mandato presidencial, en el acto del 12 de marzo de 2000 en el Parque Forestal, manifesté mi invitación “a enfrentar con dignidad y con entereza, a través del diálogo y del respeto a las instituciones y al Estado de Derecho, lo que todavía tenemos pendiente en materia de derechos humanos”.

El mundo entero reconoce a Chile enormes avances en prácticamente todos los planos del desarrollo humano. Nos hemos ganado el respeto y hasta la admiración de las demás naciones. Pero necesitamos avanzar más aceleradamente en el cierre de nuestras heridas por los mismos caminos que con sensatez y determinación hemos seguido hasta ahora: el de los Tribunales de Justicia y del imperio de la ley, sin excepciones.

Queremos que jamás en nuestro país vuelvan a ocurrir las atrocidades que sucedieron en el período señalado. Para ello todos debemos cuidar celosamente la convivencia conseguida con tanto esfuerzo en estos años y el irrenunciable patrimonio de nuestra historia republicana.

El quiebre de la institucionalidad democrática en un país jamás se produce como un rayo que altera de pronto, sin previo aviso, un cielo que hasta entonces permanecía apacible y sereno. Se produce siempre en medio de tormentas crecientes que los países y sus líderes no son capaces de controlar.

Por ello, es necesario que quienes vivimos ese quiebre y teníamos responsabilidades en las distintas áreas de la vida nacional no dejemos nunca de pensar y reconocer, con humildad y realismo, cuáles fueron los errores individuales y colectivos que nos llevaron a un momento terrible en nuestra historia patria.

Nadie puede declararse ajeno a la profunda división que ocurrió entre nosotros los chilenos y que nos condujo a la catástrofe antidemocrática que todos conocemos.

Intentar comprender y asumir el contexto y las causas del quiebre civil de ese entonces no significa, en modo alguno, justificar lo que posteriormente sucedió.

Vimos cómo agentes del Estado persiguieron organizadamente, y con inusitada violencia, a quienes pensaban distinto. Se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Se asesinó, se torturó, se detuvo y se hizo desaparecer a personas. Sus familiares, y todo Chile, tienen el derecho y la necesidad de saber la verdad acerca de qué ocurrió con esas personas.

El largo camino emprendido para conocer esa verdad comenzó con los familiares que buscaban a sus seres queridos. Una búsqueda terrible por cárceles y morgues, por todo tipo de establecimientos de salud y por diversos centros de detención, por lechos de ríos y quebradas. Una búsqueda incansable por encontrar a los suyos, una búsqueda irrenunciable de la verdad y la justicia. Un ejemplo de dignidad que es orgullo de todos los chilenos.

Todo ello, desde el comienzo, con el apoyo de las iglesias y la Vicaría de la Solidaridad. Con el tiempo, se han venido sumando diversos tipos de apoyos para esta tarea.

El paso más importante en este proceso fue el haber recuperado la democracia. Sin la democracia que fuimos capaces de recuperar y desarrollar, nada de lo que hasta ahora hemos avanzado hubiera sido posible.

Desde entonces, tres han sido los pilares sobre los cuales los gobiernos democráticos hemos ido edificando nuestra política sobre derechos humanos: Verdad, Justicia, Reparación. Tres pilares, pero también tres valores a los que no estamos dispuestos a renunciar.

Hitos importantes marcan este camino de búsqueda de verdad y justicia.

El primero es el paso gigantesco hacia la verdad que significó reunir a hombres y mujeres de buena voluntad en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que presidió Raúl Rettig.

Chile entero conoció, entonces, los trazos principales de una verdad que había sido sistemáticamente negada. Millones de chilenos se enteraron que los detenidos desaparecidos constituían una realidad que había que mirar de frente, y que el dolor de sus familiares era el dolor de todo Chile. Nunca los chilenos podremos olvidar el momento en que el Presidente Aylwin pidió perdón a las víctimas en nombre de toda la nación.

Un segundo gran paso fue la Mesa de Diálogo instalada por el gobierno del Presidente Frei, en la cual las Fuerzas Armadas se incorporaron al diálogo nacional sobre las violaciones a los derechos humanos, aceptando la responsabilidad de sumarse a la búsqueda de la verdad sobre el destino de los detenidos desaparecidos y ejecutados.

Si bien los resultados no han sido todo lo fructíferos que muchos hubiéremos deseado, en lo fundamental se generó un salto inmenso en la recomposición del alma nacional, se instaló un nuevo clima de cooperación, una nueva esperanza en la búsqueda de la verdad y de la justicia, y se abrió paso a una nueva relación entre el país en su conjunto y sus Fuerzas Armadas.

Los temas de verdad y justicia cobraron una nueva dimensión en la acción de la Justicia; hoy están abiertos en los tribunales más de 300 juicios relativos a los detenidos y desaparecidos, que incluyen los casos de más de mil víctimas.

Las instituciones armadas han cooperado con la Justicia. En cuanto instituciones han entregado su información; pero hay personas que poseen información y que permanecen cruelmente silenciosas.

El paso que damos hoy es importante porque a esta tarea nacional de buscar la verdad y la justicia respecto a las violaciones de los derechos humanos se suman nuevas voces que, hasta ahora, se negaban a reconocer lo sucedido. Es bueno para Chile que así sea. Nos falta camino por recorrer. Exhorto una vez más a las personas que tienen información a que la entreguen.

A partir de la base de la verdad buscada, encontrada y narrada en el Informe de Verdad y Reconciliación, se fueron elaborando y consensuando medidas de reparación a las víctimas.

Así nace la Ley N° 19.123 de Reparación en el año 1992, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y que estableció una política de reparaciones para los casos de violaciones de derechos humanos con resultado de muerte: ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de la violencia política. Reconociendo la tragedia y el dolor causado, la ley estableció pensiones y diversos beneficios en educación y salud para los cónyuges, madres e hijos de las víctimas. En total se calificaron 3.195 causantes, de los cuales 2.772 eran víctimas de violaciones a los derechos humanos y 423 víctimas de la violencia política, entre los cuales 160 son miembros de las Fuerzas Armadas.

Al mes de junio de 2003, son beneficiarios de la pensión de reparación 1.287 cónyuges, 1.187 madres/padres, 252 madres de hijos no matrimoniales, 244 hijos y 133 hijos discapacitados. Durante los 11 años de vigencia de esta ley, 5.099 personas han sido beneficiarias de ella. El Instituto de Normalización Previsional contabiliza a la fecha de hoy un gasto de 90 mil 506 millones 394 mil 1 pesos por concepto de pensiones de reparación.

Esta ley además otorga beneficios educacionales a los hijos, consistentes en el pago de aranceles y matrícula y un subsidio mensual a estudiantes de educación media, técnica o universitaria hasta los 35 años. Al año 2002 se registra un gasto de 11 mil 289 millones 200 mil 133 pesos por concepto de beneficios educacionales.

En el mismo año 1990 se dictó la Ley N° 18.994, que creó la Oficina Nacional del Retorno, para facilitar la reinserción de los exiliados. En sus 4 años de funcionamiento atendió a 52.577 personas. También con el mismo propósito se dictó la Ley N° 19.128, que otorgó franquicias arancelarias para la internación de sus bienes y la Ley N° 19.074 para la habilitación de los títulos profesionales y el reconocimiento de estudios realizados en el extranjero. Por otra parte, se contó con programas y financiamiento de la cooperación internacional para la reinserción laboral. El programa de retorno se llevó a cabo mediante la colaboración entre el Gobierno de Chile, la cooperación internacional y el trabajo de algunas ONG especializadas.

En relación a los exonerados que perdieron sus empleos por razones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 se han dictado tres leyes, la N° 19.234 del año 1993, la N° 19.582 del año 1998 y la Ley N° 19.881 del presente año. Las mencionadas leyes establecen como beneficios pensiones no contributivas de sobrevivencia y abono de tiempo por gracia. A mayo de 2003 se ha reconocido la calidad de exonerado a 86.208 personas. De ellos 41.905 gozan de pensiones no contributivas, 48.966 del beneficio de abono de tiempo por gracia, y 1.564 viudas tienen pensiones de sobrevivencia por gracia.

La cifra pagada a los exonerados entre el año 2000 y junio de 2003 asciende a 251 mil 697 millones 107 mil pesos y el gasto global, desde 1993, a 305 mil 756 millones 362 mil pesos.

A partir de 1991, cumpliendo con una recomendación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de ofrecer reparación a todas las víctimas facilitando el acceso a la salud y desarrollando programas de salud mental, se creó el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, PRAIS, en el Ministerio de Salud. A fines del año 2002 se registraban 110.453 personas inscritas en este programa. Los beneficios de salud han permitido mitigar en parte el sufrimiento de las víctimas y de muchos familiares. Este programa se inició con una donación de 600 mil dólares de la Agencia Interamericana de Desarrollo, AID.

He querido ofrecer toda esa visión detallada de cuanto ha sido hecho en esta materia, puesto que tratándose de acciones sucesivas y no coincidentes en el tiempo, puede haber quienes carezcan de una apreciación cabal acerca de la variedad de esas acciones y de los diversos beneficios de reparación que se han otorgado.

Tal información se encuentra en los anexos que se enumeran a continuación:

• Anexo1: Pensiones de Reparación 1992 – 2003, Ley N° 19.123.
• Anexo 2: Bonificación Compensatoria 1992 – 2003, Ley N° 19.123.
• Anexo 3: Beneficio Educacional 1992 – 2003, Ley N° 19.123.
• Anexo 4: Indemnización por Bienes Confiscados a Partidos Políticos 2001 – 2003, Ley N° 19.568.
• Anexo 5: Programa Oficina Nacional de Retorno 1990 – 1994, Ley N° 18.994.
• Anexo 6: Servicio Médico Legal, Proyecto de Identificación de Detenidos Desaparecidos 2000 – 2002.
• Anexo 7: Programa de Exonerados Políticos 1993 – 2003, leyes N° 19.234, N° 19.582 y N° 19.881.
• Anexo 8: Programa de Derechos Humanos y Reconocimiento al Exonerado Político 1997 – 2003.

Sobre la base de todo lo que, como sociedad chilena, hemos avanzado en los aspectos de verdad, justicia y reparación, es que hoy nos atrevemos a dar un paso más.

Hemos recibido la opinión de las iglesias, de instituciones laicas, sociales y políticas. De la coalición de gobierno, cuyo signo de identidad fundacional ha sido la defensa de los derechos humanos, como asimismo las propuestas de la oposición que –independientemente del pasado– hoy participa de esta tarea, generando las bases para una nueva realidad de cooperación, que como Jefe de Estado no puedo sino considerar un logro para el país.

Sin duda, los pasos dados por el Ejército y el conjunto de las Fuerzas Armadas explicitando con total profesionalismo su doctrina republicana, –y que hoy todo Chile les reconoce– contribuyen fuertemente al clima que permite plantearnos, unidos como país, nuevos avances en este delicado aspecto de nuestra vida nacional.

Después de escuchar a tantas personas y grupos, me asiste la convicción más profunda de que los objetivos de verdad y de justicia son moralmente irrenunciables. Además, reitero la convicción que sólo los Tribunales de Justicia constituyen la instancia para avanzar en la verdad y en la aplicación de la justicia de acuerdo a la ley vigente.

En consecuencia, mi gobierno no se hace cargo de ninguna propuesta que signifique establecer punto final a los procesos, ya sea porque son propuestas moralmente inaceptables, o bien, jurídicamente ineficaces. Asimismo, deja en los tribunales la interpretación respecto de la Ley de Amnistía.

Sin embargo, el camino de la verdad y la justicia, por el cual Chile ha transitado y seguirá transitando, es susceptible de encontrar un mayor perfeccionamiento en sus instrumentos y mecanismos.

El planteamiento que hoy formulo busca avanzar y profundizar a partir de los logros ya alcanzados. Para ello, siguiendo el camino de persistir en la búsqueda de la verdad y en la procuración de la justicia, propongo al país seguir avanzando sobre la base de cuatro objetivos:

• Alcanzar el conocimiento más pleno posible de aquella parte de la verdad que aún falta por saber y cuyo logro constituye un imperativo ético: la ubicación de las personas detenidas desaparecidas y de las personas ejecutadas, así como el esclarecimiento de las circunstancias de dicha desaparición o muerte.

• Persistir en nuestra conducta de asegurar la independencia, agilidad y eficacia en la acción de los tribunales competentes en la búsqueda de la justicia, en la aplicación de la ley y en la interpretación de ésta. Ello supone impulsar iniciativas legislativas cuyo fin sea facilitar y agilizar las investigaciones judiciales.

• Profundizar y mejorar las medidas de reparación que hasta ahora se han aplicado, y complementarlas en caso de vacíos o situaciones que ameriten ser incorporadas.

• Mejorar, a través de iniciativas legislativas, de diseño y acciones institucionales, la protección, promoción y garantía del pleno respeto de los derechos humanos fundamentales.

II.- MEDIDAS TENDIENTES A PERFECCIONAR LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA Para cumplir los objetivos señalados, planteo realizar las siguientes acciones:

1. Cooperar a la acción rápida de la justicia. En este campo, el gobierno estima relevante la consideración de las siguientes medidas:

• Insistir en la solicitud de designación de ministros en visita, o de jueces de dedicación exclusiva o preferente, para conocer de los casos de derechos humanos. Tales designaciones han constituido un elemento eficaz para el avance de los procesos. Nuestro Programa de Derechos Humanos continuará solicitándolos cada vez que los estime necesarios.
• Acumulación de procesos, puesto que ello permite un avance más rápido y precave que los diversos tribunales de justicia no realicen las mismas gestiones procesales en distintos juicios.

2. Legislar para agilizar las investigaciones judiciales y acelerar la entrega de la información.

Estas iniciativas se orientan a distinguir las responsabilidades de quienes organizaron y planificaron la represión, dieron las órdenes, dirigieron la ejecución de los crímenes o los ejecutaron directamente con consentimiento, de aquellos que participaron en ellos porque no tenían alternativa de negarse sin riesgo de sus propias vidas, o que fueron cómplices o encubridores.

El gobierno enviará al Congreso Nacional tres iniciativas legales fundadas en ese concepto que precisará en los mensajes que precederán tales proyectos.

Consideramos que ética y jurídicamente no todas las responsabilidades son iguales.

Hay situaciones en las que la capacidad de decisión de las personas se encuentra notablemente disminuida o prácticamente anulada.

Hay circunstancias en las cuales personas subordinadas han operado bajo temor a la represalia que podía significar poner en riesgo sus propias vidas, o en estado de ignorancia insuperable, y no han sido capaces de atender cabalmente a las consecuencias de sus actos. Si estas personas están dispuestas a cooperar con la verdad y la justicia, parecería lógico considerar una penalidad menor o incluso nula para ellos, una vez establecida la verdad.

Por supuesto, nada de esto es aplicable a quienes hayan dirigido, planificado, ordenado llevar a cabo o ejecutado una práctica sistemática de violaciones de los derechos humanos. Esas iniciativas legales son:

a. La que introduce modificaciones en los códigos respectivos, aplicables a los procesos en que se investigan violaciones a los derechos humanos, que dispongan lo siguiente:

• Otorgar inmunidad penal a quienes, sin estar imputados ni procesados, se presenten voluntariamente a los Tribunales de Justicia y proporcionen antecedentes fidedignos, efectivos y comprobables acerca del paradero de la víctima o de las circunstancias de su desaparición o muerte.
• Rebajar o conmutar penas que resulten aplicables a los cómplices y encubridores que, después de habérseles imputado responsabilidad y antes de la dictación de la sentencia de término, entreguen al tribunal respectivo antecedentes o pruebas que sirvan eficazmente para determinar los hechos o individualizar a quienes participaron en ellos o la suerte corrida por los detenidos desaparecidos o de los ejecutados cuyos restos no han sido entregados. Al efecto, se aplicarán reglas similares a la colaboración eficaz que hoy rigen en varias leyes vigentes para combatir el crimen organizado.
• Conmutar penas por más de un delito para quien, hallándose ya procesado o condenado, entregue antecedentes de los señalados sobre otros delitos que lo incriminen. Estos dos últimos beneficios regirán sólo para quienes presten la colaboración dentro de un período determinado, transcurrido el cual se aplicará el régimen ordinario.

b. La que facilita la obtención de la información:

• Facultando a los Tribunales de Justicia para requerir documentos referidos a la época en que ocurrieron los hechos y que son calificados de secretos por el Código de Justicia Militar, sin perjuicio de las especiales medidas de reserva que deban adoptarse respecto de los mismos.
• Otorgando al organismo de derechos humanos que se creará, la facultad de hacerse parte en los procesos relacionados con la muerte o desaparición forzada de personas y que por este solo hecho tendrá conocimiento del respectivo sumario.

c. La que establece normas procesales que permitan un conocimiento más rápido de la verdad:

• Preferencia en la vista de las causas de derechos humanos en las cortes, aún cuando no haya personas procesadas en prisión preventiva y por cualquier trámite de que se trate. Mientras esta modificación se apruebe, solicitaremos a los tribunales dar esa preferencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 560 del Código Orgánico de Tribunales.
• Otorgamiento de beneficios procesales a todas aquellas personas que, estando imputados y/o procesados, proporcionen antecedentes fidedignos, efectivos y comprobables por la justicia, acerca del paradero de la víctima, de las circunstancias de la desaparición o muerte y de la identidad de los autores, cómplices o encubridores. Los beneficios procesales se referirán a lo siguiente:

  - Facultar a los tribunales para disponer la reserva de identidad y otras medidas de protección para quienes realicen los actos de colaboración indicados.

  - Establecer el secreto de las medidas judiciales de protección que se otorguen a quienes colaboren.

  - Penalizar a los que violen el secreto de las medidas judiciales de protección que se otorguen a quienes colaboren.

  Estos beneficios sólo regirán para quienes presten la colaboración dentro de un período determinado, transcurrido el cual se volverá al régimen ordinario.

• Disponer que los procesos en que se investiguen casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, en actual tramitación en los Tribunales Militares, sean remitidos a la justicia ordinaria para la prosecución de las investigaciones, independientemente del estado en que se encuentren, dentro del plazo de 30 días desde que se dicte la norma respectiva.

3. Cooperación de la administración pública con la acción de la justicia. El gobierno adoptará las siguientes medidas:

• Dispondrá que el Servicio Médico Legal contrate una asesoría externa, del más alto nivel, para perfeccionar los métodos y procedimientos de identificación de restos encontrados que presumiblemente corresponden a ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, muchos de los cuales aún están sin identificar, así como para revisar las identificaciones ya realizadas cuando existan dudas razonables acerca de ellas. De igual forma, otorgará los recursos necesarios para capacitar personal y adquirir los elementos que fueren necesarios para la identificación de restos, cuando la dirección del servicio y la asesoría externa concuerden en su necesidad.
• La Policía de Investigaciones continuará apoyando la labor de los ministros en visita y jueces de dedicación exclusiva y especiales, de modo de estar en condiciones de cumplir con agilidad los mandatos judiciales.
• Analizará con el Poder Judicial los requerimientos de recursos de distinta especie que resulten necesarios para hacer aplicables las medidas tendientes a agilizar las investigaciones judiciales.

III.- MEDIDAS TENDIENTES A PERFECCIONAR LA REPARACIÓN SOCIAL QUE CHILE OTORGA A LAS VíCTIMAS.

El dolor causado a tantas chilenas y chilenos que sufrieron la pérdida de sus seres queridos por muerte o desaparición como resultado de la represión política, destruyendo sus familias y generando severos daños psicológicos y morales, constituye un daño que no puede ser reparado por decreto. Se trata de un duelo que, tanto personal como colectivamente, tenemos que asumir como nación.

Compartimos la convicción, sin embargo, de que el país tiene la responsabilidad política, ética y social de desplegar todos los esfuerzos posibles para reparar, aunque sea en parte, por medio de diversas compensaciones materiales y morales, las gravísimas consecuencias derivadas para las familias de las víctimas de esos tan injustos como dolorosos hechos. Esa ha sido la línea seguida hasta ahora y lo que corresponde es perseverar en ella, ampliándola y mejorándola, con el fin de atender más integralmente a las necesidades de tales familias.

Con este propósito nos hemos planteado implementar seis medidas fundamentales:

1. Mejoraremos las pensiones a los familiares de las víctimas y corregiremos los vacíos que han existido.

Vamos a proponer al Congreso Nacional modificar la Ley de Reparación a los familiares de las víctimas calificadas por las comisiones de Verdad y Reconciliación y de Reparación. Dicha iniciativa incluye los siguientes objetivos:

• Incrementar en un 50 por ciento el valor del conjunto de las pensiones vigentes.
• Establecer como nuevo beneficiario al padre, en caso de fallecimiento de la madre o en caso de renuncia de la misma.
• Incrementar de un 15 por ciento a un 40 por ciento el monto del beneficio para la madre o el padre de hijos no matrimoniales.
• Crear, por una vez, un bono ascendente a la cantidad de 10 millones de pesos para hijos matrimoniales o no matrimoniales que nunca recibieron el beneficio. En el caso de hijos que, habiendo sido beneficiarios, cesaron en su derecho a la fecha en que esta modificación legal entre en vigencia, el bono ascenderá a la cantidad equivalente a la diferencia entre lo recibido por concepto de la pensión y el monto máximo de este bono. Se excluyen de este beneficio los hijos que ya perciben pensión vitalicia por discapacidad. Este bono deberá solicitarse dentro del plazo de 12 meses. Los hijos que perciban este beneficio no podrán solicitar la pensión por discapacidad cuando ésta se haya generado con anterioridad a la fecha que recibió el bono.
• Crear un fondo especial para financiar un máximo de 200 pensiones de gracia a familiares que no tengan la calidad de beneficiarios por ley, destinado a situaciones particulares de familiares de causantes de pensión que no han tenido beneficiarios, convivientes que no tuvieron hijos pero sí una larga convivencia y dependencia económica de la víctima, y hermanos de la víctima que dependían de ella. El monto del beneficio será equivalente al 40 por ciento del monto referencial de la pensión de reparación y a él podrá acceder sólo una persona por causante. Será administrado por el Fondo de Becas Presidente de la República.

2. Perfeccionaremos los beneficios educacionales. Estos beneficios, en actual aplicación, consisten en el pago de la matrícula y el arancel a alumnos de universidades e institutos profesionales y centros de formación técnica, y en un subsidio mensual de 1,24 unidades tributarias. Este último subsidio se otorga también a los alumnos de educación media. A fin de mejorar estos beneficios se adoptarán las siguientes medidas:

• Se extenderá el beneficio al período de titulación, manteniendo por un plazo máximo de un año el subsidio mensual y el pago de los aranceles correspondientes en las instituciones de educación durante ese período.
• Se dictará un reglamento que permita un uso más eficaz de este beneficio, que establezca como condición para financiar la continuidad de estudios que el alumno apruebe el año con el número de créditos o con las exigencias de aprobación de la institución educacional a la que se encuentre inscrito; que haya un límite de una carrera por alumno que postula al beneficio y que se establezca sólo para casos excepcionales, con la correspondiente certificación, la continuidad de estudios después de haberlos congelado.

Para solventar este beneficio se mantendrá el fondo con recursos propios administrado por el Fondo de Becas Presidente de la República.

3. Implementaremos iniciativas legales para solucionar problemas patrimoniales de familiares de detenidos desaparecidos.

Uno de los problemas que aún persisten es la situación que viven las familias de personas detenidas desaparecidas en relación a sus necesidades de resolver diversas situaciones patrimoniales que los afectan. Esto debe ser abordado y resuelto con prontitud.

· Enviaremos al Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a resolver el estado de indefinición jurídica en que se encuentran las personas detenidas desaparecidas, al no existir constancia de su suerte o destino, lo que acarrea problemas relativos al estado civil, a la herencia y posesión efectiva de sus bienes, a la tuición de los hijos, a la capacidad legal de los cónyuges casados en régimen de sociedad conyugal, y que provoca, además, otros daños al patrimonio familiar. Para ello se establecerá un procedimiento simple y gratuito, que pueda ser usado sólo a voluntad de los familiares, pero que en caso alguno podrá ser empleado por terceros como antecedente para solicitar o declarar posteriormente la muerte presunta o ser invocado en proceso penal como reconocimiento de la muerte.

4. Perfeccionaremos la normativa que permite la atención y asistencia médica de las víctimas y familiares de víctimas de la represión y de la violencia política.

Estableceremos y regularemos por ley los beneficios médicos de reparación y atención integral, contemplados actualmente en el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, PRAIS, a través de las siguientes iniciativas:

· Modificar la Ley N° 19.123 en el acápite relativo a los beneficios médicos, disponiendo otorgar el derecho a recibir gratuitamente las prestaciones médicas a que se refiere la Ley N° 18.469 que, en la modalidad de atención institucional, se otorguen en los establecimientos que constituyen el Sistema Nacional de Servicios de Salud, o están adscritos al mismo, incluyendo los establecimientos de atención primaria municipal, así como los establecimientos experimentales de salud, y en la modalidad o forma que establezca el Ministerio de Salud para una atención especializada, a las siguientes personas:

a. A quienes fueron víctimas directas de una acción o evento represivo traumático entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, inclusive.

b. A los padres e hijos de las víctimas señaladas y sus cónyuges y/o convivientes durante el período indicado.

Se entenderá por acción o evento represivo-traumático el secuestro con desaparecimiento, la ejecución y el homicidio político, la tortura física o psíquica, la detención por razones políticas en campos de concentración, cárceles o recintos de detención, el exilio y la relegación.

Se reglamentará la forma de constatar y acreditar las calidades señaladas y las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos establecidos. No obstante, la credencial otorgada hasta la fecha de puesta en vigencia de dicho reglamento conservará su validez.

Los beneficios médicos establecidos serán compatibles con cualquier otro beneficio o derecho de igual carácter que pudiere corresponder a los titulares o beneficiarios de estos derechos en cualquier régimen previsional o de seguridad social.

Se contemplará un presupuesto específico para financiar estos beneficios dotando a cada uno de los 28 servicios de salud de un equipo interdisciplinario capacitado o especializado para atender en salud mental y derivar a los beneficiarios a la red de salud pública.

5. Se creará una comisión que establezca de manera rigurosa una lista de personas que hayan sufrido privación de libertad y tortura por razones políticas.

Mucho ha sido el sufrimiento de quienes estuvieron detenidos y fueron torturados. Todos ellos merecen el más profundo respeto de la ciudadanía y del Estado hacia las terribles experiencias que vivieron. Su dolor, bien sabemos, no puede ser reparado sino en mínima parte.

Para determinar quiénes son los chilenos y chilenas que pasaron por esta experiencia, se creará por decreto supremo una comisión responsable de extender un certificado que acredite esta calidad. Tal certificado permitirá a las personas que lo poseen y que no han recibido otra forma de reparación, una indemnización austera y simbólica que determinará el ejecutivo.

Esta comisión, en su metodología de trabajo, tendrá las mismas características de la Comisión Rettig para garantizar la plena privacidad de su labor. La secretaría de la comisión creada para estos efectos estará radicada en el nuevo Instituto Nacional de Derechos Humanos y Libertades Públicas y, en el intertanto, lo hará en los organismos de los cuales éste sea continuador legal.

6. Implementaremos medidas para reparar jurídica y moralmente el nombre y el honor de quienes fueron arbitrariamente encarcelados y procesados por motivos políticos.

En este campo tenemos una responsabilidad política y ética que es indispensable enfrentar con decisión. El país tiene una deuda con todas aquellas personas, y sus familias, que han sufrido injustamente agravios en su dignidad y en su honra. Con este fin llevaremos adelante las siguientes iniciativas:

· Rehabilitación jurídica

- Enviaremos un proyecto de ley destinado a eliminar los antecedentes penales de las personas que fueron condenadas por Tribunales Militares en tiempo de Guerra, por aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado o de la Ley Antiterrorista, por delitos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Quedarán excluidos de este beneficio los condenados por delitos contra la vida o integridad física de terceros.

- Propondremos eliminar de la Constitución la pérdida de la ciudadanía por delitos que merezcan pena aflictiva, cuando los condenados hayan recuperado su libertad.

· Reparaciones simbólicas

El Informe final de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación representó la responsabilidad que le cabe al Estado de reivindicar la honra de las víctimas, mediante gestos y símbolos que nos ayuden a recordarles y a patentizar el dolor de sus deudos.

En estos años se han realizado 136 obras de muy distinto valor y cobertura. El gobierno creará una comisión integrada por personalidades del mundo del arte y de los derechos humanos, cuyo cometido será velar por el mejoramiento, mantención y preservación digna de estas obras. Crear y preservar una cultura de los derechos humanos supone también la intervención de artistas y creadores, quienes, con sus obras, nos ayuden a visualizar mejor la profundidad emocional del drama que hemos vivido.

Para la implementación de esta política se propondrá crear un fondo de 450 millones de pesos para un período de tres años.

IV.- FORTALECER LA SOCIEDAD Y SUS INSTITUCIONES PARA QUE ESTO NO VUELVA A OCURRIR JAMÁS

El gobierno considera necesaria la adopción de medidas que permitan a futuro mantener, bajo cualquier circunstancia, la vigencia del pleno respeto de los derechos humanos. Para ello implementaremos diversas iniciativas orientadas a que el país cuente con una institucionalidad que garantice y asegure el ejercicio de sus derechos fundamentales a los ciudadanos y proteja permanentemente a éstos y a la sociedad de la vulneración de los mismos.

No basta con que los derechos humanos estén declarados, sino que es preciso garantizarlos y promoverlos con la mayor eficacia.

Las medidas que se implementarán son las siguientes:

1. Legislativas.

Impulsaremos la ratificación de tratados y convenios internacionales que eleven la exigibilidad del derecho humanitario y otras iniciativas legales destinadas a perfeccionar la institucionalidad en materia de protección, promoción y garantía del pleno respeto de los derechos humanos fundamentales. Para ello enviaremos un conjunto de proyectos de ley que permitan:

· Aprobar la reforma constitucional que autoriza al Estado de Chile a ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional y, posteriormente, aprobar y ratificar el estatuto que crea este tribunal con competencia para conocer crímenes internacionales, tales como genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, en forma complementaria a la acción de los tribunales internos. Los crímenes de lesa humanidad contemplan entre ellos la desaparición forzada de personas.

· Ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada por la OEA, que previene y sanciona tales desapariciones cometidas por agentes del Estado o personas o grupos que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, y que tipifica el delito de desaparición forzada de personas como un delito internacional.

· Aprobar y ratificar la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad adoptada por las Naciones Unidas.

· Aprobar el proyecto de reforma constitucional que hoy se discute en el Senado, que modifica profundamente el sistema de los estados de excepción aún vigente de la Constitución de 1980.

· Aprobar, en el mismo proyecto de reforma constitucional, la modificación de las normas sobre la Superintendencia de la Corte Suprema, de modo que incluya los Tribunales Militares en tiempo de Guerra.

· Reformar el Código de Justicia Militar de modo de incluir: a. Una reducción sustantiva de la competencia de los Tribunales Militares, tanto en relación al tipo de delitos que deben conocer como a las personas que pueden ser juzgadas bajo su jurisdicción, estableciendo que debe corresponder a la justicia ordinaria el conocimiento y juzgamiento de cualquier clase de delitos cometidos por civiles, delitos comunes de militares y delitos comunes con la coparticipación de civiles y militares.

b. La incorporación de normas que aseguren que las Convenciones de Ginebra rijan en estado de guerra o en tiempos de guerra; y que los procedimientos de los Consejos de Guerra se ajusten plenamente a la Convención sobre Tratamiento de Prisioneros.

c. La fijación de sanciones a las infracciones a las normas contempladas en las Convenciones de Ginebra o en cualquier otro tratado internacional vigente en materia de derechos humanos.

· Aprobación de normas que favorezcan a los chilenos que viven en el extranjero, muchos de ellos como consecuencia directa del exilio, especialmente la reforma constitucional que confiere la nacionalidad de origen a los hijos de chilenos nacidos en el extranjero y de la ley que habilita a votar a los chilenos residentes en el exterior.

Sólo con un conjunto de medidas legislativas como esas conseguiremos una más plena recepción por parte de nuestro derecho interno de la legislación internacional en materia de derechos humanos, un paso que cualquier nación democrática moderna tiene el deber de llevar a cabo.

2. Fortalecer la educación en derechos humanos.

La formación de nuestros niños y jóvenes de educación básica y media en los contenidos fundamentales de los derechos humanos y de la convivencia democrática constituye un elemento esencial para fortalecer la cultura política, social y moral de toda sociedad. La educación no es sólo un proceso de preparación para el conocimiento y el mundo del trabajo, sino también para la formación cívica y moral de nuestros jóvenes. En este campo, continuaremos y perfeccionaremos las iniciativas que han comenzado a ponerse en marcha en el último tiempo. Con este fin:

· El Ministerio de Educación perfeccionará el marco curricular en los diversos grados de enseñanza, particularmente en el nivel medio, profundizando los contenidos destinados a la formación ciudadana, a la convivencia democrática y al conocimiento y valoración de los derechos humanos. Estas iniciativas, algunas en curso en el presente año, se encontrarán plenamente incorporadas al currículo escolar a partir del año 2004.

· Se incluirán dichas materias en la medición del SIMCE para los 2° años medios, en el área de Historia y Ciencias Sociales, de modo de evaluar el logro de aprendizajes de los alumnos en esta área clave de su formación.

3. Institucionalidad en derechos humanos.

La promoción y prosecución de las acciones orientadas a consolidar el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, requiere de una nueva institucionalidad que opere con autonomía de la contingencia y exprese el compromiso permanente de la sociedad con tales objetivos.

A tal efecto se creará un Instituto Nacional de Derechos Humanos y de Libertades Públicas. Este instituto será continuador legal de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. El instituto tendrá un director designado por el Presidente de la República y contará con un consejo asesor, nombrado por el Presidente con acuerdo del Senado. El consejo deberá entregar su opinión sobre los planes de acción de la entidad y proponer el reglamento interno de la institución.

Su cometido será velar por el fomento, protección y fiscalización del respeto de los derechos humanos en el país, y por la efectiva y pronta materialización de los acuerdos nacionales en materia de verdad, justicia y reparación.

Para el cumplimiento de su mandato contará con presupuesto propio y desarrollará las siguientes funciones específicas:

· Guardar en depósito los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de su sucesora, y toda la información adicional que se pueda reunir en el futuro.

· Promover la adecuada reparación del daño moral de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y otorgarles asistencia social.

· Velar para que existan las condiciones para la ubicación de los cuerpos y/o conocer la suerte corrida por los detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de restos, establecidas en el artículo N° 6 de la Ley N° 19.123, debiendo hacer las presentaciones judiciales que conduzcan a tal propósito.

· Establecer un sistema de información pública y periódica sobre el estado y avance de los derechos humanos en el país.

· Prestar asesoría, en materias de su competencia, a organismos públicos y privados que lo soliciten.

· Difundir el conocimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, favorecer su enseñanza en todos los niveles del sistema educacional y promover la realización de investigaciones, estudios y publicaciones relativos a las materias antes mencionadas.

· Mantener relaciones con instituciones análogas de otros países y con los organismos multilaterales y no gubernamentales que se ocupen de las mismas materias que competen al instituto.

Finalmente, quiero señalar que algunos de los documentos recibidos de diversas instituciones proponen una medida concreta de perdón, como el indulto de aquellos reos condenados por crímenes cometidos después del 11 de marzo de 1990, siempre que reúnan algunos requisitos, como el de haber estado ya un tiempo largo en prisión y tener una genuina actitud de reincorporarse a la sociedad.

El gobierno patrocinará el proyecto que ha aprobado recientemente la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Al mismo tiempo, examinará otras situaciones de reos condenados por delitos de similar gravedad en períodos anteriores, que soliciten el perdón presidencial, siempre que hayan manifestado genuinamente su arrepentimiento, hayan estado ya en prisión por largo tiempo y hayan reconocido sus crímenes, cooperando con la verdad y los Tribunales de Justicia.

V.- CONCLUSIÓN

Cuando decimos que queremos que esto no ocurra jamás nuevamente, no sólo estamos planteando un deseo, estamos valorando un camino recorrido por todos, que nos permite pensar con realismo que la catástrofe de derechos humanos que vivimos no volverá a repetirse en nuestra patria.

Ese camino ha sido el de la madurez y la responsabilidad para tratar nuestra historia y sus traumas, y perfeccionar, paso a paso, las vías que nos llevan a la verdad, la justicia, la reparación y a la prevención de nuevos quebrantamientos en nuestra convivencia y sentido de humanidad.

Algunas de las democracias sólidas, paradigmáticas en el respeto de los derechos humanos y las libertades individuales que hoy tanto admiramos en los países desarrollados, atravesaron no hace muchas décadas por situaciones históricas marcadas por episodios terribles y violentos donde las violaciones de los derechos humanos tuvieron también carácter masivo.

Tales democracias lograron, con mayor o menor dificultad, curar sus heridas y construir un presente de libertad y prosperidad. En ninguna de ellas la memoria fue borrada, sino que se ha transformado en parte de una historia compartida y en una advertencia para las nuevas generaciones acerca de la necesidad de cuidar el patrimonio de respeto a los derechos humanos que se han transformado en un bien de toda la sociedad.

Eso es lo que queremos también nosotros: un país democrático, próspero, solidario, en donde el respeto de los derechos humanos sea parte de su identidad más profunda, del sentido moral común de todos los chilenos.

Gracias a lo ya avanzado hoy podemos aspirar a que esto sea una realidad en un horizonte cercano.

A diferencia de ayer, hoy todos los partidos y organizaciones sociales rechazan la violencia política como forma de resolver los problemas de la democracia chilena en el presente siglo. A diferencia de ayer, ningún chileno considera justificables las violaciones de derechos humanos, como las ocurridas, bajo ninguna circunstancia.

A diferencia de ayer, todos los chilenos coinciden en la necesidad de encontrar la verdad y la justicia a través de los Tribunales de Justicia y de reparar, aún si fuere parcialmente, el dolor de los familiares de los detenidos desaparecidos.

Son esos pilares muy poderosos los que nos permiten vislumbrar un horizonte de unidad moral. No cabe duda que el camino que los gobiernos democráticos eligieron fue el camino justo. Los cierres precipitados, las impunidades, las soluciones al margen de la verdad y la justicia, terminan por resquebrajarse y, como una herida mal curada, vuelven a aparecer en la vida social, generando más dolor y mayores complicaciones institucionales.

Ese es el sentido profundo del camino recorrido y de las propuestas que tienden a perfeccionarlo, a través de instrumentos que nos acerquen a la verdad y la justicia, que agilicen los procesos, impidiendo situaciones estancadas y mejorando las reparaciones para los familiares de las víctimas.

Las propuestas presentadas se entregan a la consideración y responsabilidad de diversas instancias. Algunas son de directa responsabilidad del Poder Ejecutivo. Ellas serán ejecutadas sin tardanza. Otras corresponden, en un Estado de Derecho como el nuestro, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Sólo me cabe instarlos a considerarlas con la mayor prioridad.

Como Presidente de la República mi responsabilidad y mi compromiso atañe al conjunto del proceso, a impulsar su avance, a cuidar lo que hemos avanzado y a construir el futuro del país. Es imprescindible darle a estas propuestas prioridad en el tiempo, plantearse un horizonte de concreción. No abdicaré, en consecuencia, en persistir en ese esfuerzo.

La urgencia de seguir dando pasos debe asumirse por la sociedad en su conjunto. Ello nos permitirá construir un Chile más confiado e integrado y un mañana compartido para nuestros hijos.

Un mañana construido no sobre la base engañosa y frágil del olvido, sino sobre la base sólida en la cual las lecciones del dolor y el quebranto son incorporadas a nuestra memoria histórica.

Sólo así será posible un Chile más confiado y más integrado, más verdadero y más justo, porque no hay mañana sin ayer.

[Fuente: Presidencia del Gobierno, Santiago de Chile, 12ago03. A este documento le faltan los anexos con las tablas de las propuestas económicas.]