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26jul15
Novecientas treinta causas pendientes que afectan a cerca de 1.400 víctimas son la foto fija de la impunidad en Chile
Novecientas treinta causas pendientes sólo en el caso de ejecutados políticos y de desaparecidos existen pendientes dentro de Programa de Derechos Humanos. Cerca de mil 400 víctimas y sus familias esperan por una justicia que ha demorado cuatro décadas. Una preocupación que el jefe del área jurídica del Programa, Rodrigo Lledó, conoce bien debido a las reuniones que sostiene diariamente con los ministros en visita que llevan adelante los procesos y las agrupaciones de familiares.
Rodrigo Lledó, jefe del Área Jurídica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, organiza los pasos a seguir y ve los avances, retrocesos y dificultades en los procesos judiciales, agenda reuniones y piensa cómo lograr una justicia que vaya más allá de la frase "en la medida de lo posible".
Los nuevos antecedentes en el caso del asesinato de Rodrigo Rojas De Negri y de la brutal agresión a Carmen Gloria Quintana luego de 29 años de diligencias y sus nuevos procesamientos, es algo esperanzador para el programa, así como también la acusación a diez militares por el caso del profesor de la Universidad de Chile y cantautor nacional Víctor Jara. Sin embargo es crítico, sabe que todavía no es suficiente y tal vez nunca lo sea.
Lledó reconoce que el programa necesita apoyo, son pocos abogados, pero compensan el trabajo con sacrificio porque tienen que conjugar el avance en las investigaciones antes de que los implicados fallezcan y también los familiares de las víctimas, con hacerle frente a las solicitudes de libertad condicional y otros beneficios porque muchos condenados están llegando a la mitad de su pena.
¿Por qué la justicia ha tardado tanto en llegar en los casos de Derechos Humanos?
Recordemos que Pinochet se mantuvo como comandante en jefe del ejército durante ocho años más, y después de eso se mantuvo durante otro tiempo más como Senador Vitalicio hasta que fue detenido en Londres, de manera que entre 1990 y 1998 poco o muy poco se pudo avanzar sobre esta temática.
También es verdad que el Programa de Derechos Humanos se crea en el año 1997, recién. O sea que entre el 90 y el 97 solamente es tiempo perdido para justicia, para las causas de Derechos Humanos y a partir de allí se avanza con dificultades, con mucho temor.
Si usted mira los estatutos originales del Programa de Derechos Humanos se señala que nuestra competencia consiste en brindar asesoría jurídica y social a los familiares, pero que también tenemos que trabajar con la máxima reserva respecto de estos casos. Eso habla del temor que en ese momento existía, de las dificultades en hacer justicia. Se hablaba de justicia en la medida de lo posible o justicia para algunos casos emblemáticos y para otros no.
Se pensaba que con el caso Letelier ya estábamos listos, que era como la gran excepción que se iba a hacer porque el delito se había cometido en Estados Unidos y no existía realmente una voluntad o existía mucho temor para hacer justicia en estos casos.
¿En esta etapa es más factible que se avance y se cierre la transición?
Cerraremos esta transición cuando seamos capaces de darnos una nueva Constitución que sea completamente democrática. En el último tiempo, en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se ha avanzado bastante más y eso obedece a que las mismas agrupaciones de familiares, de víctimas de la dictadura, de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos han puesto el acento en la necesidad de avanzar lo más posible porque se está dando este fenómeno que ellos han llamado "impunidad biológica", porque están muriendo los imputados, están muy mayores, algunos han caído en demencia senil, también están muriendo los familiares, muchas esposas de víctimas de la dictadura han fallecido sin que se haya hecho justicia respecto de sus esposos. Entonces tenemos el deber como Estado de apurarnos lo más posible y de hacer justicia lo más posible.
El ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, está empeñado en esa misma convicción, nosotros hemos hecho esfuerzos por ponernos a la altura de eso, hemos hecho un esfuerzo por también incrementar un poquito la planta y contratar un par de abogados más para poder atender esta demanda de una justicia rápida y en todos los casos que sea posible.
Sin embargo, aquellos condenados por estos crímenes están solicitando beneficios carcelarios, como disminución de penas o libertad condicional ¿cuál es la función del programa en este sentido?
Hace poco el programa de Derechos Humanos solamente se dedicaba a llevar adelante los juicios, a colaborar con la justicia y a instar porque hayan condenas proporcionales a la gravedad del daño cometido. Ahora esto es nuevo, hay varias causas en donde los sujetos que han sido condenados hace mucho tiempo ya, la operación Albania es una de estas, el caso Degollados es otro y bueno tenemos que ocuparnos de estos beneficios que están pidiendo.
Hemos establecido una coordinación con Gendarmería para poder enterarnos, porque antes no nos estábamos enterando de la solicitud de beneficios para efectivamente oponernos y porqué nos queremos oponer a la concesión de beneficios y de libertad condicional, porque entendemos que estos no son delitos comunes y esos beneficios están pensados para delincuentes comunes que cometen delitos comunes, como robo o algún otro.
Están pensados, si usted se fija, en algunos de los requisitos que se señalan allí son aprender a leer y escribir, a tener un oficio, asistir a talleres, ese tipo de cosas está pensada para delitos comunes y este decreto ley 321 es de 1925 y está firmado por la junta militar, es una junta militar de 1925 anterior al gobierno de Arturo Alessandri Palma, anterior a ese gobierno incluso. O sea que es una normativa que no solamente no hace la diferencia en lo que es un delito común y un crimen contra la humanidad sino que también está muy desfasada en el tiempo.
Lo que tenemos que hacer hoy día es poner al día esta legislación, actualizarla al siglo XXI y efectivamente hacer la distinción entre lo que es un delito común y lo que es un crimen contra la humanidad".
¿Pero entonces estos criminales no podrían acceder a beneficios o existe alguna reglamentación que se los otorgue?
Esto está señalado en el artículo 110 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, Estatuto del cual Chile es parte y señala allí que una posible reducción de condena tiene que evaluarse cuando se han cumplido dos tercios de la pena y si se trata de presidio perpetuo, por lo menos 25 años. Allí los requisitos no es solamente el cumplimiento del tiempo sino que son bastante estrictos: tiene que el condenado haber colaborado desde el inicio activamente con las investigaciones de la Corte. Otra hipótesis es que se haya facilitado también todas las actividades de la Corte para reparar a las víctimas.
De manera que no solo en el caso de los Degollados, ya que usted lo menciona, no concurren estos requisitos sino que tampoco ni siquiera tienen todavía ellos conciencia de la gravedad del daño cometido. Ellos simplemente estiman que han cumplido órdenes y que le han hecho un servicio a la patria, todavía, entonces el estándar internacional exige que los sujetos no solamente hayan adquirido conciencia de la gravedad del daño cometido, sino que esta conciencia se haya traducido en hechos concretos, que colaboren con las investigaciones, que reparen a las víctimas".
El ministro en visita Miguel Vaquez acusó a diez militares por el homicidio de Víctor Jara ¿qué expectativas tiene el Programa?
La expectativa de lograr justicia siempre está, la esperanza nunca la perdemos. Efectivamente a lo que aspiramos nosotros es a que hayan condenados. Hay mucha gente que estuvo en el estadio Chile, hoy día estadio Víctor Jara, son muchas las personas que son responsables de lo que allí ocurrió. Hay un tema pendiente todavía respecto de la extradición de (Pedro) Barrientos que está en Estados Unidos, de manera que si bien aspiramos a que haya condena de muchos de los responsables, no van a estar todos y va a quedar una arista pendiente y lamentablemente, en este caso como en otros, se obtiene una justicia tardía, de alguna manera se obtiene algo de justicia y eso alivia un poco a la familia, se obtiene una verdad, lamentablemente parcial.
Todavía no sabemos en muchos casos donde están los detenidos desaparecidos, que pasó exactamente con ellos de manera que si por un lado, satisfechos porque uno ve que el trabajo de tantos años, de tantos profesionales da frutos, pero por otro lado una pena negra porque esos frutos no son todo lo que nosotros quisiéramos.
¿Sería más fácil si se terminara con el "pacto de silencio"?
Ellos están colaborando (las Fuerzas Armadas), están entregando información respecto de consejos de guerra, han entregado información en su momento respecto de listados de agentes de la DINA, de la CNI que han servido para muchas causas, no solamente para una causa en concreto.
Lamentablemente, quienes tienen la información de primera mano, hoy día, son precisamente los condenados y ellos no han querido hablar. O sea, si la gente que está en Punta Peuco hoy día dijera todo lo que sabe, este tema sería mucho mejor para nosotros, podríamos avanzar mucho más en verdad, pero desgraciadamente hay gente que está cerrada a colaborar. El día miércoles celebrábamos un poco la valentía de un conscripto que rompió un pacto de silencio.
En mayo se procesó a 18 ex uniformados por el asesinato y posterior desaparición del cuerpo de Miguel Woodward en el Buque Escuela Esmeralda. Son tres de sus ex altos mandos los que se encuentran en prisión preventiva efectiva esperando la resolución final de los tribunales. ¿En qué está la investigación ahora?
El caso Woodward se investigó durante muchos años, es una causa muy antigua muy voluminosa también y llegó a la Corte Suprema y allí se ratificaron las condenas, pero de muy pocos agentes y en realidad estos agentes tenían un mando bastante menor. Estamos hablando de suboficiales, estamos hablando de ejecutores directos y no de los responsables en la planificación de este crimen.
Entonces es la Corte Suprema respondiendo a una petición del Programa en la cual se le señaló a la Corte Suprema, oiga, mire aquí hay más responsables de los que han sido condenados, tenemos que reabrir esta investigación para dar cuenta de la oficialidad, de los oficiales de la Marina que intervinieron en esto, no probablemente apretando el gatillo, no como ejecutor directo, pero sí tomando las decisiones respectivas de terminar con la vida del señor Woodward.
Entonces la Corte Suprema dijo, no me corresponde a mí pronunciarme sobre esto, que de esto se pronuncie el ministro en visita, el ministro instructor. El ministro instructor se pronunció y procesó a una serie de altos oficiales. Allí hubo una apelación por parte de la defensa y alguna modificación hubo en estos procesamientos. Nosotros interpusimos un recurso de queja en su momento ante también la Corte Suprema por haber dejado sin efecto algunos de estos procesamientos, lamentablemente no nos fue bien en ese recurso de queja, pero, de momento, sí hay una serie de oficiales que están procesados, no todos los que nosotros hubiéramos querido, pero sí hay oficiales procesados y esperemos que la causa continúe adelante, porque no solamente es responsable el ejecutor directo, sino sobre todo, el oficial que está a cargo del operativo.
Existen temas actuales en materia Derechos Humanos como pueblos originarios, manifestaciones de diverso tipo ¿cómo debería verse este tema? ¿Se debería ver en separado o el Programa debiera analizar toda la temática de Derechos Humanos, una vez que esté constituido la subsecretaría que dependerá del Ministerio de Justicia?
"Lo que yo no veo posible sería que un abogado de Derechos Humanos en la mañana se ocupara de un recurso de protección, por alguna situación, de alguna protesta y en la tarde se preocupara de alguna acusación en contra de Manuel Contreras por Villa Grimaldi. Yo entiendo que tiene que ser experticias distintas y que, de alguna manera, hay que preservar toda la experticia que el Programa de Derechos Humanos ha adquirido a lo largo de todos estos años".
[Fuente: Por Andrés Ojeda, Diario Universidad de Chile, Santiago de Chile 26jul15]
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