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10dic14

Manifiesto por la dignidad y los derechos humanos de todos los pueblos que habitan Chile

Por la memoria, la verdad y la justicia

Al Estado de Chile, al Gobierno, a la comunidad nacional e internacional

I. El 10 de diciembre de 2014 se conmemoran sesenta y seis años de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde la humanidad estableció que la VIDA no tiene precio y que no existen razones que justifiquen violarla.

A pesar del avance que ha existido desde entonces en las normativas de protección de los derechos humanos, los Estados no las convierten en principios rectores de sus gobiernos, y permiten que la vida de millones de seres humanos sea pasada a llevar todos los días, mientras que los conflictos armados, las mafias y los carteles de narcotráfico coludidos con los Estados, los capitales del sistema financiero y las corporaciones transnacionales arrasan con nuestra tierra y sus recursos, poniendo en peligro la existencia de la humanidad. La violencia que ejercen sobre los pueblos deja como secuela la muerte, la tortura, la desaparición forzada de personas y los desastres naturales en demasiados países y comunidades a nivel mundial.

No obstante, la sociedad democrática se legitima sobre la base de los principios de la justicia, y la justicia exige que sus miembros se pongan de acuerdo en los criterios que sirven para decidir lo que es justo y lo que es injusto. De ahí que la justicia sea la expresión de los derechos humanos y los principios que la rigen deban ser comprendidos y asumidos por todos.

II. En Chile, los gobiernos de la pos dictadura han relativizado el valor ético y moral de la lucha por la defensa de los derechos humanos. A las consignas de verdad y justicia, a las acciones para que su violación no se repita y a los llamados al «nunca más», les ha seguido una serie de decisiones políticas que consagran la impunidad y el silencio respecto de los crímenes y de sus autores, bajo el pretexto de la reconciliación.

Así, los chilenos hemos sido testigos de la connivencia y complicidad entre los gestores civiles y los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. Y también hemos visto cómo sus herederos políticos y quienes han concentrado el poder económico han utilizado y perfeccionado las herencias institucionales de la dictadura, ocultando los orígenes de la injusticia y la desigualdad.

El Estado chileno ha promovido la amnesia y, junto con la concentración de la riqueza, ha forjado un proceso sutil pero violento de apropiación de lo que nos corresponde a todos. Por eso, propicia el olvido de las violaciones a los derechos humanos y busca borrar las huellas del genocidio, privándolas de significado. La memoria sirve para hacer la genealogía de la injusticia.

III. Es necesario que el Estado chileno y sus gobiernos comprendan que la justicia no puede ser solo simbólica. Los juicios y las condenas, así como la reclusión de los criminales y de los que se han enriquecido atentando contra la humanidad deben corresponderse con sus gravísimas acciones. Tal es el sentido de la proclamación de la Declaración Universal que hoy conmemoramos.

Una cultura basada en los derechos humanos debe desarrollar todas sus dimensiones: la dimensión histórica, que relata y analiza los hechos que constituyen la base del presente; la dimensión jurídica, que identifica la acción criminal y enjuicia a los responsables; la dimensión política, que orienta el pasado en función de los intereses presentes y futuros, y la dimensión y acción social, que es la fuerza que transforma la sociedad y que desde su autonomía e independencia amplía los marcos establecidos y hace evolucionar a los Estados.

En consecuencia, recordar resulta indispensable, porque solo la memoria puede hacer posible que los pueblos construyan una identidad en relación con su historia y, por ende, sean capaces de protagonizar su futuro.

No se puede vivir en democracia si los criminales y sus cómplices justifican los crímenes que cometieron y mantienen pactos de silencio que obstruyen que se establezca la verdad y se realice la justicia.

IV El sistema neoliberal que impuso la dictadura a través de la Constitución y las leyes de impunidad aún imperan, han sido asumidas por los gobiernos civiles. Este sistema basado en la opresión es injusto porque excluye a quienes no les son rentables.

La injusticia mata. El sistema que la provoca es criminal. Es irracional trasladar la lógica de la economía mercantilista a las personas y repartir los derechos como se reparte un bien que es escaso. Lo que es legal no necesariamente es justo. Por lo tanto, la legalidad no se puede desvincular de la teoría de los derechos humanos.

Somos un pueblo que ha resistido y ha conservado su dignidad. Nada nos ha sido regalado. Todo lo que hemos logrado en verdad, justicia, memoria y reparación ha sido fruto de la organización y la lucha mancomunada que se inició hace más de cuarenta años, mientras que los responsables civiles y militares gozan de la impunidad que les otorga el Estado.

Muestra de ello son los jóvenes chilenos que hoy, resueltos a enfrentar con coraje el terror de la represión, la manipulación política e informativa, la criminalización de sus organizaciones y luchas, y las leyes represivas con las que quieren aplastarnos, han sabido transformar la injusticia y la opresión en libertad para transitar por las «grandes alamedas» y convertir el dolor en esperanza. Igualmente, los pueblos originarios no se han doblegado ante la ocupación policial ni el neocolonialismo con que los gobiernos pretenden, una vez más, robar sus tierras y destruir su cultura y sus derechos.

Los hombres y las mujeres pobladoras resisten en las paupérrimas condiciones de habitación y trabajo a las que son sometidos.

En los campos, otros miles soportan cotidianamente las lluvias de pesticidas y fungicidas que hacen posible la exportación y erosionan nuestros suelos.

Los pescadores artesanales, herederos de uno de los oficios más antiguos de la humanidad, han sido despojados del alimento cotidiano por los grandes grupos económicos que se han apropiado del mar y sus recursos.

Numerosas comunidades viven hoy la carencia del agua, debido a que los grandes propietarios de las tierras y las empresas mineras se la roban, apropiándose, contaminando y destruyendo la biodiversidad, mientras que los trabajadores padecen el sistema de transporte, la adulteración genética de los alimentos, la industria farmacéutica y la contaminación ambiental.

Y frente a esto, el Estado no actúa en defensa de las personas, sino de las corporaciones y monopolios.

V. Por todo lo anterior:

  • Instamos a fortalecer la organización social, así como la reflexión y la articulación amplia, para luchar y construir un camino en el cual sea el propio pueblo quien haga realidad sus derechos.
  • Llamamos al Gobierno, a los poderes del Estado y a los que concentran el monopolio de las decisiones a detener esta máquina de muerte y atropello permanente a los derechos humanos del pueblo y sus organizaciones.
  • Llamamos a la comunidad internacional a estar alerta y movilizarse contra las masacres, genocidios, agresiones y toda vulneración de derechos que atentan contra la VIDA, la JUSTICIA y la PAZ.

En la defensa y promoción de los derechos humanos para que estén plenamente vigentes, queremos:

  • Derecho a la vida plena y digna, sin exclusión ni pobreza.
  • Derecho a la soberanía y autodeterminación de los pueblos que habitan Chile, haciendo valer todos los tratados y convenios internacionales como el 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Pueblos Originarios. La soberanía que revindicamos es la soberanía sobre nuestro mar, nuestros recursos naturales, nuestros glaciales, nuestra diversidad, nuestras aguas y nuestras semillas.
  • Derecho a una nueva Constitución Política que surja de un proceso constituyente de participación popular del pueblo chileno, y que refunde el Estado sobre la base del respeto a la diversidad, la multiculturalidad y los derechos humanos de todas las personas que habitan el territorio; una Constitución Política que tenga capacidad revocatoria de las autoridades elegidas y unas Fuerzas Armadas y policiales que se subordinen al poder civil para que estén al servicio del pueblo.
  • Otorgar fuerza vinculante a todos los instrumentos internacionales que ha firmado el Estado de Chile y están relacionados con la defensa, protección y promoción de los derechos humanos para que puedan ser incorporados en el ordenamiento jurídico interno del país.
  • Garantizar la vigencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales para todas las personas, incluida la población de inmigrantes, afro descendientes, gitanos y sus familias.
  • Entregar estatus de inmigrantes a las personas que hayan permanecido más de un año en nuestro país y se encuentran en situación de «extranjeros transeúntes».
  • Entregar inmediatamente el derecho a la nacionalidad a todas las niñas y niños declarados apátridas.
  • Derecho de la ciudadanía a tener un defensor del pueblo.
  • Derecho a la igualdad de los géneros, que garantice los derechos sexuales y reproductivos, como el derecho a un aborto seguro, en el caso de las mujeres.
  • Derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la memoria, derecho a la reparación integral; debe realizarse juicio y castigo a todos los violadores de derechos humanos del pasado y del presente; degradación de los agentes del Estado implicados en violaciones a los derechos humanos e interdicción perpetua de ocupar cargos públicos.
  • Derecho a que todos los sitios de memoria sean declarados patrimoniales, con valor histórico y a un Estado que se responsabilice de su conservación y le entregue su administración a la sociedad civil.
  • Derecho de la ciudadanía a tener acceso a los archivos secretos de la represión de todos los organismos de inteligencia y represivos del Estado, los que deben poseer carácter público y protección histórica.
  • Derecho a la justicia para los sobrevivientes de la tortura, cuyos testimonios han sido silenciados por cincuenta años, en lugar de ser investigados por los tribunales de justicia.
  • Derecho a la paz y coexistencia pacífica y fraterna entre los pueblos.

En cuanto al fin a la impunidad de que gozan los violadores de derechos humanos, solicitamos:

  • Derogación de la Constitución de 1980 y todos los enclaves dictatoriales que impiden la participación del pueblo y les entregan nuestros recursos a los monopolios internacionales.
  • Anulación de todas las leyes, decretos, consejos de guerra y acciones sumarias que realizó la dictadura para legalizar la represión.
  • Anulación inmediata de la ley de amnistía, y fin a la prescripción y media prescripción que siguen aplicando los tribunales de justicia.
  • Derogación de la ley 18.771 de 1989, que exime a las instituciones del Ministerio de Defensa, y de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública de la obligación de transferir sus documentos al Archivo Nacional --obligación que tienen todos los organismos públicos--, y los autoriza a eliminarlos mediante la sola decisión de una jefatura superior.
  • Fin a la jurisdicción que tienen los tribunales militares para procesar a civiles cuando están implicados en procesos contra uniformados.
  • Fin a las cárceles especiales para recluir a genocidas.
  • Fin a la ley antiterrorista dejada por la dictadura, a la nueva ley antiterrorista que está en curso de elaboración y a todas las leyes de excepción que criminalizan a los movimientos sociales.
  • Sanción para los agentes del Estado, incluidos sus mandos.
  • Fin a la tortura, desaparición forzada de personas y secuestros realizados por agentes del Estado y sanción a los agentes del Estado, incluidos los mandos implicados.
  • Fin al extrañamiento que aún está vigente para muchos chilenos.
  • Fin del envío de soldados y policías a la Escuela de las Américas y otras instituciones de adiestramiento militar para reprimir a los pueblos, y cierre inmediato de las bases militares norteamericanas en Chile.
  • Fin a la carrera armamentista y de promoción de la guerra y exterminio de seres humanos.
  • Fin de la entrega a las Fuerzas Armadas del 10 % de las utilidades que resultan de la venta del cobre a las Fuerzas Armadas.
  • Fin a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con todas las mujeres y hombres luchadores sociales que en el mundo arriesgan su vida por la justicia y la libertad.

Santiago de Chile, 10 de diciembre de 2014

Firman

  • Agrupación de Derechos Humanos Fernad Alvarez de Concepción, Región del BioBIo
  • Agrupación de Ex Presas y Presos Políticos, Región de Valparaíso
  • Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
  • Agrupación de Familiares de Víctimas de Lonquén y de la Corporación Lonquén
  • Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos
  • Agrupación de Hijos
  • Agrupación Usuarios PRAIS, Recoleta
  • Agrupación Valle Consciente, Región de Valparaíso
  • Amerindia
  • Amigos de Miguel Woodward, Región de Valparaíso
  • Asociación Americana de Juristas
  • Asociación de Comunidades Afro Rurales de Azapa Territorio Ancestral, Región Arica Parinacota
  • Asociación de Memoria Venda Sexy
  • Asociación Internacional de Poetas, Suecia
  • Asociación Latino Americana de Derechos Humanos de Gotemburgo, Suecia
  • Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad
  • Casa de Miguel
  • Centro Ecuménico Diego de Medellin
  • Centro Helmut Frenz
  • Cine Forum, Región de Valparaíso
  • Colectivo 119 Familiares y Compañeros
  • Colectivo de Familiares y Sobrevivientes 23 y 24 de Agosto
  • Colectivo La Chusma
  • Colectivo de Memoria Pontificia Universidad Católica
  • Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares
  • Comisión Chilena de Derechos Humanos
  • Comisión Ética Contra la Tortura -CECT
  • Comité de Amistad Chileno con el Pueblo Saharaui
  • Comité de Derechos Humanos de Población La Legua
  • Comité de Derechos Humanos Nido 20
  • Comité de Memoria de Maipú
  • Comité de Salud PRAIS de Talcahuano
  • Comité Oscar Romero de Coyhaique
  • Comité Oscar Romero de Santiago
  • Comunidad Ecuménica Martin Luther King
  • Consejo Consultivo Casa Memoria José Domingo Cañas
  • Coordinadora Jurídica 4 de Agosto
  • Coro Voces de la Rebeldía
  • Corporación 3 y 4 Álamos
  • Corporación Parque Cultural Ex Cárcel, Región de Valparaíso
  • Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
  • Defensoría Popular
  • Departamento de Justicia, Paz y Defensa de la Creación de la Conferencia de Religiosos de Chile, CONFERRE
  • Editorial Quimantú
  • Ex Menores Víctimas de Prisión Política y Tortura, Región de Valparaíso
  • Familiares de Ejecutados Políticos de Valparaíso.
  • Familiares y Amigos de Marcelo Barrios, Región de Valparaíso
  • Foro por la Asamblea Constituyente
  • Frente Bolivariano Internacional de Suecia
  • Fundación Cristo Vive
  • Fundación de apoyo a la niñez y sus derechos, ANIDE
  • Fundación por la Memoria de San Antonio
  • Londres 38, Espacio de Memorias
  • Marinería Antigolpista
  • Memorial Paine un lugar para la Memoria
  • Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo
  • Movimiento Mundial "Declaramos Ilegal la Pobreza"
  • Movimiento Somos Iglesia
  • Observadores de Derechos Humanos de la Patagonia
  • Observatorio Ciudadano
  • Observatorio por el cierre de Escuela de Las Américas
  • Organización de Afro descendientes Chilenos Lumbanga, Región de Arica Parinacota
  • Radio Liberación
  • Red de Profesores de Filosofía de Chile -REPROFICH
  • Servicio Paz y Justicia -SERPAJ
  • Sindicato de Temporeros Aconcagua Unidos
  • Sindicato de Trabajadores de Edificios y Actividades Conexas, SITERMAC
  • Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucia
  • Sobrevivientes de Tejas Verdes, Región de Valparaíso
  • Sociedad Mutualista Bautista Van Schowen Vasey, Región del Bio Bio
  • Unión Comunal de Organizaciones Sociales de Putaendo
  • Unión Hispanomundial de Escritores, Suecia
  • Unión Nacional Estudiantil, Región de Valparaíso
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