Declaración de AI sobre el golpe de Pinochet.
Un cuarto de siglo después, hace falta un compromiso total del gobierno con la verdad y la justicia.
por Amnistía Internacional
El gobierno civil de Chile debe asumir de una vez todas sus responsabilidades hacia los familiares de las víctimas de los crímenes contra la humanidad perpetrados durante el régimen militar, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo del 25 aniversario del golpe de Estado militar.
"Ya es hora de que el gobierno chileno reconozca sin ambages la gravedad de los crímenes cometidos durante el régimen militar y los esfuerzos de los familiares de las víctimas por esclarecer los hechos. En un claro compromiso con el futuro, el gobierno chileno debe rechazar las medias tintas para abordar su legado de derechos humanos."
La aplicación continua de la denominada ley de amnistía --en realidad una autoamnistía, promulgada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet-- ha desembocado en el cierre de casos de derechos humanos, impidiendo que se conozca la verdad y protegiendo del procesamiento a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.
Amnistía Internacional lleva tiempo actuando contra la impunidad que, afirma, menoscaba la verdad y la justicia. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos ha pedido reiteradamente al Estado de Chile que adecue su legislación interna respecto a la ley de amnistía para que las violaciones de derechos humanos del gobierno militar puedan ser investigadas, y los responsables sean efectivamente sancionados.
"La anulación de la ley de amnistía serviría de base para que prevalezca el derecho a la verdad y la justicia, tal como debería haber ocurrido hace tiempo. También satisfaría las obligaciones internacionales del Estado chileno en relación con los derechos humanos», ha afirmado Amnistía Internacional.
La Comisión ha establecido que "Las consecuencias jurídicas de la ley de amnistía y su invariable y continua aplicación, finalizado el régimen militar, durante el ejercicio de los gobiernos democráticos, conforme fue planeado por la dictadura, son definitivamente incompatibles con las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
El gobierno de Chile debe cumplir su compromiso con la Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, que insta a los gobiernos a «abrogar la legislación que favorezca la impunidad de los autores de violaciones graves de derechos humanos... y castigar esas violaciones, consolidando así las bases para el imperio de la ley», ha declarado Amnistía Internacional.
El legado de violaciones de derechos humanos cometidos entre 1973 y 1990 sigue estando abierto. Como consecuencia de ello, la sociedad chilena está aún dividida, y continúa sin conocerse la suerte que han corrido miles de víctimas de violaciones de derechos humanos, aunque estas personas no han sido olvidadas.
"Sólo podrá alcanzarse una reconciliación duradera estableciendo toda la verdad y castigando a quienes abusaron de su posición de autoridad para ordenar y cometer violaciones de derechos humanos", ha manifestado Amnistía Internacional.
Información general.
La ley de amnistía de 1978 (Decreto Ley 2.191) fue promulgada por el gobierno militar que derrocó al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.Esta ley impide el procesamiento de personas implicadas en determinados actos delictivos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, periodo en el que estuvo en vigor el estado de sitio y durante el cual miles de chilenos sufrieron violaciones graves de derechos humanos como torturas, ejecuciones y "desapariciones". La ley de amnistía de 1978 benefició también a varios centenares de presos políticos, que fueron excarcelados.
Tras la restauración del gobierno civil en 1990 se crearon dos organismos en diferentes periodos para recabar información encaminada a esclarecer la verdad sobre las "desapariciones", las ejecuciones extrajudiciales y las muertes derivadas de torturas a manos de agentes del Estado. Al término de su mandato, en 1996, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación -creada en 1992 como sucesora de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) que instituyó el gobierno del presidente Patricio Aylwin- publicó un informe que documentaba oficialmente 3.197 casos de víctimas de violaciones de derechos humanos.
Sigue sin conocerse la suerte de la mayoría de los "desaparecidos" en Chile. Los tribunales chilenos --tanto los civiles como los militares-- han cerrado sistemáticamente las actuaciones judiciales en cientos de casos de violaciones de derechos humanos con la aplicación de la ley de amnistía de 1978. La inmensa mayoría de quienes cometieron violaciones de derechos humanos durante el régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990) siguen sin ser castigados.
Muchas de las violaciones más graves de derechos humanos fueron cometidas por los servicios de información --la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI)--, que dependían del presidente Augusto Pinochet a través del ministro del Interior. Aunque un ex jefe de la DINA, el general Manuel Contreras, cumple una pena de prisión por el asesinato del ex ministro de Relaciones Exteriores Orlando Letelier, cometido en Washington, el general Augusto Pinochet, en virtud de la Constitución aprobada durante su mandato, es senador vitalicio.
Fuente AI; Fecha:10 de septiembre - Índice AI AMR 22/07/98/s - Servicio 174/98
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