Enero de 2004

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Informe sobre la situación de los derechos humanos durante 2003.

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Debemos iniciar este balance anual dando cuenta de la pérdida de tres grandes hombres que tuvieron una decisiva intervención en la defensa y promoción de los DDHH, sobre todo durante la dictadura militar. Nos referimos al obispo Fernando Ariztía Ruiz, y los abogados Jaime Castillo Velasco y Alejandro González Poblete, fallecidos durante el 2003.

Deseamos antes que nada, rendir un homenaje por el testimonio que dieron en vida por esta causa y agradecerles en nombre de aquellos que recibieron apoyo y protección por parte de ellos.

El 2003 se inició con impactantes noticias en este campo: en un reportaje periodístico un ex agente de seguridad identificado como "colmillo blanco", a fines del 2002, denunciaba graves irregularidades provenientes de la FACH en la ocultación de antecedentes sobre detenidos desaparecidos y que las FFAA. se habían comprometido a recabar fruto de los compromisos contraídos en la Mesa de Diálogo sobre DD.HH., por ello debieron renunciar a sus cargos los generales Ríos y Campos de esa rama castrense.

Quedó así en entredicho el compromiso solemne que los institutos armados habían contraído con el país y con el Presidente de la República en estas materias y se acrecentó en la opinión pública, la sensación de una falta de genuino interés por parte de las FF.AA. por colaborar realmente en el esclarecimiento de las violaciones a los DDHH.

Con todo, durante el 2003, hubo un hito que marcó un antes y un después en materia de DDHH que debe tomarse en consideración, al hacerse este balance. Nos referimos a la irrupción de la UDI en este campo, el 20 de julio pasado, formulando una propuesta que pretendía dar una solución a los familiares de detenidos desaparecidos.

Cabe consignar que antes de que ello ocurriera, el tema transitaba fundamental y básicamente a través de los procesos judiciales, cuyos avances espectaculares, pero poco conocidos, quizás despertaron inquietud en las FF.AA. y en su referente político mas cercano, la UDI. Como sea que fuere, la irrupción de ese partido en un terreno históricamente ajeno, sorprendió a todos y encontró al Gobierno y a la coalición política que lo sustenta desprevenidos.

Ese hecho, tuvo la virtud de poner sobre la mesa y en primera plana el tema de los DDHH y obligó al Ejecutivo y a los partidos de la Concertación hacerse cargo de demandas por años contenidas, iniciándose un proceso de discusión y propuestas que culminaron con la intervención presidencial del 31 de julio del 2003 que, bajo el título de "No hay mañana sin ayer", delineó las bases de lo que sería posteriormente el envío de tres proyectos de ley, y que a fines del año se encontraban en primer trámite legislativo.

Otro aspecto que igualmente impulsó el tema fuertemente fue la conmemoración de los 30 años del golpe militar y su consiguiente proceso de violaciones a los DDHH sin precedente en la historia de nuestro país.

Los innumerables reportajes en los medios de comunicación, y especialmente en la televisión, dieron cuenta, con toda su crudeza, de una realidad impactante y dolorosa, que de una u otra forma se había mantenido al margen del conocimiento público. Ello contribuyó, con fuerza, a crear una conciencia en orden a dar una respuesta efectiva y necesaria en este ámbito, fundada en la verdad y la justicia.

I.-Poder Ejecutivo:-

Aspectos Positivos:

a.- Sin duda que el reconocimiento que el Presidente Ricardo Lagos hizo de las violaciones a los DDHH durante la dictadura militar, en cuanto a que era un tema no resuelto y que debía ser asumido por la sociedad toda, para que desde allí formular una propuesta que era sólo un paso más en un largo caminar hacia el reencuentro de los chilenos. Que "los objetivos de verdad y justicia son moralmente irrenunciables" y que un punto final a los procesos son propuestas moralmente inaceptables, y jurídicamente ineficaces."

Estos objetivos deben considerarse de especial relevancia, más aún si se tiene en cuenta que anteriormente se buscó dar por finalizado el tema bajo propuestas que de una u otra forma buscaban introducir derechamente la impunidad.

Fue una definición que tardó doce años en ser formulada por las máximas autoridades del país y que por fin dio cuenta de una realidad que costó mucho que fuera asumida en su real dimensión.

b.- Cabe resaltar la creación de la Comisión Prisión Política y Tortura, que va a permitir dar cuenta de una grave realidad que la Comisión Rettig no pudo considerar dado la estrechez de situaciones de violaciones a los DDHH que le tocó conocer, asumiendo, de esta forma, un tema pendiente gravísimo y con secuelas hasta el presente, que las autoridades políticas habían eludido.

c.- Resulta igualmente positivo consignar la incorporación del tema de los DDHH en la educación formal, iniciativa de largo alcance que fundamental para la construcción de una convivencia humana más civilizada. Saludamos, en ese sentido, la disposición del Ministerio de Educación en orden a que en todos los establecimientos educacionales se exhiba en un lugar visible la Declaración Universal de los DDHH.

d.- Aunque no compete a una acción directa de las autoridades gubernamentales, deseamos en este acápite resaltar la resolución de la UNESCO en virtud de la cual se estableció como Patrimonio de la Humanidad los archivos sobre DDHH que dan cuenta de las violaciones cometidas durante la dictadura militar y que guardan entre otros organismos históricos, FASIC.

Aspectos negativos:

1.-Consideramos especialmente preocupante que el Ejecutivo mantenga un alto grado de ambigüedad con respecto a la vigencia del D.L. 2191, de 1978, conocida como ley de amnistía. Más allá de reconocer que serán los tribunales los que en definitiva se pronuncien sobre su vigencia o no vigencia, no resulta justificable que el Gobierno no fije su posición en esta materia, más aún si se encuentra vinculado al Derecho Internacional de los DDHH que repugna de toda amnistía.

Es precisamente esa ambigüedad la que alimenta interpretaciones en el sentido de que esa ley de impunidad debe aplicarse en los juicios sobre violaciones a los DDHH, afectando con ello aquel principio sustentado por la mas alta autoridad del país en el sentido de lo inmoral que resulta cualquier definición que afecte la verdad y la justicia en materia de violaciones a los DDHH.

Lo anterior se agrava aún mas teniendo en cuenta que entre las medidas propuestas por el Presidente en los proyectos de ley, en actual debate en el Congreso Nacional, se incorpora la figura de la inmunidad judicial a determinada categoría de violadores a los DDHH que colaboren entregando información a los tribunales.

En tales casos, dichas personas quedarán fuera del alcance de la justicia y a su respecto, el resultado práctico y concreto es que quedarán impunes, situación moralmente inaceptable según las propias definiciones del Presidente Lagos en este ámbito.

2.- Un segundo aspecto preocupante tiene que ver con aquellas iniciativas emprendidas por el Gobierno a fin de dotar de mayores facultades a la policía en el combate a la delincuencia.

Es necesario tener presente que lo que se entiende por dar mayores facultades a la policía para actuar es el restringir los derechos fundamentales de las personas, sobre todo en el ámbito de su libertad individual, quedando sujetos a la voluntad de quien cumple la labor policial.

Nos parece que el combate a la delincuencia, sin duda necesario para mejorar la seguridad ciudadana, no pasa necesariamente por ampliar las medidas represivas de los órganos policiales, más aún cuando los nuestros, están integrados por personal con reducida formación policial y salarios exiguos. Si a personas no lo suficientemente bien entrenadas para llevar a cabo delicadas funciones, se les amplían sus poderes, los resultados previsibles serán mayores abusos de autoridad y seria afectación a los DDHH, y una agudización de la delincuencia al no contar con profesionales adecuados en el combate en contra del delito.

Lamentamos que la autoridad gubernamental no haya enfrentado este problema de una manera moderna y haya recurrido a la fórmula tradicional de proponer mas represión, afectando de paso los derechos fundamentales de la población.

II.- FF.AA.-

Si bien durante el 2003, las intervenciones públicas del Comandante en Jefe del Ejército, general Emilio Cheyre, fueron alentadoras en cuanto contenían manifestaciones de una mayor comprensión y apertura de su institución a asumir el drama de las violaciones a los DDHH, marcando un fuerte compromiso con un "nunca más", por otra parte, la colaboración de las FF.AA. y en particular del Ejército en las investigaciones judiciales correspondiente, dejaba mucho que desear.

En efecto, si bien los requerimientos de los jueces eran respondidos rápidamente, cumpliéndose con las formalidades legales, no había una entrega efectiva de la información solicitada sino una excusa por no tenerla o no constar ella en la respectiva institución. Se trató entonces de una colaboración más formal que de fondo.

Prácticamente las FF.AA. no aportaron información relevante a los jueces no obstante que hay antecedentes fidedignos, como por ejemplo en los procesos del Comando Conjunto(Colmillo Blanco), Eugenio Berríos y Tucapel Jiménez y tantos otros en que las FFAA. llevaron a cabo acciones de inteligencia a fin de obstruir la acción de la justicia durante los regímenes democráticos que sucedieron a Pinochet.

Esta falta de colaboración real y eficaz ha sido dramáticamente denunciada hace pocos días por el ex Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle y su hermana, la Senadora Carmen Frei Ruiz-Tagle, quienes denunciaron la nula colaboración del Ejército en la investigación de la muerte de su padre, el ex presidente Eduardo Frei Montalva, emplazando al General Cheyre a entregar información sobre ese caso a los tribunales.

No es sano para la convivencia democrática conductas políticas como las que realizó recientemente el Comandante en jefe del Ejército aprovechando una visita protocolar al Presidente de la Corte Suprema, que además consideramos que no le corresponde, presionar al Poder Legislativo para que se tramitara con urgencia el proyecto original de incentivos procesales a victimarios.

Es legítimo preguntarse si ese involucramiento público del General en tratar de obtener garantías de impunidad para el que declara, se debe a que se sigue manejando institucionalmente la entrega de información.

Finalmente, también resulta contradictorio con el discurso público del General Cheyre, el hecho de que su institución siga negando ante los Tribunales el funcionamiento del Departamento II de Inteligencia, en los diversos cuarteles de esa rama, no obstante que existen declaraciones judiciales de uniformados que han reconocido haber pertenecido a esa unidad, ocultando de esta forma, información altamente relevante para las investigaciones judiciales, puesto que precisamente ese Departamento II es el que se vinculaba con todos los detenidos que llegaban a los cuarteles, es el que los interrogaba y decidía el destino final .

III.- Congreso Nacional.

Lamentablemente, en esta instancia se presentan serias dificultades para ir mejorando y completando nuestra institucionalidad democrática y, en consecuencia, otorgándole a los DDHH un marco mas amplio de protección.

a.- Cabe anotar que dos importantes tratados internacionales suscritos por Chile no fueron ratificados por el Senado, encontrando en esa instancia una férrea oposición de los sectores vinculados a la dictadura militar en el pasado. Nos referimos a la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas y el Tratado sobre Tribunal Penal Internacional. Para ello encontraron un aliado en el Tribunal Constitucional el cual en sendos fallos que denotan su total desconocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, declaró inconstitucional ambas convenciones.

Urge poner atención en la orientación que guía a ese Tribunal Constitucional tan refractario del derecho Internacional

b.- Igualmente, durante el 2003 siguió su lenta y confusa tramitación el proyecto de ley que otorga indulto a los presos políticos post año 1990, siendo condicionada su aprobación ahora por parte de la oposición, a que se aprueben también las propuestas de DDHH planteadas por el Gobierno con la inmunidad judicial incluida. Así las cosas, esta iniciativa trabajosamente tramitada durante dos años pasará a ser moneda de cambio para obtener cuotas de impunidad para los violadores de DDHH.

c.-Igualmente preocupante es la permanencia de las amplias facultades de la Justicia Militar, modificaciones que no han sido abordadas y que se contraponen con el procedimiento establecido en la reforma procesal Penal.

IV.- Poder Judicial.

A. Positivos:

a.- Cabe resaltar el decidido avance que presentan las investigaciones en manos de los Jueces con dedicación exclusiva, Ministros en Visita especiales y de Fuero.

Ellos han sido los grandes personajes del año 2003.

Un trabajo silencioso, paciente, amplio y profundo ha permitido que se alcancen altas cuotas de verdad y se realice la justicia por tantos años reclamada.

Así, por ejemplo, en tribunales de primera y segunda instancia se ha zanjado en forma clara e indubitada la aplicación del Derecho Internacional de los DDHH contenido en diversos tratados suscritos por Chile, y se han dictado sentencias condenatorias declarándose expresamente que en estos casos no corresponde la aplicación de Decreto Ley de Amnistía de 1978. (Desaparecimiento de Miguel Angel Sandoval Rodríguez ,sentencia de 1º y 2º instancia).

b.- Es necesario consignar que ya ha sido establecido judicialmente en forma cierta la operación de exhumación de restos de detenidos desaparecidos a fin de evitar que puedan ser encontrados fortuitamente, adoptando las medidas para que no queden rastros de ellos, como también, las investigaciones judiciales han permitido establecer en forma fehaciente el lanzamiento de víctimas al mar trasladadas en helicópteros del Ejército.

c.- Durante el año 2003 se han producido también las primeras confesiones del núcleo mas duro y hermético de la represión. En efecto, ex agentes de la ex DINA han comenzado a confesar sus delitos y sin necesidad de incentivos de ninguna clase, lo que abre una grieta importante en la última trinchera de la represión de la dictadura militar que se resistía a la justicia.

d.- Por su parte la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema ha consolidado una jurisprudencia conforme a la cual no acepta sobreseer definitivamente las causas sobre DDHH, fundada en la cosa juzgada, prescripción o la amnistía de 1978, ordenando reabrirlas a fin de proseguir con las investigaciones hasta que se establezca la verdad de lo ocurrido con la víctima.

e.- Igualmente, la citada Segunda Sala del máximo tribunal, en jurisprudencia reiterada y sostenida, ha decidido que en esta clase de juicios la competencia corresponde a los tribunales civiles y no a los militares.

A. Negativos:

a.- En este contexto, han resultado poco felices las palabras vertidas por el nuevo Presidente de la Corte Suprema, don Marcos Libedinsky, en una entrevista de prensa, quien asumiendo los argumentos de las defensas de los violadores de DDHH, ha señalado que los secuestros permanentes serían una ficción legal.

b.- También ha causado extrañeza, un fallo emitido por la 7ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ha sostenido esa tesis en un caso de detenido desaparecido para fundar una sentencia absolutoria que implica negar la posibilidad de establecer la verdad y hacer efectiva las responsabilidades criminales correspondientes.

c.- Finalmente, cabe consignar que otra Sala del máximo Tribunal, conociendo de juicios civiles indemnizatorios por violaciones a los DDHH, l, ha negado lugar a reparaciones a las víctimas o sus familiares, amparándose en que dicho derecho se encuentra prescrito, con absoluto desprecio de lo sostenido por el derecho Internacional sobre esa materia.

Mientras se siga utilizando sólo el Derecho Interno para impedir el derecho a la reparación que asiste a las víctimas y a sus familiares se viola el Derecho Internacional.

V.- Iniciativas de ley del Presidente Ricardo Lagos en materia de DD.HH.

FASIC fijó su posición públicamente frente a los tres proyectos de ley que el Presidente Lagos propuso al Congreso Nacional, participando con su opinión experta en reuniones con autoridades de Gobierno (Ministros Insulza y Ministro Huenchumilla).

Además, concurrió a dar su opinión ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y su equipo jurídico mantuvo sendas reuniones con las Bancadas de Diputados del Partido Socialista y el PPD.

Si bien FASIC encontró que las iniciativas contenían elementos valiosos que permitían avanzar en este tema, alertó, con relación a la iniciativa que proponía incentivos para la entrega de información.

Algunas medidas contenían elementos de impunidad que afectaban las demandas de justicia y elementos de regulación de secretos permanentes que afectaban los compromisos con la verdad.

Igualmente, observó a las autoridades de Gobierno lo altamente inconveniente que resultaban en uno de los proyectos las menciones a la Amnistía; elemento que en definitiva termina por imponerse a los buenos propósitos que la inspira .

Teniendo presente las últimas intervenciones del señor Ministro del Interior, en orden a insistir en los proyectos originales propuestos por el Presidente de la República en estas materias y cerrar toda posibilidad a que éstos puedan ser objeto de modificaciones en su tramitación parlamentaria, destinadas a corregir aquellos aspectos que resienten los objetivos de verdad y justicia asumidos por la máxima autoridad, señalamos a la opinión pública que el proyecto de ley que establece incentivos para la entrega de información a los tribunales de justicia contiene elementos que conducen a la impunidad, que son moralmente inaceptables y significan una distorsión a lo dicho por el Presidente de la República en su mensaje al país del 31 de julio del año 2003.

Por lo tanto urge la necesidad de mejorar el Proyecto original en el sentido de incluir una facultad para los Jueces de configurar una atenuante calificada especial, que permita rebajar la pena que corresponda, en uno,dos o tres grados para aquellos que tengan responsabilidad en el delito investigado y que presten una decidida colaboración al juez de la causa, permitiendo que el sentenciador evalúe esa colaboración y en su mérito aplique la rebaja que estime pertinente.

El Equipo Jurídico de FASIC reitera una vez más la necesidad de ampliar el número de Jueces con dedicación exclusiva, Ministros en Visita y de Fuero, como el camino más eficaz para avanzar prontamente en pos de los objetivos de verdad y justicia que el país reclama.

Es necesario además dotarlos de recursos humanos, financieros y técnicos infraestructura humana y material suficientes, ya que se debe tener en cuenta que bajo esos mecanismos especiales se están conociendo sólo alrededor del 50% de los casos de graves violaciones a los DDHH, encontrándose el resto de los casos paralizados o bajo la competencia de los tribunales militares, situaciones ambas que dejan excluido a un número significativo de procesos fuera de estos procedimientos s especiales.

De igual manera se deben fortalecer las acciones de la Policia de Investigaciones.-

Fundacion de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC)
Enero de 2004.-

Este documento ha sido publicado el 03feb04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights