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27ene05
Alvear y Bachelet quieren más rapidez en los juicios, pero no impunidad.
Las precandidatas presidenciales de la Concertación apoyan las medidas que signifiquen acelerar los procesos por crímenes de la dictadura, siempre que no supongan un "punto final".
"Leí que la Corte Suprema había tomado aquella decisión, no conozco el contenido de la misma, (pero) en términos generales siempre creo que es bueno acelerar los procesos", sentenció la candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Soledad Alvear, al comentar la decisión del tribunal de establecer un plazo de seis meses para el cierre de los sumarios por causas de derechos humanos.
Sin embargo, la ex canciller y ex titular de Justicia sentenció que era "categórica" en señalar que "en el tema de derechos humanos siempre he estado y seguiré estando en contra de una ley de punto final".
La precandidata del bloque PS-PPD, Michelle Bachelet, también se mostró a favor de favorecer la rapidez de los juicios.
"Creo que ha habido tanto dolor en las familias de tantos chilenos que creo que, efectivamente, cualquier paso que pueda avanzar hacia resolver adecuadamente temas pendientes, que insisto, producen mucho dolor, es positivo, siempre y cuando esto no implique impunidad", aseveró.
En tanto, donde la resolución de la Corte Suprema no fue bien recibida fue en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
La presidenta del grupo, Lorena Pizarro, aseguró que "estamos frente a un nuevo y grotesco intento de impunidad", que sólo busca "terminar con las investigaciones y los juicios sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en este país durante los 17 años de dictadura".
Por ello, la dirigenta anunció que la AFDD iniciará una campaña en el exterior para evitar que el ministro del Interior, José Miguel Insulza, concite apoyos para llegar a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), pues, asegura, es uno de líderes de la búsqueda de impunidad.
Por su parte, el ministro de la Corte Suprema Hernán Alvarez, quien fuera presidente del máximo tribunal, dijo que los familiares de las víctimas "tienen todo el derecho a criticar y estar disconformes", pero recalcó que la medida no se contrapone con la máxima de impartir justicia.
El pasado martes, la Suprema determinó que los jueces que tramitan causas por violaciones a los derechos humanos tendrán seis meses para cerrar los respectivos sumarios, a pesar de que antecedentes relevantes podrán permitir su reapertura en el futuro.
[Fuente: Radio Cooperativa, Santiago, 27ene05]
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