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27ene05
El Ministro de Justicia dice que el traspaso de causas al
nuevo sistema procesal contribuye a la justicia.
El secretario de Estado sentenció que el proyecto de ley abarca la totalidad de las causas penales de la Región Metropolitana y no es una ley de punto final en casos de DD.HH.
El ministro de Justicia, Luis Bates, dio a conocer las principales directrices del proyecto de ley que regula el traspaso de causas desde el antiguo sistema penal al que define la Reforma Procesal Penal.
El abogado reiteró que la idea no busca la impunidad de quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura, cuyos procesos estarán incluidos en la iniciativa, que llegará en marzo próximo al Congreso Nacional.
El llamado proyecto de "empalme" es "una contribución al efectivo ejercicio de un derecho esencial que corresponde a todos: que los juzgamientos, las decisiones, se hagan en plazos razonables", sentenció.
"No es una ley de punto final, en letra o espíritu, tampoco en términos implícitos ni encubiertos, así como indirectos. Tampoco implica una alteración a las normas internacionales vigentes en Chile", enfatizó el jurista, durante su extensa presentación.
El ex presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) reiteró la tesis esgrimida por el propio Presidente Ricardo Lagos y sentenció que "no es impunidad" lo que se busca, sino "la aceleración de los procesos, que es una cosa muy diferente".
Bates subrayó que se trata de un proyecto que incluye todos los procesos penales vigentes en la Región Metropolitana, pero que no implica un traspaso efectivo de investigaciones, sino que la aplicación de algunas instituciones y principios de la Reforma Procesal.
En este sentido, detalló que se pretende establecer que los casos tengan un plazo máximo de investigación de dos años, así como la obligación del juez a cargo de generar un archivo provisional, que quede disponible para una posible reapertura del proceso en el futuro.
"Hemos propuesto que aquellas que llevan más de un año y seis meses de sumario, de investigación... fijamos un plazo de seis meses más", precisó Bates, quien recordó que cualquier idea puede ser perfectible en el Parlamento.
A sus argumentos, la autoridad sumó que "estas normas, que tienen que ver con la celeridad de los procesos, son obligatorias para los Estados", por lo que sebe garantizar "el derecho a juicio rápida, y esta obligación es de los tres poderes del Estado".
El ministerio "está preocupado hace tres o cuatro meses del tema de qué va ocurrir con las causas del sistema antiguo cuando entre en vigencia la Reforma Procesal Penal el 16 de junio próximo (en Santiago) y eso está plasmado en la ley de 'empalme'", concluyó.
Después del anuncio del Gobierno sobre la preparación del proyecto que regulará la entrada en vigencia en todo el país del nuevo sistema de justicia, familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, abogados querellantes en causas de derechos humanos y parlamentarios del bloque PPD-PS expresaron su rechazo la presunta "impunidad" que plantearía la legislación.
El temor de estos grupos es que al establecer un plazo máximo de investigación se permita el cierre unilateral de los sumarios, aún cuando el juez no pueda establecer quiénes ejecutaron o hicieron desaparecer a los opositores al régimen militar.
[Fuente: Radio Cooperativa, Santiago, 27ene05]
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