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14jun07
Amplio rechazo político a fuga de ex agente DINA
"Estamos en un Estado de Derecho, por lo tanto debemos acatar los fallos de los tribunales de justicia, nos guste o no", dijo ayer el diputado UDI Iván Moreira, al referirse a la fuga del general (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, quien se rebeló ante la resolución de la Corte Suprema que lo condenó a cinco años de presidio por la desaparición (1974) del mirista Dagoberto San Martín y se sumergió en la clandestinidad el lunes pasado.
Eso sí Moreira pidió a la justicia acelerar "los procesos militares", porque no pueden tardar "20 ó 30 años más en cerrar heridas y juicios pendientes".
En la misma línea se manifestó el integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Felipe Salaberry (UDI), quien calificó como "un error" la actitud de Iturriaga, "debe entregarse y enfrentar a la justicia". Y aunque dijo no compartir el apoyo de sus ex camaradas, lo estimó legítimo y agregó que el Parlamento está en deuda respecto de generar una visión de defensa "de los derechos humanos sin sesgo político".
Doctrina institucional
En el Ejército, en tanto, se optó por dejar el tema en el ámbito judicial, pues se trata de un oficial que no está en la institución hace varios años.
Fuentes militares explicaron que la institución ha apoyado a sus oficiales (R) en todo lo debido y en nada de lo indebido y su determinación (de no presentarse al penal Cordillera) es un acto contrario a la doctrina institucional.
Como una muestra que la situación no trastrocó la marcha del Ejército, el ministro de Defensa, José Goñi, dijo que el comandante en jefe, Óscar Izurieta, no le hizo comentarios sobre el prófugo. "No hay preocupación especial (…), es un hecho individual de una persona que se declara en rebeldía" y agregó que "él tuvo un juicio justo y todas las oportunidades para defenderse. No corresponde más comentarios".
Honor militar
Si bien los análisis de La Moneda descartan que la fuga de Iturriaga incentive una ola de rebeldías entre militares (R) que enfrentan causas de derechos humanos, sí se estimó que sus dichos -dados a conocer el martes- son un retroceso respecto de la doctrina de colaboración seguida por los oficiales sometidos a procesos.
En este sentido, el ministro del Interior, Belisario Velasco, recordó que en Chile "nadie está por sobre la ley", y aseguró que el evadido "está siendo un mal ejemplo. No estamos en el pasado, estamos en el presente y mirando al futuro y para ello, todos deben cumplir con la ley y es lo que se va a hacer".
Más enérgico, el ministro portavoz, Ricardo Lagos Weber, aseveró que el escapado "perdió la batalla legal y ahora sólo le cabe rendirse para cumplir con el proceso judicial, al que tuvo acceso de manera justa y democrática", aludiendo a las sentencias dictadas sin proceso durante el régimen militar.
En la misma línea el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, dijo que los uniformados que cometieron crímenes "tenían respeto por el honor militar (…). Un militar no se arranca; no se fuga, menos un militar chileno".
Militares (R) piden "solución política" y anuncian tempestades
El vocero de la Corporación de Militares en Retiro, capitán (R) de la Armada, Hernán Bayas, dijo que el fugado es un "líder" de los uniformados que enfrentan casos de violaciones de los derechos humanos y expresó su esperanza de que "siga en la clandestinidad".
Bayas explicó que "golpeamos todas las puertas para que se produzca el reencuentro entre los chilenos. Si siguen sembrando vientos, tarde o temprano habrán tempestades".
A su vez, el ex vicecomandante en jefe del Ejército general (R) Guillermo Garín, dijo "entender" la rebeldía de Iturriaga y lamentó que sea "víctima de esta situación".
Más dura fue la declaración de los ex comandos del Ejército, quienes expresaron "respeto y solidaridad" por "la decisión asumida" y agregaron que hacen votos "para que la ecuanimidad e imparcialidad de la justicia se asiente definitivamente en nuestra comunidad".
En tanto el presidente de los generales (R) Juan Guillermo Toro Dávila manifestó "comprender" la decisión de Iturriaga, que dijo era "producto" de "una condena por presunciones" y de un "ficción jurídica" y llamó a todos los sectores de la sociedad a lograr en forma impostergable "una solución política que resuelva definitivamente la dramática situación jurídica que afrontan centenares de ex uniformados".
[Fuente: La Nación, Santiago de Chile, 14jun07]
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