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29ene05
Parte de la cúpula de la DINA ingresa en prisión.
Los privilegios de la antigua reclusión Punta Peuco fue construido en 1995 como un penal "a la medida" para que Manuel Contreras y Pedro Espinoza cumplieran sus condenas por el homicidio del canciller Orlando Letelier. Su creación originó una crisis en la Concertación, luego de que el entonces ministro de OO.PP., Ricardo Lagos, se negara a firmar el decreto para construir un presidio especial.
Actualmente, al máximo de su capacidad para 60 personas, ha sufrido una serie de modificaciones. Uno de ellas fue quitarle el carácter de penal exclusivo para ex agentes de servicios de seguridad. De hecho, entre sus 23 inquilinos están el mayor (R) José Luis Aguilera, implicado en el caso Spiniak y Lenin Guardia, ex informante del Ministerio del Interior.
Otro de los simbólicos cambios es que a ninguno de los ex oficiales condenados se les trata por su rango, como se acostumbraba en los tiempos de Contreras. También está prohibido tener conexión a internet. Tampoco pueden ingresar licor, a diferencia de Contreras, quien tenía un bar bien abastecido, además de un perro alemán de mascota. Asimismo, se puso término a la conflictiva custodia mixta entre Gendarmería y efectivos militares, quedando a cargo de la primera institución.
En 1998, un abogado de un ex uniformado procesado calificó la serie de citaciones que ese año comenzaron a dictar los primeros jueces de causas de derechos humanos como "un desfile militar en los tribunales".
La frase fue acuñada inmediatamente por las defensas de los encausados, que preveían que su escenario judicial sería cada vez más complicado, sobre todo porque Augusto Pinochet ya estaba querellado en Chile y detenido en Londres.
En ese tiempo, los procesados eran apenas una veintena. Siete años después son 160 y las causas en sumario 356.Ayer, ese "desfile militar" se materializó en un solo día, cuando los tribunales dictaron resoluciones en contra de dos jefes emblemáticos de la Dina y la CNI, los generales (R) Manuel Contreras y Hugo Salas Wenzel, quienes fueron notificados de su nuevo destino:
el primero ingresó ayer a cumplir condena de 12 años al Penal Cordillera -aunque a la fuerza- por el secuestro calificado del mirista Miguel Angel Sandoval y, el segundo, sentenciado en primera instancia a pena perpetua por la muerte de 12 frentistas en 1987 en el caso Operación Albania.
Junto a Salas Wenzel, también fue condenado otro ex agente de la CNI, el ex jefe del Cuartel Borgoño, Alvaro Corbalán Castilla. El mayor (R) es uno de los ex uniformados con más procesamientos.
Incluso, ya cumple plena perpetua por el caso del carpintero Juan Alegría Mundaca, asesinado en 1983 para encubrir el crimen de Tucapel Jiménez, que perpetró la Dirección de Inteligencia del Ejército, Dine.
Además, en Operación Albania el ministro Hugo Dolmestch condenó a 10 años y un día al oficial de Carabineros Iván Quiroz. Otros 12 ex agentes también fueron condenados a penas entre cinco y tres años de presidio, mientras que otros 12 ex CNI quedaron absueltos de todos los cargos. Entre ellos los oficiales (R) de Ejército Kranz Bauer y Jorge Vargas Bories, dos conocidos ex miembros de ese servicio de inteligencia y que se encuentran procesados, además, por el homicidio del periodista José Carrasco y otros cuatro profesionales.
Sin amnistía
Las dos últimas sentencias contra ex uniformados se producen en la misma semana del polémico acuerdo del pleno de la Corte Suprema que, para acelerar las causas de DD.HH., ordenó el cierre de los casos en seis meses, con o sin investigación.
El ingreso a la cárcel de Contreras y Krassnoff y la condena a Salas y Corbalán coincide, además, con la impugnación que las agrupaciones de DD.HH. están haciendo a la Suprema, acusándola de dictar un "punto final".
A la vez, el fallo de la Suprema del caso Sandoval -por el que desde ayer cumplen condena Contreras, el brigadier Miguel Krassnoff y otros tres ex Dina-, sepultó las pretensiones de los ex agentes de que se aplicara la amnistía para los casos de desaparecidos.
En noviembre, la Sala Penal de la Suprema dio la señal: si no aparecen los cuerpos, no hay amnistía y dictó la primera condena por secuestro calificado, un hecho que hace suponer a los ex uniformados procesados por ese delito que correrán la misma suerte. Dentro de este contexto se produjo la semana pasada el suicidio del coronel (R) y ex miembro de la Dina, Germán Barriga, procesado en varias causas de DD.HH.
El caso Albania, en cambio, no tenía posibilidad de amnistía, pues los homicidios fueron cometidos en 1987. Por esa razón, varios de los procesados -menos Salas Wenzel- rompieron en 2000 el pacto de silencio que había entre los agentes y decidieron colaborar con Dolmestch. La razón: esperaban rebajas en sus penas. La rudeza de ContrerasContreras fue ayer notificado de su ingreso a la cárcel cerca de las 14 horas en el Palacio de los Tribunales. El trámite pudo haber sido sin incidentes, si no fuera porque el ex jefe de la Dina, tal como lo hizo en 1995 cuando debía ingresar a Punta Peuco por el caso Letelier, se negó a ir a los tribunales.
Según versiones de tribunales, Contreras se opuso a su detención en su casa de Peñalolén junto a sus hijas y yernos, y llegó, incluso, a sacar un arma ante el subcomisario Sandro Gaete. "¡Soy un general!, ¡traidores!", gritaba mientras entraba a su escritorio, señalan las versiones.
Los demás condenados, en cambio, siguieron la orden del juez Alejandro Solís, quien los citó antes de las ocho de la mañana. Unos de traje, otros de sport, los ex Dina Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Fernando Lauriani y Gerardo Godoy, se presentaron uno a uno a su notificación.
La resistencia del general (R) en 1995.
La última vez que Manuel Contreras cumplió una condena fue en 1995 tras ser sentenciado a siete años de cárcel por el asesinato de Orlando Letelier. Entonces Augusto Pinochet Ugarte aún estaba al mando del Ejército y si bien el ex jefe de la Dina llevaba más 16 años en retiro, sus influencias le permitieron demorar en cuatro meses y ocho días su ingreso al penal de Punta Peuco.
Tras la resolución, el general (R) permaneció recluido en su fundo de Fresia, luego de amenazar, el 30 de mayo de ese año, que "no voy a ir a ninguna cárcel". El 13 de junio, en medio de un amplio despliegue militar para distraer la atención de la prensa y sin que el gobierno estuviera informado oportunamente, el ex director de la Dina fue trasladado al Hospital Naval de Talcahuano. Días después, la entonces ministra de Justicia, Soledad Alvear, aseguraba que Contreras sería trasladado prontamente hasta el penal de Punta Peuco. Sin embargo, el gobierno debió esperar hasta el 20 de octubre, pues durante cuatro meses Contreras no abandonó Talcahuano, lo cual generó una grave crisis en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
"El señor comandante en jefe del Ejército, capitán general don Augusto Pinochet Ugarte, consciente del problema que tenía uno de sus generales, y para evitar que nuevamente se produjera otro intento de asesinato dispuso que fuera trasladado al Hospital Naval de Talcahuano", relató Contreras en una declaración judicial.
[Fuente: La Tercera, Santiago de Chile, 29ene05]
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