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11mar15
Fin a la constitución política de la dictadura de Pinochet
La "Asamblea por los Derechos Humanos10 de diciembre" que coordina la voluntad de lucha que por Verdad, Justicia y Derechos Humanos para todos los pueblos que habitan Chile, declara ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
1.- Rechazamos rotundamente la acción del Gobierno que ha permitido a la mega minería no sólo extraer a destajo el oro y demás metales, sino que ha permitido que el extractivismo nacional e internacional, se apropie de los recursos hídricos y deje a la población sin agua como ha sucedido en Caimanes, el Valle del Choapa, Salamanca y otras localidades del Norte Chico del país donde estas empresas construyen relaves, diques y desvían el curso de las aguas dejando un mínimo destinado a la población, altamente contaminada con arsénico. Recientemente y ante la decidida lucha dada por la población en Caimanes y otros pequeños pueblos del norte, por el derecho al agua, la respuesta del Ministerio del Interior ha sido más y más represión.
2.- No podemos callar frente a esta nueva injusticia y frente a la indolencia de un Gobierno y un Estado que se coloca al lado de los poderosos empresarios en desmedro de familias humildes y menos aún, podemos seguir permitiendo que el agua, elemento vital continúe estando en manos ajenas a las de nuestro propio pueblo.
3.- Es la actual Constitución Política del Estado de Chile, impuesta por la dictadura cívico militar hace 34 años la responsable de esta y otras varias denegaciones de derechos e injusticias a las que se somete nuestro pueblo.
4.- El ordenamiento institucional dejado por la dictadura y preservado por los gobiernos que le han sucedido en estos 25 años, no sólo consolidó el terrorismo de Estado y la violación permanente de los derechos humanos por medio de una Constitución Política espuria y antidemocrática, sino que revocó los derechos conquistados por las y los trabajadores, estudiantes y pueblos originarios, reemplazándolos por los designios del libe mercado.
5.- El retorno de la democracia en marzo de 1990, jamás tuvo la voluntad política de iniciar un proceso de transformaciones que permitiera la restitución de los derechos y la dignidad del pueblo y, no sólo desdeñó la posibilidad de derogar la Constitución de 1980, sino que se optó por servirse de ella profundizando el modelo heredado de la dictadura. La restringida democracia tutelada por los militares hizo retroceder aún más los derechos sociales, económicos y políticos de los pueblos.
Las cárceles de los opositores a la dictadura se fueron llenado de nuevos presos políticos quienes sufrieron inenarrables torturas durante el proceso que siguió a sus detenciones, se siguieron violando los derechos humanos en Chile y se consagró la impunidad para los crímenes cometidos durante la dictadura.
El modelo económico neoliberal fue profundizado por los gobiernos post dictadura, las minas de cobre y otros metales fueron virtualmente desnacionalizados y entregado a capitales privados; los recursos del mar entregados a un puñado de familias poderosas; el negocio forestal que destruyó el bosque nativo y condena a la miseria a las comunidades mapuche; el agua ha sido privatizada y han condenado a la sequía a numerosos pueblos en todo el país; a la súper explotación de los y las trabajadoras se suma la extracción de los bienes que nos otorga la naturaleza de manera desmesurada y la práctica extractivista que hipoteca el futuro de nuestros de hijos y a las generaciones futuras.
6.- Es necesario que el gobierno, el Parlamento y toda la estructura política y económica comprenda que el avance del movimiento social que recorre Chile, llegó para quedarse; los miles que marcharon por Antofagasta contra la contaminación hace una semana y la movilización por el agua que se realizara en La Moneda este miércoles 11 de marzo, así como el movimiento por la autonomía territorial mapuche en la zona de La Araucanía y otras asambleas ciudadanas que se organizan para luchar por sus derechos, los estudiantes, los pobladores, entre otros, marcan un punto de inflexión al monopolio que ha resguardado y consagrado el abuso, la pobreza y ha robado con su corrupción permanente, los sueños a grandes mayorías del país.
7.- Es por todo esto que hoy exigimos la derogación de la Constitución Política de 1980 y la realización de una Asamblea Constituyente para construir un nuevo ordenamiento político. Rechazamos cualquier otro mecanismo que no permita la participación democrática de todos los pueblos y comunidades que comparten este territorio que llaman Chile. Es en la Asamblea Constituyente donde podrán pronunciarse soberanamente, caracterizando, definiendo y sancionando la nueva organización del Estado.
Santiago de Chile, 11 de marzo de 2015
Asamblea por los derechos humanos, 10 de diciembre
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