09sep05

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Comunicado Público de CODEPU en contra del proyecto de nueva ley de impunidad presentado en el Congreso chileno.

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Con ocasión del ingreso a trámite legislativo de la moción parlamentaria que tiene por objeto indultar a violadores a los derechos humanos, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo -CODEPU- considera un deber informar a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

1.- El proyecto de ley patrocinado por los senadores Arancibia, Boeninger, Larraín, Prokurica y Silva Cimma, en actual tramitación legislativa, y que ha provocado conmoción pública nacional e internacional, desconoce el carácter de los crímenes perpetrados y la naturaleza de las responsabilidades de los agentes del Estado involucradas en la ejecución de una política de violación sistemática a los derechos humanos durante el régimen de facto, que importó la privación de la vida a miles de chilenos, atentados masivos a la integridad física y psíquica y la pérdida de libertades fundamentales, todos actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad y en tanto tales, inamnistiables e imprescriptibles.

Una iniciativa legislativa no puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado, que es lo que en los hechos sucedería de prosperar la moción parlamentaria. En efecto, el Estado de Chile en tanto signatario de un conjunto de instrumentos internacionales, tales como; la Carta de Naciones Unidas, la Convención Americana de Derechos Humanos, las Convenciones de Ginebra, la Convención contra el Genocidio, las relativas a la prevención, y sanción de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, sólo por citar algunos de los instrumentos internacionales de derechos humanos, establecen de manera calara y categórica la obligación del Estado en orden a investigar, sancionar y hacer cumplir lo resuelto en sede jurisdiccional respecto a las violaciones de derechos humanos.

2.- Los eventuales beneficiados con el proyecto de ley en curso que están cumpliendo penas privativas de libertad efectiva, en condiciones carcelarias optimas, son sólo 18 ex agentes cuyas responsabilidades criminales están determinadas en seis procesos judiciales. Se trata del homicidio calificado del dirigente sindical Tucapel Jiménez, (1982), el homicidio calificado del carpintero Juan Alegría, (1982); el degollamiento de los profesionales Santiago Nattino, José Manuel Parada, y Manuel Guerrero (1985), la desaparición forzada de Miguel Angel Sandoval Rodríguez (1975) y de Luis Dagoberto San Martin (1975).

Ellos junto a otro centenar de agentes -417 se encuentran procesados en la actualidad- actuaron al servicio del Estado, perpetraron y ejecutaron -no sólo los crímenes antes señalados- los delitos más ominosos y perversos que recuerda la historia del país. Delinquieron de manera impune, desaparecieron a 1.200 hombres, mujeres y niños; ejecutaron al margen de toda legalidad a 2.200 personas; torturaron -según los antecedentes de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura- a 32.000 chilenos y extranjeros y fueron los responsables de generar en toda la sociedad, políticas de terror y amedrentamiento, que posibilitaron el quiebre del tejido social y político construido durante décadas. Ellos, son torturadores, violadores, asesinos, degolladores, quemaron personas, secuestraron e hicieron desaparecer a mujeres, hombres y niños, montaron operaciones de encubrimiento denostando públicamente a sus víctimas, e incluso se apropiaron de sus bienes.

Casi todos ellos son requeridos por la justicia internacional y sus nombres se reiteran en la mayoría de las causas judiciales que están en actual tramitación, tanto en el país como en el extranjero. No es casual que sus nombres aparezcan en las investigaciones desarrolladas por Jueces como Baltazar Garzón en España, el Juicio contra Pinochet y otros, en Francia por la desaparición de cinco personas de origen franco-chileno; el proceso en Bélgica y las denuncias en Suiza. Los posibles "indultados" fueron parte decisiva en el asesinato de Orlando Letelier en Washington, del asesinato contra el general Prats y su esposa Sofia Cuthbert en Buenos Aires, del atentado contra Bernardo Leighton y su esposa en Italia, demostrándose con ello que, los actos criminales ejecutados sobrepasaron las fronteras del país. Se trata, por tanto, de criminales peligrosos para la humanidad.

3.- Su compromiso criminal se ha visto igualmente acompañado de una cobardía sin límites al negarse sistemáticamente a contribuir en el esclarecimiento de las violaciones cometidas. Persistentemente han negado su participación en estos hechos violentos, incluso más, públicamente los han justificado sin dar ninguna señal de arrepentimiento. Han mentido contumazmente para eludir la acción de la justicia y en los procesos judiciales seguidos en su contra no han entregado ninguna información conducente que permita encontrar los restos de detenidos desaparecidos, o la identidad de los grupos exterminadores.

Con el objeto de eludir la acción de la justicia se han amparado en su edad, su estado de salud y otras razones humanitarias, las mismas que no tuvieron en consideración al momento de cometer las tropelías por las cuales hoy día se les juzga y sanciona.

Eluden su participación criminal, a veces con banalidad del mal, a veces con lealtad a los principios de la dictadura militar, pero también, muchos de ellos, niegan por temor al pacto secreto que hicieron al ingresar a estas bandas criminales.

Por tanto, señalamos enfáticamente que, no es cierto que medidas como estas favorezcan la colaboración con la justicia o que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

4. La iniciativa de ley propuesta constituye una grave ofensa a los familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos quienes, una vez mas, observan con estupor que lo poco logrado en materia de verdad y justicia se frustra ante el afán de una clase política que persistentemente se ha negado a comprender la dimensión del drama social involucrado en los crímenes cometidos por el Estado e insisten en imponer la impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo es un atentado a la convivencia nacional y la conciencia democrática, puesto que el proyecto de ley conduce a la renuncia de la obligatoriedad del Estado a perseguir las responsabilidades penales, incluida la ejecución de las penas, entendida esta no sólo como sanción ejemplar frente a los más graves y horrorosos crímenes de que tenga memoria la historia reciente del país, sino como el más eficaz mecanismo de no repetición.

Resulta una paradoja, por decir lo menos, que los mismos sectores que hoy exigen inclemencia y mano dura frente al delito común, promueven, de cara a los mas desgarradores crímenes mecanismos de impunidad.

6.- Se pretende justificar el proyecto de ley en curso como una contribución a la paz social y la reconciliación nacional. CODEPU reitera, una vez más, que la única posibilidad de construir un futuro digno que permita el reencuentro nacional es dejar que los tribunales de justicia cumplan con su misión fundamental, cual es la de investigar, determinar las responsabilidades penales y hacer ejecutar lo resuelto, dando estricto cumplimiento al imperativo legal y constitucional encomendada a los órganos jurisdiccionales.

Ante este nuevo intento por consagrar definitivamente la impunidad, CODEPU se suma a los esfuerzos unitarios de organizaciones de familiares, de víctimas, y de la sociedad civil por definir una estrategia común que permita evitar que en el país se consolide la impunidad.

Paz Rojas Baeza Presidenta

Viviana Uribe Tamblay Secretaria Ejecutiva

Santiago de Chile, 9 de septiembre de 2005

Informes sobre Derechos Humanos en Chile

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