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09dic04
Ante el Procesamiento de Marcel Claude.
El procesamiento por injurias que la Corte de Apelaciones resolvió contra el economista Marcel Claude es un grave hecho que vuelve a ampliar la enorme brecha y desconfianza que se ha instalado entre la sociedad civil y la clase política.
Claude, director de la Fundación Océana, había acusado a los hermanos Zaldívar, ambos senadores de la República, de votar a favor de una nueva Ley de Pesca en circunstancias que poseían acciones en la Pesquera Enerva. Tras la promulgación de la ley, recordemos, los precios de las acciones de Enerva se elevaron a máximos históricos, entregando ingentes beneficios a los poseedores de aquellos títulos.
La actual Ley de Pesca es una consecuencia más del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, acuerdo que, en el momento de su negociación, debía cambiar la normativa pesquera chilena al permitir el ingreso al mercado de flotas o capitales europeos. Este cambio condujo a una conmoción del sector, con efectos muy desfavorables para los pescadores artesanales, no obstante generó efectos muy beneficiosos para la gran industria pesquera, entre ella Eperva.
Que los hermanos Zaldívar hayan sido juez y parte en esta decisión legislativa clave, es un hecho lamentable para el devenir político. La yuxtaposición entre lo público y privado, que en política es cada día más frecuente, en especial cuando hay grandes intereses de por medio, es una relación que pone en riesgo toda la credibilidad del sistema político.
El procesamiento de Marcel Claude, dirigente de la sociedad civil que ha defendido los intereses de un sector de la ciudadanía, podemos considerarlo como una señal de advertencia hacia otras organizaciones que intenten defender una causa que se oponga a los intereses del poder político. Llama la atención la dura acción contra Claude cuando el columnista Hermógenes Pérez de Arce, en una columna denominada "El año de Lagos", lanza desde la tribuna de El Mercurio insidiosas diatribas contra el Presidente de la República. Quien tiene el amparo de los poderes fácticos parece gozar también de impunidad para injuriar.
Procesar a un representante de la sociedad civil por supuestas injurias contra una figura política, no sólo busca inhibir a las organizaciones civiles en su derecho a la libertad de opinión y defensa de sus causas, sino que también intenta ocultar el verdadero fondo de la discusión, que es la poco transparente connivencia entre intereses públicos y privados, los cuales, por lo demás, en el caso de la Ley de Pesca, se han apoyado en el deterioro de los más débiles, que han sido los pescadores artesanales.
Santiago de Chile, 31 de diciembre de 2004.
Coral Pey
Directora Ejecutiva, Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable
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