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07nov04
El texto escrito por el jefe del Ejército busca aminorar el informe Valech
El texto escrito por el jefe del Ejército busca aminorar el informe Valech, que establece que la aplicación de torturas fue una política sistemática de las FF.AA.
Documento de Cheyre se anticipa a duro informe sobre la tortura Informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Detención Política y la Tortura, que será entregado al Presidente Lagos el miércoles, detalla los recintos militares donde se torturaba y menciona que hubo 30 mil víctimas.
El general Juan Emilio Cheyre dejó de lado la tesis de las responsabilidades individuales en materia de violaciones a los DD.HH. antes de la divulgación del informe sobre tortura.
Anticiparse al impacto político y público que tendrá el informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Detención Política y la Tortura, que será entregado al Presidente Ricardo Lagos el miércoles 10, fue el objetivo central del documento elaborado por el general Juan Emilio Cheyre -titulado "El fin de una visión" y publicado ayer en exclusiva por La Tercera-, donde el comandante en jefe del Ejército deja a un lado la tesis de los "excesos" y responsabilidades individuales en las violaciones a los DD.HH. ocurridas en el gobierno militar.
Según fuentes castrenses, la decisión de asumir "la responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos" buscó tomar la iniciativa, aminorando el efecto de la publicación de más de 30 mil casos de torturas que incluirá el informe, que dirigió el obispo católico Sergio Valech.
Haciendo una analogía con la franja de cese al fuego que aplica Naciones Unidas en sus misiones de paz para separar a dos bandos en conflicto, un personero del Ejército señala que la meta del histórico documento fue crear una especie de buffer zone (zona de amortiguamiento).
Esta estrategia asumida por Cheyre fue informada en todos sus pasos a Lagos y a las otras ramas de las Fuerzas Armadas. El comandante en jefe del Ejército pretendía que las otras instituciones se sumasen a su estrategia; sin embargo, los demás jefes castrenses sólo quedaron en respaldarlo públicamente y seguir un camino propio para enfrentar el informe, argumentando que cada institución debe responder por realidades distintas (ver nota secundaria).
La estrategia del Ejército incluye hacer todos los gestos necesarios antes de que se conozca el texto y guardar un estricto silencio cuando se difunda en diciembre.
Las claves del documento.
El informe de la comisión Valech establece que la aplicación de torturas fue una política sistemática e institucional de las Fuerzas Armadas durante los 17 años del régimen militar e incluye más de 30 mil casos.
Esta investigación entrega un relato histórico de lo que pasó en Chile tras el golpe de 1973 en el tema de los detenidos y torturados, una realidad que se había soslayado hasta hoy, luego que el Estado buscara vías de reparación para los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, e incluso para los exonerados políticos.
La comisión estableció un mapa de los centros de detención y tortura a lo largo del país, en los que figuran regimientos, unidades militares, comisarías, centros de detención clandestinos, campos de prisioneros y barcos.
Según fuentes de gobierno, el 60% de los casos corresponde a detenciones producidas en 1973, cuando fueron aprehendidas 25 mil personas. En 1974 fueron detenidas 6.000; en 1975 3.000 y, a partir de 1976, las aprehensiones disminuyen, pero las torturas se incrementan.
El informe expondrá que en los primeros meses después del golpe militar los métodos de tortura más comunes eran las golpizas, amenazas (fusilamientos simulados), detenciones prolongadas con los ojos vendados o con la cabeza dentro de una capucha, aplicación de corriente eléctrica, quemaduras con cigarros, sopletes o ácidos, extracción de uñas, obligación de presenciar torturas a otros detenidos, abusos sexuales, inmersión en agua, aceite o petróleo, detención en calabozos insalubres, rompimiento de tímpanos por golpes en los oídos.
El informe deja entrever que hubo planificación en la detención de personas y una política sistemática.
Ante la comisión se presentaron 35 mil personas para entregar su testimonio dentro de los plazos legales. Hubo mucha gente que llegó después, pero la comisión fue tajante en el cumplimiento de los plazos fijados por el gobierno al momento de la creación del organismo.
[Fuente: La Tercera, Santiago de Chile, 07nov04]
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