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06nov04
El informe sobre la tortura será entregado a Lagos el 10 de noviembre.
Creada a partir de la propuesta de derechos humanos formulada por el Presidente Ricardo Lagos en 2003, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura emprendió el 13 de noviembre de ese año su principal cometido: determinar, a partir del examen de casos, quiénes pueden acceder a las reparaciones "austeras y simbólicas" previstas en el planteamiento hecho por el Mandatario cuatro meses antes.
El equipo, encabezado por el obispo Sergio Valech y la abogada especializada en DD.HH. María Luisa Sepúlveda, vicepresidenta ejecutiva (en la foto), e integrado por 60 profesionales, comenzó a recabar antecedentes desde sus oficinas en Moneda 1025. Entrevistas, testimonios de las víctimas o familiares directos y documentos tales como certificados, copias de recursos de amparo, fallos y recortes de prensa, fueron el material sobre cuya base trabajaron juristas, sicólogos y asistentes sociales.
En mayo último, cuando faltaban cuatro semanas para que expirase el plazo de gestión inicialmente contemplado en el decreto que la creaba, la entidad había sistematizado en sus archivos 20 mil testimonios sobre prisión y violencia física entre 1973 y 1990.
La complejidad y copiosidad de la información recabada tanto, desde regiones como desde el extranjero -a través de los consulados-, obligó a los miembros del equipo a invocar el período de tres meses adicionales de trabajo permitidos por la normativa del Ministerio del Interior. En agosto, sin embargo, la comisión pidió al Presidente más tiempo para procesar los datos recibidos y que daban cuenta de más de 35 mil casos, de los cuales 25 mil corresponden a 1973.
Con dos meses más concedidos por Lagos, el informe final, redactado por el historiador Manuel Vicuña, será entregado al Jefe de Estado el próximo miércoles.
[Fuente: La Tercera, Santiago de Chile, 06nov04]
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