20ago03

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Un poco más de verdad, un tanto más de justicia y algo de reparación...,no pueden tener el alto precio de preservar la impunidad a los violadores de derechos humanos.

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La Comisión Etica Contra la Tortura sobre la propuesta Gubernamental sobre DD.HH declara lo siguiente:

Como Comisión Etica, que tiene como misión luchar contra la impunidad del delito de tortura, no podemos permanecer ajenos a los planteamientos realizados por el Gobierno.

Entendemos que la sociedad y la democracia chilena deben erigirse sobre principios y valores universales como VERDAD y JUSTICIA. En la práctica de estos valores se debe garantizar la igualdad ante la ley, la vigencia de un Estado de Derecho, la claridad al determinar y asumir las responsabilidades materiales, éticas, políticas y jurídicas sobre los actos que se realizan desde el Estado y desde los ciudadanos. Creemos que esta es la única forma de legar a las futuras generaciones una sociedad sin corrupción en ningún aspecto, donde se separe sin vaguedad al ciudadano honesto de aquel que no lo es.

En este sentido, recibimos con satisfacción los anuncios de crear una Comisión que califique y, por tanto, cuantifique a las personas que en Chile, sobrevivieron al delito de tortura, crimen de lesa humanidad, que no prescribe y no está sujeto a amnistía.

Entendemos que dicho propuesta recoge la aspiración planteada hace tres años por la Comisión Etica Contra la Tortura. Esperamos VERDAD plena sobre este delito ejercido en el país y que hasta nuestros días persiste; aspiramos a conseguir el derecho a la JUSTICIA y a una REPARACIÓN justa y adecuada, tal como lo señala el Artículo 14º de la Convención Internacional Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y que el Estado de Chile ha suscrito.

Aspiramos a que este sea el primer paso que da el Estado para reparar de alguna manera el daño causado. Para esto debería:

Acoger todas las denuncias formuladas por los hombres y mujeres afectados por la tortura durante los 17 años de dictadura.

Investigar, a través de los tribunales, estos delitos que en todos estos años - salvo contadas excepciones - no han sido considerados por el Poder Judicial, dejando en la indefensión a cientos de personas que fueron detenidas y torturadas en los cuarteles secretos de la policía política. Se negó así el más elemental derecho humano como es resguardar la integridad física y psíquica de las personas. Esperamos que se identifique y se apliquen las sanciones a los agentes del Estado que han llevado a cabo estos delitos, muchos de los cuales aún siguen en funciones.

Procurar a las víctimas de la tortura, las medias necesarias para su rehabilitación, la restitución de sus derechos y el acceso a una reparación material JUSTA y ADECUADA, tal es el mandato los instrumentos internacionales. La tortura ejercida por el terrorismo de Estado, no fue, en ningún caso austera ni simbólica, ya que trastocó hasta hoy las sanas relaciones de convivencia social y nuestros valores más profundos como nación.

Respecto del resto de la propuesta, rechazamos los puntos que se refieren a la impunidad para los agentes del Estado involucrados en la desaparición y ejecución de presos políticos, y las rebajas de condenas a los responsables de las violaciones a los DD.HH que se persigue a través de la acumulación de procesos. Con ello, se estaría vulnerando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que obliga al Estado Chileno, a través del Pacto de San José de Costa Rica, la legislación internacional respecto de los crímenes de lesa humanidad, y la exigibilidad que tiene un Estado de investigarlos y sancionarlos. Si verdaderamente este Estado que violó los derechos de las personas, tiene la más profunda convicción de reivindicarse con sus ciudadanos tiene que cumplir con lo antes dicho.

Sostenemos que la obediencia "forzosa" no puede más que alcanzar a personas que al momento de la comisión de los delitos se encontraban haciendo el servicio militar obligatorio, ya que en la cadena de mando, son los únicos que no cuentan con los mecanismos efectivos para hacer presente su rechazo a las órdenes de cometer delitos.

La oficialidad a cargo de la tortura, de la desaparición de prisioneros, de la ejecución, son responsables y no pueden ser objeto de medidas de impunidad especiales a cambio de información. Deben entregar los antecedentes que esclarezcan los hechos y deben ser encausados, porque lo que en Chile se ha realizado son crímenes de lesa humanidad. Eso es lo éticamente aceptable. Ellos deben comprender que obstruyen la justicia y este poder debe encausarlos. El Estado no debe ni puede premiarlos.

La sociedad chilena ha aceptado los "gestos" que los gobiernos democráticos han hecho: informes con algo de verdad; justicia en la medida de lo posible; juicios simbólicos; mesas de diálogo; sobreseimientos por demencia senil.

Hemos escuchado por años la verdad oficial. Primero no existían prisioneros desaparecidos; después se declaró que nada sabían y, luego, que los tiraban al mar para finalmente encontrarlos en tierra y reconocer posteriormente, las remociones clandestinas de cuerpos.

Sobre tortura, tampoco existió, eran inventos de los enemigos de Chile; luego, los torturadores se convirtieron en entrevistadores; han salido en la prensa para hacer vano los sufrimientos de muchas personas. Por su parte, el Gobierno propicia la aplicación de la ley de amnistía: única garantía de impunidad que reclaman los criminales. Probablemente el parlamento va aceptar la propuesta gubernamental, sin contar con la opinión de las organizaciones de Derechos Humanos. Así otro ciclo de impunidad puede amenazar con imponerse en Chile.

La Comisión Etica Contra la Tortura, a nombre de muchas chilenas y chilenos, exige también gestos; gestos, que no cuestan recursos, sólo un tanto de voluntad política. Pedimos:

Al Presidente Lagos, que se apoye en el respaldo del pueblo, que se ponga del lado de quienes fueron perseguidos, anulando los efectos del decreto Ley de Amnistía: que se investigue, sancione e identifique a los responsables, y que los tribunales apliquen justicia. Este gesto lo podría poner a la altura ética y política que está marcando la administración del mandatario Argentino.

Pedimos al Poder Judicial, a los jueces nominados por Pinochet, que renuncien, y que se abran todos los procesos que durante la dictadura cerraron, y que de una buena vez, la justicia haga su trabajo: hacer justicia.

Pedimos la renuncia del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, ya que han reconocido que no estuvieron a las alturas de las confianzas que la nación le había dado. Que asuma el Alto Mando la oficialidad joven, que obtiene ese rango a partir de 1991 y que está menos comprometida con la dictadura militar y sus crímenes; crímenes que no fueron la obra de decisiones individuales ni personales: la responsabilidad es institucional.

Finalmente queremos decir, que hijas e hijos de detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura, abandonados de Verdad y la Justicia, estigmatizados por un Estado insensible, arriesgando sus vidas, se lanzan en una huelga de hambre exigiendo vivir en un Chile con Justicia, retoman la bandera de la dignidad, que ha sido la fortaleza moral del movimiento de derechos humanos en estos 30 años. Fortaleza que ha dado más de una lección cívica al Estado, a sus poderes a las Fuerzas Armadas y a la sociedad en su conjunto. A esos jóvenes cuyos padres fueron asesinados, les entregamos toda nuestra solidaridad y apoyo, porque representan la dignidad de un pueblo, la dignidad con la que Salvador Allende se negó a abandonar la Moneda señalando un camino a los trabajadores y al mundo. Ellos son hoy en el rescate de la dignidad de Chile, la esperanza de Verdad y Justicia.

Comisión Ética Contra la Tortura
Santiago de Chile, 20 de agosto de 2003.

Este documento ha sido publicado el 23ago03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights