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20jun05
La colaboración de Colonia Dignidad con la DINA y el CNI aclararía el crimen de Letelier.
Los profesionales afirmaron que el gran poderío económico y armamentístico del enclave alemán aún no es desarticulado en su totalidad, asegurando que hay antecedentes concretos sobre la existencia de un Laboratorio Químico y Bacteriológico que se usó para fabricar armas y encontrar yacimientos de metales estratégicos.
Junto con valorar los sustanciosos avances que ha logrado en las últimas semanas el ministro en visita Jorge Zepeda, designado para investigar todos los crímenes de lesa humanidad vinculados a Colonia Dignidad, los abogados de la familia del ex canciller Orlando Letelier afirmaron que gran parte del poderío económico y bélico de la nueva jefatura del enclave estaría aún oculto para la justicia.
Los profesionales Sergio Corvalán y Fabiola Letelier, en entrevista con El Mostrador.cl, opinaron que las versiones que dan cuenta sobre la existencia de un Laboratorio Químico y Bacteriológico en poder de esta organización no son ninguna novedad para los tribunales chilenos, ya que desde la investigación sobre el atentado que le costó la vida al ex secretario de Estado y a su secretaria Ronnie Moffit, se sabía de esta instalación.
“Las investigaciones que realizó el ministro (Adolfo) Bañados dan cuenta de la existencia de un laboratorio para producir sustancias químicas y sustancias bacteriológicas de grandes proporciones. Esos antecedentes fueron recabados por la justicia chilena y, en su oportunidad, por la justicia italiana, a raíz de la investigación por el asesinato de Bernardo Leighton, y datan de 1975”, sostuvieron. “Michael Townley reconoció el envío de este laboratorio que fue comprado en Inglaterra, en Bélgica y -en parte- en Estados Unidos. Fue triangulado a través de una estructura criminal de la Colonia Dignidad en Alemania. Este embarque fue remitido desde el aeropuerto de Frankfurt en containers y maletas a la Colonia Dignidad y ahí se instaló originalmente un laboratorio que, luego, fue trasladado a petición de Manuel Contreras a Vía Naranja, que era la casa que la DINA le asignó Townley”, añadieron.
Según los abogados de la familia Letelier esta infraestructura, además de la fabricación de armas de exterminio, también habría sido utilizada para la investigación de minerales estratégicos. “La Colonia Dignidad -a través de sociedades anónimas y civiles que actúan a su servicio- tiene concesiones mineras estratégicas que el Estado debiera caducar. Entre ellas hay entidades dedicadas a la explotación de titanio, oro, plata y otros metales, ubicadas en Chile y en el extranjero”, aseguraron.
En esa medida, Sergio Corvalán –quien también es querellante en el secuestro calificado del matrimonio Rekas-Elizondo, en el cual se procesó a tres ex jerarcas del enclave y a la cúpula de la DINA- consideró que “es importante que se profundice en la ubicación de los detenidos desaparecidos, también en el funcionamiento de un campo de tortura al interior de Villa Baviera, que ya fue reconocido en el informe Rettig, pero también interesa que se desarticule todo su poderío bélico y militar, que no sólo consistía en el armamento pesado que fue incautado, sino también que se encuentren las instalaciones del Laboratorio Químico y Bacteriológico”.
Según precisó, en ese supuesto laboratorio químico trabajaron Francisco Oyarzún, Eugenio Berríos y otras personas, cuyas identidades declinó precisar en virtud de estar resguardadas por el secreto de sumario en la investigación que intenta esclarecer el asesinato del segundo de los mencionados, quien trabajó para la disuelta DINA, la cual está a cargo del ministro en visita Alejandro Madrid.
Actual poderío económico y bélico.
“Ahora se encontró la parte ‘histórica’ de las armas de Colonia Dignidad, pero el armamento más moderno, los laboratorios y su poderío aún existe, por lo cual la posibilidad de que se siga eludiendo la justicia no sólo es un hecho, sino que está comprobado”. Con esa tajante afirmación los abogados de la familia del ex canciller Letelier dieron cuenta de la magnitud del poder que tiene aún Villa Baviera.
Para estos profesionales, este tremendo poder del enclave viene de actividades comerciales ilícitas, una de las cuales está asociada a su enorme facilidad para conseguir armas prohibidas para los privados, las cuales mantuvieron en su poder durante tres décadas y 15 años de democracia.
“La Colonia Dignidad estuvo vinculada con sociedades de Gerhard Martín, que es un conocido traficante de armas y sustancias estratégicas en México, Argentina y Uruguay. No fue una casualidad que Paul Schaefer fuera aprehendido en Argentina; en ese país y en Chile, ha tenido una vasta red de personas que han permitido no sólo su traslado a esa nación, sino también los negocios que realizaba”, argumentaron.
En esa medida, añadieron que, además del fundo Lavadero, debieran revisarse los otros numerosos predios que tiene la jefatura de Villa Baviera, quienes tendrían propiedades en Santiago y en localidades como Bulnes –donde incluso hay una pista de aterrizaje aéreo-, como también en Alemania y otros países. “Es muy vasta la investigación que se debe hacer si se quiere que de una vez por todas el Estado de Chile controle las múltiples actividades delictuales que se desarrollan en Colonia Dignidad”, aseguraron. Nueva jefatura
En ese sentido, ambos abogados señalaron que “el jefe de esta organización Colonia Dignidad no es Paul Schaefer, lo fue en una época, pero es obvio que desde hace algunos años existe una jefatura en Colonia Dignidad que es oculta y que es parte de la caída de su ex jerarca, porque su detención se debe a que la supuesta nueva cúpula así lo decidió, la cual sigue operando como una asociación ilícita”.
En su opinión, el trabajo policial debería ser orientado a desarticular a la real jefatura de la Colonia, a la red de protección con la cual aún contaría, a la incautación de los bienes que le permitirían desarrollar actividades delictuales y concretar la adquisición de bienes, “eludiendo los débiles esfuerzos del Consejo de Defensa del Estado que no ha podido dar cumplimiento con la cancelación de la personalidad jurídica que decretó el ex Presidente Patricio Aylwin”.
“Debiera ser más eficaz la colaboración de las autoridades por el carácter estatal de los delitos involucrados, por las pruebas que hay que requerir -por ejemplo, desde Estados Unidos- y esa es una atribución del gobierno, ya que existe un convenio que establece esta posibilidad. Así se demostraría el interés de las autoridades por esclarecer las vinculaciones de la Colonia Dignidad”, enfatizaron.
Relación con el caso Letelier.
Sergio Corvalán sostuvo que “la colaboración de la DINA, la CNI y otros servicios de inteligencia militar nos permitirían aclarar el crimen de Orlando Letelier, por el cual la justicia chilena solamente condenó a dos personas: Manuel Contreras y Pedro Espinoza. En ese crimen participaron no menos de 18 oficiales del Ejército de Chile más otros civiles. Fue un vasto operativo de terrorismo internacional y Chile le debe a la comunidad internacional y a las familias de las víctimas una investigación exhaustiva que aclare las responsabilidades”.
En esa medida, consideró que “debería producirse una coordinación entre los ministros Alejandro Madrid –a cargo del caso Berríos- y Jorge Zepeda –quien investiga las violaciones a los derechos humanos en Villa Baviera-, porque ambos tienen finalidades investigativas que coinciden en hechos importantes”.
Tanto Fabiola Letelier, como Sergio Corvalán, afirmaron que están entregando todos los antecedentes de estos hechos a ambos magistrados, con el objeto de que puedan decretar diligencias destinadas a recabar información y pruebas que acrediten estos vínculos.
“Cuando se investigue eso con seriedad vamos a encontrar un vínculo entre estos hechos y las actividades de la Colonia Dignidad, como su colaboración en el entrenamiento de agentes de inteligencia para operativos en el exterior y en las redes internacionales de terrorismo”, agregó.
“El caso Letelier tiene que ser reabierto por la justicia chilena, si ésta quiere recobrar su prestigio internacional y la confianza de la ciudadanía. Esa posibilidad tendrá que ser analizada por la Corte Suprema en su oportunidad. Nosotros hemos aportado antecedentes que permiten esclarecer la trama delictual que significó que un importante testigo como era Eugenio Berríos (en el caso Letelier) eludiera la acción de la justicia”, concluyeron.
[Fuente: El Mostrador, Santiago de Chile, 20jun05]
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