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31ago07
Procesan a capellán y general por exhumación ilegal de desaparecidos
La Justicia chilena procesó a doce acusados de represión, entre ellos un capellán y un general retirado, como encubridores de "homicidio calificado y exhumación ilegal" de 26 ejecutados políticos por la "caravana de la muerte" en la ciudad de Calama, informaron hoy fuentes judiciales.
La resolución, que fue adoptada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, a 1.368 kilómetros al norte de Santiago, afectó al general retirado Manuel Trincado, que fue hasta el año 2005 jefe de la II División del Ejército en Antofagasta, a 1.368 kilómetros al norte de Santiago, contra quien el tribunal decretó, además, detención preventiva.
También resultó procesado el ex capellán y actual presbítero de la Parroquia Santa Elena de Santiago, Luis Jorquera Molina, y el cirujano Luis Rojas Delzo, entre otros nueve imputados, contra algunos de los cuales el tribunal despachó órdenes de detención.
El dictamen incluye, además, procesamientos por asociación ilícita y "delito reiterado de homicidio calificado" contra el ex mayor y agente de la DINA (la policía secreta del fallecido dictador Augusto Pinochet) Armando Fernández Larios y el ex coronel Eugenio Rivera, entre otros antiguos oficiales.
La Corte también ordenó iniciar los trámites para solicitar a la Corte Suprema la extradición de Fernández Larios, Rojas Delzo y Carlos Minoletti Arriagada, que residen en el exterior.
El tribunal de alzada justificó el procesamiento de estas personas con el argumento de que, sin haber participado en los crímenes, intervinieron con posterioridad a las ejecuciones para ocultar los cuerpos e impedir que se conocieran las causas exactas de las muertes.
En su fallo, el tribunal califica estos crímenes de "lesa humanidad".
Los 26 prisioneros fueron ejecutados por orden del general Sergio Arellano Stark el 19 de octubre de 1973, en una operación de la "caravana de la muerte", una comitiva militar que ejecutó a más de 70 presos políticos en distintas ciudades del país, de acuerdo con el expediente judicial.
En el caso de Calama, a 1.564 kilómetros al norte de Santiago, las 26 víctimas fueron sacadas de la cárcel y ejecutadas en el sector de Topáter, en las afueras de la ciudad, donde fueron enterradas clandestinamente.
Según testimonios que constan en el proceso, a fines de 1975 o comienzos de 1976 los cuerpos fueron exhumados por orden de la comandancia en jefe del Ejército que emitió una orden cifrada a través de un criptograma, lo que se conoce como operación "retiro de televisores".
Según el expediente, los cadáveres fueron desenterrados y trasladados al aeropuerto de Calama donde los esperaba un avión desde el que posteriormente fueron lanzados al mar, envueltos en sacos y amarrados a rieles.
Según fuentes judiciales y activistas por los derechos humanos, el operativo, que se repitió en distintas partes del país, fue ordenado directamente por el dictador Augusto Pinochet para encubrir los crímenes de su régimen.
El capellán se declaró hoy afectado por la decisión judicial, en declaraciones al vespertino "La Segunda".
"No tengo nada que ver con tales hechos. En esa época yo estaba allí enviado por el servicio religioso castrense", indicó el religioso que agregó que sólo una vez fue llamado a declarar como testigo cuando el caso estaba a cargo del juez Juan Guzmán.
[Fuente: Unión Radio, Santiago de Chile, 31ago07]
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