Santiago de Chile, enero de 1997.
Excelentísimo señor Presidente:
La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), como organismo de derechos humanos, ha considerado necesario dirigirse a usted para expresar su preocupación frente a la convocatoria de su gobierno al Consejo de Seguridad Nacional y las consecuencias que de ella han derivado para el conjunto de la sociedad chilena al enfrentar el tema de la seguridad pública producto de la fuga de la cárcel de alta seguridad.
Señalamos, que la sola existencia del Consejo de Seguridad Nacional y la participación de las FF.AA., deslegitima cualquier resolución surgida de el ya que refuerza el ilegitimo rol de garantes de la institucionalidad que la Constitución del 80, creada por la dictadura, les otorga.
Son especialmente graves las consecuencias políticas de esta convocatoria por cuanto se legaliza, una vez mas, la incorporación de las FF.AA. a las funciones de orden y seguridad pública mediante sus organismos de inteligencia.
Reafirmamos nuestra convicción de que en un régimen democrático esas funciones corresponden exclusivamente a los organismos policiales dependientes directamente del poder político. A su vez, la incorporación de las FF.AA. en estas labores subordina, en la practica, el poder civil al militar.
El pais es objeto de un montaje propagandístico de desinformación que fomenta en la opinión pública la idea de que habría un rebrote del terrorismo, con el objeto de ocultar el terrorismo de Estado que existió durante los 17 anos de dictadura, mantener la impunidad por violaciones a los derechos humanos, acrecentar la injerencia de las FF.AA. en la vida política nacional y con ello, asegurar una democracia tutelada.
Observamos, con grave preocupación, que la fuga de los cuatro reos condenados por delitos de motivación política ha generado una respuesta sobredimensionada por parte del gobierno.
El carácter alarmista con que se ha enfrentado este hecho policial y el demandar la concurrencia de las FF.AA. como garantes de la seguridad ciudadana, legitima el discurso que ellos tuvieron para llevar a cabo el golpe militar de 1973 y establecer un régimen dictatorial que violo repetidamente los derechos humanos.
Si no confía en la fuerza de la democracia y busca el amparo de los uniformes sera difícil distinguir entre ser protegido o estar preso en esa protección.
No existe en el pais, como se pretende, una situación de violencia política abierta, ni los servicios policiales se encuentran sobrepasados en su capacidad de control. "Para que entonces su gobierno instala un escenario político-militar y usted llama a una cruzada nacional contra una supuesta
"amenaza terrorista" ?.
Los últimos hechos que han concitado atención a la opinión pública, no son actos terroristas en sentido estricto, por el contrario, los actos que realizó la dictadura militar si son actos de terrorismo de Estado que causaron condena reiterada de las Naciones Unidas y que están absolutamente impunes.
Es necesario una vez mas recordar que existe una deuda pendiente del Estado chileno con la sociedad, que la mayor parte de los crímenes y violaciones cometidos durante la dictadura militar permanecen sin sanción y los responsables se ocultan en una impunidad vergonzante.
Consideramos que para que no persistan manifestaciones de violencia es insoslayable lograr la verdad y justicia para las 3197 victimas de violaciones al derecho a la vida realizada por el terrorismo de Estado, dar solución a los problemas que enfrentan miles de personas que sufrieron cárcel o persecución política y que se encuentran impedidos de ejercer todos sus derechos ciudadanos y subordinar definitivamente las FF.AA. al poder civil. Por tal motivo llamamos una vez mas a su gobierno y a la Concertación a cumplir sus deberes y asumir los compromisos programáticos de reformas constitucionales.
FABIOLA LETELIER