 | Este documento ha sido publicado el 26dic05 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
EQUIPO NIZKOR |
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26dic05
Denuncian el acoso y persecusión de abogada defensora de presos mapuche.
La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) ante la formalización de la investigación por el delito de desacato contra la abogada Miriam Reyes García, manifiesta a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
1. El Ministerio Público formalizó ante el Tribunal de Garantía de Temuco una investigación por el delito de desacato contra Myriam Reyes García, Defensora Penal Pública, quien en esa calidad ha asumido la defensa judicial de dirigentes mapuche en el marco del conflicto territorial de este pueblo originario.
La formalización de la investigación se fundamenta en la presunción de que ella habría hecho público una documentación de carácter reservada que daba a conocer pagos en dinero que habría efectuado la Fiscalía a testigos en causas judiciales que persiguen determinar eventuales responsabilidades penales de dirigentes y miembros de comunidades mapuche.
2. Codepu rechaza el ánimo persecutorio de la Fiscalía local y que amenaza seriamente el libre ejercicio profesional de esta abogada que se ha destacado en la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. A la investigación de carácter criminal, se suman medidas cautelares personales, consistentes en arraigo nacional y la obligación de firmar una vez al mes ante el Tribunal de Garantía de Temuco.
Extraordinariamente grave resulta que la Fiscalía, aún antes de formalizar la investigación en contra de esta profesional, sin su conocimiento ni consentimiento, haya llevado a cabo medidas intrusivas a su correo electrónico y computador personal y monitoreado las llamadas de su teléfono celular, violentando con ello su intimidad, y el secreto profesional en la relación abogado y patrocinado.
3. La conducta de desacato imputada, tal como lo afirma el abogado defensor de la abogada Myriam Reyes, lo pudo haber realizado cualquier trabajador o trabajadora de la Fiscalía y no hay ningún antecedente que demuestre lo contrario. Por ello sostenemos que existe aquí un manifiesto acto de persecución y discriminación frente a una profesional de dilatada experiencia en la defensa de los derechos de dirigentes mapuche gravemente violentados por la actuación del Ministerio Público.
Tanto o más grave resulta el hecho que la Fiscalía no asuma la grave acusación dada a conocer por los medios de comunicación, sino que busque sancionar a quienes denuncian graves irregularidades como lo es el otorgar dádivas a cambio de testimonios.
4. La abogada Myriam Reyes, ha tenido una destacada participación en la defensa de causas seguidas en contra de dirigentes mapuche por conflictos de tierra, procesos judiciales de una alta connotación nacional e internacional. En este sentido, consideramos que la formalización de la investigación dirigida contra la abogada Reyes, se proyecta como una acción intimidatoria que degenera la función del Ministerio Público y, en actuales o futuros procesos especialmente en contra de mapuche, pone en riesgo el derecho a la defensa que le asiste a toda persona.
5. El Ministerio Público de la Araucanía, desde hace ya un tiempo, en relación a la causas instruidas a propósitos de las acciones de protesta del pueblo mapuche, ha excedido sus atribuciones, e iniciado una afanosa campaña por intentar criminalizar las reivindicaciones levantadas por organizaciones mapuche, utilizando recursos judiciales que comprometen seriamente el principio del debido proceso.
Hechos como la utilización de testigos sin rostros, la intervención de teléfonos celulares de abogados defensores, la retribución económica a quienes presten declaración contra los imputados mapuche o la realización de diligencias secretas, han sido documentados y denunciados por prestigiosos organismos de derechos humanos e indígenas nacionales e internacionales.
6. La Corporación Codepu, ha valorado la vigencia del nuevo proceso penal y ha reconocido en él un avance en la consolidación de normas garantistas. Sin embargo, el accionar de la Fiscalía de Temuco, en este caso, establece un peligroso precedente que pone en duda los fundamentos y principios que inspiran dicha reforma procesal.
Manifestamos nuestra solidaridad con la abogada Miriam Reyes García, quien se desempeñó en nuestra institución apoyando a víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos.
7. Codepu enviará los antecedentes de este caso a los organismos que velan por la protección de los defensores de derechos humanos en Naciones Unidas, con el fin de que se represente formalmente al gobierno de Chile esta situación.
Santiago de Chile, 24 de diciembre de 2005
Víctor Espinoza y Viviana Uribe, Secretarios Ejecutivos CODEPU
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