10mar01
Se constituye la Comisión Etica contra la Tortura en Chile.
La Agrupación de Ex Presos Políticos - Chile, Amnesty International - Sección Chilena, Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU y el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS, expresan a la opinión pública sus planteamientos y resoluciones en relación a la problemática de la tortura:
1. La conciencia moral de la nación requiere el establecimiento de la verdad y que se haga justicia sobre los casos de tortura ocurridos en Chile, crimen de lesa humanidad cometido en forma sistemática en nuestro país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. De acuerdo al estudio realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile, alrededor de 400.000 personas se habrían visto afectadas por este flagelo.
2. Sólo a través del. conocimiento de la magnitud de este crimen, de los daños causados a las personas objetos de tortura, a sus familias y a la sociedad entera, se podrá contribuir a recuperar la integridad y dignidad de los afectados.
3. El reconocimiento por parte del Estado y la sociedad chilena de este crimen es imprescindible para reparar los traumas físicos, mentales, morales y sociales que constituyen sus secuelas.
4. Por tanto, el Estado está en la obligación de terminar con el silencio y la marginación en que los sobrevivientes de tortura han vivido durante todos estos años.
5. La demora en la investigación de este flagelo por parte del Estado ha significado que este crimen no ha sido asumido en forma responsable por la sociedad y, por lo tanto, la tortura reaparece cada cierto tiempo en forma dramática y perseverante, como se observa hasta la actualidad.
6. Es necesario que el Estado chileno cumpla con la obligación de respetar la jurisdicción internacional y reconozca expresamente el crimen de tortura como inamnistiable e imprescriptible.
7. El derecho a la justicia y a la identificación de los autores de este flagelo está garantizado a través de la Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la que en su Art. 10 señala: "…Se incoará un procedimiento penal contra el supuesto culpable o los culpables de conformidad con la legislación nacional… El supuesto culpable o culpables serán sometidos a procedimientos penales, disciplinarios u otros procedimientos adecuados".
Por tanto, el Estado Chileno debe buscar vías procesales eficaces para materializar esta obligación.
8. La normativa internacional de derechos humanos exige, además, otorgar una reparación integral a las víctimas de tortura. El Art. 14 de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas señala que el Estado "…velará porque su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible".
9. Además de la reparación moral y médico psicológica, se requiere de una reparación jurídica, ya que muchos chilenos fueron procesados y condenados en consejos de guerra y por los tribunales militares y civiles a partir de "confesiones" obtenidas bajo torturas.
Este sólo antecedente debería bastar para que un Estado de Derecho anule todos los procesos y condenas a estas personas. Ello significa que, en la práctica, muchos ex prisioneros recuperarían sus derechos civiles y políticos arbitrariamente conculcados hasta el día de hoy, y el Estado chileno cumpliría con la obligación contraída y contenida en el Artículo 15 de la Convención antes mencionada que señala que "…ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura puede ser invocada como prueba en ningún procedimiento…"
10. Se requiere de una reparación material que compense el daño causado por torturas, prisión indebida, años de reclusión y exilio (interior y exterior), ya que la exoneración de sus empleos y la interrupción de estudios, son algunas de las consecuencias que trajo aparejada la represión política.
11. Se requiere de una reparación social que posibilite la integración a la sociedad de los ex prisioneros, a través de programas especiales de inserción, de reconversión laboral y de estudios, entre otros.
Comunicamos a la opinión pública que, a fin de avanzar en el cumplimiento de las tareas señaladas, se ha constituido la Comisión Ética contra la Tortura, encabezada por las entidades arriba indicadas. Esta Comisión iniciará un estudio cuantitativo de las situaciones de tortura vividas en nuestro país así como de sus consecuencias individuales, familiares y sociales, y elaborará propuestas destinadas a la reparación del daño en todos sus niveles.
Un informe del trabajo que se realice será entregado al Presidente de la República el próximo 26 de Junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura con la petición que se cree una Comisión Gubernamental, similar a la del Informe Rettig que de oficialmente cuenta del alcance de este flagelo en nuestra historia reciente.
Santiago, 10 de Marzo de 2001
La Comisión Ética contra la Tortura recién constituida cuenta con el respaldo de destacadas personalidades de intachable trayectoria, entre las que podemos mencionar a:
Padre José Aldunate; Obispo Carlos Camus (Diócesis de Linares); Padre Oscar Jiménez (Pdte Justicia, Paz y Ecología, Conferencia de Religiosos de Chile); José Galiano, Abogado DDHH;
Andrés Aylwin, Abogado DDHH y ex diputado; Hiram Villagra, abogado DDHH; Sergio Grez, Historiador; Juan Pablo Cárdenas, Periodista; Tomás Moulian, Sociólogo; Elías Padilla, Antropólogo; Fernando Aliaga, Coordinador de SERPAJ; Jaime Escobar, Director de la Revista Reflexión y Liberación; Oscar Aguilera (escritor, Vicedirector Sociedad de Escritores de Chile); José Sabat, sociólogo, ex director de CODEJU, todos ellos son miembros activos de esta Comisión.
A la fecha han adherido a esta iniciativa:
Juan Subercasseaux, Abogado; Peggy Cordero, Actriz; Manuel Jaques, Vicerrector de la Universidad Bolivariana; Federación de Estudiantes de la Universidad de Atacama; Instituto de Teología Política de Münster, Alemania; Revista Solidaridad, Münster, Alemania; Knut Rauchfuss, Director del Centro PROMONDIAL, (Organización para una Cooperación Emancipadora, de Bochum, Alemania).
Este documento ha sido publicado el 15mar01 por Equipo Nizkor y Derechos Human Rights