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11ene23
Caso Rosza: el Gobierno ofrece pago por torturas, pero no habla de juicio a autores
La Procuraduría General del Estado (PGE), mediante una carta, ofreció a las víctimas de tortura del caso terrorismo tratar en una reunión la compensación económica y la atención médica a los afectados, sólo dos de las cuatro recomendaciones que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, la misiva no toca la tercera, que es iniciar una investigación penal contra los autores del hecho.
La Procuraduría suspendió ayer esa reunión, a un día de cumplirse el plazo que dio la CIDH al Estado boliviano para cumplir esas recomendaciones.
"Con motivo de tratar las recomendaciones 1 y 2 del señalado Informe de Fondo, se invita a participar de la reunión virtual a ser desarrollada el día 10 de enero de los corrientes a horas 14:00", se lee en el segundo párrafo de la carta de invitación.
El 21 de diciembre de 2021, la CIDH emitió un informe sobre el caso terrorismo, hecho que sucedió el 16 de abril de 2009 en la primera gestión de Evo Morales, cuando se realizó el operativo al hotel Las Américas por presunto separatismo. Ese informe establece que se ejecutó a tres personas: el húngaro boliviano Eduardo Rózsa-Flores; el húngaro rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Martin Dwyer. En tanto otras personas fueron detenidas y torturadas.
En julio de 2021, la entidad internacional, mediante un informe, emitió cuatro recomendaciones al Estado Boliviano, entre las que están: una reparación integral con compensación económica a los afectados, la rehabilitación física y mental con consentimiento para los demandantes, abrir una investigación penal contra los autores del hecho y los que violaron los derechos de las víctimas y que el Estado adopte medidas para que no se repitan estas actuaciones.
Los afectados y denunciantes a los que debe compensar el Estado, según las recomendaciones de la CIDH son: Mario Tadic, Elod Toaso, Alcides Mendoza, Juan Carlos Guedes y la madre de Michael Dwyer, quien fue ejecutado en el hotel Las Américas en el operativo de 2009.
No obstante, esa reunión que debía realizarse la tarde de ayer se suspendió, informó a Página Siete Gary Prado, uno de los exabogados del caso terrorismo. Según el jurista, la PGE argumentó que la suspensión del encuentro fue porque se hizo pública cuando supuestamente debía ser reservada.
"El argumento que pone la Procuraduría para suspender la reunión es que se hizo pública la carta dirigida a Guedes y se rompió la confidencialidad. En ninguna parte de la carta dice: 'Mantenga esto en reserva'. Esa es una excusa y como los medios se han enterado, ellos (la Procuraduría y el Gobierno nacional) patearon el tablero", afirmó Prado.
Este miércoles 11 es el plazo que dio la CIDH para que el Estado boliviano emita el informe sobre el caso terrorismo con las cuatro recomendaciones. En caso de incumplimiento, se llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado boliviano será sometido a un juicio.
No obstante, Prado prevé que el Gobierno pida una ampliación a la CIDH. "El plazo no es fatal, en sentido de que mañana (hoy) se cumplen seis meses de que el Estado se dio por notificado con esas recomendaciones, ellos (la Procuraduría y el Gobierno) seguro van a pedir la ampliación del caso con la excusa de que la carta se hizo pública".
Este medio trató de comunicarse con la abogada de la Procuraduría y responsable de la reunión y con el responsable de prensa, pero ambos celulares estaban apagados.
[Fuente: Por Yolanda Mamani Cayo, Página Siete, 11ene23]
Radio Nizkor
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