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Introducción
Advertencia Inicial
En Octubre de 1973, el efímero Presidente Cámpora nombraba, por imposición directa de Perón, a José López Rega como su Ministro de Bienestar Social, y el jóven abogado Carlos Saúl Menem empezaba su gestión como gobernador de La Rioja.
Un año después era claro que había empezado una nueva era en la violación de los derechos humanos en la Argentina.
López Rega promovió un sistema de represión criminal clandestina que pronto se abrió paso resueltamente. Muerto Perón en julio de 1974, fue sucedido en la presidencia por su cónyuge, Isabel Martínez de Perón, bajo cuyo gobierno López Rega medró casi sin límites y su metodología se fue expandiendo sin obstáculos. El eclipse de éste en 1975 no significó la extinción del sistema sino, en realidad, su consolidación, su despersonalización y de algún modo su institucionalización. En marzo de 1976 también Isabel Perón debía abandonar el gobierno y las fuerzas armadas llevaban a sus últimas consecuencias la técnica de la represión criminal clandestina. El gobernador de La Rioja también era desplazado y detenido.
Enfático, aunque desairado, promotor de la candidatura presidencial de Isabel Perón para los comicios de 1983, fue elegido presidente en 1989. Aquel desplazamiento de 1976 no le impediría completar desde su gobierno, ahora nacional, la impunidad de las violaciones de los derechos humanos que se había empezado a urdir durante la administración anterior con las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y asimismo con el ascenso sistemático de los oficiales condenados o procesados por esas violaciones.
López Rega y Menem son así, en lo que concierne al último cuarto de siglo al menos, los dos mojones, inicial y final, de un período en que la violación de los derechos humanos adquirió en la Argentina una dimensión de extrema perversidad y en que se estableció - primero con esas leyes de Punto final y Obediencia Debida y luego con los indultos- la impunidad de los responsables.
Puede así enmarcarse con los nombres de estos dos funcionarios la consideración de esta etapa de la vida nacional, tal vez la más traumática de toda su historia.
También conviene contribuir a la enseñanza de los derechos humanos. Se ha dicho con razón que una de las formas más efectivas para lograr su respeto es la educación. Los valores inherentes a la comprensión del otro, a la solidaridad con el otro, la percepción de los derechos inalienables del otro son transmisibles por medio de la educación, y son un camino de los menos inciertos para lograr una sociedad y un mundo menos crueles.
Esta educación, para ser algo más que retórica, no puede evitar llamar las cosas por su nombre. De otro modo, los estudiantes de cualquier nivel, rápidamente advierten que el discurso abstracto prenuncia conductas, en el mejor de los casos insignificantes, y no infrecuentemente contradictorias a esa retórica. A la tortura es preciso llamarla tortura y denunciarla en cualquier espacio territorial en que se produzca. La desaparición forzada de personas no puede ser disimulada en ningún caso y bajo ningún pretexto.
Importa, además, en la Argentina contradecir una fuerte tendencia a la ocultación de estas verdades profundamente desagradables expuestas en este libro. Una crónica de Olga Viglieca (1) llama la atención sobre una cierta neutralidad con que se quiere manipular el horror. Señala un libro, "Historia de los Argentinos II", de uso habitual en las escuelas secundarias, cuyos autores son Cesar García Belsunce y Carlos Alberto Floria, este último embajador del presidente Menem en la UNESCO. De ese libro extrae estas líneas: "El régimen militar derrotó a la subversión con alto precio de vidas pero SE DISCUTE AUN LA JUSTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. El informe Nunca Más dio por comprobados casi 9.000 'desaparecidos. Es ciertamente difícil formular una ética para situaciones límites". El libro fue editado en 1992 y supone pasar por alto la sentencia firme contra las juntas y su contenido con descripciones precisas de conductas que ciertamente no admiten discusión ni vacilaciones valorativas. Menos admisible todavía es poner en duda que haya una ética para la tortura, la desaparición forzada de personas y los crímenes atroces y aberrantes que proliferaron durante la dictadura militar.
Recuerda Viglieca que en marzo de 1998 el Poder Ejecutivo emitió un decreto por el cual proponía en las escuelas un análisis crítico del golpe del 24 de marzo de 1976 y la memoración de las víctimas "tanto de la violencia irracional desatada por los grupos armados como de la represión ilegal". Lo cual supone una suerte de empate axiológico, y en consecuencia una neutralidad entre lo que Noam Chomsky llama el terrorismo al por menor y el terrorismo al por mayor. Ese empate axiológico resulta a la postre coherente con la cultura de la impunidad que han promovido, un gobierno con las leyes de punto final y de obediencia debida, y otro con los indultos.
Recuerda esa crónica que en el libro "Historia III, de María L. Miretzky y otros, también de 1992, se afirma que "las fuerzas armadas infligieron decisivas derrotas a la guerrilla subversiva EN UNA SERIE DE COMBATES que produjeron también bajas entre las fuerzas militares". Los vuelos de la muerte o la ronda de las Madres no existen, comenta Viglieca quien también menciona otros libros de estos años recientes con parecidas ocultaciones.
Importa entonces escribir sobre la Argentina de este último cuarto de siglo desde el ángulo de los derechos humanos. Tanto más desde que este de 1998 es el año de los Derechos Humanos en que se celebra el cincuentenario de la declaración universal del 10 de diciembre de 1948. Ojalá otros también lo hagan para poder curarnos por el conocimiento. Lo harán, probablemente, con mayor experiencia, mayor información y mayor profundidad que la de estas páginas.
Buenos Aires, diciembre de 1998.
S. M. L.
Notas:
1. Olga Viglieca, Letras de Golpe, Clarín, segunda sección, pag. 16, 29 de marzo de 1998.