22jun00
Comunidades Mapuches Acusan a Repsol-YPF de Contaminación y de Violar la Ley que Protege los Derechos Indígenas.
Al Gobierno de la Provincia del Neuquén; A la Honorable Legislatura del Neuquén. y Al Tribunal Superior de Justicia del Neuquén. Las Comunidades (Lof) Mapuche Paynemil y Kaxipayiñ de Loma de La Lata se dirigen a los tres poderes de la Provincia, al tomar conocimiento -por los medios de comunicación- del mensaje del Sr. Gobernador el 1º de mayo ppdo. ante la H. Legislatura y de negociaciones posteriores en Buenos Aires con la firma Repsol-YPF, relativas a la renovación de la concesion hidrocarburífera del yacimiento, gran parte del cual ha invadido y rodeado los espacios territoriales donde residen tradicionalmente nuestras Comunidades, para manifestar lo siguiente · La contaminación generalizada, los riesgos para la salud de nuestros peñi pobladores y los daños personales, materiales, culturales y morales, sufridos por décadas a raíz de dicha explotación, tuvieron una evidencia tremenda cuando, en octubre de 1995, la perforación para una bomba de agua en el puesto de un poblador de Paynemil revela la contami-nación por condensados de gasolina de la napa freática en gran volumen y en una extensa superficie. Las primeras inspecciones y análisis realizados dan lugar en 1996 a una denuncia formal de la contaminación y riesgos ante 6 organismos oficiales, nacionales y provinciales, supuestamente de aplicación y/o contralor, formulada por la dirección del Proyecto UNC-ApDH sobre "Defensa y Reivindicación de Tierras Indígenas". · Posteriormente y ante evidencias de polución con metales pesados y otras sustancias tóxicas de las aguas fluviales y subterráneas, y de intoxicación en los organismos de niños y adultos por sobre los índices tolerables, que surgen de análisis químicos y biológicos, nuestras Comunidades deciden efectuarse exámenes y controles en centros especializados de Buenos Aires; el área Salud Pública del Gobierno resuelve, a su vez, implementar una investigación toxicológica. Invitadas a una o dos reuniones preparatorias, nuestras Comunidades se han visto excluidas en adelante de este proceso y hasta la fecha ignoran toda información, evaluación y resultado de dicha investigación, cuando se trata netamente de un asunto tan grave como la salud de sus integrantes. · Paralelamente, otra denuncia de nuestro apoderado origina un expediente en la órbita del Ombudsman de Nación. Tampoco en este caso hubo información sobre su tramitación y consecuencias, hasta que un buen día del ‘99 se le notifica una decision de archivo del expediente alegándose que el problema estaba solucionado, según las autoridades y la empresa. Esto no fue consentido y sí contestado por nuestro representante. · La Defensoría de Menores, a su turno y en representación de los niños de nuestras Comunidades, inicia una causa civil exigiendo al Gobierno provincial ("socio" de las empresas petroleras) la provision de agua potable, primero de emergencia y luego también definitiva y suficiente para nuestras familias. El fallo favorable es vergonzosamente apelado por el Gobierno en varias instancias, siendo confirmado en todas ellas. El incumplimiento por parte del Gobierno de la sentencia judicial firme sobre la provision definitiva de agua origina una queja ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, Washington-DC, 1998), aún pendiente por cuanto el Gobierno todavía no ha puesto en funcionamiento efectivo la planta potabilizadora, construida con deficiencias y, por supuesto, sin consulta ni participación de nuestras Comunidades. · El Gobierno provincial solicita a un Equipo del PNUD la evaluación del impacto y daño ambiental producido en la Provincia por las empresas petroleras, otra vez más sin consulta ni participación de nuestras Comunidades. El Informe (1998) de los expertos, que calcula aquellos en el orden de unos 925 millones de pesos, sólo sirve como carta de negociación, no para remediar y compensar los perjuicios causados o para promover el desarrollo de las poblaciones afectadas, sino para presionar un impuesto de sellos y dudosos proyectos forestales. Los territorios de nuestras Comunidades son tratados en dicho Informe y, pese a nuestra posesion y propiedad comunitarias sobre los mismos, El Gobierno se arroga, en el caso y en la negociación, atribuciones que no tiene y una "representación" que nunca le hemos conferido. Nuestras Comunidades expresan que este comunicado no pretende ninguna toma de posición o injerencia alguna en las pujas intra o inter-partidarias, como tampoco en la eventual pugna competitiva entre empresas hidrocarburíferas. Consideramos que tanto dichas empresas operadoras como los funcionarios -que deberían velar por el bien común- están obligados a prevenir y evitar los daños a las personas y al medio ambiente, y a repararlos y compensarlos en su caso. Ambos deben asumir sus responsabilidades respectivas. Las Comunidades invocan las normas de la Constitución Nacional en la materia (arts. 41 a 43, 1ra. Parte, Cap. 2, Nuevos derechos y garantías) y se permiten transcribir en lo pertinente las del art. 75, inc. 17 (pueblos y comunidades indígenas)"(...) Garantizar (...) la posesion y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo (...) Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten" (la negrita es nuestra). En consecuencia, ambas Comunidades, en tanto legítimas poseedoras de territorios que no han sido saneados; directamente interesadas y afectadas por la explotación hidrocarburífera; no indemnizadas y no consultadas ni participantes en todo este procedimiento, se reservan todos los derechos y acciones para impugnar un proceso que se lleva adelante a sus espaldas, tendiente a la renovación o prolongación de una concesion petrogasífera en Loma de La Lata. Marici weu !! En Neuquén, a 31 días de mayo de 2000.- Firman Por la Comunidad Mapuche PaynemilLonko Gabriel Juan Cherqui y Werken Rufina Ortega. Por la Comunidad Mapuche KaxipayiñLonko Sofía Paynemil y Werken Elba Paynemil. Nota documental Letrados apoderadosCarlos Falaschi O.; Mariano V. Mansilla y Miguel A. Quiruga. Se envio copia de este escrito al Fiscal de Estado, Tribunal de Cuentas y direcciones provinciales involucradas; Ombudsman y organismos nacionales de Energía y Medio Ambiente; medios de comunicación.
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