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31ago16
Piden juicio para los nueve imputados por violación múltiple a la niña wichi
Al menos la situación judicial del caso del abuso de la niña wichi de 12 años violada en banda en Alto La Sierra (Santa Victoria Este) va camino a resolverse. En sentido opuesto, aún no hubo resoluciones sobre las responsabilidades políticas, de distintos organismos estatales, por el abandono que sufrió la víctima en la mayor parte del embarazo que sobrellevó durante siete meses sin ningún tipo de asistencia.
Los fiscales penales Pablo Cabot y Federico Obeid solicitaron el enjuiciamiento de los nueve imputados por el abuso ocurrido el 28 de noviembre de 2015. "Se constató que los acusados accedieron carnalmente a la niña, valiéndose del número de autores, el uso de la fuerza y de las condiciones psíquicas y físicas de la víctima", consignaron los funcionarios del Ministerio Público en la presentación que hicieron ante el juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelso Aramayo, quien quedó a cargo de la causa en reemplazo de Fernando Mariscal Astigueta.
Están acusados Omar Alcides Arias, Sebastián Matías Salvatierra, Luis Fernando Lamas, Pantaleón Javier Mansilla, Juan Domingo Verón y Jorge Gabriel Sala. El último está prófugo y los restantes permanecen detenidos. Los otros tres imputados son menores de edad y se encuentran en libertad.
El requerimiento de elevación a juicio se basó en las medidas de prueba que requirió el fiscal Armando Cazón durante el tiempo que estuvo en la investigación y las actuaciones que desarrollaron con posterioridad Cabot y Obeid. Una de las diligencias del fiscal originario fue la imputación a Juan Domingo Verón, quien, de acuerdo al testimonio de una de las amiguitas de la niña abusada, fue el que habría entregado droga a uno de los menores implicados en la violación.
Según difundieron ayer desde el Ministerio Público, aún quedan pendientes otras investigaciones probatorias en contra los acusados.
Nueva investigación
La semana pasada se abrió un nuevo expediente penal luego de confirmarse que la niña wichi estaba embarazada antes de ser atacada en banda a fines de noviembre.
La resolución se tomó en base a pericias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) sobre los tiempos de gestación del bebé que llevaba la víctima y que murió por una malformación en la parte craneana el 2 de junio, a los minutos de un parto por cesárea en el hospital Materno Infantil.
Las pruebas determinaron que la fecundación se produjo en octubre, algo que se presuponía por las estimaciones realizadas por un médico de la fundación Cultura Nativa, quien descubrió el embarazo el 26 de mayo, la que se hizo en el nosocomio de la capital salteña y por el análisis forense efectuado sobre la niña cuatro días después del ultraje.
Punto de quiebre
Las acciones de la Justicia sobre los presuntos culpables del abuso solo es una de las patas del caso que conmovió al país.
La inacción de diferentes estamentos gubernamentales, judiciales y legislativos saltó a la luz luego de que el diputado de Rivadavia Jesús Ramón Villa dio a conocer el estado de abandono de la niña el 24 de mayo pasado. Sobre esas responsabilidades poco o nada se avanzó.
[Fuente: Por Pablo Ferrer, El Tribuno, Salta, 31ago16]
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