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09jun16
La Corte revisará las actuaciones por la niña wichi abusada
La Corte de Justicia de Salta revisará las actuaciones del juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, en la causa seguida contra los presuntos autores del ultrajante abuso que sufrió la niña wichi de Alto La Sierra, de 12 años, a la que se interrumpió un crítico embarazo de siete meses el pasado 2 de junio.
El procedimiento que tramitará la secretaria de Superintendencia del máximo tribunal de la provincia, Silvia Areco, se abrió el pasado martes, según informó la oficina de prensa del Poder Judicial.
De esa forma, la Corte se anticipó a uno de los requerimientos que Diputados aprobó a última hora del martes, en base al informe que presentó la comisión investigadora de la Cámara Baja sobre las fallas de abordaje e incumplimientos de deberes que desnudó el caso desde el 25 de mayo último.
Ese miércoles, de feriado patrio, El Tribuno publicó una nota en la que uno de los legisladores de Rivadavia, Jesús Ramón Villa; el cacique de la comunidad wichi de Alto La Sierra, Asencio Pérez, y el padre de la niña expusieron el desamparo total con que sobrellevaba un largo embarazo.
La violación múltiple que había padecido la pequeña el 28 de noviembre de 2015 no era un hecho desconocido. La Policía y el hospital de Alto La Sierra habían iniciado actuaciones y la comunidad originaria de ese paraje se había manifestado ante el ultraje por el que ocho jóvenes criollos del lugar -tres de ellos menores de edad- fueron apresados horas después.
Del tormento sufrido por la niña, la denuncia radicada por madre y el clima de indignación instalado en Alto La Sierra, a 85 kilómetros de Santa Victoria Este, ya había dado cuenta este diario el 9 de diciembre de 2015.
Hasta el pasado 25 de mayo, sin embargo, ningún organismo se había interesado en su suerte ni le había acercado las asistencias y contenciones con que la Constitución y más de una media docena de leyes obligan a organismos de los tres poderes del Estado a priorizar los intereses superiores en juego.
Tal fue el desinterés que, en la persona de una niña, se atropellaron todos los tratados sobre derechos humanos, infancia, pueblos originarios, personas discapacitadas, violencia de género mujeres y víctimas de abuso sexual. Incluso el cuerpo que empezó a investigar las implicancias del caso, con disputados de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión Especial de Mujer, se conformó tarde, el 31 de mayo, con la niña internada de urgencia en Salta, por iniciativa de médicos voluntarios de la fundación del cantante Jorge Rojas.
Fueron ellos los que controlaron a la niña embarazada, el jueves 26 de mayo, y advirtieron con una ecografía que tenía en gestación una beba anencefálica sin posibilidades de sobrevivir fuera de su seno materno. Días después, una cirugía resuelta en junta médica interrumpió el embarazo cuando en todo el país empezaba a levantarse nuevamente la voz de "Ni una menos".
Con el paso de la Corte quedan por iniciarse las auditorías que la Cámara de Diputados pidió para aclarar responsabilidades en los ministerios de Salud, Primera Infancia, Asuntos Indígenas y Derechos Humanos y Justicia.
La materia pendiente más importante, sin embargo, reclama garantizar, con roles claros, articulaciones interdisciplinarias precisas y recursos suficientes, el cumplimiento de los papeles que deben asumirse desde el Estado para no lamentar nada semejante nunca más.
Cobertura asistencial
Desde la Anses confirmaron ayer que el padre de la niña abusada en Alto La Sierra es titular de un beneficio previsional que incluye las asignaciones familiares.
El lunes 30 de mayo fue contactada la madre para acreditar documentación -había datos filiatorios desactualizados en el sistema- y garantizar la cobertura asistencial.
Piden protección para las víctimas
El Observatorio de Violencia emitió una recomendación para los casos de abuso sexual. El Observatorio de Violencia contra las Mujeres Rosana Alderete emitió su tercera recomendación, interpelando a las autoridades para que adopten un paquete de medidas a fin de proteger y asistir a aquellas mujeres que han sufrido violencia sexual.
La recomendación instó a las cámaras legislativas a sancionar una ley que habilite un protocolo de aborto no punible que se encuadre en los estándares normativos de los tratados de derechos humanos y siga la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para estos casos.
La institución exhortó al Ejecutivo Provincial a garantizar el acceso al protocolo de salud para víctimas de violencia sexual. También pidió establecer un plan provincial de información sobre el abuso sexual dirigido no solamente a la población en general sino en particular a los operadores de salud a fin de dar a conocer los derechos que asisten a las víctimas.
La recomendación también instó a implementar un esquema sancionatorio administrativo para funcionarios y funcionarias que impidan u obstaculicen el acceso al derecho al aborto no punible cuando el embarazo es producto de una violación o pone en riesgo la vida de la madre.
Finalmente, se solicitó que el Estado garantice el oportuno y suficiente acompañamiento legal, psicológico y social a las víctimas de violencia sexual, así como a sus familias, contemplando la particularidad de cada caso, especialmente cuando se trate de pueblos originarios.
La directora del Observatorio, Alicia Ramos, se refirió también al caso de la niña de 12 años violada y embarazada en una comunidad wichi de Alto La Sierra y manifestó que "pone de manifiesto una situación sistemática de ejercicio de violencia sexual contra las mujeres de las comunidades, que ha pasado siempre inadvertida para gran parte de la sociedad".
"...hacemos hincapié en la importancia de que haya sanción a quienes, desde su rol en la función pública, obstaculicen derechos de las víctimas de violencia sexual", añadió la especialista.
[Fuente: Por Antonio Oieni, El Tribuno, Salta, 09jun16]
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