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08jun16
Lapidario informe de Diputados por el caso de la niña Wichi
El informe de la investigación que realizaron diputados de la comisión de Derechos Humanos, sobre el caso de la niña Wichi de 12 años violada y embarazada, denunció falencias del Estado.
Las conclusiones preliminares del informe, a partir de testimonios recogidos y que puso a consideración del cuerpo el titular de la comisión de Derechos Humanos, Mario Angel, fueron señaladas como preocupantes.
Tras analizar las investigación realizada en la población Alto La Sierra, donde ocurrieron los hechos, se concluye de manera preliminar que "todas las autoridades judiciales y administrativas obligadas a hacerlo, no cumplieron con lo dispuesto en los protocolos de atención integral para los casos de abortos punibles y para la atención integral de las víctimas de violaciones sexuales", dijo en el recinto el diputado Angel.
Agregó que "existieron fallas" de los mecanismos del Poder Ejecutivo y Judicial para "la contención y acompañamiento de la víctima y su familia".
Al respecto, el informe cita disposiciones de las leyes nacionales de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En otra de las conclusiones, se sostiene que las medidas judiciales tomadas por las autoridades que intervienen en el proceso penal, a las que la comisión legislativa tuvo acceso, "no fueron oportunas y conducentes para el esclarecimiento del hecho" y "no se observó la correcta preservación de los elementos de prueba que pueden resultar irreproductibles".
Agrega que "se observó una sobreactuación por parte de los funcionarios judiciales que tomaron parte en el proceso" a partir de la intervención de la Cámara de Diputados.
El informe de la investigación y las conclusiones serán remitidas por la Cámara de Diputados a la Superintendencia de la Corte de Justicia, al Procurador General, a la Defensoría General y a la Asesora General de Incapaces.
A estos ámbitos, respetando la independencia de poderes y las facultades de investigación, la comisión legislativa, sugiere que "se tomen las medidas que pudieren corresponder contras los actores judiciales que participaron en el proceso, es decir el juez de garantía, jueza de menores, fiscal penal, asesora de menores e incapaces, defensora de violencia de género y el médico legal".
El informe también será remitido a la Jefatura de Gabinete del Ejecutivo a efectos de que, en caso de que no se encuentre en curso, se inicie sumario de investigación en los ministerios de Derechos Humanos y Justicia, a cargo de Pamela Calletti, de Salud Pública a cargo de Oscar Villa Nougues, de Asuntos Indígenas a cargo de Luis Gómez Almaras y de Primera Infancia a cargo de Carlos Abeleira, para determinar las responsabilidades que les pudieran corresponder a los funcionarios intervinientes.
Los diputados de la comisión Derechos Humanos también le pidió al Ejecutivo que los resultados de las actuaciones en los cuatro ministerios sean enviados de "forma urgente" a la Cámara de Diputados.
[Fuente: El Tribuno, Salta, 08jun16]
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