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13feb05
La violencia en las cárceles argentinas es cada vez mayor.
El año pasado 30 presos murieron apuñalados, ahorcados o quemados en cárceles de la provincia de Buenos Aires, 12 más que en 2003. Y sólo en el penal de Mendoza hubo 17 homicidios en 2004. El 2005 no comenzó mejor. En año nuevo se asfixiaron seis internos durante un incendio en el hospital de Olmos y durante la primera quincena de enero otros seis terminaron asesinados en Devoto y Ezeiza, unidades a cargo de las autoridades federales.
La crisis carcelaria —cuya última erupción fue el motín de Córdoba—se alimenta y crece día a día a base de violencia, hacinamiento, enfermedades (desde la turberculosis hasta el sida) y un crecimiento de la tasa de detenidos que, al menos a nivel bonaerense, está rompiendo récords.
Organismos de Derechos Humanos, autoridades nacionales y provinciales coinciden en calificar la situación como preocupante. Y hasta a nivel internacional Argentina fue puesta en evidencia por esto. En noviembre del año pasado el Comité Contra la Tortura de la ONU difundió su informe sobre nuestro país y 6 de los 14 "Motivos de preocupación" tuvieron que ver con las condiciones de detención en las cárceles y comisarías.
La cuestión es complejísima porque en ella también se cruzan casos de corrupción penitenciaria y niveles nunca antes vistos de violencia delictiva.
Para empezar, hoy nadie sabe exactamente cuántos presos hay en el país. En 2003 se hizo un censo a nivel federal y provincial y el recuento arañó los 52.000. Pero la realidad convirtió pronto ese número en una referencia.
Sólo en 2004, en las unidades bonaerenses la población creció a un ritmo de 300 nuevos internos por mes según datos oficiales, superando a Estados Unidos y Chile. Además, los detenidos que van y vienen de comisarías (unos 5.500 en las seccionales bonaerenses y otros 2.200 en las santafesinas, de acuerdo al CELS) ensucian aún más la cifra.
El panorama en los penales federales (repartidos en Capital y distintas provincias) reafirma esta tendencia. Según el informe sobre Derechos Humanos del CELS, hasta el 3 de setiembre de 2004 se hallaban alojadas un total de 9.723 personas, 5 por ciento más que un año antes, pero 60 por ciento más que en 1996.
"Nosotros estamos preocupados por el panorama. Por eso, estamos empezando a formar un área de control de las cárceles a nivel nacional", dijo a Clarín Claudia Cesaroni, asesora de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.
Experta en el tema cárceles, Cesaroni sostiene que "el endurecimiento de leyes, creadas bajo la consigna de 'con penas más altas y menos libertades condicionales se solucionaría la inseguridad', sólo empeoró las cosas: acentuó el hacinamiento y demostró que meter más gente presa no resolvió las cosas".
Como Procurador Penitenciario, Francisco Mugnolo debe velar por los cerca de 10.000 presos del sistema federal. Según él, la situación de algunas cárceles está al borde del descontrol que la gente vio por televisión esta semana en Córdoba.
"Las alcaidías de Salta y Jujuy alojan a 84 personas y su capacidad es de 50. No hay patio y las celdas (de triple cuchetas) son tan chicas que para que un preso camine un poco por el pasillito los otros dos se tienen que acostar", contó Mugnolo.
Más ejemplos: en el pabellón 12 de Devoto, hay 400 internos en un lugar pensado para 80. "Y en el pabellón de Ingreso del CPI de Ezeiza hay presos que no tiene lugar para dormir... allí se los conoce como'los sin techo' y se acomodan en los patios".
Desde la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, ReMo Carlotto remarca otro punto crítico: "Cerca del 80 por ciento de los presos de la Provincia son procesados, lo que deja por el suelo el principio de inocencia".
"El otro día visitamos la cárcel de Junín y nos encontramos con un hombre que llevaba 10 meses preso como sospechoso de amenazas. Es un delito excarcelable, pero el hombre estaba preso... y por eso lo habían despedido del trabajo", le contó el funcionario a Clarín.
[Fuente: Clarin, Bs As, Arg, 13feb05]
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