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30sep13
Megacausa: La querella pedirá perpetua para los jerarcas
Luego de un año y cuatro meses de un debate plagado de interrupciones, finalmente hoy comenzarán los alegatos en el juicio por la denominada megacausa de la UNSa, que tiene en el banquillo de los acusados a 18 represores procesados por desaparición, torturas y asesinatos de 34 personas en la provincia de Salta, antes y después del golpe de estado de 1976. Dos de los querellantes anunciaron que pedirán condenas a perpetua por delitos de lesa humanidad para los imputados, que en aquella época ostentaban jerarquías superiores en el Ejército y en la Policía local.
El proceso en el que declararon alrededor de 200 testigos se demoró más de lo previsto debido a una serie de factores, sobre todo por el estado de salud de algunos de los imputados que, en forma permanente, requirieron atención médica. Los más afectados fueron el exjefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall; el exsubjefe de la unidad militar, Joaquín Cornejo Aleman; el exjefe de la Policía de la provincia, Miguel Gentil; y el exdirector de Seguridad de la fuerza, Joaquín Guil, entre otros. Por esta situación el Tribunal Oral Federal autorizó que Mulhall, con diagnóstico de un cáncer terminal, sea derivado a Buenos Aires. De igual forma hizo lugar a los pedidos del exjefe del Ejército, Héctor Ríos Ereñú y del exjefe de Policía, Virtom Modesto Mendía, para que sigan el juicio a través del servicio de teleconferencia desde Buenos Aires y Santa Fe, respectivamente.
Lo paradójico del caso es que todos ellos se recuperaron, contrariamente a lo ocurrido con el comisario Abel Vicente Murúa y el teniente coronel Ubaldo Tomislav Vujovich Villa, quienes murieron repentinamente entre agosto y septiembre de 2012. Murúa estaba imputado en tres casos de secuestro y desaparición de personas, entre ellas la de Silvia Benjamina Aramayo, profesora de la Universidad Nacional de Salta, secuestrada de su domicilio el 24 de septiembre de 1976. Por este caso también está imputado el único civil, Juan Manuel Ovalle, medio hermano de Murúa.
Previo al inicio de los alegatos, los imputados tendrán la oportunidad de contar sus verdades. Hasta el momento se sabe que el único que anunció a través de la defensa su deseo de declarar es el coronel (r) Ricardo Benjamín de la Vega, imputado por la desaparición del soldado conscripto Víctor Brizzi. Los rastros del joven se perdieron del Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña 141, en los primeros días de marzo de 1976, cuando cumplía el servicio militar. Los otros acusados por este suceso son Mulhall, Aleman y los subalternos Marcelo Diego Gatto y Fernando Antonio Chaín. Es probable que también amplíe su declaración el general Rios Ereñú, procesado por los secuestros y homicidios del médico de Tartagal, Pedro Urueña y del sindicalista de General Mosconi, René Santillan. Cuando ocurrieron estos crímenes, el militar se desempeñaba como jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28, en Tartagal.
Tomando en cuenta la fecha en que ocurrieron los hechos que se juzgan, la querella iniciará el alegato con el caso del gremialista Eduardo Fronda, cuyo cadáver apareció el 5 de enero de 1975 con 40 impactos de bala y signos evidentes de tortura, tras de haber sido detenido por la Policía de la Provincia y luego entregado a la Policía Federal. L
En segundo lugar será el turno de la masacre de Rosario de Lerma, el 20 de abril de 1975. Ese día centenares de policías al mando del teniente coronel Gentil y del inspector general Guil rodearon una vivienda de Villa Mercedes y acribillaron a los jóvenes Alfredo Mattioli, Liendro Marcial y Marcos Sergio Estopiñan y Ricardo Tapia. Las víctimas estaban sindicadas de pertenecer a una célula extremista.
Caso Lusiano Jaime
En el tercer turno de los alegatos, la querella continuará con el caso del periodista Luciano Jaime, quien fue secuestrado y asesinado en la zona del Encón Chico, el 12 de febrero de 1975.
Tal como quedó acreditado en el juicio por el secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone y en otras provin-cias, los hechos confirman que el plan sistemático de eliminación de personas en el país comenzó un año y medio antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
[Fuente: El Tribuno, Salta, 30sep13]
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