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13jun15
Condenan por crímenes contra la humanidad al juez federal Manlio Torcuato Martínez
El ex juez federal de Tucumán Federal Manlio Torcuato Martínez fue condenado a 16 años de prisión por los delitos de encubrimiento, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita, en el marco de genocidio perpetrado por la última dictadura cívico militar.
El Tribunal Oral Federal de Tucumán comunicó -a sala llena- la sentencia luego de que la querella y la fiscalía pidieran 25 años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que la defensa exigiera la absolución. Por el momento, Martínez cumplirá la pena con prisión domiciliaria, sujeta a revisión médica cada tres meses para determinar si está en condiciones de salud para ser trasladado a la Unidad del Servicio Penitenciario Federal.
Integrado por Hugo Cataldi (presidente), José Asis y Mario Garzón, el tribunal resolvió que Martínez tuvo responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión penal y encubrimiento en los homicidios de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, militantes montoneros que fueron ejecutados durante un allanamiento ilegal perpetrado el 20 de mayo de 1976 en una casa situada en Azcuénaga 1816/1820 de San Miguel de Tucumán.
También condenó a Martínez como autor de los delitos de privación ilegal de la libertad, por abuso de las funciones, agravado por grave daño en la persona y a la salud y por superar la misma un plazo mayor a un mes, abuso de autoridad y prevaricato, en el caso que tuvo como víctima a Miguel Atilio Romano, propietario de la vivienda donde se había llevado a cabo la matanza.
Romano se presentó espontáneamente seis días después de los asesinatos en el juzgado entonces a cargo de Martínez, quedó detenido y fue confinado en centros clandestinos de detención.
Este fue el décimo primer juicio que se realiza en la provincia de Tucumán por crímenes cometidos durante la última dictadura y el primero en el que un juez está sentado en el banquillo de los acusados.
Alejandra Romero Niklison, querellante, recibió la sentencia "con mucha alegría" y se mostró "conforme con la resolución". "Nosotros queremos que se cumplan con los derechos de todas las partes, así que si el tribunal considera que Martínez tiene que continuar en su casa lo entendemos y lo aprobamos, pero nos parece muy importante que haya un seguimiento con controles médicos permanentes y que la querella pueda intervenir con un perito", agregó.
Bernardo Lobo Bugeau, querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sostuvo que esta "es una sentencia de máxima importancia sobre todo por el rol que cumplieron las instituciones civiles durante la última dictadura militar".
[Fuente: Tiempo Argentino, Bs As, 13jun15]
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