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27mar11
Solo dos casos de trata han llegado a juicio en Córdoba
El próximo jueves se cumplirán tres años de la promulgación de la ley 26.364, que castiga la trata de personas, y sólo dos casos han llegado a juicio en la Justicia Federal de Córdoba.
El primer y único condenado por el Tribunal Oral Federal N̊ 2 de la ciudad capital fue Hugo Ramón Palacios, un mendocino que intentó llevarse a su provincia a dos menores que se habían fugado de un instituto, las que deambulaban por la Terminal de Ómnibus.
El segundo proceso oral y público empezó y concluyó el martes de la semana pasada en el Tribunal Oral Federal N̊ 1.
En el banquillo de los acusados estuvo Mayra Rita Udi, quien llegó a juicio como “encargada” del prostíbulo “La Legua”, ubicado en las afueras de la localidad de Villa Ascasubi (departamento Tercero Arriba), pero los jueces la absolvieron al entender que se desempeñaba como prostituta.
En ese lugar fueron rescatadas tres adolescentes de 15, 16 y 17 años oriundas de Chaco y Salta. El dueño de la whiskería, Edgardo Antonio Fernández, sigue prófugo desde marzo de 2009.
En cuanto a juicios pendientes, en el Tribunal Oral Nº 1 hay tres, mientras que en el Tribunal Oral Nº2 existen cuatro en trámite. En otros cuatro se ha declarado la incompetencia del juzgado, en uno se dictó el sobreseimiento del implicado y en otro se ha dictado el archivo provisorio.
La primera resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en materia de trata de personas se dio el 16 de octubre de 2008, cuando la Sala “A”, por unanimidad, revocó una falta de mérito dictada a favor de cuatro imputados.
Desde entonces han ingresado 52 expedientes a ambas salas del máximo organismo del fuero federal de la ciudad de Córdoba, lo que no quiere decir que se trate de causas distintas porque a veces un mismo caso llega a esa instancia por distintos motivos (falta de mérito, excarcelación, casación, etcétera).
La Cámara ha dictado 48 resoluciones (pedidos de competencia, falta de mérito, prisión domiciliaria, inhibición, excarcelación, procesamiento, casación, nulidad, retardo de justicia, sobreseimiento, incompetencia, archivo, falta de mérito) y todavía le falta resolver cuatro cuestiones.
Frente a esta realidad de Córdoba, donde causas graves como la vinculada con el rescate de dos menores de Orán, radicada en la Justicia Federal de Bell Ville y paralizada, pese a que este diario primero y la Policía después pusieran al descubierto una red de trata de personas, con nombres y apellidos, existe una persona que, a través de la fundación “María de los Ángeles”, se ha constituido en querellante en 700 causas iniciadas en distintos puntos del país.
Se llama Susana Trimarco, es la mamá de Marita Verón. Desde el 3 de abril de 2002 busca a su hija, que fue secuestrada por una organización con ramificaciones en varias provincias y conexiones con países europeos.
La mujer, premiada por el gobierno de los Estados Unidos por su incansable lucha, llegó a disfrazarse para acceder a datos que la llevaran a dar con el paradero de Marita.
En su búsqueda logró liberar a cientos de chicas, en su gran mayoría menores de edad que corrieron la misma suerte que su hija.
Desafió a mafiosos con nombre y apellido, también a funcionarios políticos, fustigó a la Policía tucumana y cuestionó con severidad y frontalmente a diferentes jueces y fiscales.
Toda esta ofensiva le valió hacerse de enemigos muy poderosos y extremadamente peligrosos que llegaron a amenazarla no sólo a ella, sino a su nieta Micaela, de 13 años.
“La nena vive rodeada de policías. La llevan y la traen al colegio. Tiene custodia permanente. Ha tenido que madurar de golpe la pobrecita”, dice, mientras en el living de su casa muestra orgullosa la libreta y la foto de “Mica”, abanderada del colegio.
Banda a juicio.
Trimarco llegó a identificar a 25 personas que eran parte de la red dedicada al secuestro de chicas para explotarlas sexualmente.
“Esta gente de la Justicia de Tucumán sólo procesó y elevó a juicio a 13 de los imputados. Esas personas serán juzgadas a partir del mes de junio, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudiara el expediente durante seis meses y nos diera la razón”, indica la mujer.
En ese sentido, apunta: “Calculamos que el juicio se va a extender unos siete meses. Hemos logrado esto gracias a unos abogados que trabajan en la Fundación, de esos que son ‘sacapresos’, muy hábiles y muy buenos porque conocen el ABC de estas bandas. En el juicio me representarán el abogado Gonzalo Zalama, que el presidente Néstor Kirchner puso como fiscal en Santiago del Estero para que investigara el triple crimen de la Dársena, y el estudio del doctor Carlos Varela Álvarez, que me lo recomendó Miryam, la mamá de Sebastián Bordón, el chico asesinado por la Policía en San Rafael (Mendoza). Al que yo quiero mucho pero no puede estar todo el proceso, aunque me va a acompañar y asesorar, es el doctor José Buteler, de Córdoba”.
Con voz firme, Susana habla de los principales imputados. “Están las dos mujeres de ‘la Chancha’ Ale, uno de los pesos pesados, de los atorrantes de acá de Tucumán; está Liliana Medina y su hijo, que son de La Rioja; Deloberti, un policía también de La Rioja que era el encargado del prostíbulo del ‘Negro’ Luna, Paola Gaitán... esos son algunos de los 13 que irán a juicio”.
A pesar de que Marita jamás apareció, la investigación solitaria iniciada por su madre, con el posterior apoyo del comisario Jorge Tobares, que fue compañero de escuela de la desaparecida, tendría elementos contundentes para condenar.
“Tenemos testigos muy buenos–precisa–. Las que saben muy bien todo lo que pasó son las mujeres de ‘la Chancha’ Ale. Una de ellas, Daniela Milgen, ocultó en su casa a mi hija, a la que drogaban permanentemente”.
En ese contexto, destaca: “En la Fundación estamos ayudando a Fátima, una joven que durmió al lado de Marita. Yo con mi marido, ya fallecido, empapelamos la ciudad con la foto de mi hija. Cuando Fátima, que por entonces tenía 14 años, pudo ser rescatada, declaró que el 27 de mayo de 2002, cuando ella iba a la carnicería a eso de las siete y media de la tarde, la secuestraron y la llevaron a la casa, vio a ‘la chica de la foto’. Fátima pataleaba, gritaba y lloraba”.
“La drogaron y la acostaron al lado de mi hija. Cuando despertó Marita ya no estaba, se la habían llevado a La Rioja con otras tres menores”, agrega.
Policías implicados.
Como en todas las organizaciones vinculadas a la trata de personas, siempre hay policías implicados. En el juicio por la desaparición de María de los Ángeles Verón van a desfilar los que prestaban servicios en la Comisaría 5ª, quienes alertaban sobre los pasos que daban los investigadores del caso y los movimientos de su madre.
Fátima aportó sus nombres porque durante su cautiverio escuchaba las conversaciones de los secuestradores con los uniformados a los que llamaban por sus nombres.
Otra víctima de la organización, Andrea, oriunda de Buenos Aires pero raptada en La Pampa cuando estaba de vacaciones, fue enviada al prostíbulo de La Rioja donde en el año 2004 vio a Marita Verón con un bebé.
“La violó ‘el Chenga’ Gómez y la obligó a tener ese niño que se llama Robertito y hoy tiene 6 años. Al chiquito lo estaba criando la cocinera del prostíbulo y a Marita la llevaron a España”, cuenta Susana sin perder la calma.
El chico ha sido buscado en todo el país y la madre de Marita sabe que encontrarlo sería elemental para el juicio porque un estudio de ADN corroboraría toda la historia.
Trimarco descubrió que Marita fue llevada a España por Ramona Alcaraz, vinculada también con ‘la Chancha’ Ale. “Esta mujer iba y volvía a España cada 15 días. Empezamos a investigarla, vivía en un barrio muy pobre y tenía cuentas en los bancos Galicia y el de Tucumán. Su propia madre la denunció y me confirmó que ella la llevó a mi hija”, comenta la señora.
La mujer viajó a España y entrevistó a un fiscal de Burgos. En ese viaje, Susana Trimarco se enteró de que el juez tucumano Ricardo Pérez, quien supuestamente había reclamado la búsqueda de Marita en España, ni siquiera había enviado una fotografía ni las huellas digitales de la chica secuestrada.
“Yo llevé una copia digitalizada del expediente y se la entregué al fiscal. Ramona Alcaraz estuvo detenida seis meses en Burgos por tenencia de drogas, ¿y usted puede creer que el juez no pidió su extradición porque no era importante, porque no habían encontrado a mi hija? Ella se contactó conmigo en España para darme datos sobre Marita, pero el fiscal de Burgos me aconsejó que no la viera; si quería aportar un dato, que hablara con él. Me dijo que no me convenía porque a través de una cámara oculta o de alguna otra forma podrían complicar el juicio que se hará en junio”, explicó.
La mujer dice que aunque Marita no apareció, fueron rescatadas muchas jóvenes argentinas y paraguayas que eran explotadas sexualmente en España. La búsqueda de Marita llevó a Susana a descubrir que la mafia que se mueve en España es manejada por un italiano de apellido Belmont que tiene prostíbulos en varios países.
Por algo, la trata de personas, ese método actual de esclavitud, es el delito más redituable después del tráfico de armas y del narcotráfico.
[Fuente: La Voz del Interior, Córdoba, 27mar11]
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