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10abr13
Un fallo histórico procesa a un empresario por un delito de lesa humanidad
Enero de 1977, provincia de Salta, al norte del país. Hacía apenas unos meses que los militares habían dado el golpe de Estado que instauraría un régimen de terror durante siete años y la represión clandestina estaba en su momento álgido. Un día de verano, 15 trabajadores de la empresa de transportes La Veloz del Norte son secuestrados en sus domicilios o en la sede de la empresa, y recluidos en una comisaría de la zona que funcionó como centro de detención clandestino.
Allí se los interroga y se les aplica la lamentablemente famosa picana -un instrumento de tortura que infringe descargas eléctricas- para forzar una confesión de culpabilidad en la causa por estafa que la empresa ha interpuesto contra ellos. También se pregunta a varios trabajadores por la actividad de uno de los secuestrados, Víctor Cobos, que, además de chófer de la empresa, es delegado del sindicato Unión Tranviaria Automotor (UTA), y lleva tiempo agitando los ánimos de los trabajadores. Cobos proviene además de una familia de larga tradición peronista. Finalmente, el sindicalista es apartado de la empresa; el resto de los trabajadores secuestrados se reincorporan a sus puestos de trabajo.
Algunos testigos aseguran haber visto en las dependencias policiales, e incluso en la sala de torturas, al empresario Marcos Jacobo Levin, dueño de La Veloz del Norte. Además, los secuestradores utilizaron vehículos de la compañía, que los puso a disposición de la policía.
Los magistrados de la Cámara Federal de Salta consideran que el proceso judicial ha probado este relato de los hechos. Por eso, en su fallo procesan a Levin, a quien consideran instigador de las torturas infringidas contra Cobos y procesan también a los policías Hugo Bocos y Enrique Cardozo y al comisario Víctor Hugo Almirón. Los jueces creen que el secuestro y tortura de Cobos supone un crimen de lesa humanidad, pues consideran probado que la policía y la empresa trabajaron juntas a fin de apartar al sindicalista de sus funciones.
Según el fallo, Levin "se valía de su vínculo personal y empresarial con Bocos -quien había cumplido tareas en la empesa entre 1975 y 1976-" para utilizar el aparato policial con el objtivo de "sacar del medio al gremialista (Cobos), quien venía movilizando a los empleados". Y aquí está la clave de un fallo histórico: por primera vez, una decisión judicial refleja la acción conjunta de una empresa y el aparato represor del Estado con la finalidad de aniquilar el movimiento sindicalista.
El tribunal considera que es ese intento de acabar con la acción sindical de Cobos lo que sustenta el carácter de delito de lesa humanidad. Por eso, el fallo considera que las torturas infringidas contra los otros 14 trabajadores, que fueron reincorporados a sus puestos de trabajo, no constituyen delitos de lesa humanidad. El fallo explicita además que la policía salteña tenía "facultades para proceder de propia mano, iniciar sumario, detener, indagar e interrogar", por lo que "prima facie no puede ser ilegítima la detención de los imputados". Es este punto el que generó polémica: para la fiscalía, es incomprensible que no se hayan considerado crímenes de lesa humanidad los otros 14 casos de secuestro y tortura.
Implicaciones para el caso Ledesma
Con todo, el fallo fue bien recibido por parte de la fiscalía. La importancia de esta decisión judicial es clave, más allá de esta causa, por su influencia en otros que están por venir, empezando por el caso Ledesma, que resolverá la misma cámara. Ledesma es un importante grupo empresarial argentino y constituye el mayor ingenio azucarero del país.
La causa apunta a la participación del empresario Carlos Blaquier, presidente del ingenio, en el llamado apagón de Ledesma de 1976. En aquella ocasión, el régimen provocó intencionalmente una serie de cortes del suministro eléctrico en una fábrica a fin de secuestrar a 400 personas en Ledesma. La mayor parte de ellos eran estudiantes, sindicalistas y militantes políticos. En 2012, Blaquier fue procesado como cómplice en primer grado de la privación ilegal de libertad agravada de 29 personas.
Aunque un buen número de represores de la dictadura han pasado ya por los banquillos de acusados de los tribunales argentinos, hasta ahora los empresarios no han corrido la misma suerte. Un reciente informe de la Comisión Nacional de Valores argentina sostiene que un grupo de empresarios y oligarquías locales se aliaron con los militares para beneficiarse del proceso de acumulación de capital que vino de la mano de las políticas neoliberales implementadas por la dictadura. Más de un centenar de empresarios fueron secuestrados, así como cientos de sindicalistas.
[Fuente: Por Nazaret Castro, Bs As, El Mundo, Madrid, 10abr13]
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