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10sep16
Imputan a 38 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal
A partir de una investigación iniciada a comienzo de año por el fiscal federal de Salta, Eduardo Villalba, se descubrió un antro de corrupción dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la que está involucrada la empresa encargada de la provisión de alimentos a los presos de las unidades carcelarias federales ubicadas en Cerrillos y General Gemes. Con la intervención del fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani y el fiscal ad-hoc coordinador del Área de Corrupción en las Fuerzas de Seguridad de esa dependencia, Fernando Vallone, pidieron ante el juez federal N§ 2, Miguel Antonio Medina, la indagatoria a 38 funcionarios del SPF, entre ellos a los directores nacionales que están en funciones desde 2012 hasta la fecha y las máximas autoridades de las áreas de administración, contrataciones y auditoría del organismo. Los representantes del Ministerio Público también imputaron a 7 directores de "Servicios Integrales de Alimentación SA", la empresa responsable de elaborar la comida para los reclusos.
Villalba, Palazzani y Vallone señalaron que pudieron establecer una modalidad ilegal de contratación que favoreció a la firma proveedoras, además de la sobrefacturación y actualización arbitraria de los costos del servicio. Los fiscales sostuvieron de manera categórica que la situación se tradujo en un "régimen de hambre", lo que generó graves padecimientos a los detenidos, producto de la deficiente alimentación, y que tenía como causa principal "la mala prestación del servicio de catering por parte de la firma Servicios Integrales de Alimentación (SIAL)".
En el dictamen conjunto los fiscales sostienen que hay motivos suficientes para sospechar que los imputados habrían incurrido en la comisión del delito de "fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de vejaciones". En ese sentido, precisaron -en base a un análisis de documentación secuestrada en los distintos allanamientos-, que el servicio se dio en el marco de un régimen irregular y excepcionalísimo de contratación pública denominado "legítimo abono", por el que se pagó la suma de 42.799.317,87 pesos a Servicios Integrales de Alimentación. Según los funcionarios, ese mecanismo se hizo habitual, violando las normas de contratación pública. A juicio de los fiscales, quedó demostrado que existió una maniobra para demorar los trámites licitatorios y así dar paso a esa forma paralegal de contratación que se habría ejercido de forma encriptada en el interior del Servicio Penitenciario en beneficio de la empresa de marras.
"Esta situación provocó el direccionamiento de las contrataciones a favor de Servicios Integrales de Alimentación por sumas millonarias y la imposibilidad de activar los mecanismos legales para transparentar los procesos de compra y generación de criterios de eficiencia para obtener un adecuado servicio de alimentación", señala el escrito elevado al juez Medina. Al cotejar las raciones facturadas durante septiembre de 2013 a diciembre de 2015 con la cantidad de población que poseía el Complejo Penitenciario de General Guemes, los investigadores fiscales advirtieron que existió sobrefacturación por 1.957.725,05 pesos en beneficio de la firma proveedora de alimentos, ya que las raciones facturadas superaban a la cantidad de internos que había en esa institución penitenciaria. Para graficar el nivel de corrupción pudieron determinar, además, que los costos del servicio se actualizaban arbitrariamente, incluso por encima de todos los índices de inflación.
[Fuente: Por Rubén Arenas, El Tribuno, Salta, 10sep16]
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